Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes

8.1.1 Evolución del sistema de patentes

La Ley de Patentes establece su objetivo en el artículo 1, que es “promover el desarrollo técnico mediante la protección y el fomento de las invenciones y mediante la promoción de su uso para contribuir al crecimiento industrial”. Se promulgó con el fin de proteger los intereses tanto de los inventores como de los usuarios de las invenciones.¹ Con el objetivo final de lograr el crecimiento industrial, el equilibrio entre los intereses público y privado ha sido el tema predominante en la evaluación continua del Derecho y el sistema de patentes. El Derecho de patentes protege las invenciones que contribuyen al desarrollo técnico de la sociedad al compensar el tiempo, el esfuerzo y los costos que conlleva su elaboración. En cambio, las invenciones que carecen de actividad inventiva o que no cumplen los criterios para considerarse invenciones susceptibles de protección se ponen en el dominio público para uso de todos.

Un derecho de patente es un derecho de propiedad y, por lo tanto, está protegido en virtud de la disposición general de la Constitución por la que se garantizan los derechos de propiedad,² como suele ocurrir en las constituciones de otros países. Además, el artículo 22.2) de la Constitución establece específicamente que “los derechos de los autores, los inventores, los científicos, los ingenieros y los artistas estarán protegidos por ley”, y se centra en la noción implícita de que el derecho de patente, como derecho de propiedad, debe ejercerse en el grado que corresponda a su valor real y de una forma que promueva la justicia y la equidad.³ En busca del equilibrio adecuado, el sistema de litigios sobre patentes ha contribuido de muchas maneras a la consecución del objetivo del artículo 1 de la Ley de Patentes. Por ejemplo, ha trabajado para determinar si una invención específica merece protección, ha definido el alcance de los derechos de patente para decidir qué aspectos se mantendrán en el dominio público y ha exigido responsabilidades a quienes han infringido los derechos de patente de otros.

La primera Ley de Patentes de la República de Corea se promulgó el 5 de octubre de 1946, en virtud de la orden núm. 91 de la ley marcial de los Estados Unidos. La Ley de Patentes de 1946 incorporó la Oficina de Patentes al Ministerio de Comercio e Industria, y puso en marcha el Tribunal y el Tribunal de Apelación, dependientes de la Oficina de Patentes. El Tribunal se encargaba de las causas inter partes, como las de confirmación y anulación del alcance de los derechos, mientras que el Tribunal de Apelación se encargaba de las apelaciones contra las decisiones inter partes del Tribunal y de las causas presentadas contra denegaciones de solicitudes de patente. Las decisiones del Tribunal de Apelación solo se podían apelar ante el Tribunal Supremo cuando se vulneraba la ley. Aunque la Ley de Patentes se había modificado numerosas veces desde entonces, y la Oficina de Patentes se restableció como Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) en 1977, el sistema de juicios sobre patentes —que empieza por el Tribunal, pasa por el Tribunal de Apelación y llega al Tribunal Supremo— sobrevivió hasta la apertura del Tribunal de Patentes.