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The Constitution of Finland, Finland

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Details Details Year of Version 2010 Dates Entry into force: October 12, 2010 Adopted: October 12, 2010 Type of Text Framework Laws Subject Matter Other Notes The Constitution does not contain provisions on intellectual property. However, Article 15 provides: 'The property of everyone is protected.'

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La Constitución de Finlandia
 La Constitución de Finlandia

Traducción no oficial ©Ministerio de Justicia, Finlandia

CONSTITUCIÓN DE FINLANDIA

Sancionada en Helsinki el 11 de junio de 1999

En virtud de una decisión del Parlamento adoptada conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Parlamento, se establece:

Capítulo 1

Bases del ordenamiento estatal

Artículo 1

Ordenamiento jurídico del Estado

Finlandia es una república soberana. El ordenamiento jurídico de Finlandia está sancionado en la presente Constitución. El ordenamiento

jurídico garantiza la inviolabilidad de la dignidad humana y de las libertades y los derechos individuales, y promueve la justicia en la sociedad.

Finlandia participa en la cooperación internacional por la salvaguarda de la paz y los derechos humanos y por el desarrollo de la sociedad.

Artículo 2

La democracia y el principio del estado de derecho

El poder estatal pertenece al pueblo, quien está representado por el Parlamento reunido en sesiones. La democracia implica el derecho del individuo a participar e influir en el desarrollo de la sociedad y de

su hábitat. El ejercicio del poder público debe basarse en la Ley. En todo acto público debe observarse

estrictamente lo establecido por la Ley.

Artículo 3

La división de poderes y el parlamentarismo

El Poder Legislativo es ejercido por el Parlamento, que también toma las decisiones acerca de las finanzas estatales.

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República y por el Consejo de Estado, cuyos miembros deben gozar de la confianza del Parlamento.

El Poder Judicial es ejercido por tribunales independientes. Los tribunales superiores son el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo.

Artículo 4

El territorio nacional

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El territorio de Finlandia es indivisible. Los límites de la nación no pueden ser alterados sin consentimiento del Parlamento.

Artículo 5

La nacionalidad finlandesa

La nacionalidad finlandesa se adquiere por nacimiento y por la nacionalidad de los padres, de acuerdo con lo establecido más precisamente por Ley. La ciudadanía también podrá concederse, con las condiciones establecidas por Ley, en base a una declaración o una solicitud.

Se podrá conceder a una persona la renuncia a la nacionalidad finlandesa sólo por motivos establecidos por Ley y a condición de que la persona tenga o adquiera la nacionalidad de otro estado.

Capítulo 2

Derechos fundamentales

Artículo 6

La igualdad

Las personas son iguales ante la Ley. No se puede, sin motivo admisible, otorgar tratamiento desigual a persona alguna por razón de su sexo,

edad, origen, idioma, religión, convicciones, opiniones, estado de salud, minusvalidez u otro motivo inherente al individuo.

Los niños deben ser tratados igualitariamente como individuos, y debe permitírseles, de acuerdo con su madurez, influir en los asuntos que les afectan.

Se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres en la actividad social y en la vida laboral, especialmente al determinarse la remuneración y demás condiciones de la relación de servicio, de acuerdo con lo establecido más precisamente por Ley.

Artículo 7

El derecho a la vida y a la libertad y la inviolabilidad de la persona

Todas las personas tienen derecho a la vida y a la libertad, a la inviolabilidad y a la seguridad personales.

Nadie puede ser condenado a muerte, torturado, ni tratado de otra manera violatoria de la dignidad humana.

No se puede quebrantar la inviolabilidad personal ni detener arbitrariamente o sin arreglo a la Ley. Toda pena privativa de la libertad habrá de ser impuesta por un tribunal. La legitimidad de otras privaciones de la libertad podrá someterse al dictamen de un tribunal. Los derechos de las personas privadas de la libertad estarán garantizados por Ley.

Artículo 8

El principio de legalidad en materia penal

Nadie podrá ser considerado culpable de un delito ni condenado por un acto que en el momento de su comisión no estuviere penado por Ley. No podrá condenarse por un delito a una pena más severa que la establecida por Ley en el momento de su comisión.

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Artículo 9

Libertad de desplazamiento

Los ciudadanos finlandeses y los extranjeros legalmente residentes en el país tienen derecho a circular por el país y a elegir su lugar de residencia.

Todas las personas tienen derecho a salir del país. Podrán establecerse por Ley las limitaciones a este derecho que sean imprescindibles para garantizar un proceso judicial o el cumplimiento de una pena, o para asegurar el cumplimiento del deber de defender a la patria.

No se podrá impedir a los ciudadanos finlandeses el ingreso al país, deportarlos ni extraditarlos o trasladarlos a otro país sin su consentimiento.

Los derechos de los extranjeros a ingresar en Finlandia y a residir en el país estarán regulados por Ley. No se podrá expulsar, extraditar ni repatriar a un extranjero si el mismo como consecuencia estuviere amenazado de ser objeto de pena de muerte, torturas u otro tratamiento violatorio de la dignidad humana.

Artículo 10

Protección de la privacidad

Se garantiza la privacidad, el honor y la inviolabilidad del domicilio de todas las personas. La protección de los datos personales estará regulada más precisamente por Ley.

El secreto de las comunicaciones postales, telefónicas y otras confidenciales es inviolable. Se podrán establecer por Ley y con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales o esclarecer

delitos, medidas imprescindibles que afecten el ámbito de la inviolabilidad del domicilio. Asimismo se podrán establecer por Ley las limitaciones al secreto de las comunicaciones imprescindibles en la investigación de delitos contra la seguridad de un individuo o de la sociedad o contra la inviolabilidad del domicilio, en procesos judiciales y en el control de la seguridad, así como durante una privación de libertad.

Artículo 11

Libertad de religión y de conciencia

Todas las personas gozan de libertad de religión y de conciencia. La libertad de religión y de conciencia implica el derecho a profesar y practicar religiones, el derecho a

expresar convicciones y el derecho a pertenecer o no a comunidades religiosas. Nadie está obligado a practicar una religión contra su conciencia.

Artículo 12

Libertad de expresión y publicidad

Todas las personas gozan de libertad de expresión. La libertad de expresión implica el derecho a expresar, publicar y recibir informaciones, opiniones y otros mensajes sin ningún tipo de restricción previa. Las disposiciones más precisas sobre el ejercicio de la libertad de expresión serán establecidas por Ley. Se podrán regular por Ley las restricciones en el acceso a materiales visuales que sean imprescindibles para la protección de los niños.

Los documentos y otros registros en dominio de las autoridades son públicos, si su publicidad por motivos imperiosos no está expresamente limitada por Ley. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información de los documentos y registros públicos.

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Artículo 13

Libertad de reunión y de asociación

Todas las personas tienen derecho a organizar reuniones y manifestaciones sin solicitar autorización, y a participar en ellas.

Todas las personas gozan de libertad de asociación. La libertad de asociación implica el derecho a constituir asociaciones sin necesidad de autorización, a pertenecer o no a asociaciones y a participar en las actividades de asociaciones. Están igualmente garantizadas la libertad de agremiación y la libertad de organizarse para velar por otros intereses.

Las disposiciones más precisas sobre el ejercicio de la libertad de reunión y de la libertad de asociación serán establecidas por Ley.

Artículo 14

Derechos de sufragio y de participación

Todos los ciudadanos finlandeses que hayan cumplido los dieciocho años tienen derecho a sufragar en las elecciones generales y en los referendos. La elegibilidad en las elecciones generales se rige por lo establecido expresamente en esta Constitución.

Todos los ciudadanos finlandeses y extranjeros residentes permanentemente en el país que hayan cumplido los dieciocho años tienen derecho a sufragar en las elecciones y referendos municipales de la manera establecida por Ley. Los derechos a participar en otras esferas de la administración municipal serán establecidos por Ley.

Es tarea del poder público el fomentar las posibilidades de los individuos de participar en la actividad social y de influir en la adopción de las decisiones que les conciernen.

Artículo 15

Protección de la propiedad

Se garantiza la propiedad de todas las personas. La expropiación de bienes por causa de necesidad pública, con plena indemnización, estará regulada

por Ley.

Artículo 16

Derecho a la educación

Todas las personas tienen derecho a una educación básica gratuita. La obligatoriedad de la educación estará regulada por Ley.

El poder público debe asegurar a todas las personas, de acuerdo con lo que se regule más precisamente por Ley, la posibilidad igualitaria de acceder, conforme a sus capacidades y necesidades especiales, a una educación diferente de la básica, y de desarrollarse pese a la escasez de recursos.

Se garantiza la libertad científica, artística y de educación superior.

Artículo 17

Derecho al idioma y la cultura propios

Los idiomas nacionales de Finlandia son el finlandés y el sueco. Estará garantizado por Ley el derecho de cada persona a emplear su propio idioma, finlandés o sueco,

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ante los tribunales y otras autoridades, y a recibir las notificaciones que les conciernen en ese idioma. El poder público habrá de atender igualitariamente a las necesidades sociales y culturales de la población de idioma finlandés y de idioma sueco.

Los Sami, como pueblo aborigen, así como los gitanos y otros grupos, tienen derecho a conservar y desarrollar su propia lengua y cultura. Los derechos de los Sami a emplear el idioma sami ante la administración pública estarán regulados por Ley. Los derechos de las personas que emplean el lenguaje por signos y de las personas que por minusvalidez necesiten interpretación y traducción estarán garantizados por Ley.

Artículo 18

Derecho al trabajo y libertad de empresa

Todas las personas tienen derecho, con arreglo a la ley, a procurar su sustento mediante el trabajo, la profesión o la actividad que elijan. El poder público debe atender a la protección de los trabajadores.

El poder público debe fomentar el empleo y procurar garantizar a todos el derecho al trabajo. El derecho a la capacitación profesional estará regulado por Ley.

Nadie podrá ser despedido de su trabajo sin un motivo fundado en Ley.

Artículo 19

Derecho a la seguridad social

Todas las personas que no puedan procurarse la seguridad inherente a una vida digna tienen derecho al sustento y a la atención imprescindibles.

Se garantizará por Ley a todas las personas el derecho a la seguridad del sustento básico durante períodos de desempleo, de enfermedad, de incapacidad laboral y durante la vejez, así como por causa de nacimiento de hijos o de pérdida de sostén de familia.

El poder público deberá asegurar a todos, de la manera que se regule más precisamente por Ley, servicios sociales y sanitarios suficientes, y promoverá la salud de la población. El poder público asimismo habrá de apoyar la capacidad de las familias y de otras personas a cargo de la atención infantil, para que garanticen el bienestar y el desarrollo individual de los niños.

Es tarea del poder público el fomentar el derecho de todos a la vivienda y apoyar las iniciativas privadas de vivienda.

Artículo 20

Responsabilidad por el medio ambiente

La responsabilidad por la naturaleza y su diversidad, por el medio ambiente y por el patrimonio cultural, pertenece a todos.

El poder público deberá procurar asegurar a todos el derecho a un medio ambiente saludable y la posibilidad de influir en la toma de decisiones que afecten a su hábitat.

Artículo 21

Seguridad jurídica

Todas las personas tienen derecho a que sus asuntos sean considerados, apropiadamente y sin dilaciones infundadas, por los tribunales competentes o por otras autoridades con arreglo a la Ley, así como derecho a que las decisiones sobre sus derechos y deberes sean sometidas a un tribunal o a otro órgano judicial independiente.

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La publicidad de los procedimientos y el derecho a ser oído, a recibir sentencias fundadas y a recurrir, así como las garantías de un juicio justo y de una buena administración, estarán garantizados por Ley.

Artículo 22

Garantía de los derechos fundamentales

El poder público debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y los derechos humanos.

Artículo 23

Los derechos fundamentales en el estado de excepción

Podrán establecerse por Ley las excepciones transitorias a la vigencia de los derechos fundamentales que sean imprescindibles y que estén de acuerdo con los compromisos internacionales de Finlandia sobre derechos humanos, durante ataques armados contra Finlandia así como durante estados de excepción que amenacen a la sociedad equiparados por su violencia, en virtud de Ley, con un ataque armado.

Capítulo 3

El Parlamento y los Diputados

Artículo 24

Composición del Parlamento y Legislatura

El Parlamento es unicameral. Se compone de doscientos Diputados, elegidos por cuatro años cada vez. Cada Legislatura comenzará una vez convalidados los resultados de las elecciones parlamentarias, y

continuará hasta que se hayan celebrado las siguientes elecciones parlamentarias.

Artículo 25

Celebración de las elecciones parlamentarias

Los Diputados son elegidos por sufragio directo, proporcional y secreto. Cada elector tiene en las elecciones iguales derechos de sufragio.

A efectos de las elecciones parlamentarias, el país se dividirá en un mínimo de doce y un máximo de dieciocho circunscripciones electorales en base a la cantidad de ciudadanos finlandeses. La provincia de Åland constituirá además una circunscripción electoral propia para la elección de un Diputado.

Tendrán el derecho a presentar candidatos en las elecciones parlamentarias los partidos políticos registrados y grupos de electores cuyo número estará determinado por Ley.

Las disposiciones sobre fecha de las elecciones parlamentarias, presentación de candidatos, celebración de las elecciones y circunscripciones electorales serán establecidas más precisamente por Ley.

Artículo 26

Convocatoria a elecciones anticipadas

El Presidente de la República, por iniciativa fundamentada del Primer Ministro, después de oír a los grupos parlamentarios y durante un período de sesiones, podrá convocar a la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. El Parlamento decidirá a continuación la fecha en que finalizará su trabajo antes de la celebración de las elecciones.

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Después de las elecciones parlamentarias anticipadas, el Parlamento se constituirá en sesiones el primer día del primer mes que comience después de los noventa días de la fecha de la convocatoria a elecciones, si el Parlamento no hubiere decidido una fecha de constitución anterior.

Artículo 27

Elegibilidad e incompatibilidad para el mandato parlamentario

En las elecciones parlamentarias será elegible todo elector que no esté incapacitado. No obstante, serán inelegibles Diputados los militares profesionales en activo. No podrán ser Diputados el Canciller de Justicia del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo del

Parlamento, los componentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Administrativo ni el Procurador General de Justicia. Si un Diputado es elegido Presidente de la República o es elegido o nombrado para alguno de los cargos mencionados, su mandato se extinguirá a partir de la fecha en que haya sido elegido o nombrado. El mandato parlamentario también se extinguirá si el Diputado pierde su elegibilidad.

Artículo 28

Suspensión, dimisión y revocación del mandato parlamentario

El ejercicio del mandato parlamentario se suspenderá durante el período en que un Diputado se desempeñe como miembro del Parlamento Europeo. Durante dicho período el mandato será ejercido por su suplente. El ejercicio del mandato se suspenderá también durante el período de cumplimiento del servicio militar.

El Parlamento podrá aceptar la dimisión de un Diputado a su mandato si considera que existen motivos admisibles para ello.

Si un Diputado desatiende sustancial y reiteradamente el ejercicio de su mandato, el Parlamento podrá, después de recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el caso, revocar su mandato definitiva o temporariamente, por acuerdo aprobado por al menos dos terceras partes de los votos emitidos.

Si un Diputado electo es condenado por sentencia en firme a una pena de privación de libertad por un delito doloso o a una pena por un delito electoral, el Parlamento podrá investigar si se le permite conservar su condición de Diputado. Si el delito evidencia que el sentenciado no merece la confianza y el respeto inherentes al mandato, el Parlamento podrá, después de recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el caso, declarar extinto su mandato, por acuerdo aprobado por al menos dos terceras partes de los votos emitidos. Artículo 29

Independencia de los Diputados

Los Diputados están obligados a observar la Ley y a honrar la verdad en el ejercicio de sus funciones. Están obligados a observar la Constitución, y no estarán ligados por otros mandatos.

Artículo 30

Prerrogativas parlamentarias

No se podrá impedir a los Diputados el ejercicio de sus mandatos. Los Diputados no podrán ser inculpados ni detenidos por las opiniones manifestadas en las

deliberaciones ni por su proceder en la tramitación de los asuntos, salvo consentimiento del Parlamento por acuerdo aprobado por al menos cinco sextas partes de los votos emitidos.

Deberá informarse inmediatamente al Presidente del Parlamento de la detención o privación de libertad

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de un Diputado. No se podrá detener o privar de su libertad a un Diputado antes del comienzo de su enjuiciamiento sin el consentimiento del Parlamento, salvo que existan motivos de peso para sospecharlo culpable de un delito para el que estuviese establecida una pena mínima de seis meses de privación de libertad.

Artículo 31

Libertad de expresión e intervención de los Diputados

Los Diputados tienen derecho a hablar libremente en el Parlamento sobre todos los asuntos en debate y sobre su tramitación.

Los Diputados habrán de intervenir con firmeza y dignidad, y sin ofender a otras personas. Si un Diputado viola esta norma, el Presidente del Parlamento podrá hacerle una observación o retirarle el uso de la palabra. El Parlamento podrá hacerle una advertencia a un Diputado que viole reiteradamente el Reglamento, o suspenderlo de las sesiones plenarias por un máximo de dos semanas.

Artículo 32

Incapacidad de los Diputados

Los Diputados están incapacitados de participar en la preparación y en la adopción de decisiones sobre asuntos que les afecten personalmente. Podrán participar sin embargo en el debate que sobre el asunto se realice en sesión plenaria. Los Diputados tampoco podrán participar en las Comisiones en la tramitación de asuntos que afecten al control de sus actos oficiales.

Capítulo 4

Actividad del Parlamento

Artículo 33

Los períodos de sesiones

El Parlamento se reunirá anualmente en período de sesiones en la fecha que el mismo decida, tras lo cual el Presidente de la República declarará inaugurado el período de sesiones.

El período de sesiones continuará hasta la reunión del siguiente período de sesiones. El último período de sesiones de la Legislatura, sin embargo, continuará hasta que el Parlamento decida finalizar su trabajo. A continuación el Presidente declarará finalizada la labor parlamentaria de la Legislatura. El Presidente del Parlamento, sin embargo, en caso necesario tendrá derecho a convocar nuevamente a sesiones antes de la celebración de las nuevas elecciones.

Artículo 34

El Presidente del Parlamento y el Consejo de Presidencia

El Parlamento elegirá de entre sus miembros a un Presidente y dos Vicepresidentes por cada período de sesiones.

El Presidente y los Vicepresidentes del Parlamento serán elegidos en votación secreta. En las elecciones será elegido el Diputado que obtenga más de la mitad de los votos emitidos. Si en las dos primeras elecciones nadie obtiene la mayoría necesaria de votos emitidos, será elegido el Diputado que obtenga más votos en la tercera elección.

El Presidente y los Vicepresidentes, junto con los Presidentes de las Comisiones Parlamentarias,

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constituyen el Consejo de Presidencia. El Consejo de Presidencia dicta las instrucciones para la organización de la labor parlamentaria y decide, conforme a lo establecido expresamente en esta Constitución o en el Reglamento del Parlamento, los procedimientos a seguir en la tramitación de los asuntos en el período de sesiones. El Consejo de Presidencia puede realizar iniciativas de leyes o de enmiendas de leyes relacionadas con los funcionarios del Parlamento y con el Reglamento del Parlamento, así como proposiciones de establecimiento de otras normas sobre la actividad del Parlamento.

Artículo 35

Las Comisiones Parlamentarias

El Parlamento constituirá para cada Legislatura una Gran Comisión, una Comisión de Asuntos Constitucionales, una Comisión de Asuntos Exteriores, una Comisión de Hacienda y las otras comisiones permanentes establecidas por el Reglamento del Parlamento. El Parlamento podrá asimismo constituir comisiones temporarias para preparar o para investigar asuntos especiales.

La Gran Comisión tendrá veinticinco miembros. La Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Hacienda tendrán al menos diecisiete miembros. Las otras comisiones permanentes tendrán al menos once miembros. Las Comisiones tendrán asimismo la cantidad necesaria de suplentes.

Las Comisiones tendrán quórum con la presencia de al menos dos terceras partes de sus miembros, salvo que se establezca expresamente un quórum mayor para cierto asunto.

Artículo 36

Otros órganos y representantes elegidos por el Parlamento

El Parlamento elegirá delegados para supervisar la administración y la gestión del Instituto Nacional de Pensiones, de la manera que se regule más precisamente por Ley.

El Parlamento elegirá a los miembros necesarios de otros órganos, conforme a lo establecido en esta Constitución, en otras Leyes o en el Reglamento del Parlamento.

La elección de representantes parlamentarios ante órganos basados en tratados internacionales o ante otros organismos internacionales estará regulada por Ley o por el Reglamento del Parlamento. Artículo 37

Elección de los órganos parlamentarios

Las Comisiones y los otros órganos parlamentarios serán constituidos en el primer período de sesiones de cada Legislatura por toda su duración, salvo disposición en contrario en esta Constitución, en el Reglamento del Parlamento o en las regulaciones del órgano correspondiente aprobadas por el Parlamento. No obstante, el Parlamento podrá durante la Legislatura decidir, a propuesta del Consejo de Presidencia, reconstituir un órgano.

El Parlamento elegirá a los miembros de las Comisiones y de los otros órganos. Si no hubiere unanimidad en el Parlamento, se procederá a una elección por el sistema proporcional.

Artículo 38

El Defensor del Pueblo del Parlamento

El Parlamento designará por un mandato de cuatro años a un Defensor del Pueblo y dos Defensores del Pueblo adjuntos, quienes deberán ser juristas eminentes. Las provisiones sobre el Defensor del Pueblo regirán en la parte aplicable para los Defensores del Pueblo adjuntos.

El Parlamento podrá, después de recibir el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

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separar de sus funciones al Defensor del Pueblo durante su mandato por motivos de peso especial, por acuerdo aprobado por al menos dos terceras partes de los votos emitidos.

Artículo 39

La iniciación de los asuntos en el Parlamento

La tramitación de un asunto en el Parlamento se iniciará por proyecto del Gobierno o por iniciativa de un Diputado, o de otra manera establecida en esta Constitución o en el Reglamento del Parlamento.

Los Diputados tendrán derecho a presentar: 1) iniciativas legislativas, que contienen la proposición de establecimiento de una Ley; 2) iniciativas presupuestarias, que contienen la proposición de incorporación de partidas o de otras

resoluciones al Presupuesto o al Presupuesto suplementario; y 3) iniciativas de acción, que contienen proposiciones de iniciar la preparación de una Ley u otra acción.

Artículo 40

La preparación de los asuntos

Los proyectos del Gobierno, las iniciativas de los Diputados, los informes rendidos al Parlamento y los otros asuntos que se establezcan en esta Constitución o en el Reglamento del Parlamento, habrán de ser tramitados para su preparación en una Comisión antes de su tramitación definitiva en el Pleno.

Artículo 41

La tramitación de los asuntos en el Pleno

Los proyectos de Ley y las proposiciones acerca del Reglamento del Parlamento serán tramitados en el Pleno en dos lecturas. No obstante, un proyecto de Ley que haya sido dejado en suspenso o una Ley sin sancionar serán tramitados en el Pleno en una lectura. El resto de los asuntos serán tramitados en el Pleno en una lectura única.

Salvo disposición expresa en contrario de esta Constitución, las decisiones se tomarán en el Pleno por mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate se decidirá por sorteo, salvo en caso de que la aprobación de una proposición requiera una mayoría cualificada. El sistema de votación estará regulado más precisamente en el Reglamento del Parlamento.

Artículo 42

Funciones del Presidente del Parlamento en el Pleno

El Presidente del Parlamento convoca a las sesiones plenarias, en ellas presenta los asuntos y dirige los debates, y vela por la observancia de la Constitución en la tramitación de los asuntos en el Pleno.

El Presidente del Parlamento no podrá negarse a poner un asunto en tramitación o a someter a votación una proposición realizada, salvo que considere que ello es contrario a la Constitución, a otras Leyes o a decisiones ya adoptadas por el Parlamento. En estos casos el Presidente deberá exponer los motivos de su denegación. Si el proceder del Presidente no satisface al Parlamento, el asunto será enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que deberá determinar sin demora si el Presidente ha obrado correctamente.

El Presidente del Parlamento no participa en los debates ni en las votaciones de los Plenos.

Artículo 43

La interpelación

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Cualquier grupo de al menos veinte Diputados podrá formular interpelaciones al Consejo de Estado o a los Ministros sobre cuestiones de su competencia. Las interpelaciones habrán de contestarse en el Pleno dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de comunicación de la interpelación al Consejo de Estado.

Si durante el debate se propone una moción de censura al Consejo de Estado o a un Ministro, como conclusión de la tramitación de la interpelación se someterá a votación si el Consejo de Estado o el Ministro goza de la confianza del Parlamento.

Artículo 44

Las comunicaciones y las informaciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado podrá remitir al Parlamento comunicaciones e informaciones sobre asuntos relacionados con el gobierno de la nación o con las relaciones exteriores.

Si durante el debate se propone una moción de censura al Consejo de Estado o a un Ministro, como conclusión de la tramitación de la comunicación se someterá a votación si el Consejo de Estado o el Ministro gozan de la confianza del Parlamento. En la tramitación de una información no se podrán tomar decisiones sobre la confianza de que gozan el Consejo de Estado o sus miembros.

Artículo 45

Las preguntas, los anuncios y los debates

Los Diputados tendrán derecho a formular preguntas a los Ministros sobre asuntos de su competencia, a las que éstos deberán contestar. Las reglas para la formulación y la contestación de las preguntas serán establecidas en el Reglamento del Parlamento.

El Primer Ministro o el Ministro que él designe podrán hacer anuncios al Parlamento sobre asuntos de actualidad.

En las sesiones plenarias se podrán debatir cuestiones de actualidad de acuerdo con lo regulado más precisamente en el Reglamento del Parlamento.

El Parlamento no adoptará decisiones sobre los asuntos previstos en este artículo. En la tramitación de los mismos se podrán hacer excepciones a lo establecido en el primer párrafo del artículo 31.

Artículo 46

Informes que se presentan al Parlamento

El Gobierno habrá de presentar anualmente al Parlamento un informe sobre su gestión y sobre las medidas adoptadas a raíz de las decisiones del Parlamento, así como un informe sobre la gestión de las finanzas estatales y su cumplimiento del Presupuesto.

Se presentarán otros informes al Parlamento conforme a lo que se establezca en esta Constitución, en otras Leyes o en el Reglamento del Parlamento.

Artículo 47

Derecho del Parlamento a recibir información

El Parlamento tendrá derecho a recibir del Consejo de Estado la información que necesite para la tramitación de los asuntos. El Ministro correspondiente deberá encargarse de que las Comisiones u otros órganos del Parlamento reciban sin demora los documentos y otra información que necesiten y que esté en poder de las autoridades.

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Las Comisiones tendrán derecho a recibir del Consejo de Estado o del Ministerio correspondiente aclaraciones sobre asuntos de su competencia. Las Comisiones podrán, a raíz de las aclaraciones, remitir dictámenes sobre los asuntos al Consejo de Estado o al Ministerio.

Los Diputados tendrán derecho a recibir de las autoridades la información en poder de éstas que ellos necesiten para el ejercicio de su mandato, salvo que aquélla sea secreta o que incumba al proyecto de Ley de Presupuestos del Estado en preparación.

El derecho del Parlamento a recibir información sobre asuntos internacionales se regirá asimismo por lo establecido al respecto en esta Constitución.

Artículo 48

Derecho de acceso de los Ministros, del Defensor del Pueblo y del Procurador General de Justicia

Los Ministros tendrán acceso a las sesiones plenarias y la facultad de participar en sus debates aunque no sean miembros del Parlamento. Los Ministros no podrán ser miembros de las Comisiones del Parlamento. Mientras un Ministro ejerza las funciones del Presidente de la República conforme a lo establecido en el artículo 59, no podrá participar en la labor del Parlamento.

El Defensor del Pueblo del Parlamento y el Procurador General de Justicia del Consejo de Estado tendrán acceso a las sesiones plenarias y la facultad de participar en sus debates cuando se tramiten sus propios informes u otro asunto principiado por su propia iniciativa.

Artículo 49

La continuidad de la tramitación de los asuntos

La tramitación de los asuntos inconclusos en un período de sesiones se continuará en el siguiente período de sesiones, salvo que se celebren en el ínterin elecciones parlamentarias.

No obstante, la tramitación de las interpelaciones y de las comunicaciones del Consejo de Estado no continuará en el siguiente período de sesiones. La tramitación de las informaciones del Consejo de Estado continuará en el siguiente período de sesiones sólo si el Parlamento así lo decide.

En caso necesario, la tramitación de un asunto internacional en trámite en el Parlamento podrá continuar también en el período legislativo posterior a unas elecciones parlamentarias.

Artículo 50

Publicidad de las actividades del Parlamento

Las sesiones plenarias del Parlamento serán públicas, si el Parlamento no decide lo contrario respecto de algún asunto por motivos de peso especial. El Parlamento publicará los documentos de los períodos de sesiones, de acuerdo con lo regulado más precisamente en el Reglamento del Parlamento.

Las sesiones de las Comisiones no serán públicas. Una Comisión podrá no obstante disponer que sus sesiones sean públicas mientras la Comisión recaba información para la tramitación de cierto asunto. Las actas de las Comisiones y los documentos relacionados con aquéllas serán públicos, salvo que por motivos imperiosos se disponga lo contrario en el Reglamento del Parlamento o que una Comisión disponga lo contrario respecto de algún asunto.

Los miembros de las Comisiones deberán guardar la reserva que la Comisión estime que un asunto requiere especialmente por motivos imperiosos. En la tramitación de las relaciones exteriores de Finlandia o de asuntos de la Unión Europea, los miembros de las Comisiones no obstante deberán guardar la reserva que la Comisión de Asuntos Exteriores o la Gran Comisión, después de oír al Consejo de Estado, estime que el asunto requiere.

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Artículo 51

De los idiomas del trabajo parlamentario

En el trabajo parlamentario se empleará el idioma finlandés o el sueco. El Gobierno y las otras autoridades deberán remitir los documentos necesarios para la tramitación de

los asuntos en el Parlamento en finlandés y en sueco. Las respuestas y los escritos del Parlamento, los informes y dictámenes de las Comisiones, así como las proposiciones por escrito del Consejo de Presidencia serán redactados tanto en finlandés como en sueco.

Artículo 52

Reglamento, Instrucciones y Reglamentaciones del Parlamento

En el Reglamento del Parlamento se establecerán provisiones más precisas sobre los procedimientos que deberán observarse en los períodos de sesiones, así como sobre los órganos del Parlamento y la labor parlamentaria. El Reglamento será aprobado en sesión plenaria conforme al procedimiento establecido para la tramitación de proyectos de Ley, y será publicado en el Boletín de Legislación de Finlandia.

El Parlamento podrá emitir Instrucciones detalladas para la administración interna del Parlamento, para las elecciones que deba realizar el Parlamento y para la organización detallada de otras labores del Parlamento. Asimismo el Parlamento podrá aprobar Reglamentaciones para los órganos que constituya para sí.

Artículo 53

Organización de referendos

La organización de un referéndum consultivo será decidida por una Ley en la que se habrá de establecer la fecha del referéndum y las alternativas que se someterán a los electores.

Los procedimientos que habrán de observarse en los referendos serán regulados por Ley.

Capítulo 5

El Presidente de la República y el Consejo de Estado

Artículo 54

Elección del Presidente de la República

El Presidente de la República es elegido por sufragio directo entre los ciudadanos finlandeses nativos por un mandato de seis años. La misma persona puede ser elegida Presidente consecutivamente por un máximo de dos mandatos.

Es elegido Presidente el candidato que obtiene en las elecciones más de la mitad de los votos emitidos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos, se realiza una nueva elección entre los dos candidatos que han obtenido más votos. En este caso es elegido Presidente el candidato que obtiene más votos en la nueva elección. Si se presenta sólo un candidato, el mismo es elegido Presidente sin que se realicen elecciones.

Tienen derecho a presentar candidatos en las elecciones presidenciales los partidos políticos registrados de cuyas listas se haya elegido al menos un Diputado en las elecciones parlamentarias precedentes, y todo grupo compuesto por veinte mil electores. La fecha de las elecciones y el procedimiento a observarse en la elección presidencial serán regulados más precisamente por Ley.

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Artículo 55

Mandato del Presidente

El Presidente de la República entra en funciones el primer día del mes subsiguiente a su elección. El mandato del Presidente expira al entrar en funciones el Presidente elegido en las siguientes

elecciones. Si el Presidente fallece o el Consejo de Estado lo declara inhabilitado permanentemente para ejercer

las funciones presidenciales, debe elegirse un nuevo Presidente a la mayor brevedad posible.

Artículo 56

Declaración solemne del Presidente

Al asumir, el Presidente de la República hará la siguiente declaración solemne ante el Parlamento: "Yo, XX. XX., elegido Presidente de la República por el pueblo de Finlandia, declaro que en el

desempeño de mis funciones presidenciales observaré con honestidad y lealtad la Constitución y las Leyes de la República, y que promoveré con todo mi esfuerzo la ventura del pueblo finlandés".

Artículo 57

Funciones del Presidente

El Presidente de la República desempeñará las funciones expresamente establecidas en esta Constitución o en otras Leyes.

Artículo 58

Decisiones del Presidente

El Presidente de la República adopta sus decisiones en el Consejo de Estado, a propuesta del mismo. Si el Presidente no decide sobre un asunto de acuerdo con la propuesta de decisión del Consejo de

Estado, el asunto será devuelto al Consejo de Estado para su preparación. A continuación, la presentación y la retirada de proyectos del Gobierno serán decididas según la nueva propuesta de decisión del Consejo de Estado.

El Presidente, no obstante lo establecido en el primer párrafo, decide en los siguientes asuntos sin propuesta de decisión del Consejo de Estado:

1) el nombramiento del Consejo de Estado y de sus miembros y la aceptación de las dimisiones del Consejo de Estado y de sus miembros;

2) la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas; 3) los indultos y los otros asuntos expresamente establecidos por Ley que afecten a personas

individuales o que por su naturaleza no requieran la tramitación del Pleno del Consejo de Estado; y 4) los asuntos comprendidos en la Ley de Autonomía de Åland, salvo los que afecten a la economía de

la provincia. El Ministro correspondiente someterá cada asunto a la decisión del Presidente. Los cambios en la

composición del Consejo de Estado que afecten a todo el Consejo de Estado serán sometidos no obstante por el proponente competente del Consejo de Estado.

El Presidente decidirá en los asuntos de mando militar conjuntamente con un Ministro de acuerdo con lo regulado más precisamente por Ley. En los asuntos de nombramientos militares y los que afecten a la Oficina de la Presidencia, el Presidente decidirá de acuerdo con lo regulado por Ley.

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Artículo 59

Imposibilidad del Presidente

En caso de imposibilidad del Presidente de la República, sus funciones son ejercidas por el Primer Ministro, y en caso de imposibilidad de éste, por el Ministro que se desempeñe como Primer Ministro a cargo.

Artículo 60

El Consejo de Estado

El Consejo de Estado se compone de un Primer Ministro y la cantidad necesaria de otros Ministros. Los Ministros deberán ser ciudadanos finlandeses conocidos como honestos e idóneos.

Los Ministros son responsables ante el Parlamento por sus actos oficiales. Todo Ministro que participe en la tramitación de un asunto en el Consejo de Estado será responsable por la decisión, salvo si hubiere hecho constar en actas su opinión disidente.

Artículo 61

Formación del Consejo de Estado

El Parlamento elige al Primer Ministro, quien es nombrado para este cargo por el Presidente de la República. Los restantes Ministros son nombrados por el Presidente de la República según la proposición del Primer Ministro elegido.

Antes de la elección del Primer Ministro, los Grupos Parlamentarios deliberarán sobre el programa del Gobierno y la composición del Consejo de Estado. En base a los resultados de estas negociaciones y después de oír al Presidente del Parlamento, el Presidente de la República informará al Parlamento el nombre del candidato a Primer Ministro. El candidato será elegido Primer Ministro si obtiene en una votación pública en el Parlamento más de la mitad de los votos emitidos.

Si el candidato no obtiene la mayoría requerida, se propondrá con el mismo procedimiento un nuevo candidato a Primer Ministro. Si el nuevo candidato tampoco obtiene más de la mitad de los votos emitidos, la elección del Primer Ministro se realizará en el Parlamento como votación pública. En este caso será elegido el candidato que obtenga más votos.

Al nombrar al Consejo de Estado y al modificar significativamente su composición, el Parlamento deberá estar en sesiones.

Artículo 62

Comunicación del programa del Gobierno

El Consejo de Estado deberá remitir sin demora su programa al Parlamento en forma de comunicación. La misma provisión habrá de emplearse si se modifica esencialmente la composición del Consejo de Estado.

Artículo 63

Compromisos de los Ministros

Los miembros del Consejo de Estado no podrán ejercer durante su mandato cargos públicos ni otras funciones que puedan perjudicar la atención de sus funciones ministeriales o expongan la credibilidad de su desempeño como miembros del Consejo de Estado.

Los Ministros, una vez nombrados, deberán declarar sin demora al Parlamento sus actividades

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mercantiles, sus participaciones en la propiedad de sociedades y otros bienes patrimoniales significativos, así como sus ocupaciones ajenas a su actividad ministerial y otros compromisos que puedan tener relevancia al evaluarse su desempeño como miembros del Consejo de Estado.

Artículo 64

Dimisión del Consejo de Estado y de los Ministros

El Presidente de la República aceptará las dimisiones que presenten el Consejo de Estado o los Ministros. El Presidente también podrá separar a los Ministros a iniciativa del Primer Ministro.

El Presidente deberá remover al Consejo de Estado o a los Ministros si éstos han perdido la confianza parlamentaria, aunque no hayan dimitido.

Si un Ministro es elegido Presidente de la República o Presidente del Parlamento, se le considerará separado de sus funciones desde la fecha en que haya sido elegido.

Artículo 65

Funciones del Consejo de Estado

Corresponden al Consejo de Estado las funciones específicamente establecidas en esta Constitución, y los restantes asuntos gubernamentales y administrativos asignados a la esfera de decisión del Consejo de Estado o los Ministerios, y los que no están asignados a la competencia del Presidente de la República o de otras autoridades.

El Consejo de Estado ejecuta las decisiones del Presidente de la República.

Artículo 66

Funciones del Primer Ministro

El Primer Ministro dirige la labor del Consejo de Estado, y tiene a su cargo la coordinación de la preparación y la tramitación de los asuntos que corresponden al Consejo de Estado. El Primer Ministro dirige la tramitación de los asuntos en el Consejo de Estado.

En caso de imposibilidad del Primer Ministro, sus funciones serán ejercidas por el Ministro designado suplente, y en caso de imposibilidad de éste, por el Ministro con mayor antigüedad en funciones.

Artículo 67

Decisiones del Consejo de Estado

Los asuntos correspondientes al Consejo de Estado son decididos en sesión plenaria del Consejo de Estado o en el Ministerio competente. En las sesiones plenarias se deciden los asuntos trascendentales, las cuestiones de principio importantes y los restantes asuntos cuya significación así lo requiera. Las bases del ordenamiento del poder de decisión del Consejo de Estado serán reguladas más precisamente por Ley.

Los asuntos que se tramitan en el Consejo de Estado se preparan en el Ministerio competente. El Consejo de Estado puede tener Comités Ministeriales para la preparación de los asuntos.

La sesión plenaria del Consejo de Estado tiene quórum con la presencia de cinco miembros.

Artículo 68

Los Ministerios

El Consejo de Estado tendrá la cantidad necesaria de Ministerios. Cada Ministerio responde en su

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propia esfera de competencia por la preparación de los asuntos correspondientes al Consejo de Estado y por la adecuada gestión de la administración.

Cada Ministerio es dirigido por un Ministro. La cantidad máxima de Ministerios y los principios generales de su constitución estarán regulados por

Ley. Las esferas de competencia de los Ministerios y la división de competencias entre ellos, así como las otras formas de organización del Consejo de Estado estarán reguladas por Ley o por Decreto del Consejo de Estado.

Artículo 69

El Procurador General de Justicia del Consejo de Estado

Adjuntos al Consejo de Estado hay un Procurador General de Justicia y un Procurador General de Justicia adjunto, quienes son nombrados por el Presidente de la República y deben ser juristas eminentes. El Presidente designa asimismo un suplente para el Procurador General de Justicia adjunto por un período máximo de cinco años, quien en caso de imposibilidad del Procurador General de Justicia adjunto desempeña sus funciones.

El Procurador General de Justicia adjunto y su suplente se rigen por la parte aplicable de las provisiones dispuestas sobre el Procurador General de Justicia.

Capítulo 6

La formación de las leyes

Artículo 70

La iniciativa legislativa

La formación de las leyes se inicia en el Parlamento por un proyecto del Gobierno o, mientras el Parlamento está reunido en sesiones, por moción legislativa de un Diputado.

Artículo 71

Complementación y retirada de los proyectos de Ley del Gobierno

Un proyecto de Ley del Gobierno podrá ser complementado mediante la presentación de un nuevo proyecto complementario, o podrá ser retirado. No se podrá presentar un proyecto complementario después de que la Comisión a cargo de la preparación del asunto haya expedido su informe.

Artículo 72

Tramitación de una proposición de Ley en el Parlamento

Las proposiciones de Ley, una vez emitido el informe de la Comisión a cargo de la preparación del asunto, se tramitan en el Pleno en dos lecturas.

En la primera lectura de la proposición de Ley se presenta y se debate el informe de la Comisión, y se decide el texto de la proposición. En la segunda lectura, que se realizará no antes del tercer día a partir de la finalización de la primera lectura, se decide la aprobación o el rechazo de la proposición de Ley.

Una proposición de Ley se puede remitir para su tramitación por la Gran Comisión en el curso de su primera lectura.

La tramitación de las proposiciones de Ley estará regulada más precisamente en el Reglamento del Parlamento.

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Artículo 73

Orden de establecimiento de la Constitución

Una proposición de establecimiento, reforma o derogación de la Constitución, o de una excepción limitada que se realice a la Constitución, si es aprobada en la segunda lectura por mayoría de votos habrá de quedar en suspenso hasta el primer período de sesiones posterior a unas elecciones parlamentarias. En esa ocasión la proposición, una vez emitido el informe de la Comisión, habrá de ser aprobada en el Pleno en una lectura sin modificar su texto por una mayoría de al menos dos terceras partes de los votos emitidos.

La proposición podrá no obstante ser declarada urgente por acuerdo aprobado al menos por cinco sextas partes de los votos emitidos. En este caso la proposición no se dejará en suspenso y podrá ser aprobada por una mayoría de al menos dos terceras partes de los votos emitidos.

Artículo 74

El control de la constitucionalidad

Es función de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento emitir su dictamen sobre la constitucionalidad de las proposiciones de Ley y de los otros asuntos que se sometan a su tramitación, así como sobre su relación con los acuerdos internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 75

Leyes especiales de la provincia de Åland

Sobre el orden de establecimiento de la Ley de Autonomía de Åland y de la Ley de adquisición de tierras de Åland regirá lo que se establezca específicamente en las Leyes mencionadas.

Sobre el derecho del Parlamento Provincial de Åland a realizar iniciativas y sobre el establecimiento de las Leyes provinciales de Åland regirá lo que se establezca al respecto en la Ley de Autonomía.

Artículo 76

Ley de la Iglesia

En la Ley de la Iglesia se establecerá la forma de organización y la administración de la Iglesia Evangélica Luterana.

El orden de establecimiento de la Ley de la Iglesia y el derecho de iniciativa sobre la misma se regirán por lo establecido en la mencionada Ley.

Artículo 77

Sanción de las leyes

Una Ley aprobada por el Parlamento deberá ser presentada al Presidente de la República para su sanción. El Presidente deberá decidir la sanción de la Ley dentro de un plazo de tres meses a partir de la remisión de la Ley para su sanción. El Presidente podrá recabar del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo Administrativo un dictamen sobre la Ley.

Si el Presidente no sanciona la Ley, ésta será devuelta a la tramitación del Parlamento. Si el Parlamento vuelve a aprobar la Ley sin enmendar su texto, la misma entrará en vigor sin sanción. Si el Parlamento no la vuelve a aprobar, la misma se considerará extinguida.

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Artículo 78

Tramitación de una Ley no sancionada

Si el Presidente de la República no sanciona una Ley dentro del plazo previsto, la Ley se someterá sin demora a una nueva tramitación del Parlamento. Una vez emitido el informe de la Comisión, la Ley deberá ser aprobada sin enmendar su contenido o rechazada en el Pleno del Parlamento en trámite de lectura única por mayoría de votos.

Artículo 79

Promulgación y entrada en vigor de las leyes

Si una Ley ha sido adoptada en el orden de establecimiento de la Constitución, ello debe ser mencionado en la Ley.

Una Ley que haya sido sancionada o que haya entrado en vigor sin sanción, deberá ser firmada por el Presidente de la República y refrendada por el Ministro competente. A continuación el Consejo de Estado deberá publicar la Ley sin demora en el Boletín de Legislación de Finlandia.

En la Ley deberá mencionarse su fecha de entrada en vigor. Por motivos especiales, en una Ley podrá establecerse que su fecha de entrada en vigor se establezca por Decreto. Si la Ley no se ha publicado a la fecha establecida para su entrada en vigor, entrará en vigor a la fecha de su publicación.

Las leyes se promulgarán y publicarán en finlandés y en sueco.

Artículo 80

Expedición de Decretos y delegación de poderes legislativos

El Presidente de la República, el Consejo de Estado y los Ministerios pueden expedir Decretos en virtud de los poderes establecidos en esta Constitución o en otras Leyes. No obstante, los fundamentos de los deberes y derechos del individuo y los asuntos que en virtud de la Constitución pertenezcan por otro motivo al ámbito legislativo deberán establecerse por Ley. Si no está expresamente establecida la autoridad que debe expedir el Decreto, el mismo será expedido por el Consejo de Estado.

También se puede delegar por Ley en otra autoridad la expedición de normas jurídicas sobre asuntos determinados, si para ello existen motivos especiales relacionados con el objeto de la disposición y la importancia material de la disposición no requiere que el asunto sea establecido por Ley o por Decreto. El rango de aplicación de este tipo de delegación debe estar precisamente limitado.

Las provisiones generales sobre la publicación y entrada en vigor de los Decretos y otras normas jurídicas estarán establecidas por Ley.

Capítulo 7

Las finanzas del Estado

Artículo 81

Tributos y tasas del Estado

Los tributos del Estado serán establecidos por Leyes que contendrán provisiones sobre los fundamentos de la tributación y el importe de los tributos, así como sobre la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Los principios generales sobre el carácter de las tasas de los actos oficiales, los servicios y otras actividades de las autoridades del Estado, así como el importe de las tasas, estarán regulados por Ley.

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Artículo 82

El endeudamiento y las garantías del Estado

El endeudamiento del Estado debe basarse en un consentimiento del Parlamento, en el que deben expresarse los importes máximos del nuevo endeudamiento y de la deuda estatal.

La garantía del Estado y el aval del Estado pueden concederse con el consentimiento del Parlamento.

Artículo 83

El Presupuesto del Estado

El Parlamento decidirá por un ejercicio fiscal cada vez el Presupuesto del Estado, que será publicado en el Boletín de Legislación de Finlandia.

El proyecto de Presupuesto del Estado y los otros proyectos del Gobierno relacionados con aquél serán sometidos a la tramitación del Parlamento con buena antelación antes del comienzo del ejercicio fiscal. La complementación y la retirada del proyecto de Presupuesto se regirán por lo establecido en el artículo 71.

En ocasión del proyecto de Presupuesto los Diputados podrán realizar proposiciones de incorporar partidas de gastos en el Presupuesto del Estado o de otras decisiones, mediante una iniciativa presupuestaria.

Una vez emitido el informe correspondiente de la Comisión de Hacienda del Parlamento, el Presupuesto del Estado será aprobado en el Pleno del Parlamento en trámite de lectura única. La tramitación del proyecto de Presupuesto estará regulada más precisamente en el Reglamento del Parlamento.

Si la publicación del Presupuesto del Estado se demora hasta el inicio del nuevo ejercicio fiscal, el proyecto de Presupuesto del Estado presentado por el Gobierno se aplicará provisoriamente como presupuesto de la manera que decida el Parlamento.

Artículo 84

Contenido del Presupuesto

El Presupuesto del Estado incluirá las estimaciones de los ingresos anuales y de las partidas de gastos anuales, así como los propósitos de aplicación de las partidas de gastos y los restantes fundamentos del Presupuesto. Se podrá disponer por Ley la inclusión en el Presupuesto de estimaciones de ingresos o de partidas de gastos correspondientes a la diferencia entre ciertos ingresos y ciertos gastos estrechamente relacionados entre sí.

Las estimaciones de ingresos incluidas en el Presupuesto deberán cubrir las partidas de gastos incluidas. Al cubrirse las partidas de gastos se podrán tomar en consideración el superávit o el déficit de las cuentas del Estado de la manera que se establezca por Ley.

Las estimaciones de ingresos y las partidas de gastos correspondientes a ingresos y gastos relacionados entre sí podrán ser incluidas en el Presupuesto por varios años fiscales de la manera que se establezca por Ley.

Los principios generales de la gestión y la economía de los entes del Estado serán regulados por Ley. Las estimaciones de ingresos y las partidas de gastos concernientes a los entes del Estado se incluirán en el Presupuesto sólo en la parte que se establezca por Ley. El Parlamento aprobará, en el marco de la tramitación del Presupuesto, los principales objetivos de servicio y otros objetivos de la gestión de los entes del Estado.

Artículo 85

Las partidas de gastos del Presupuesto

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Las partidas de gastos se incluirán en el Presupuesto del Estado como partidas fijas, partidas estimadas o partidas transferibles. Las partidas estimadas podrán ser excedidas y las partidas transferibles podrán transferirse para ser empleadas después del ejercicio fiscal de la manera regulada por Ley. Salvo autorización de una Ley, las partidas fijas y las transferibles no podrán ser excedidas, y las fijas no podrán ser transferidas.

Las partidas de gastos no podrán transferirse de un renglón a otro del Presupuesto, salvo autorización del Presupuesto. No obstante, se podrá autorizar por Ley el traslado de partidas de gastos a un rubro estrechamente relacionado con su propósito de aplicación.

El Presupuesto podrá otorgar facultades, limitadas en magnitud y propósito de aplicación, para incurrir en un ejercicio fiscal en gastos para los cuales se incluirán las partidas necesarias en Presupuestos de años posteriores.

Artículo 86

Presupuesto suplementario

Si existen motivos fundados para enmendar el Presupuesto, el Gobierno someterá al Parlamento un proyecto de Presupuesto suplementario.

Los Diputados podrán realizar iniciativas presupuestarias de enmienda para que sean incluidas directamente en el Presupuesto suplementario.

Artículo 87

Fondos extrapresupuestarios

Se podrá disponer por Ley que un fondo del Estado sea dejado fuera del Presupuesto, si así lo requiere imperiosamente el ejercicio de una función permanente del Estado. La aprobación de un proyecto de Ley que signifique la constitución de un fondo extrapresupuestario o la ampliación sustancial de un fondo de esta naturaleza o de su propósito de aplicación, requiere en el Parlamento una mayoría de, al menos, dos terceras partes de los votos emitidos.

Artículo 88

Créditos de los individuos con el Estado

Toda persona tiene derecho, sin perjuicio del Presupuesto, a recibir del Estado lo que legalmente le corresponde.

Artículo 89

Aprobación de las condiciones de servicio del personal del Estado

La Comisión pertinente del Parlamento aprobará en nombre del Parlamento el acuerdo sobre las condiciones de servicio de los funcionarios y empleados del Estado en la medida en que sea necesario el consentimiento del Parlamento.

Artículo 90

Fiscalización y auditoría de las finanzas estatales

El Parlamento fiscaliza la gestión económica del Estado y la observancia del Presupuesto del Estado. A tal efecto el Parlamento elige de entre sus miembros a los Auditores del Estado.

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Para la auditoría de la gestión económica del Estado y de la observancia del Presupuesto del Estado, funciona adjunto al Parlamento un órgano independiente, la Auditoría de las Finanzas del Estado. El carácter y las funciones de la Auditoría estarán regulados más precisamente por Ley.

Los Auditores del Estado y la Auditoría de las Finanzas del Estado tienen derecho a recibir de las autoridades y de otros agentes que constituyan objeto de su control la información que necesiten para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 91

El Banco de Finlandia

El Banco de Finlandia opera bajo la garantía y la asistencia del Parlamento de acuerdo con lo regulado por Ley. El Parlamento elige a los consejeros delegados bancarios para la supervisión de las actividades del Banco de Finlandia.

La Comisión competente del Parlamento y los consejeros delegados bancarios tienen derecho a acceder a la información que necesiten para la fiscalización del Banco de Finlandia.

Artículo 92

El Patrimonio del Estado

Estarán regulados por Ley las competencias y procedimientos que se aplicarán en el ejercicio de los derechos de accionista en las sociedades en que el Estado ejerza control. También se establecerán por Ley las condiciones en que se requerirá el consentimiento del Parlamento para la adquisición y la cesión del control de una sociedad por parte del Estado.

Sólo podrán enajenarse bienes inmuebles del Estado con la conformidad del Parlamento o de acuerdo con lo regulado por Ley.

Capítulo 8

Las relaciones internacionales

Artículo 93

Competencia en los asuntos internacionales

La política exterior de Finlandia es dirigida por el Presidente de la República en colaboración con el Consejo de Estado. El Parlamento aprueba no obstante las obligaciones internacionales y su denuncia, y decide la puesta en vigor de las obligaciones internacionales tal como se establece en esta Constitución. El Presidente decide sobre la guerra y la paz con el consentimiento del Parlamento.

El Consejo de Estado tiene a su cargo la preparación a nivel nacional de las decisiones a adoptarse en la Unión Europea, y decide las acciones de Finlandia relacionadas con aquéllas, si la decisión no requiere la aprobación del Parlamento. El Parlamento participa en la preparación a nivel nacional de las resoluciones a adoptarse en la Unión Europea de acuerdo con lo establecido en esta Constitución.

La comunicación a otros Estados y a las organizaciones internacionales de las posiciones trascendentales en política exterior estará a cargo del Ministro a cuya competencia correspondan las relaciones internacionales.

Artículo 94

Aprobación de las obligaciones internacionales y su denuncia

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El Parlamento aprueba aquellos tratados y otras obligaciones internacionales que contengan provisiones de competencia legislativa, o que sean prominentes por su importancia o que requieran en virtud de la Constitución por otro motivo la aprobación del Parlamento. También se requiere la aprobación del Parlamento para la denuncia de obligaciones de esta naturaleza.

La decisión de aprobar o de denunciar una obligación internacional se adopta por mayoría de votos. No obstante, si una proposición de aprobación de una obligación afecta a la Constitución o a la integridad territorial de la nación, la misma deberá ser aprobada por decisión apoyada al menos por dos terceras partes de los votos emitidos.

Las obligaciones internacionales no pueden comprometer los fundamentos democráticos del régimen constitucional.

Artículo 95

Puesta en vigor de las obligaciones internacionales

Las provisiones de competencia legislativa de los tratados y otras obligaciones internacionales serán puestas en vigor por Ley. Las restantes obligaciones internacionales serán puestas en vigor por Decreto del Presidente de la República.

Las proposiciones de Ley de puesta en vigor de obligaciones internacionales serán tramitadas según el procedimiento legislativo común. No obstante, si una proposición afecta a la Constitución o a la integridad territorial de la nación, el Parlamento deberá aprobarla, sin dejarla en suspenso, por decisión apoyada al menos por dos terceras partes de los votos emitidos.

En una Ley de puesta en vigor de una obligación internacional se podrá establecer que su entrada en vigor sea establecida por Decreto. Las provisiones generales sobre la publicación de tratados y otras obligaciones internacionales se establecerán por Ley.

Artículo 96

Participación del Parlamento en la preparación a nivel nacional de los asuntos de la Unión Europea

El Parlamento tramita las proposiciones de las normas, acuerdos u otras acciones que se decidan en la Unión Europea y que corresponderían en virtud de la Constitución a la competencia del Parlamento.

El Consejo de Estado deberá remitir por escrito al Parlamento las proposiciones previstas en el párrafo anterior inmediatamente después de haber hecho conocimiento de las mismas para que el Parlamento fije su posición. Las proposiciones serán tramitadas en la Gran Comisión y en general en una o varias otras Comisiones que le remitirán a aquélla su dictamen. Las proposiciones sobre política exterior y de seguridad serán tramitadas no obstante en la Comisión de Asuntos Exteriores. La Gran Comisión o la Comisión de Asuntos Exteriores podrán en caso necesario remitir al Consejo de Estado su dictamen sobre la proposición. El Consejo de Presidencia podrá decidir poner en debate un asunto de esta naturaleza también en el Pleno, en cuyo caso el Parlamento no adoptará sin embargo decisión sobre el asunto.

El Consejo de Estado deberá proveer a las Comisiones pertinentes información sobre la tramitación de los asuntos en la Unión Europea. También debe comunicar a la Gran Comisión o la Comisión de Asuntos Exteriores la posición del Consejo de Estado sobre los asuntos.

Artículo 97

Derecho del Parlamento a ser informado en asuntos internacionales

La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento deberá, a su solicitud y en otros casos según las necesidades, recibir del Consejo de Estado aclaraciones sobre asuntos que afecten a la política exterior y de seguridad. La Gran Comisión del Parlamento deberá similarmente recibir aclaraciones sobre la preparación de otros asuntos en la Unión Europea. El Consejo de Presidencia podrá decidir poner en debate las

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aclaraciones en el Pleno, en cuyo caso el Parlamento no obstante no adoptará decisión sobre el asunto. El Primer Ministro deberá suministrar con antelación al Parlamento o a sus Comisiones información

sobre los asuntos que se traten en las reuniones del Consejo Europeo, y también sin demora después de las reuniones. Habrá de procederse de la misma manera al prepararse enmiendas a los tratados fundamentales de la Unión Europea.

La Comisión competente del Parlamento podrá remitir un dictamen al Consejo de Estado con motivo de las aclaraciones e informaciones mencionadas.

Capítulo 9

La Administración de Justicia

Artículo 98

Los Tribunales

Los Tribunales ordinarios serán el Tribunal Supremo, los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados de Primera Instancia.

Los Tribunales Administrativos ordinarios son el Tribunal Supremo Administrativo y los Tribunales Administrativos locales.

Las provisiones sobre tribunales especiales que ejerzan potestad jurisdiccional en competencias expresamente determinadas serán establecidas por Ley.

Se prohíbe la institución de tribunales de excepción.

Artículo 99

Funciones de los Tribunales Supremos

La más alta potestad jurisdiccional en asuntos contenciosos y penales es ejercida por el Tribunal Supremo, y en asuntos de justicia administrativa por el Tribunal Supremo Administrativo.

Los Tribunales Supremos supervisan la administración de justicia en sus propias esferas de competencia. Pueden realizar proposiciones al Consejo de Estado para que inicie una acción legislativa.

Artículo 100

Composición de los Tribunales Supremos

El Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Administrativo estarán integrados por su Presidente y la cantidad necesaria de otros miembros.

Los Tribunales Supremos tendrán quórum con la asistencia de cinco miembros, si no se establece otra cantidad expresamente por Ley.

Artículo 101

El Tribunal de Justicia de la Nación

El Tribunal de Justicia de la Nación tramitará las acusaciones contra los miembros del Consejo de Estado, el Procurador General de Justicia del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo del Parlamento o los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Administrativo por infracciones en el desempeño de sus funciones. El Tribunal de Justicia de la Nación tramitará también las acusaciones previstas en el artículo 113.

El Tribunal de Justicia de la Nación estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado

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asimismo por el Presidente del Tribunal Supremo Administrativo, los tres Presidentes de Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en funciones y cinco miembros elegidos por el Parlamento, cuyo mandato será de cuatro años.

La composición, el quórum y las funciones del Tribunal de Justicia de la Nación serán regulados más precisamente por Ley.

Artículo 102

Nombramiento de los Jueces

El Presidente de la República nombrará a los Jueces titulares conforme al procedimiento establecido por Ley. Las provisiones sobre el nombramiento de los otros Jueces serán establecidas por Ley.

Artículo 103

Derecho de inamovilidad de los Jueces

Los Jueces no podrán ser separados de sus cargos sino por sentencia de un Tribunal. Tampoco podrán ser transferidos a otro cargo sin su conformidad, salvo si la transferencia es causada por una reorganización del sistema judicial.

Se regulará por Ley la obligación de los Jueces de dimitir a su cargo a la edad prescripta o en caso de pérdida de su capacidad laboral.

Los otros fundamentos de la relación laboral de los Jueces estarán regulados expresamente por Ley.

Artículo 104

Los Fiscales

El Ministerio Fiscal será dirigido en carácter de fiscal supremo por el Fiscal General del Estado, quien será nombrado por el Presidente de la República. El Ministerio Fiscal estará regulado más precisamente por Ley.

Artículo 105

El indulto

En casos particulares, el Presidente de la República podrá, después de obtener un dictamen del Tribunal Supremo, remitir en todo o en parte una pena impuesta por un Tribunal u otras sanciones penales.

Los indultos generales deberán ser regulados por Ley.

Capítulo 10

El control de la legalidad

Artículo 106

Jerarquía normativa de la Constitución

Si en un asunto en proceso en un Tribunal la aplicación de una norma con rango de Ley está en evidente contradicción con la Constitución, el Tribunal deberá otorgar jerarquía normativa a la norma constitucional.

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Artículo 107

Restricción de aplicación de normas de rango inferior al de Ley

Si las disposiciones de un Decreto o de una norma de rango inferior al de Ley están en contradicción con la Constitución o con otra Ley, las mismas no podrán ser aplicadas por los Tribunales ni por otras autoridades.

Artículo 108

Funciones del Procurador General de Justicia del Consejo de Estado

Es función del Procurador General de Justicia fiscalizar la legitimidad de los actos oficiales del Consejo de Estado y del Presidente de la República. El Procurador General de Justicia también debe fiscalizar que los Tribunales y las otras autoridades y funcionarios, los trabajadores de los entes públicos y otras personas en el ejercicio de la función pública observen la ley y cumplan sus obligaciones. En el ejercicio de sus funciones, el Procurador General de Justicia fiscaliza el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.

El Procurador General de Justicia debe suministrar al Presidente, al Consejo de Estado y a los Ministerios, a su solicitud, informaciones y dictámenes sobre asuntos legales.

El Procurador General de Justicia someterá al Parlamento y al Consejo de Estado un informe anual acerca de sus actividades y sus observaciones sobre el cumplimiento de la Ley.

Artículo 109

Funciones del Defensor del Pueblo del Parlamento

El Defensor del Pueblo del Parlamento fiscalizará que los Tribunales y las otras autoridades y funcionarios, los trabajadores de los entes públicos y otras personas en el ejercicio de la función pública observen la ley y cumplan con sus obligaciones. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo fiscalizará el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos.

El Defensor del Pueblo someterá al Parlamento un informe anual acerca de sus actividades y de la situación de la administración de justicia, así como de las deficiencias que advierta en la legislación.

Artículo 110

Derechos de acusación del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo, y distribución de funciones entre ellos

La decisión de acusar a un juez por infracciones en el ejercicio de sus funciones estará a cargo del Procurador General de Justicia o del Defensor del Pueblo. Éstos podrán también sustanciar una acusación u ordenar que se instruya una acusación en otros asuntos correspondientes a sus funciones de fiscalización de la legalidad.

La distribución de funciones entre el Procurador General de Justicia y el Defensor del Pueblo podrá regularse por Ley, sin reducir no obstante la competencia de ninguno de ellos en lo referente a sus funciones de fiscalización de la legalidad.

Artículo 111

Derecho del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo a recibir información

El Procurador General de Justicia y el Defensor del Pueblo tienen derecho a recibir de las autoridades y

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de otras personas en el ejercicio de la función pública la información que necesiten para sus funciones de fiscalización de la legalidad.

El Procurador General de Justicia debe asistir a las sesiones del Consejo de Estado y a las presentaciones de asuntos ante el Presidente de la República en el Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo tiene derecho a asistir a estas sesiones y presentaciones.

Artículo 112

Fiscalización de la legalidad de los actos oficiales del Consejo de Estado y del Presidente de la República

Si el Procurador General de Justicia constata que la legalidad de una decisión o de una medida del Consejo de Estado o de un Ministro o del Presidente de la República da motivo a una observación, deberá formular su advertencia con sus fundamentos. Si ésta no es tenida en consideración, el Procurador General de Justicia deberá hacer constar su posición en el Acta de Sesiones del Consejo de Estado y en caso necesario adoptar otras medidas. También el Defensor del Pueblo tendrá derechos similares de formular observaciones y adoptar otras medidas.

Si una decisión del Presidente es contraria a la Ley, el Consejo de Estado deberá, una vez recibido el dictamen del Procurador General de Justicia, declarar que la decisión no puede ser ejecutada, y proponer al Presidente la modificación o la revocación de la decisión.

Artículo 113

Responsabilidad penal del Presidente de la República

Si el Procurador General de Justicia, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Estado consideran que el Presidente de la República ha cometido delito de traición a la patria, delito contra la seguridad del Estado o crimen contra la humanidad, deberán denunciarlo ante el Parlamento. Si el Parlamento por una mayoría de al menos tres cuartas partes de los votos emitidos decide que se instruya la acusación, el Fiscal General del Estado deberá sustanciar la misma ante el Tribunal de Justicia de la Nación y el Presidente deberá abstenerse del ejercicio de sus funciones durante la sustanciación. No se podrá en otros casos instruir una acusación por actos oficiales del Presidente.

Artículo 114

Instrucción y trámite de una acusación contra un Ministro

Una acusación contra un miembro del Consejo de Estado por infracciones en el ejercicio de sus funciones será tramitada ante el Tribunal de Justicia de la Nación de acuerdo con lo regulado más precisamente por Ley.

La instrucción de la acusación será decidida por el Parlamento una vez recibido el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la ilegalidad de la conducta del miembro del Consejo de Estado. El Parlamento, antes de resolver instruir la acusación, deberá conceder al miembro del Consejo de Estado la oportunidad de efectuar sus descargos. Al tratar el asunto, la Comisión deberá estar completa.

La acusación contra un miembro del Consejo de Estado será sustanciada por el Fiscal General del Estado.

Artículo 115

Inicio de una cuestión de responsabilidad contra un Ministro

La investigación de la legalidad de los actos oficiales de los miembros del Consejo de Estado podrá

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iniciarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento: 1) mediante denuncia realizada por el Procurador General de Justicia o el Defensor del Pueblo ante la

Comisión de Asuntos Constitucionales; 2) mediante nota firmada al menos por diez Diputados; y 3) mediante solicitud de investigación presentada a la Comisión de Asuntos Constitucionales por otra

Comisión del Parlamento. La Comisión de Asuntos Constitucionales también puede por propia iniciativa iniciar la investigación de

la legalidad de los actos oficiales de un miembro del Consejo de Estado.

Artículo 116

Requisitos para la instrucción de una acusación contra un Ministro

Podrá decidirse la instrucción de una acusación contra un miembro del Consejo de Estado si éste dolosamente o por negligencia grave ha infringido sustancialmente las obligaciones inherentes a la función ministerial o ha procedido de otra manera en forma manifiestamente ilegal en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 117

Responsabilidad jurídica del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo

La investigación de la legalidad de los actos oficiales del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo, la instrucción de una acusación contra ellos por infracciones en el desempeño de sus funciones y la tramitación de un juicio de esta naturaleza se regirán por lo establecido en los artículos 114 y 115 para los miembros del Consejo de Estado.

Artículo 118

Responsabilidad de los funcionarios

Los funcionarios son responsables de la legalidad de sus actos en el ejercicio de la función pública. Son también responsables de las decisiones de los órganos colegiados que hayan apoyado como miembros de los mismos.

Un funcionario proponente es responsable de lo que se decida a partir de su propuesta, salvo si hace constar su opinión divergente con la decisión.

Toda persona que haya sufrido una violación de sus derechos o un perjuicio a causa de una infracción o una negligencia de un funcionario o de otra persona en el ejercicio de la función pública, tiene derecho a demandar que éste sea condenado a una pena, así como a una indemnización del ente público o del funcionario o de otra persona en el ejercicio de la función pública, conforme con lo regulado más precisamente por Ley. No existirá no obstante el derecho de acusación comprendido en éste artículo si la acusación, según la Constitución, debe ser tramitada en el Tribunal de Justicia de la Nación.

Capítulo 11

Organización de la administración y autonomía

Artículo 119

La administración del Estado

A la Administración central del Estado podrán pertenecer, además del Consejo de Estado y los Ministerios, Direcciones, Entes y otros organismos. El Estado también podrá tener funcionarios regionales y

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locales. La administración dependiente del Parlamento estará regulada expresamente por Ley. Los fundamentos generales de los organismos de la Administración del Estado entre cuyas funciones

esté comprendido el ejercicio del poder público deberán regularse por Ley. Los fundamentos generales de la administración regional y local del Estado también estarán regulados por Ley. Los órganos de la Administración del Estado en cambio podrán estar regulados por Decreto.

Artículo 120

La posición especial de Åland

La provincia de Åland gozará de autonomía de acuerdo con lo que se establezca específicamente en la Ley de Autonomía de Åland.

Artículo 121

Autonomía municipal y otras autonomías regionales

Finlandia está dividida territorialmente en municipios, cuya administración debe fundarse en la autonomía de sus habitantes.

Las bases generales de la administración municipal y las facultades concedidas a los municipios estarán reguladas por Ley.

Los municipios tienen derecho a recaudar impuestos. Las bases de la obligación tributaria y de la fijación de los impuestos, así como la seguridad jurídica de los contribuyentes, estarán reguladas por Ley.

Las provisiones sobre autonomía en territorios administrativos mayores que un municipio serán establecidas por Ley. Los Sami tendrán autonomía lingüística y cultural en su región de residencia original de acuerdo con lo regulado por Ley.

Artículo 122

Divisiones administrativas

En la organización de la Administración deberá procurarse la creación de divisiones territoriales compatibles entre sí, en las que se garanticen las posibilidades de la población de idioma finlandés y sueco de recibir servicios en su propio idioma según bases similares.

Las bases de la división municipal serán establecidas por Ley.

Artículo 123

Universidades y otros establecimientos de enseñanza

Las universidades gozarán de autonomía de acuerdo con lo regulado más precisamente por Ley. Los principios de las otras formas de enseñanza organizadas por el Estado y los municipios, así como el

derecho a organizar una enseñanza equivalente en establecimientos privados, estarán regulados por Ley.

Artículo 124

Adscripción de tareas administrativas a personas ajenas a la Administración

Sólo se podrán adscribir tareas de administración pública a personas ajenas a la Administración por Ley o en virtud de Ley, si ello es necesario para la ejecución adecuada de la tarea y no pone en peligro los derechos fundamentales, la seguridad jurídica u otros requisitos de la buena administración. No obstante, podrán adscribirse sólo a las autoridades las funciones que incluyan un ejercicio sustancial del poder

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público.

Artículo 125

Requisitos de elegibilidad para cargos públicos y bases de los nombramientos

Se podrá establecer por Ley que para determinados cargos o funciones públicos se pueda nombrar sólo a ciudadanos finlandeses.

Las bases generales de los nombramientos de los cargos públicos son la idoneidad, la capacidad y un mérito cívico comprobado.

Artículo 126

Nombramiento de cargos del Estado

El Presidente de la República nombra a los Directores Generales de los Ministerios, así como al Director General y a los funcionarios proponentes de la Secretaría del Presidente de la República, y designa a los jefes de las representaciones diplomáticas. El Presidente también nombra y designa a los restantes funcionarios cuyo nombramiento o designación esté establecido, en virtud de esta Constitución o por Ley, como facultad presidencial.

El Consejo de Estado nombra a los funcionarios del Estado cuyo nombramiento no esté establecido como facultad presidencial, ministerial o de otra autoridad.

Capítulo 12

Defensa nacional

Artículo 127

Obligación de defender a la patria

Todo ciudadano finlandés tiene el deber de participar en la defensa de la patria o de contribuir a ella de acuerdo con lo regulado por Ley.

El derecho a obtener la exención de la participación en la defensa armada sobre la base de una objeción de conciencia estará regulado por Ley.

Artículo 128

El mando supremo de las Fuerzas de Defensa

El Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa. A proposición del Consejo de Estado, el Presidente puede traspasar el mando supremo de las Fuerzas de Defensa a otro ciudadano finlandés.

El Presidente nombra a los oficiales.

Artículo 129

Movilización

El Presidente de la República decidirá, a proposición del Consejo de Estado, la movilización de las Fuerzas de Defensa. Si el Parlamento no está en sesiones en ese momento, deberá ser convocado de inmediato.

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Capítulo 13

Disposiciones finales

Artículo 130

Entrada en vigor

La presente Constitución entrará en vigor el primero de marzo del año 2000. Las normas necesarias para la ejecución de la Constitución se establecerán por Ley especial.

Artículo 131

Leyes Constitucionales que se derogan

Por la presente Constitución se derogan las siguientes Leyes, con sus enmiendas posteriores: 1) Ley Orgánica del Gobierno, sancionada el 17 de julio de 1919; 2) Ley Orgánica del Parlamento, sancionada el 13 de enero de 1928; 3) Ley sobre el Tribunal del Estado (273/1922), sancionada el 25 de noviembre de 1922; y 4) Ley sobre la facultad del Parlamento de fiscalizar la legitimidad de los actos de los miembros del

Consejo de Estado, del Procurador General de Justicia y del Defensor del Pueblo (274/1922), sancionada el 25 de noviembre de 1922.

Helsinki, 11 de junio de 1999

Presidente de la República MARTTI AHTISAARI

Ministro de Justicia Johannes Koskinen

 
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La Constitution de la Finlande
Traduction non officielle © Ministère de la Justice, Finlande

La Constitution de la Finlande (731/1999)

En vertu de la décision du Parlement adoptée conformément à l'article 67 de la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire, il est statué ce qui suit :

Chapitre premier - Fondements du régime étatique

Article premier - Régime constitutionnel

La Finlande est une république souveraine.
Le régime constitutionnel de la Finlande est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit
l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
La Finlande participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour
le développement de la société.

Article 2 - Démocratie et principe de l'État de droit

Le pouvoir public appartient en Finlande au peuple représenté par le Parlement réuni en session parlementaire.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et de
leur environnement.
L'exercice du pouvoir public doit trouver son fondement dans la loi. La loi doit être respectée de façon rigoureuse
dans toute activité publique.

Article 3 - Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le droit de décision en matière de finances de
l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres doivent
jouir de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la
Cour administrative suprême.

Article 4 - Territoire national

Le territoire de la Finlande est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.

Article 5 - Nationalité finlandaise

La nationalité finlandaise s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. La nationalité peut être accordée par déclaration ou sur demande, dans les conditions prévues dans une loi. La nationalité finlandaise ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus dans une loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.

Chapitre II - Droits fondamentaux

Article 6 - Égalité

Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la
religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les
concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la
fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées
dans une loi.

Article 7 - Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne

Chacun a le droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.

Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.

Article 8 - Principe de la légalité en matière pénale

Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas sanctionné d'une peine par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.

Article 9 - Liberté de circulation

Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler librement et d'y élire domicile. Chacun a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par une loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale. Aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays. Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Finlande est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.

Article 10 - Protection de la vie privée

La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. La protection des données personnelles est réglée plus précisément par la loi. Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par une loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. Une loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.

Article 11 - Liberté de religion et de conscience

Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer
des convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de prendre part, contre sa
conscience, à la pratique d'une religion.

Article 12 - Liberté d'expression et publicité

Chacun dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans en être empêché à l'avance par quelque personne que ce soit. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées dans une loi. Une loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants. Les documents et autres enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur publicité est spécifiquement limitée par une loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.

Article 13 - Liberté de réunion et d'association

Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation. Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées dans une loi.

Article 14 - Droit de vote et de participation

Tout citoyen finlandais âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums nationaux. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.

Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger établis de façon permanente dans le pays et âgés d'au moins dix-huit ans disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Le droit de participer autrement à l'administration municipale est réglé par la loi. Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.

Article 15 - Protection des biens

La protection des biens de chacun est garantie.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.

Article 16 - Droits culturels

Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'obligation scolaire est réglée par la loi.
L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi, une égale possibilité
d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base
ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.

Article 17 - Droit à sa propre langue et culture

Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques. Le peuple autochtone Sami ainsi que les Rom et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sami d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.

Article 18 - Droit au travail et liberté d'entreprise

Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité professionnelle de
son choix. L'État veille à la protection des travailleurs.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail. Le droit à la formation
pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.

Article 19 - Droit à la sécurité sociale

Toute personne qui ne parvient pas à se procurer la sécurité nécessaire à une vie dans le respect de la dignité humaine a droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables. La loi garantit à chacun le droit à des moyens de subsistance de base en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille. L'État est tenu de garantir à chacun, conformément à des modalités plus précises fixées dans une loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et de promouvoir la santé publique. L'État soutient également les familles et les autres personnes en charge d'enfants, afin qu'elles aient la possibilité de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants. L'État est tenu de favoriser le droit de chacun au logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.

Article 20 - Responsabilité à l'égard de l'environnement

La responsabilité à l'égard de la nature et de sa diversité ainsi qu'à l'égard de l'environnement et du patrimoine
culturel incombe à tous.
L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions
relatives à son environnement.

Article 21 - Protection juridique

Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l'examen d'un tribunal ou d'une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations. La publicité de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, de recevoir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'un procès équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.

Article 22 - Garantie du respect des droits fondamentaux

L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.

Article 23 - Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles

Des exceptions provisoires aux droits fondamentaux, qui sont indispensables en cas d'agression armée contre la Finlande ou dans des circonstances exceptionnelles assimilées par la loi, en raison de leur gravité, à une agression armée et constituant une menace pour la nation, peuvent être instaurées par une loi; ces exceptions doivent être en accord avec les engagements internationaux de la Finlande en matière de droits de l'homme.

Chapitre III - Le Parlement et les députés

Article 24 - Composition du Parlement et législature

Le Parlement forme une chambre unique. Il est composé de deux cent députés, élus pour une période de quatre ans à
la fois.
Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les
nouvelles élections aient eu lieu.

Article 25 - Élections législatives

Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur a un droit de vote égal. Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre de citoyens finlandais en circonscriptions électorales au nombre de douze au minimum et de dix-huit au maximum. En outre, la Province d'Åland forme une circonscription électorale propre pour l'élection d'un député. Ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs dont le nombre est prévu par la loi. Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées dans une loi.

Article 26 - Élections législatives anticipées

Le Président de la République peut, sur initiative motivée du Premier ministre, après audition des groupes parlementaires et le Parlement étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. Le Parlement décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, le Parlement clôture ses débats. Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.

Article 27 - Éligibilité et capacité à la députation

Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique. Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député. Le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement, les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés. Si un député est élu Président de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son éligibilité.

Article 28 - Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire

Le mandat parlementaire est interrompu pendant la période où un député exerce la fonction de membre du Parlement européen. Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période. Le mandat parlementaire est également interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national. Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge. Le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Dans le cas où un député élu aurait été condamné pour une infraction intentionnelle par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, le Parlement peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 29 - Indépendance du député

Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.

Article 30 - Immunité parlementaire

Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat.
Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de
son comportement pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision du Parlement prise à la majorité des cinq
sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le président du Parlement doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député. Aucun
député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire,
sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six
mois d'emprisonnement.

Article 31 - Liberté d'expression et tenue du député

Au Parlement, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions. Le député doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le président, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. Le Parlement peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre d'une façon répétée.

Article 32 - Empêchement du député

Un député ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Au sein d'une commission, un député ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.

Chapitre IV - Activités du Parlement

Article 33 - Session parlementaire

Le Parlement se réunit en session chaque année à la date fixée par le Parlement, après laquelle le Président de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire. La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide de clore ses séances. Après cette décision, le Président de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président du Parlement a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau le Parlement en session avant les nouvelles élections.

Article 34 - Le président du Parlement et la conférence des présidents

Pour chaque session, le Parlement élit en son sein un président et deux vice-présidents. Les élections pour la désignation du président et des vice-présidents ont lieu par vote à bulletin fermé. Lors du scrutin est élu le député qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Le président, les vice-présidents et les présidents des commissions constituent la conférence des présidents. La conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement. La conférence des présidents peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires du Parlement et du règlement du Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité du Parlement.

Article 35 - Commissions parlementaires

Le Parlement institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement du Parlement. Le Parlement peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique. La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au

minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions
comptent également un nombre suffisant de suppléants.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un
quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.

Article 36 - Autres organes et représentants élus par le Parlement

Le Parlement élit les délégués chargés de veiller à l'administration et aux activités de la Caisse nationale
d'assurances sociales, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de
quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
L'élection par le Parlement de représentants auprès d'organes institués par des traités internationaux ou auprès
d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement du Parlement.

Article 37 - Élection des organes du Parlement

Les commissions et autres organes du Parlement sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du Parlement ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par le Parlement. Toutefois, sur proposition de la conférence des présidents, le Parlement peut décider de réinvestir l'organe concerné au cours de la législature. Le Parlement procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.

Article 38 - Le médiateur (ombudsman) du Parlement

Le Parlement élit pour un mandat de quatre ans un médiateur et deux médiateurs adjoints, qui doivent être des juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints. Le Parlement peut, pour des raisons particulièrement graves, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 39 - Dépôt des affaires au Parlement

Le dépôt d'une affaire au Parlement s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion
parlementaire ou par tout autre moyen prévu par la présente Constitution ou le règlement du Parlement.
Tout député a le droit de présenter :
une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi;
une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou à une rallonge
budgétaire, ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en matière législative ou de
toute autre intervention.

Article 40 - Préparation des affaires

Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention du Parlement ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement du Parlement doivent être examinés pour préparation au sein d'une commission parlementaire.

Article 41 - Examen des affaires en séance plénière

Les projets de textes de loi ainsi que les propositions de règlement du Parlement sont examinés par le Parlement en séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de texte de loi laissé en suspens ou n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République a lieu néanmoins en une lecture. Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées dans le règlement du Parlement.

Article 42 - Fonctions du président du Parlement en séance plénière

Il appartient au président du Parlement de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la Constitution. Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par le Parlement. Le président doit motiver son refus. Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son

président, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de
savoir si le président a agi correctement en la matière.
Le président du Parlement ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.

Article 43 - Interpellation

Un groupe de députés devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.

Article 44 - Communications et comptes rendus du gouvernement

Le gouvernement peut adresser au Parlement une communication ou un compte rendu sur une affaire relative à lagestion des affaires de l'État ou aux relations internationales. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.

Article 45 - Questions, notifications et débats

Tout député est habilité à poser à un ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci. Les
modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées dans le règlement du Parlement.
Le Premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser au Parlement une notification sur une
question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus
précises du règlement du Parlement.
Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux
dispositions de l'article 31, premier alinéa, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.

Article 46 - Rapports remis au Parlement

L'exécutif est tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions du Parlement ; de même l'exécutif remet chaque année au Parlement un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget. D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.

Article 47 - Droit du Parlement de recevoir des informations

Le Parlement a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il
appartient au ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe du Parlement reçoivent,
sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.
Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu
sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou
au ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la
mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget de l'État en préparation.
Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres
dispositions de la présente Constitution sur la question.

Article 48 - Droit de présence des ministres, du médiateur et du chancelier de la Justice

Tout ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière, même dans le cas où il n'est pas membre du Parlement. Un ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ne peut pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de Président de la République en vertu de l'article 59 de la présente Constitution. Le médiateur du Parlement et le chancelier de la Justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée au Parlement sur leur initiative.

Article 49 - Continuité de l'examen des affaires

Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre-temps.

L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur décision du Parlement. L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session subséquente à de nouvelles élections législatives.

Article 50 - Publicité des activités du Parlement

Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire du Parlement relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. Le Parlement publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées dans le règlement du Parlement. Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement du Parlement adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée. Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations internationales de la Finlande ou relatives à l'Union européenne respectent la confidentialité que la commission des Affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.

Article 51 - Langues utilisées lors des travaux parlementaires

Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois. Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.

Article 52 - Règlement du Parlement et autres règlements internes

Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes du Parlement et aux travaux parlementaires sont fixées dans le règlement du Parlement. Le règlement du Parlement est adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de texte de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande. Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration interne du Parlement, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, le Parlement peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.

Article 53 - Les référendums

La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue dans une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les
choix qui seront soumis aux électeurs.
La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.

Chapitre V - Le Président de la République et le gouvernement

Article 54 - Élection du Président de la République

Le Président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens finlandais de naissance, pour un mandat de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus. Est élu Président de la République le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu Président de la République. Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu Président de la République sans consultation électorale. Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du Président de la République sont fixées dans une loi.

Article 55 - Mandat du Président de la République

Le Président de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions du Président de la République élu à l'élection suivante.

En cas de décès du Président de la République ou si le gouvernement constate que le Président de la République est empêché de façon permanente à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau Président de la République.

Article 56 - Déclaration solennelle du Président de la République

Lors de sa prise de fonction, le Président de la République fait, devant le Parlement, la déclaration solennelle suivante : « Moi, - -, élu par le peuple finlandais Président de la République de Finlande, je donne ici l'assurance que dans l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République, et que j'œuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple de Finlande. »

Article 57 - Fonctions du Président de la République

Le Président de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution ou par une autre loi.

Article 58 - Décisions du Président de la République

Le Président de la République arrête ses décisions lors des séances du gouvernement sur proposition de décision
présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le Président de la République ne prend pas
sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière.
Ensuite, la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle
proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le Président de la République arrête ses décisions sans proposition
de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :
nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant sur la démission du gouvernement ou de
l'un des ses membres ;
décision d'organiser des élections législatives anticipées ;
droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui,
en vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des ministres ; et
questions prévues par la loi sur l'autonomie d'Åland n'ayant pas trait aux finances de la Province.
Un dossier est présenté au Président de la République pour décision par le ministre compétent. Un dossier portant
sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois
présenté par le rapporteur compétent du gouvernement.
Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le Président de la République conjointement
avec un ministre, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Les décisions relatives aux
nominations militaires et au Cabinet du Président de la République sont arrêtées par le Président de la République,
conformément à des dispositions fixées dans une loi.

Article 59 - Empêchement du Président de la République

En cas d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre et, si celuici se trouve également empêché, par le ministre désigné pour être le suppléant du Premier ministre.

Article 60 - Gouvernement

Le gouvernement est composé d'un Premier ministre et de ministres en nombre suffisant. Les ministres doivent être des citoyens finlandais connus pour leur probité et leurs capacités. Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf s'il a fait inscrire au procès-verbal un avis divergent .

Article 61 - Formation du gouvernement

Le Parlement élit le Premier ministre, qui est nommé par le Président de la République pour cette fonction. Les autres ministres sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la personne élue Premier ministre. Avant qu'il soit procédé à l'élection du Premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement. Le Président de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement le nom du candidat au poste de Premier ministre. Le candidat est élu Premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection à scrutin ouvert, plus de la moitié des suffrages exprimés. Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat au poste de Premier ministre est proposé, conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, le Parlement procède à l'élection au scrutin ouvert du Premier ministre. Est alors élu le candidat ayant recueilli le plus de voix.

Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification substantielle de la composition de celui-ci.

Article 62 - Communication relative au programme gouvernemental

Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme au Parlement, sous forme de communication. La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet d'une modification substantielle.

Article 63 - Autres engagements des ministres

Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement. Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai au Parlement un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.

Article 64 - Démission du gouvernement ou d'un ministre

Le Président de la République accorde sur demande sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le
Président de la République peut également accorder sa démission à un ministre sur l'initiative du Premier ministre.
Le Président de la République est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au
gouvernement ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.
Si un ministre est élu Président de la République ou président du Parlement, il est considéré comme démissionnaire
de ses fonctions, à compter du jour où il a été élu.

Article 65 - Fonctions du gouvernement

Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministère ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée au Président de la République ou à une autre autorité. Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du Président de la République.

Article 66 - Fonctions du Premier ministre

Le Premier ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le Premier ministre préside le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné pour être son suppléant et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.

Article 67 - Prise de décision au sein du gouvernement

Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres. Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir de décision sont fixées dans une loi. Les questions examinées par le gouvernement sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions. Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.

Article 68 - Ministères

Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration. Chaque ministère est dirigé par un ministre. Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés dans une loi. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés dans une loi ou dans un décret du gouvernement.

Article 69 - Le chancelier de la Justice

Un chancelier de la Justice et un chancelier-adjoint de la Justice, nommés par le Président de la République, sont attachés au gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie du droit. Le Président de la République nomme également pour une durée maximale de cinq ans un suppléant au chancelier-adjoint de la Justice qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.

Les dispositions relatives au chancelier de la Justice s'appliquent par analogie au chancelier-adjoint de la Justice et à son suppléant.

Chapitre VI - Législation

Article 70 - Initiative en matière législative

La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt au Parlement d'un projet du gouvernement ou par le dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque le Parlement siège.

Article 71 - Complément et retrait d'un projet du gouvernement

Il est possible de compléter un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un projet complémentaire ne peut plus être déposé après que la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu son rapport.

Article 72 - Examen au Parlement d'un projet de texte de loi

Un projet de texte de loi est examiné en séance plénière du Parlement, en deux lectures, après que la commission
ayant examiné le dossier a rendu son rapport.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu
du projet de texte de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la
première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de texte de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de texte de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de textes de loi sont fixées dans le règlement du Parlement.

Article 73 - Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle

Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une dérogation de façon limitée à une loi constitutionnelle, doit en deuxième lecture faire l'objet d'un vote décidant à la majorité des voix de le laisser en suspens jusqu'à la première session du Parlement suivant les élections législatives. Le projet de texte doit alors, après que la commission a rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 74 - Contrôle de la constitutionnalité

Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de textes de loi et autres affaires soumis à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux sur les droits de l'homme.

Article 75 - Lois spécifiques de la Province d'Åland

Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la loi sur l'autonomie d'Åland et de la loi sur
l'acquisition des biens fonciers à Åland sont fixées dans les lois précitées.
Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de proposer une motion et sur l'adoption
des lois provinciales de la Province d'Åland sont fixées dans la loi sur l'autonomie d'Åland.

Article 76 - Loi sur l'Église

L'organisation et l'administration de l'Église évangélique-luthérienne sont réglées par la loi sur l'Église.
La procédure d'adoption de la loi sur l'Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les
dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.

Article 77 - Sanction de la loi

Une loi adoptée par le Parlement doit être sanctionnée par le Président de la République. Le Président de la République doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent l'envoi de la loi au Président de la République pour sanction de sa part. Le Président de la République peut demander à la Cour suprême ou à la Cour administrative suprême un avis sur la loi. Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République est renvoyée pour examen au Parlement. La loi entre en vigueur, même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par le Parlement, elle est considérée comme non avenue.

Article 78 - Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction

Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du Président de la République dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle fois à l'examen du Parlement. Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être,

en une seule lecture en séance plénière du Parlement, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.

Article 79 - Publication et entrée en vigueur de la loi

Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.
Toute loi qui a obtenu la sanction du Président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être
signée par le Président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite,
sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la
date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour
son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.

Article 80 - Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif

Le Président de la République, le gouvernement ou un ministère peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui leur est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations des individus, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution, relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret est pris par le gouvernement. Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise. Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et d'autres normes juridiques sont fixées dans une loi.

Chapitre VII - Finances de l'État

Article 81 - Impôts et taxes de l'État

L'impôt d'État est fixé dans une loi, qui renferme les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer
l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection juridique du contribuable.
Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État,
et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés dans une loi.

Article 82 - Emprunt de l'État et garanties de l'État

Pour contracter un emprunt, l'État doit obtenir le consentement du Parlement, qui fixe le montant maximum du
nouvel emprunt ou de la dette de l'État.
Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement du Parlement.

Article 83 - Budget de l'État

Le Parlement adopte, pour chaque année, le budget de l'État, qui est publié dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande. Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du gouvernement qui y sont liés doivent être déposés pour examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début de l'exercice. Les dispositions de l'article 71 s'appliquent au complément et au retrait du projet de budget. Après dépôt du projet de budget par le gouvernement, tout député peut déposer une motion budgétaire ayant pour objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire ou une autre décision. Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance plénière, en une seule lecture, après que la commission des finances a remis son rapport sur le budget. Les dispositions plus précises relatives à l'examen du projet de budget au Parlement sont fixées dans le règlement du Parlement. Si la publication du budget de l'État se prolonge au-delà du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément à la décision du Parlement sur les modalités de cette application.

Article 84 - Contenu du budget

Le budget de l'État inclut les estimations des recettes annuelles et les montants budgétaires affectés aux dépenses annuelles ainsi que les affectations des montants budgétaires et autres motifs du budget. Il peut être prévu dans une loi que le budget inclue les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à la différence entre certaines recettes et certaines dépenses directement liées entre elles. Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants budgétaires qui y sont inscrits. La couverture des montants budgétaires peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes de l'État, conformément à des dispositions fixées dans une loi.

Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à des recettes et des dépenses liées entre elles peuvent être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Les principes généraux relatifs à l'activité et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés dans une loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent être inclus dans le budget qu'en tant que prévu dans une loi. Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement approuve les principaux objectifs relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales de l'État.

Article 85 - Montants budgétaires

Les montants budgétaires sont inclus au budget sous forme de montants fixes, de montants estimatifs ou de montants transférables. Un montant budgétaire estimatif peut être dépassé et le montant budgétaire transférable peut être reporté pour être utilisé après l'exercice, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Un montant budgétaire fixe et un montant budgétaire transférable ne peuvent être dépassés, et un montant budgétaire fixe ne peut être reporté, sauf si une loi l'autorise. Un montant budgétaire ne peut être transféré d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé par le budget. Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du montant budgétaire sur un poste étroitement lié à sa finalité. Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des dépenses pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont inscrits aux budgets des exercices suivants.

Article 86 - Rallonge budgétaire

Le Parlement est saisi du projet de rallonge budgétaire déposé par le gouvernement, s'il existe un besoin justifié de
modifier le budget.
Tout député peut déposer une motion budgétaire pour une modification du budget directement liée au projet de
rallonge budgétaire.

Article 87 - Fonds hors budget

Un fonds de l'État peut être laissé hors budget par une loi, si cela est rendu absolument nécessaire par l'exercice d'une fonction permanente de l'État. L'adoption d'un projet de texte de loi ayant pour objet de créer un fonds hors budget ou d'étendre considérablement un tel fonds ou sa finalité doit être prise au Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 88 - Créance légale des personnes privées sur l'État

Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État ce qui lui revient légalement.

Article 89 - Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État

La commission parlementaire compétente adopte, au nom du Parlement, la convention collective relative aux conditions d'emploi du personnel de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement du Parlement.

Article 90 - Contrôle et inspection des finances de l'État

Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et à l'observation du budget de l'État. À cet effet, le Parlement élit en son sein les contrôleurs des comptes de l'État. Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des finances de l'État et de l'observation du budget. Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions del'Inspection des finances de l'État sont fixées dans une loi. Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Article 91 - La Banque de Finlande

La Banque de Finlande agit sous la garantie et la surveillance du Parlement, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Afin de superviser les activités de la Banque de Finlande, le Parlement élit les membres du Conseil parlementaire de la Banque. La commission compétente du Parlement et les membres du Conseil parlementaire de la Banque de Finlande ont le droit de recevoir les informations nécessaires à la supervision de la Banque de Finlande.

Article 92 - Biens de l'État

Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées par l'État sont fixés dans une loi. De même, une loi établit dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis pour l'acquisition ou la cession du contrôle de l'État dans une société. Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des dispositions fixées dans une loi.

Chapitre VIII - Relations internationales

Article 93 - Pouvoirs en matière d'affaires internationales

Le Président de la République, en collaboration avec le gouvernement, dirige la politique étrangère de la Finlande.
Le Parlement approuve néanmoins les obligations internationales et leur dénonciation, et décide de la mise en
application des obligations internationales en tant que prévu par la présente Constitution. Le Président de la
République décide de la paix et de la guerre avec le consentement du Parlement.
Le gouvernement est chargé de la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union européenne,
et décide des mesures prises par la Finlande qui y sont liées, sauf si une telle décision nécessite le consentement du
Parlement. Le Parlement participe à la préparation au niveau national des décisions prises au sein de l'Union
européenne, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La communication à d'autres États et organisations internationales des prises de position d'importance, en matière de
politique étrangère, est à la charge du ministre dont relève la politique étrangère.

Article 94 - Approbation des obligations internationales et de leur résiliation

Le Parlement approuve les traités et autres obligations internationales qui renferment des dispositions qui relèvent
du domaine législatif ou qui, à quelque titre, sont de grande importance ou qui, en vertu de la Constitution,
nécessitent pour d'autres raisons le consentement du Parlement. Le consentement du Parlement est également requis
pour la résiliation de telles obligations.
L'adoption des obligations internationales ou leur résiliation est approuvée à la majorité des voix. Un projet de texte,
relatif à l'approbation d'une obligation, ayant trait à la Constitution ou à la modification du territoire national doit
néanmoins être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements démocratiques du régime constitutionnel.

Article 95 - Mise en application des obligations internationales

Les dispositions d'ordre législatif d'un traité ou de toute autre obligation internationale sont mises en application par une loi. En ce qui concerne les autres dispositions, les obligations internationales sont mises en application par un décret pris par le Président de la République. Un projet de texte de loi relatif à la mise en application d'une obligation internationale est examiné conformément à la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. Néanmoins, tout projet de texte relatif à la Constitution ou à la modification du territoire national doit être approuvé par le Parlement par une décision de ne pas laisser le texte en suspens prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Une loi sur la mise en application d'obligations internationales peut prévoir que son entrée en vigueur soit fixée par décret. Les dispositions générales relatives à la publication des traités et autres obligations internationales sont fixées dans une loi.

Article 96 - Participation du Parlement à la préparation au niveau national des dossiers de l'Union européenne

Le Parlement examine les projets de textes relatifs aux actes, traités ou autres mesures qui sont décidés au sein de l'Union européenne, et qui autrement, en vertu de la Constitution, relèveraient de la compétence du Parlement. Le gouvernement transmet sans délai au Parlement, après qu'il en a eu connaissance, tout projet de texte visé au premier alinéa, sous forme de lettre du gouvernement, afin de permettre au Parlement de définir sa position. Ce projet de texte est examiné au sein de la Grande commission et, en général, au sein d'une ou de plusieurs autres commissions, qui remettent un avis à la Grande commission. Un projet de texte relatif à la politique étrangère et de sécurité est néanmoins examiné au sein de la commission des Affaires étrangères. La Grande commission ou la commission des Affaires étrangères peuvent, le cas échéant, remettre un avis au gouvernement sur le projet de texte. La conférence des présidents peut décider d'inscrire un tel dossier à l'ordre du jour, pour débat en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision sur le dossier en question. Le gouvernement informe les commissions compétentes du déroulement de l'examen d'un dossier au sein de l'Union européenne. La Grande commission ou la commission des Affaires étrangères doivent également recevoir communication de la position du gouvernement sur ce dossier.

Article 97 - Droit du Parlement d'être informé en matière d'affaires internationales

La commission des Affaires étrangères du Parlement doit obtenir du gouvernement, sur demande de sa part ou autrement si nécessaire, un compte rendu sur les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité. La Grande commission doit de même obtenir un compte rendu sur la préparation des autres questions au sein de l'Union européenne. La conférence des présidents peut décider d'inscrire le compte rendu à l'ordre du jour pour débat en séance plénière ; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision en la matière. Le Premier ministre informe le Parlement ou ses commissions antérieurement aux réunions du Conseil européen et, sans délai, postérieurement à ces réunions, sur les questions examinées lors de ces réunions. La même procédure doit être appliquée à la préparation des modifications aux traités sur lesquels se fonde l'Union européenne. La commission compétente du Parlement peut donner un avis au gouvernement sur la base des comptes rendus ou informations visés ci-dessus.

Chapitre IX - Fonction judiciaire

Article 98 - Juridictions

Les juridictions judiciaires générales sont la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les juridictions administratives générales sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs
régionaux.
Les questions relatives aux juridictions spéciales compétentes dans des domaines spécifiques sont prévues par une
loi.
L'institution de juridictions d'exception est interdite.

Article 99 - Attributions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême

La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale est la Cour suprême et, en matière administrative, la
Cour administrative suprême.
La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de
compétence. Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions de prise de mesures en matière législative.

Article 100 - Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême

La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent d'un président et du nombre nécessaire d'autres
membres.
Le quorum de chacune de ces cours suprêmes est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par
une loi.

Article 101 - Haute Cour de justice

La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre un membre du gouvernement ou contre le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement ou un membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice examine également les accusations visées à l'article 113 de la présente Constitution. La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans. Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées dans une loi.

Article 102 - Nomination des juges

Le Président de la République nomme les juges titulaires, conformément à la procédure prévue par la loi. La nomination des autres juges est réglée par la loi.

Article 103 - Irrévocabilité des juges

Un juge ne peut être révoqué autrement que par décision judiciaire. De plus, un juge ne peut être transféré à un autre
poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte d'une réorganisation de l'organisation judiciaire.
L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge défini ou à la suite de la perte de sa capacité de travail est
réglée par la loi.
Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément dans une loi.

Article 104 - Procureurs

Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement le plus élevé, dirige le ministère public ; il est nommé par le Président de la République. Les dispositions relatives au ministère public sont fixées dans une loi.

Article 105 - Grâce et amnistie

Dans des cas particuliers, après avoir obtenu l'avis de la Cour suprême, le Président de la République peut accorder
une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque autre sanction pénale.
L'amnistie doit être prévue par une loi.

Chapitre X - Contrôle de la légalité

Article 106 - Primauté de la Constitution

Toute juridiction est tenue d'accorder la primauté à la Constitution, si l'application d'une disposition d'une loi au cas soumis à son examen est en évidente contradiction avec la Constitution.

Article 107 - Subordination à la loi des normes de niveau inférieur

Aucune disposition d'un décret ou d'une norme de niveau inférieur à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre autorité.

Article 108 - Fonctions du chancelier de la Justice du gouvernement

Le chancelier de la Justice est chargé de veiller à la légalité des actes du gouvernement et du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions. Le chancelier de la Justice doit également veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant une fonction publique respectent la loi et remplissent leurs obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chancelier de la Justice veille au respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Si le Président de la République, le gouvernement ou un ministère en font la demande, le chancelier de la Justice est tenu de leur remettre des informations et des avis sur des questions juridiques. Le chancelier de la Justice remet chaque année au Parlement et au gouvernement un rapport sur les actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.

Article 109 - Fonctions du médiateur du Parlement

Le médiateur du Parlement doit veiller à ce que les juridictions et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires,
employés du secteur public et autres personnes exerçant des fonctions publiques respectent la loi et remplissent leurs
obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le médiateur veille au respect des droits fondamentaux et
des droits de l'homme.
Le médiateur remet chaque année au Parlement un rapport sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et sur les
défauts constatés dans la législation.

Article 110 - Droit de mise en accusation accordé au chancelier de la Justice et au médiateur du Parlement, et partage des pouvoirs entre eux

La décision de mettre en accusation un juge pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions appartient au chancelier de la Justice ou au médiateur du Parlement. Chacun d'eux peut également poursuivre une accusation ou décider une mise en accusation dans une autre affaire, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'ils exercent. Le partage des pouvoirs entre le chancelier de la Justice et le médiateur du Parlement peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être réduite la compétence de chacun d'eux en matière de contrôle de la légalité.

Article 111 - Droit du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement de recevoir des informations

Le chancelier de la Justice et le médiateur du Parlement ont le droit de recevoir des autorités et d'autres personnes exerçant une fonction publique toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de la légalité. Le chancelier de la Justice est tenu d'assister aux réunions du gouvernement et d'être présent lors de la présentation des dossiers au Président de la République en séance du gouvernement. Le médiateur du Parlement a le droit d'être présent à ces réunions et lors de ces présentations.

Article 112 - Contrôle de la légalité des actes du gouvernement et du Président de la République dans l'exercice de leurs fonctions

Si le chancelier de la Justice constate que la légalité d'une décision ou d'une mesure du gouvernement, d'un ministre ou du Président de la République donne lieu à une remarque, celle-ci doit être motivée. S'il n'est pas tenu compte de cette remarque, le chancelier de la Justice fait inscrire son opinion au procès-verbal du conseil des ministres et, le cas échéant, doit entreprendre d'autres mesures. Le médiateur du Parlement a également le droit, similaire à celui du chancelier de la Justice, de faire une remarque et d'entreprendre d'autres mesures. Dans le cas où une décision du Président de la République serait illégale, le gouvernement doit, après avoir obtenu l'avis du chancelier de la Justice, informer du fait que la décision ne peut être exécutée et proposer au Président de la République de modifier ou de retirer ladite décision.

Article 113 - Responsabilité pénale du Président de la République

Si le chancelier de la Justice, le médiateur du Parlement ou le gouvernement considèrent que le Président de la République s'est rendu coupable de haute trahison ou de crime contre l'humanité, ils doivent en informer le Parlement. Dans le cas où le Parlement, à la majorité des trois quarts des voix exprimées, décide de mettre le Président de la République en accusation, le procureur d'État doit poursuivre l'accusation devant la Haute Cour de justice et le Président de la République doit, dans l'intervalle, s'abstenir d'exercer ses fonctions. Sauf les cas prévus ci-dessus, le Président de la République ne peut être mis en accusation pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

Article 114 - Mise en accusation d'un ministre

L'examen de l'accusation d'un membre du gouvernement pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions est soumis à la Haute Cour de justice, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.

La décision de mise en accusation est prise par le Parlement, après avoir obtenu l'opinion de la commission
constitutionnelle sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement. La possibilité de fournir une explication
doit être réservée au membre du gouvernement avant que le Parlement ne prenne la décision de mise en accusation.
Tous les membres de la commission constitutionnelle doivent être présents lors de l'examen de la question.
Le procureur d'État poursuit l'accusation d'un membre du gouvernement.

Article 115 - Engagement de la responsabilité d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions

La procédure d'examen de la légalité des actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, au
sein de la commission constitutionnelle, peut être engagée par :
le dépôt d'une notification du chancelier de la Justice ou du médiateur du Parlement auprès de la commission
constitutionnelle ;
une remarque signée par dix députés au moins ; et
une demande d'examen déposée auprès de la commission constitutionnelle par une autre commission du Parlement.
La commission constitutionnelle peut également, sur sa propre initiative, entreprendre l'examen de la légalité des
actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.

Article 116 - Conditions de la mise en accusation d'un ministre

La décision de mise en accusation d'un membre du gouvernement peut être prise si celui-ci a, volontairement ou du fait d'une négligence grave, contrevenu d'une façon essentielle à ses obligations ministérielles ou autrement agi dans l'exercice de ses fonctions d'une façon manifestement illégale.

Article 117 - Responsabilité du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions

Les dispositions des articles 114 et 115 de la présente Constitution relatives aux membres du gouvernement s'appliquent à l'examen de la légalité des actes du chancelier de la Justice et du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions, à toute mise en accusation de ceux-ci pour conduite illégale dans l'exercice de leurs fonctions et à l'examen d'une telle accusation.

Article 118 - Responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions

Tout fonctionnaire est responsable de la légalité des actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions. Il est également responsable des décisions d'un organe collégial qu'il a soutenues en sa qualité de membre de cet organe. Le rapporteur est responsable des décisions arrêtées sur la base de son rapport, sauf s'il a fait inscrire son avis divergent sur ladite décision. Toute personne qui a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice par suite d'une mesure illégale ou d'une négligence d'un fonctionnaire ou d'une autre personne exerçant une fonction publique est en droit de demander que celui-ci soit condamné à une peine et de demander des dommages et intérêts à une personne publique, au fonctionnaire lui-même ou à toute autre personne exerçant une fonction publique, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi. Le droit de mise en accusation prévu ci-dessus ne peut cependant pas être exercé dans le cas où, en vertu de la Constitution, l'examen de l'accusation doit être porté devant la Haute Cour de justice.

Chapitre XI - Administration et autonomie

Article 119 - Administration de l'État

En plus du gouvernement et des ministères, l'administration centrale de l'État peut comprendre des directions nationales, des offices nationaux et d'autres organes administratifs. L'administration de l'État peut également comprendre des autorités régionales ou locales. Les dispositions spécifiques sur les administrations subordonnées au Parlement sont fixées dans une loi. Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration de l'État sont fixés dans une loi, si l'exercice du pouvoir public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à l'administration régionale et locale de l'Étatsont également fixés dans une loi. Les autres dispositions relatives aux sections de l'administration de l'État peuvent être fixées par décret.

Article 120 - Statut spécial de la Province d'Åland

La Province d'Åland dispose de l'autonomie, conformément aux dispositions spécifiques de la loi sur l'autonomie d'Åland.

Article 121 - Autonomie communale et autre autonomie régionale

La Finlande est divisée en communes ; l'administration de celles-ci doit être fondée sur l'autonomie de leurs
habitants.
Les principes généraux de l'administration communale et les fonctions attribuées aux communes sont fixés dans une
loi.

Les communes ont le droit de percevoir des impôts. Les principes relatifs à l'assujettissement à l'impôt et à l'assiette de l'impôt ainsi que la sécurité juridique des contribuables sont fixés dans une loi. L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les communes est réglée par une loi. Il est accordé aux Sami une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture sur leur territoire, conformément à des dispositions fixées dans une loi.

Article 122 - Divisions administratives

Dans le cadre de l'organisation de l'administration, l'objectif est de parvenir à des divisions régionales compatibles
entre elles, permettant de garantir aux populations de langue finnoise et de langue suédoise la possibilité d'obtenir
des services dans leur propre langue en vertu de principes identiques.
Les principes relatifs aux divisions municipales sont fixés dans une loi.

Article 123 - Universités et autres établissements d'enseignement

Les universités jouissent de l'autonomie, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.
Les principes relatifs à tout autre enseignement organisé par l'État et par les communes ainsi que le droit d'organiser
un enseignement similaire dans des établissements privés sont fixés dans une loi.

Article 124 - Délégation des fonctions administratives à d'autres instances qu'aux autorités

Des fonctions administratives publiques ne peuvent être déléguées à d'autres instances que les autorités que par une loi ou en vertu d'une loi, si une telle délégation est rendue nécessaire pour une exécution appropriée de ces fonctions et si cela ne met pas en danger les droits fondamentaux, la sécurité juridique ou d'autres exigences de bonne administration. Des fonctions comprenant une part importante d'exercice du pouvoir public ne peuvent néanmoins être déléguées qu'aux autorités.

Article 125 - Qualifications requises et conditions à la nomination à la fonction publique

Une loi peut prévoir que seul un citoyen finlandais peut être nommé à une fonction ou à un poste public défini. Aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique.

Article 126 - Nomination aux fonctions de l'État

Le Président de la République nomme les secrétaires généraux des ministères, le secrétaire général et les rapporteurs du Cabinet du Président de la République, ainsi que les chefs des représentations à l'étranger. Le Président de la République nomme et affecte également les autres fonctionnaires dont la nomination ou l'affectation fait partie des fonctions du Président de la République en vertu de la présente Constitution ou d'une loi. Le gouvernement nomme aux fonctions de l'État les personnes pour lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence du Président de la République, d'un ministère ou d'une autre autorité.

Chapitre XII - Défense nationale

Article 127 - Obligation de défense nationale

Tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense de la patrie ou d'y contribuer, conformément à des
dispositions fixées dans une loi.
Le droit d'être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé dans une loi.

Article 128 - Commandement suprême des forces de défense

Le commandement suprême des forces de défense appartient au Président de la République. Sur proposition du
gouvernement, le Président de la République peut transférer le commandement suprême à un autre citoyen
finlandais.
Les officiers sont nommés par le Président de la République.

Article 129 - Mobilisation des forces de défense

La mobilisation des forces de défense est ordonnée par le Président de la République sur proposition du gouvernement. Si le Parlement ne siège pas à ce moment, il doit être convoqué immédiatement.

Chapitre XIII - Dispositions finales

Article 130 - Entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur le 1er mars 2000.
Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées dans une loi séparée.

Article 131 - Lois constitutionnelles abrogées

Par la présente Constitution sont abrogées :
la Loi constitutionnelle du 17 juillet 1919 dite « Forme de gouvernement de la Finlande » ;

la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire du 13 janvier 1928 ;
la Loi sur la Haute Cour de justice (273/1922), du 25 novembre 1922 ; et
la Loi sur le droit du Parlement de vérifier la légalité des actes des membres du gouvernement et du chancelier de la
Justice ainsi que du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions (274/1922), du 25 novembre 1922.

 
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The Constitution of Finland

NB: Unofficial translation

Ministry of Justice, Finland

The Constitution of Finland
11 June 1999
(731/1999, amendments up to 802 / 2007 included)

Chapter 1 - Fundamental provisions

Section 1 - The Constitution

Finland is a sovereign republic.
The constitution of Finland is established in this constitutional act. The constitution shall guarantee the
inviolability of human dignity and the freedom and rights of the individual and promote justice in society.
Finland participates in international co-operation for the protection of peace and human rights and for the
development of society.

Section 2 - Democracy and the rule of law

The powers of the State in Finland are vested in the people, who are represented by the Parliament.
Democracy entails the right of the individual to participate in and influence the development of society and his
or her living conditions.
The exercise of public powers shall be based on an Act. In all public activity, the law shall be strictly observed.

Section 3 - Parliamentarism and the separation of powers

The legislative powers are exercised by the Parliament, which shall also decide on State finances.
The governmental powers are exercised by the President of the Republic and the Government, the members of
which shall have the confidence of the Parliament.
The judicial powers are exercised by independent courts of law, with the Supreme Court and the Supreme
Administrative Court as the highest instances.

Section 4 - The Territory of Finland

The territory of Finland is indivisible. The national borders can not be altered without the consent of the Parliament.

Section 5 - Finnish citizenship

A child acquires Finnish citizenship at birth and through the citizenship of its parents, as provided in more detail by an Act. Citizenship may also be granted upon notification or application, subject to the criteria determined by an Act. No one can be divested of or released from his or her Finnish citizenship except on grounds determined by an Act and only if he or she is in possession of or will be granted the citizenship of another State.

Chapter 2 - Basic rights and liberties

Section 6 - Equality

Everyone is equal before the law.
No one shall, without an acceptable reason, be treated differently from other persons on the ground of sex, age,
origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that concerns his or her person.
Children shall be treated equally and as individuals and they shall be allowed to influence matters pertaining to
themselves to a degree corresponding to their level of development.
Equality of the sexes is promoted in societal activity and working life, especially in the determination of pay and
the other terms of employment, as provided in more detail by an Act.

Section 7 - The right to life, personal liberty and integrity

Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security.
No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity.
The personal integrity of the individual shall not be violated, nor shall anyone be deprived of liberty arbitrarily
or without a reason prescribed by an Act. A penalty involving deprivation of liberty may be imposed only by a
court of law. The lawfulness of other cases of deprivation of liberty may be submitted for review by a court of
law. The rights of individuals deprived of their liberty shall be guaranteed by an Act.

Section 8 - The principle of legality in criminal cases

No one shall be found guilty of a criminal offence or be sentenced to a punishment on the basis of a deed, which has not been determined punishable by an Act at the time of its commission. The penalty imposed for an offence shall not be more severe than that provided by an Act at the time of commission of the offence.

Section 9 - Freedom of movement

Finnish citizens and foreigners legally resident in Finland have the right to freely move within the country and to choose their place of residence. Everyone has the right to leave the country. Limitations on this right may be provided by an Act, if they are necessary for the purpose of safeguarding legal proceedings or for the enforcement of penalties or for the fulfilment of the duty of national defence. Finnish citizens shall not be prevented from entering Finland or deported or extradited or transferred from Finland to another country against their will. However, it may be laid down by an Act that due to a criminal act, for the purpose of legal proceedings, or in order to enforce a decision concerning the custody or care of a child, a Finnish citizen can be extradited or transferred to a country in which his or her human rights and legal protection are guaranteed. (802/2007) The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of a death sentence, torture or other treatment violating human dignity.

Section 10 - The right to privacy

Everyone's private life, honour and the sanctity of the home are guaranteed. More detailed provisions on the protection of personal data are laid down by an Act. The secrecy of correspondence, telephony and other confidential communications is inviolable. Measures encroaching on the sanctity of the home, and which are necessary for the purpose of guaranteeing basic rights and liberties or for the investigation of crime, may be laid down by an Act. In addition, provisions concerning limitations of the secrecy of communications which are necessary in the investigation of crimes that jeopardise the security of the individual or society or the sanctity of the home, at trials and security checks, as well as during the deprivation of liberty may be laid down by an Act.

Section 11 - Freedom of religion and conscience

Everyone has the freedom of religion and conscience.
Freedom of religion and conscience entails the right to profess and practice a religion, the right to express one's
convictions and the right to be a member of or decline to be a member of a religious community. No one is under
the obligation, against his or her conscience, to participate in the practice of a religion.

Section 12 - Freedom of expression and right of access to information

Everyone has the freedom of expression. Freedom of expression entails the right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior prevention by anyone. More detailed provisions on the exercise of the freedom of expression are laid down by an Act. Provisions on restrictions relating to pictorial programmes that are necessary for the protection of children may be laid down by an Act. Documents and recordings in the possession of the authorities are public, unless their publication has for compelling reasons been specifically restricted by an Act. Everyone has the right of access to public documents and recordings.

Section 13 - Freedom of assembly and freedom of association

Everyone has the right to arrange meetings and demonstrations without a permit, as well as the right to
participate in them.
Everyone has the freedom of association. Freedom of association entails the right to form an association without
a permit, to be a member or not to be a member of an association and to participate in the activities of an
association.
The freedom to form trade unions and to organise in order to look after other interests is likewise guaranteed.
More detailed provisions on the exercise of the freedom of assembly and the freedom of association are laid
down by an Act.

Section 14 - Electoral and participatory rights

Every Finnish citizen who has reached eighteen years of age has the right to vote in national elections and
referendums. Specific provisions in this Constitution shall govern the eligibility to stand for office in national
elections.
Every Finnish citizen and every foreigner permanently resident in Finland, having attained eighteen years of age,
has the right to vote in municipal elections and municipal referendums, as provided by an Act. Provisions on the
right to otherwise participate in municipal government are laid down by an Act.
The public authorities shall promote the opportunities for the individual to participate in societal activity and to
influence the decisions that concern him or her.

Section 15 - Protection of property

The property of everyone is protected.
Provisions on the expropriation of property, for public needs and against full compensation, are laid down by an
Act.

Section 16 - Educational rights

Everyone has the right to basic education free of charge. Provisions on the duty to receive education are laid
down by an Act.
The public authorities shall, as provided in more detail by an Act, guarantee for everyone equal opportunity to
receive other educational services in accordance with their ability and special needs, as well as the opportunity to
develop themselves without being prevented by economic hardship.
The freedom of science, the arts and higher education is guaranteed.

Section 17 - Right to one's language and culture

The national languages of Finland are Finnish and Swedish.
The right of everyone to use his or her own language, either Finnish or Swedish, before courts of law and other

authorities, and to receive official documents in that language, shall be guaranteed by an Act. The public authorities shall provide for the cultural and societal needs of the Finnish-speaking and Swedish-speaking populations of the country on an equal basis. The Sami, as an indigenous people, as well as the Roma and other groups, have the right to maintain and develop their own language and culture. Provisions on the right of the Sami to use the Sami language before the authorities are laid down by an Act. The rights of persons using sign language and of persons in need of interpretation or translation aid owing to disability shall be guaranteed by an Act.

Section 18 - The right to work and the freedom to engage in commercial activity

Everyone has the right, as provided by an Act, to earn his or her livelihood by the employment, occupation or
commercial activity of his or her choice. The public authorities shall take responsibility for the protection of the
labour force.
The public authorities shall promote employment and work towards guaranteeing for everyone the right to work.
Provisions on the right to receive training that promotes employability are laid down by an Act.
No one shall be dismissed from employment without a lawful reason.

Section 19 - The right to social security

Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable subsistence and care. Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider. The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children. The public authorities shall promote the right of everyone to housing and the opportunity to arrange their own housing.

Section 20 - Responsibility for the environment

Nature and its biodiversity, the environment and the national heritage are the responsibility of everyone. The public authorities shall endeavour to guarantee for everyone the right to a healthy environment and for everyone the possibility to influence the decisions that concern their own living environment.

Section 21 - Protection under the law

Everyone has the right to have his or her case dealt with appropriately and without undue delay by a legally competent court of law or other authority, as well as to have a decision pertaining to his or her rights or obligations reviewed by a court of law or other independent organ for the administration of justice. Provisions concerning the publicity of proceedings, the right to be heard, the right to receive a reasoned decision and the right of appeal, as well as the other guarantees of a fair trial and good governance shall be laid down by an Act.

Section 22 - Protection of basic rights and liberties

The public authorities shall guarantee the observance of basic rights and liberties and human rights.

Section 23 - Basic rights and liberties in situations of emergency

Such provisional exceptions to basic rights and liberties that are compatible with Finland's international obligations concerning human rights and that are deemed necessary in the case of an armed attack against Finland or if there exists an emergency that threatens the nation and which according to an Act is so serious that it can be compared with an armed attack may be provided by an Act.

Chapter 3 -The Parliament and the Representatives

Section 24 - Composition and term of the Parliament

The Parliament is unicameral. It consists of two hundred Representatives, who are elected for a term of four
years at a time.
The term of the Parliament begins when the results of the parliamentary elections have been confirmed and lasts
until the next parliamentary elections have been held.

Section 25 - Parliamentary elections

The Representatives shall be elected by a direct, proportional and secret vote. Every citizen who has the right to vote has equal suffrage in the elections. For the parliamentary elections, the country shall be divided, on the basis of the number of Finnish citizens, intoat least twelve and at most eighteen constituencies. In addition, the Åland Islands shall form their own constituency for the election of one Representative. The right to nominate candidates in parliamentary elections belongs to registered political parties and, as provided by an Act, to groups of persons who have the right to vote. More detailed provisions on the timing of parliamentary elections, the nomination of candidates, the conduct of the elections and the constituencies are laid down by an Act.

Section 26 - Extraordinary parliamentary elections

The President of the Republic, in response to a reasoned proposal by the Prime Minister, and after having heard the parliamentary groups, and while the Parliament is in session, may order that extraordinary parliamentary elections shall be held. Thereafter, the Parliament shall decide the time when it concludes its work before the elections. After extraordinary parliamentary elections, the Parliament shall convene in session on the first day of the calendar month that begins ninety days after the election order, unless the Parliament has decided on an earlier date of convocation.

Section 27 - Eligibility and qualifications for the office of Representative

veryone with the right to vote and who is not under guardianship can be a candidate in parliamentary elections. A person holding military office cannot, however, be elected as a Representative. The Chancellor of Justice of the Government, the Parliamentary Ombudsman, a Justice of the Supreme Court or the Supreme Administrative Court, and the Prosecutor-General cannot serve as representatives. If a Representative is elected President of the Republic or appointed or elected to one of the aforesaid offices, he or she shall cease to be a Representative from the date of appointment or election. The office of a Representative shall cease also if the Representative forfeits his or her eligibility.

Section 28 - Suspension of the office of a Representative and release or dismissal from office

The office of a Representative is suspended for the time during which the Representative is serving as a Member of the European Parliament. During that time a deputy of the Representative shall replace the Representative. The tenure of office of a Representative is suspended also for the duration of military service. The Parliament may grant a release from office for a Representative upon his or her request if it deems there is an acceptable reason for granting such release. If a Representative essentially and repeatedly neglects his or her duties as a Representative, the Parliament may, after having obtained the opinion of the Constitutional Law Committee, dismiss him or her from office permanently or for a given period by a decision supported by at least two thirds of the votes cast. If a person elected as a Representative has been sentenced by an enforceable judgement to imprisonment for a deliberate crime or to a punishment for an electoral offence, the Parliament may inquire whether he or she can be allowed to continue to serve as a Representative. If the offence is such that the accused does not command the trust and respect necessary for the office of a Representative, the Parliament may, after having obtained the opinion of the Constitutional Law Committee, declare the office of the Representative terminated by a decision supported by at least two thirds of the votes cast.

Section 29 - Independence of Representatives

A Representative is obliged to follow justice and truth in his or her office. He or she shall abide by the Constitution and no other orders are binding on him or her.

Section 30 - Parliamentary immunity

A Representative shall not be prevented from carrying out his or her duties as a Representative. A Representative shall not be charged in a court of law nor be deprived of liberty owing to opinions expressed by the Representative in the Parliament or owing to conduct in the consideration of a matter, unless the Parliament has consented to the same by a decision supported by at least five sixths of the votes cast. If a Representative has been arrested or detained, the Speaker of the Parliament shall be immediately notified of this. A Representative shall not be arrested or detained before the commencement of a trial without the consent of the Parliament, unless he or she is for substantial reasons suspected of having committed a crime for which the minimum punishment is imprisonment for at least six months.

Section 31 - Freedom of speech and conduct of Representatives

Each Representative has the right to speak freely in the Parliament on all matters under consideration and on how they are dealt with. A Representative shall conduct himself or herself with dignity and decorum, and not behave offensively to another person. If a Representative is in breach of such conduct, the Speaker may point this out or prohibit the Representative from continuing to speak. The Parliament may caution a Representative who has repeatedly breached the order or suspend him or her from sessions of the Parliament for a maximum of two weeks.

Section 32 - Conflict of interest

A Representative is disqualified from consideration of and decision-making in any matter that concerns him or her personally. However, he or she may participate in the debate on such matters in a plenary session of the Parliament. In addition, a Representative shall be disqualified from the consideration in a Committee of a matter pertaining to the inspection of his or her official duties.

Chapter 4 - Parliamentary activity

Section 33 - Parliamentary session

The Parliament convenes in session every year at a time decided by the Parliament, after which the President of the Republic shall declare the parliamentary session open. The parliamentary session continues until the time when the Parliament convenes for the following parliamentary session. However, the last parliamentary session of an electoral term shall continue until the Parliament decides to conclude its work. Thereafter, the President shall declare the work of the Parliament finished for that electoral term. However, the Speaker of the Parliament has the right to reconvene the Parliament, when necessary, before new elections have been held.

Section 34 - The Speaker and the Speaker's Council

The Parliament elects from among its members a Speaker and two Deputy Speakers for each parliamentary session. The election of the Speaker and the Deputy Speakers is conducted by secret ballot. The Representative receiving more than one half of the votes cast is deemed elected. If no one has received the required majority of the votes cast in the first two ballots, the Representative receiving the most votes in the third ballot is deemed elected. The Speaker, the Deputy Speakers and the chairpersons of parliamentary Committees form the Speaker's Council. The Speaker's Council issues instructions on the organisation of parliamentary work and decides, as specifically provided in this Constitution or in the Parliament's Rules of Procedure, on the procedures to be followed in the consideration of matters in the Parliament. The Speaker's Council may put forward initiatives for the enactment or amendment of Acts governing parliamentary officials or the Parliament's Rules of Procedure, as well as proposals for other provisions governing the work of the Parliament.

Section 35 - Committees of the Parliament

For each electoral term, the Parliament appoints the Grand Committee, the Constitutional Law Committee, the Foreign Affairs Committee, the Finance Committee, the Audit Committee and the other standing Committees provided in the Parliament’s Rules of Procedure. In addition, the Parliament appoints Committees ad hoc for the preparation of, or inquiry into, a given matter. (596/2007) The Grand Committee shall have twenty-five members. The Constitutional Law Committee, the Foreign Affairs Committee and the Finance Committee shall have at least seventeen members each. The other standing Committees shall have at least eleven members each. In addition, each Committee shall have the necessary number of alternate members. A Committee has a quorum when at least two thirds of its members are present, unless a higher quorum has been specifically required for a given matter.

Section 36 - Other bodies and delegates to be elected by the Parliament

The Parliament elects the trustees for monitoring the administration and operations of the Social Insurance
Institution, as provided in more detail by an Act.
The Parliament elects the other necessary bodies, as provided in this Constitution, in another Act or in the
Parliament's Rules of Procedure.
The election of the parliamentary delegates in a body established under an international agreement or in another
international body shall be governed by an Act or by the Parliament's Rules of Procedure.

Section 37 - Election of the parliamentary organs

The Committees and the other parliamentary organs are appointed during the first parliamentary session of an electoral term for the duration of that term, unless otherwise provided in this Constitution, or in the Parliament's Rules of Procedure or in the specific rules of procedure laid down by the Parliament for a given parliamentary organ. However, on the proposal of the Speaker's Council, the Parliament may agree to the reappointment of a committee or organ during the electoral term. The Parliament elects the members of the Committees and the other organs. Unless the election is by consensus, it is held by proportional vote.

Section 38 - Parliamentary Ombudsman

The Parliament appoints for a term of four years a Parliamentary Ombudsman and two Deputy Ombudsmen, who shall have outstanding knowledge of law. A Deputy Ombudsman may have a substitute as provided in more detail by an Act. The provisions on the Ombudsman apply, in so far as appropriate, to a Deputy Ombudsman and Deputy Ombudsman’s substitute. (802/2007) The Parliament, after having obtained the opinion of the Constitutional Law Committee, may, for extremely weighty reasons, dismiss the Ombudsman before the end of his or her term by a decision supported by at least two thirds of the votes cast.

Section 39 - How matters are initiated for consideration in the Parliament

Matters are initiated for consideration in the Parliament on the basis of a government proposal or a motion
submitted by a Representative, or in another manner provided in this Constitution or in the Parliament's Rules of
Procedure.
Representatives may put forward:

(1)
Legislative motions, containing a proposal for the enactment of an Act;
(2)
Budgetary motions, containing a proposal for an appropriation to be included in the budget or a supplementary budget, or for another budgetary decision; and
(3)
Petitionary motions, containing a proposal for the drafting of a law or for taking other measures.

Section 40 - Preparation of matters

Government proposals, motions by Representatives, reports submitted to the Parliament and other matters, as provided for in this Constitution or in the Parliament's Rules of Procedure, shall be prepared in Committees before their final consideration in a plenary session of the Parliament.

Section 41 - Consideration of matters in plenary session

A legislative proposal and a proposal on the Parliament's Rules of Procedure are considered in plenary session in two readings. However, a legislative proposal left in abeyance and an Act left unconfirmed are considered in one reading only. Other matters are considered in the plenary session in a single reading. Decisions in plenary session are made by a simple majority of the votes cast, unless specifically otherwise provided in this Constitution. In the event of a tie, the decision is made by drawing lots, except where a qualified majority is required for the adoption of a motion. More detailed provisions on voting procedure are laid down in the Parliament's Rules of Procedure.

Section 42 - Duties of the Speaker in a plenary session

The Speaker convenes the plenary sessions, presents the matters on the agenda, oversees the debate and ensures that the Constitution is complied with in the consideration of matters in plenary session. The Speaker shall not refuse to include a matter on the agenda or a motion in a vote, unless he or she considers it to be contrary to the Constitution, another Act or a prior decision of the Parliament. In this event, the Speaker shall explain the reasons for the refusal. If the Parliament does not accept the decision of the Speaker, the matter is referred to the Constitutional Law Committee, which shall without delay rule whether the action of the Speaker has been correct. The Speaker does not participate in debates or votes in plenary sessions.

Section 43 - Interpellations

A group of at least twenty Representatives may address an interpellation to the Government or to an individual Minister on a matter within the competence of the Government or the Minister. The interpellation shall be replied to in a plenary session of the Parliament within fifteen days of the date when the interpellation was brought to the attention of the Government. At the conclusion of the consideration of the interpellation, a vote of confidence shall be taken by the Parliament, provided that a motion of no confidence in the Government or the Minister has been put forward during the debate.

Section 44 - Statements and reports of the Government

The Government may present a statement or report to the Parliament on a matter relating to the governance of the country or its international relations. At the conclusion of the consideration of a statement, a vote of confidence in the Government or a Minister shall be taken, provided that a motion of no confidence in the Government or the Minister has been put forward during the debate. No decision on confidence in the Government or its Member shall be made in the consideration of a report.

Section 45 - Questions, announcements and debates

Each Representative has the right to address questions to a Minister on matters within the Minister's competence.
Provisions on the questions and the answers are laid down in the Parliament's Rules of Procedure.
The Prime Minister or a Minister designated by the Prime Minister may present an announcement to the
Parliament on any topical issue.
A debate on any topical issue may be held in a plenary session, as provided in more detail in the Parliament's
Rules of Procedure.

The Parliament makes no decisions on matters referred to in this section. In the consideration of these matters, exceptions may be made to the provision in section 31(1) on the right to speak.

Section 46 - Reports to be submitted to the Parliament

The Government shall submit annual reports on its activities to the Parliament and on the measures undertaken in response to parliamentary decisions, as well as annual reports on State finances and adherence to the budget. Other reports shall be submitted to the Parliament, as provided in this Constitution, or in another Act or in the Parliament's Rules of Procedure.

Section 47 - Parliamentary right to receive information

The Parliament has the right to receive from the Government the information it needs in the consideration of matters. The appropriate Minister shall ensure that Committees and other parliamentary organs receive without delay the necessary documents and other information in the possession of the authorities. A Committee has the right to receive information from the Government or the appropriate Ministry on a matter within its competence. The Committee may issue a statement to the Government or the Ministry on the basis of the information. A Representative has the right to information which is in the possession of authorities and which is necessary for the performance of the duties of the Representative, in so far as the information is not secret or it does not pertain to a State budget proposal under preparation. In addition, the right of the Parliament to information on international affairs is governed by the provisions included elsewhere in this Constitution.

Section 48 - Right of attendance of Ministers, the Ombudsman and the Chancellor of Justice

Minister has the right to attend and to participate in debates in plenary sessions of the Parliament even if the Minister is not a Representative. A Minister may not be a member of a Committee of the Parliament. When performing the duties of the President of the Republic under section 59, a Minister may not participate in parliamentary work. The Parliamentary Ombudsman and the Chancellor of Justice of the Government may attend and participate in debates in plenary sessions of the Parliament when their reports or other matters taken up on their initiative are being considered.

Section 49 - Continuity of consideration

Consideration of matters unfinished in one parliamentary session continues in the following parliamentary session, unless parliamentary elections have been held in the meantime. However, the consideration of an interpellation or a statement by the Government does not continue in the following parliamentary session. The consideration of a report by the Government shall continue during the following parliamentary session only if the Parliament specifically so decides. When necessary, the consideration of an international matter pending in the Parliament may continue during the parliamentary session following parliamentary elections.

Section 50 - Public nature of parliamentary activity

The plenary sessions of the Parliament are open to the public, unless the Parliament for a very weighty reason decides otherwise for a given matter. The Parliament publishes its papers, as provided in more detail in the Parliament's Rules of Procedure. The meetings of Committees are not open to the public. However, a Committee may open its meeting to the public during the time when it is gathering information for the preparation of a matter. The minutes and other related documents of the Committees shall be made available to the public, unless a Committee for a compelling reason decides otherwise for a given matter. The members of a Committee shall observe the level of confidentiality considered necessary by the Committee. However, when considering matters relating to Finland's international relations or European Union affairs, the members of a Committee shall observe the level of confidentiality considered necessary by the Foreign Affairs Committee or the Grand Committee after having heard the opinion of the Government.

Section 51 - Languages used in parliamentary work

The Finnish or Swedish languages are used in parliamentary work. The Government and the other authorities shall submit the documents necessary for a matter to be taken up for consideration in the Parliament both in Finnish and Swedish. Likewise, the parliamentary replies and communications, the reports and statements of the Committees, as well as the written proposals of the Speaker's Council, shall be written in Finnish and Swedish.

Section 52 - Parliament's Rules of Procedure and other instructions and rules of procedure

More detailed provisions on the procedures to be followed in the Parliament, as well as on parliamentary organs and parliamentary work are issued in the Parliament's Rules of Procedure. The Parliament's Rules of Procedure shall be adopted in plenary session following the procedure for the consideration of legislative proposals and published in the Statutes of Finland. The Parliament may issue instructions for the detailed arrangement of internal administration, for elections to be carried out by the Parliament and for other parliamentary work. In addition, the Parliament may issue rules of procedure for the organs appointed by it.

Section 53 - Referendums

The decision to organise a consultative referendum is made by an Act, which shall contain provisions on the time
of the referendum and on the choices to be presented to the voters.
Provisions concerning the conduct of a referendum are laid down by an Act.

Chapter 5 -The President of the Republic and the Government

Section 54 - Election of the President of the Republic

The President of the Republic is elected by a direct vote for a term of six years. The President shall be a native-born Finnish citizen. The same person may be elected President for no more than two consecutive terms of office. The candidate who receives more than half of the votes cast in the election shall be elected President. If none of the candidates has received a majority of the votes cast, a new election shall be held between the two candidates who have received most votes. In the new election, the candidate receiving the most votes is elected President. If only one presidential candidate has been nominated, he or she is appointed President without an election. The right to nominate a candidate in the election for President is held by any registered political party from whose candidate list at least one Representative was elected to the Parliament in the most recent parliamentary elections, as well as by any group of twenty thousand persons who have the right to vote. The time of the election and the procedure in the election of a President are laid down by an Act.

Section 55 - The presidential term

The President of the Republic assumes office on the first day of the calendar month following his or her election
into office.
The term of the President ends when the President elected in the next election assumes office.
If the President dies or if the Government declares that the President is permanently unable to carry out the
duties of the presidency, a new President shall be elected as soon as possible.

Section 56 - Solemn affirmation of the President

When the President of the Republic assumes office, he or she shall make the following solemn affirmation before the Parliament: "I, , elected by the people of Finland as the President of the Republic, hereby affirm that in my presidential duties I shall sincerely and conscientiously observe the Constitution and the laws of the Republic, and to the best of my ability promote the wellbeing of the people of Finland."

Section 57 - Duties of the President

The President of the Republic carries out the duties stated in this Constitution or specifically stated in another Act.

Section 58 - Decisions of the President

The President of the Republic makes decisions in Government on the basis of motions proposed by the Government. If the President does not make the decision in accordance with the motion proposed by the Government, the matter is returned to the Government for preparation. Thereafter, the decision to submit a government proposal to the Parliament or to withdraw a government proposal from the Parliament shall be made in accordance with the Government’s new motion for a decision. Notwithstanding the provision in paragraph (1), the President makes decisions on the following matters without a motion from the Government:

(1)
The appointment of the Government or a Minister, as well as the acceptance of the resignation of the Government or a Minister;
(2)
The issuance of an order concerning extraordinary parliamentary elections;
(3)
Presidential pardons and other matters, as specifically laid down by Acts, concerning private individuals or matters not requiring consideration in a plenary meeting of the Government; and
(4)
Matters referred to in the Act on the Autonomy of the Åland Islands, other than those relating to the financesof the Åland Islands. The appropriate Minister presents matters to the President. However, the appropriate government rapporteur presents a proposal concerning the alteration of the composition of the Government, where this concerns the entire Government. The President makes decisions on matters relating to military orders in conjunction with a Minister, as provided for in more detail by an Act. The President makes decisions on military appointments and matters pertaining to the Office of the President of the Republic as provided by an Act.

Section 59 - Substitutes of the President

When the President of the Republic is prevented from carrying out of his or her duties, these are taken over by the Prime Minister or, if the Prime Minister too is incapacitated, by the Minister acting as Deputy Prime Minister.

Section 60 - The Government

The Government consists of the Prime Minister and the necessary number of Ministers. The Ministers shall be Finnish citizens known to be honest and competent. The Ministers are responsible before the Parliament for their actions in office. Every Minister participating in the consideration of a matter in a Government meeting is responsible for any decision made, unless he or she has expressed an objection that has been entered in the minutes.

Section 61 - Formation of the Government

The Parliament elects the Prime Minister, who is thereafter appointed to the office by the President of the Republic. The President appoints the other Ministers in accordance with a proposal made by the Prime Minister. Before the Prime Minister is elected, the groups represented in the Parliament negotiate on the political programme and composition of the Government. On the basis of the outcome of these negotiations, and after having heard the Speaker of the Parliament and the parliamentary groups, the President informs the Parliament of the nominee for Prime Minister. The nominee is elected Prime Minister if his or her election has been supported by more than half of the votes cast in an open vote in the Parliament. If the nominee does not receive the necessary majority, another nominee shall be put forward in accordance with the same procedure. If the second nominee fails to receive the support of more than half of the votes cast, the

election of the Prime Minister shall be held in the Parliament by open vote. In this event, the person receiving
the most votes is elected.
The Parliament shall be in session when the Government is being appointed and when the composition of the
Government is being essentially altered.

Section 62 - Statement on the programme of the Government

The Government shall without delay submit its programme to the Parliament in the form of a statement. The same applies when the composition of the Government is essentially altered.

Section 63 - Ministers' personal interests

While holding the office of a Minister, a member of the Government shall not hold any other public office or undertake any other task which may obstruct the performance of his or her ministerial duties or compromise the credibility of his or her actions as a Minister. A Minister shall, without delay after being appointed, present to the Parliament an account of his or her commercial activities, shareholdings and other significant assets, as well as of any duties outside the official duties of a Minister and of other interests which may be of relevance when his or her performance as a member of the Government is being evaluated.

Section 64 - Resignation of the Government or a Minister

The President of the Republic grants, upon request, the resignation of the Government or a Minister. The
President may also grant the resignation of a Minister on the proposal of the Prime Minister.
The President shall in any event dismiss the Government or a Minister, if either no longer enjoys the confidence
of Parliament, even if no request is made.
If a Minister is elected President of the Republic or the Speaker of Parliament, he or she shall be considered to
have resigned the office of Minister as from the day of election.

Section 65 - Duties of the Government

The Government has the duties specifically provided in this Constitution, as well as the other governmental and
administrative duties which have been assigned to the Government or a Minister or which have not been
attributed to the competence of the President of the Republic or another public authority.
The Government implements the decisions of the President.

Section 66 - Duties of the Prime Minister

The Prime Minister directs the activities of the Government and oversees the preparation and consideration of matters that come within the mandate of the Government. The Prime Minister chairs the plenary meetings of the Government. When the Prime Minister is prevented from attending to his or her duties, the duties are taken over by the Minister designated as Deputy Prime Minister and, when the Deputy Prime Minister is prevented from attending to his other duties, by the most senior ranking Minister.

Section 67 - Decision-making in the Government

The matters within the authority of the Government are decided at the plenary meetings of the Government or at the Ministry to which the matter belongs. Matters of wide importance or matters that are significant for reasons of principle, as well as matters whose significance so warrants, are decided by the Government in plenary meeting. More detailed provisions relating to the decision-making powers of the Government are laid down by an Act. The matters to be considered by the Government shall be prepared in the appropriate Ministry. The Government may have Committees of Ministers for the preparation of matters. The plenary meeting of the Government is competent with a quorum of five Ministers present.

Section 68 - The Ministries

The Government has the requisite number of Ministries. Each Ministry, within its proper purview, is responsible for the preparation of matters to be considered by the Government and for the appropriate functioning of administration. Each Ministry is headed by a Minister. Provisions on the maximum number of Ministries and on the general principles for the establishment of Ministries are laid down by an Act. Provisions on the purviews of the Ministries and on the distribution of matters among them, as well as on the other forms of organisation of the Government are laid down by an Act or by a Decree issued by the Government.

Section 69 - The Chancellor of Justice of the Government

Attached to the Government, there is a Chancellor of Justice and a Deputy Chancellor of Justice, who are appointed by the President of the Republic, and who shall have outstanding knowledge of law. In addition, the President appoints a substitute for the Deputy Chancellor of Justice for a term of office not exceeding five years. When the Deputy Chancellor of Justice is prevented from performing his or her duties, the substitute shall take responsibility for them. The provisions on the Chancellor of Justice apply, in so far as appropriate, to the Deputy Chancellor of Justice and the substitute.

Chapter 6 - Legislation

Section 70 - Legislative initiative

The proposal for the enactment of an Act is initiated in the Parliament through a government proposal submitted by the Government or through a legislative motion submitted by a Representative. Legislative motions can be submitted when the Parliament is in session.

Section 71 - Supplementation and withdrawal of a government proposal

A government proposal may be supplemented through a new complementary proposal or it may be withdrawn. A complementary proposal cannot be submitted once the Committee preparing the matter has issued its report.

Section 72 - Consideration of a legislative proposal in the Parliament

Once the relevant report of the Committee preparing the matter has been issued, a legislative proposal is considered in two readings in a plenary session of the Parliament. In the first reading of the legislative proposal, the report of the Committee is presented and debated, and a decision on the contents of the legislative proposal is made. In the second reading, which at the earliest takes place on the third day after the conclusion of the first reading, the Parliament decides whether the legislative proposal is accepted or rejected. While the first reading is in progress, the legislative proposal may be referred to the Grand Committee for consideration. More detailed provisions on the consideration of a legislative proposal are laid down in the Parliament's Rules of Procedure.

Section 73 - Procedure for constitutional enactment

A proposal on the enactment, amendment or repeal of the Constitution or on the enactment of a limited derogation of the Constitution shall in the second reading be left in abeyance, by a majority of the votes cast, until the first parliamentary session following parliamentary elections. The proposal shall then, once the Committee has issued its report, be adopted without material alterations in one reading in a plenary session by a decision supported by at least two thirds of the votes cast. However, the proposal may be declared urgent by a decision that has been supported by at least five sixths of the votes cast. In this event, the proposal is not left in abeyance and it can be adopted by a decision supported by at least two thirds of the votes cast.

Section 74 - Supervision of constitutionality

The Constitutional Law Committee shall issue statements on the constitutionality of legislative proposals and other matters brought for its consideration, as well as on their relation to international human rights treaties.

Section 75 - Special legislation for the Åland Islands

The legislative procedure for the Act on the Autonomy of the Åland Islands and the Act on the Right to AcquireReal Estate in the Åland Islands is governed by the specific provisions in those Acts.The right of the Legislative Assembly of the Åland Islands to submit proposals and the enactment of Acts passedby the Legislative Assembly of Åland are governed by the provisions in the Act on the Autonomy of the Åland Islands.

Section 76 - The Church Act

Provisions on the organisation and administration of the Evangelic Lutheran Church are laid down in the Church
Act.
The legislative procedure for enactment of the Church Act and the right to submit legislative proposals relating
to the Church Act are governed by the specific provisions in that Code.

Section 77 - Confirmation of Acts

An Act adopted by the Parliament shall be submitted to the President of the Republic for confirmation. The President shall decide on the confirmation within three months of the submission of the Act. The President may obtain a statement on the Act from the Supreme Court or the Supreme Administrative Court. If the President does not confirm the Act, it is returned for the consideration of the Parliament. If the Parliament readopts the Act without material alterations, it enters into force without confirmation. If the Parliament does not readopt the Act, it shall be deemed to have lapsed.

Section 78 - Consideration of an unconfirmed Act

If the President of the Republic has not confirmed an Act within the time provided, it shall without delay be taken up for reconsideration in the Parliament. Once the pertinent report of the Committee has been issued, the Act shall be adopted without material alterations or rejected. The decision is made in plenary session in one reading with the majority of the votes cast.

Section 79 - Publication and entry into force of Acts

If an Act has been enacted in accordance with the procedure for constitutional enactment, this is indicated in the Act. An Act which has been confirmed or which enters into force without confirmation shall be signed by the President of the Republic and countersigned by the appropriate Minister. The Government shall thereafter without delay publish the Act in the Statutes of Finland. The Act shall indicate the date when it enters into force. For a special reason, it may be stated in an Act that it is to enter into force by means of a Decree. If the Act has not been published by the date provided for its entry into force, it shall enter into force on the date of its publication. Acts are enacted and published in Finnish and Swedish.

Section 80 - Issuance of Decrees and delegation of legislative powers

The President of the Republic, the Government and a Ministry may issue Decrees on the basis of authorisation given to them in this Constitution or in another Act. However, the principles governing the rights and obligations of private individuals and the other matters that under this Constitution are of a legislative nature shall be governed by Acts. If there is no specific provision on who shall issue a Decree, it is issued by the Government. Moreover, other authorities may be authorised by an Act to lay down legal rules on given matters, if there is a special reason pertinent to the subject matter and if the material significance of the rules does not require that they be laid down by an Act or a Decree. The scope of such an authorisation shall be precisely circumscribed.

General provisions on the publication and entry into force of Decrees and other legal norms are laid down by an Act.

Chapter 7 - State finances

Section 81 - State taxes and charges

The state tax is governed by an Act, which shall contain provisions on the grounds for tax liability and the amount of the tax, as well as on the legal remedies available to the persons or entities liable to taxation. The general criteria governing the charges to be levied on the official functions, services and other activities of State authorities and on the amount of the charges are laid down by an Act.

Section 82 - State debt and guarantees

The incurrence of State debt shall be based on the consent of the Parliament, which indicates the maximum level
of new debt or the total level of State debt.
A State security and a State guarantee may be given on the basis of the consent of the Parliament.

Section 83 - State budget

The Parliament decides on the State budget for one budgetary year at a time. It is published in the Statutes of Finland. The government proposal concerning the State budget and the other proposals pertaining to it shall be submitted to the Parliament well in advance of the next budgetary year. The provisions in section 71 apply to the supplementation and withdrawal of the budget proposal. A Representative may, on the basis of the budget proposal, through a budgetary motion initiate a proposal for an appropriation or other decision to be included in the State budget. Once the pertinent report of the Finance Committee of the Parliament has been issued, the budget is adopted in a single reading in a plenary session of the Parliament. More detailed provisions on the consideration of the budget proposal in the Parliament are laid down in the Parliament's Rules of Procedure. If the publication of the State budget is delayed beyond the new budgetary year, the budget proposal of the Government shall be applied as a provisional budget in a manner decided by the Parliament.

Section 84 - Contents of the budget

Estimates of the annual revenues and appropriations for the annual expenditures of the State, the reasons for the appropriations and other justifications of the budget shall be included in the State budget. It may be provided by an Act that, for certain revenues and expenditures immediately linked one to another, a revenue forecast or appropriation corresponding to their difference may be included in the budget. The revenue forecasts in the budget shall cover the appropriations included in it. When covering the appropriations, the surplus or deficit in the State's final accounts may be taken into account, as provided by an Act. The revenue forecasts or appropriations pertaining to linked revenues and expenditures may be included in the budget for several budgetary years, as provided by an Act. The general principles on the functions and finances of state enterprises are laid down by an Act. As regards state enterprises, revenue forecasts or appropriations are taken into the budget only in so far as they are provided by an Act. When considering the budget, the Parliament approves the most important service objectives and other objectives of state enterprises.

Section 85 -Appropriations in the budget

The appropriations are taken up in the budget as fixed appropriations, estimated appropriations or transferable appropriations. An estimated appropriation may be exceeded and a transferable appropriation transferred to be used in later budgetary years, as provided by an Act. A fixed appropriation and a transferable appropriation shall not be exceeded nor a fixed appropriation transferred, unless this has been allowed by an Act.

An appropriation shall not be moved from one budget item to another, unless this has been allowed in the budget. However, the transfer of an appropriation to a budget item to which its use is closely linked may be allowed by an Act. An authorisation, limited in its amount and purpose, may be given in the budget for the incurrence of expenditure, the appropriations for which are to be taken from budgets of following budgetary years.

Section 86 - Supplementary budget

A proposal of the Government for a supplementary budget shall be submitted to the Parliament, if there is a
justified reason for amending the budget.
A Representative may submit budgetary motions for a budget amendment immediately linked to the
supplementary budget.

Section 87 - Extra-budgetary funds

An extra-budgetary fund may be created by an Act, if the performance of a permanent duty of the State requires this in an essential manner. However, the decision of the Parliament to adopt a legislative proposal for the creation of an extra-budgetary fund or the extension of such a fund or its purpose must be supported by at least two thirds of the votes cast.

Section 88 - Legitimate receivables from the State to private parties

Regardless of the budget, everyone has the right to collect his or her legitimate receivables from the State.

Section 89 -Approval of the terms of service of State officials and employees

The appropriate Committee of the Parliament accepts, in the name of the Parliament, agreements on the terms of service of State officials and employees, in so far as this requires the consent of the Parliament.

Section 90 - Supervision and audit of State finances

The Parliament supervises State finances and compliance with the State budget. For this purpose, the Parliament shall have an Audit Committee. The Audit Committee shall report any significant supervisory findings to the Parliament. (596/2007) For the purpose of auditing State finances and compliance with the State budget, there shall be an independent National Audit Office in connection with the Parliament. More detailed provisions on the status and duties of the National Audit Office are laid down by an Act. The Audit Committee and the National Audit Office have the right to receive information needed for the performance of their duties from public authorities and other entities that are subject to their control. (596/2007)

Section 91 - The Bank of Finland

The Bank of Finland operates under the guarantee and supervision of the Parliament, as provided by an Act. For the purpose of supervising the operations of the Bank of Finland, the Parliament elects its governors. The appropriate Committee of the Parliament and the governors have the right to receive the information needed for the supervision of the operations of the Bank of Finland.

Section 92 - State assets

Provisions on the competence and procedure in the use of shareholder authority in companies effectively controlled by the State are laid down by an Act. Provisions on the necessity for the consent of the Parliament for the acquisition or relinquishment of effective control by the State in a company are likewise laid down by an Act. State real estate may be conveyed only with the consent of the Parliament or as provided by an Act.

Chapter 8 - International relations

Section 93 - Competence in the area of foreign policy issues

The foreign policy of Finland is directed by the President of the Republic in co-operation with the Government.
However, the Parliament accepts Finland's international obligations and their denouncement and decides on the
bringing into force of Finland's international obligations in so far as provided in this Constitution. The President
decides on matters of war and peace, with the consent of the Parliament.
The Government is responsible for the national preparation of the decisions to be made in the European Union,
and decides on the concomitant Finnish measures, unless the decision requires the approval of the Parliament.
The Parliament participates in the national preparation of decisions to be made in the European Union, as
provided in this Constitution.
The communication of important foreign policy positions to foreign States and international organisations is the
responsibility of the Minister with competence in foreign affairs.

Section 94 -Acceptance of international obligations and their denouncement

The acceptance of the Parliament is required for such treaties and other international obligations that contain provisions of a legislative nature, are otherwise significant, or otherwise require approval by the Parliament under this Constitution. The acceptance of the Parliament is required also for the denouncement of such obligations. A decision concerning the acceptance of an international obligation or the denouncement of it is made by a majority of the votes cast. However, if the proposal concerns the Constitution or an alteration of the national borders, the decision shall be made by at least two thirds of the votes cast. An international obligation shall not endanger the democratic foundations of the Constitution.

Section 95 - Bringing into force of international obligations

The provisions of treaties and other international obligations, in so far as they are of a legislative nature, are brought into force by an Act. Otherwise, international obligations are brought into force by a Decree issued by the President of the Republic. A Government bill for the bringing into force of an international obligation is considered in accordance with the ordinary legislative procedure pertaining to an Act. However, if the proposal concerns the Constitution or a change to the national territory, the Parliament shall adopt it, without leaving it in abeyance, by a decision supported by at least two thirds of the votes cast. An Act may state that for the bringing into force of an international obligation its entry into force is provided by a Decree. General provisions on the publication of treaties and other international obligations are laid down by an Act.

Section 96 - Participation of the Parliament in the national preparation of European Union matters

The Parliament considers those proposals for acts, agreements and other measures which are to be decided in the European Union and which otherwise, according to the Constitution, would fall within the competence of the Parliament. The Government shall, for the determination of the position of the Parliament, communicate a proposal referred to in paragraph (1) to the Parliament by a communication of the Government, without delay, after receiving notice of the proposal. The proposal is considered in the Grand Committee and ordinarily in one or more of the other Committees that issue statements to the Grand Committee. However, the Foreign Affairs Committee considers a proposal pertaining to foreign and security policy. Where necessary, the Grand Committee or the Foreign Affairs Committee may issue to the Government a statement on the proposal. In addition, the Speaker's Council may decide that the matter be taken up for debate in plenary session, during which, however, no decision is made by the Parliament. The Government shall provide the appropriate Committees with information on the consideration of the matter in the European Union. The Grand Committee or the Foreign Affairs Committee shall also be informed of the position of the Government on the matter.

Section 97 - Parliamentary right to receive information on international affairs

The Foreign Affairs Committee of the Parliament shall receive from the Government, upon request and when
otherwise necessary, reports of matters pertaining to foreign and security policy. Correspondingly, the Grand
Committee of the Parliament shall receive reports on the preparation of other matters in the European Union.
The Speaker's Council may decide on a report being taken up for debate in plenary session, during which,
however, no decision is made by the Parliament.
The Prime Minister shall provide the Parliament or a Committee with information on matters to be dealt with in
a European Council beforehand and without delay after a meeting of the Council. The same applies when
amendments are being prepared to the treaties establishing the European Union.
The appropriate Committee of the Parliament may issue a statement to the Government on the basis of the
reports or information referred to above.

Chapter 9 -Administration of justice

Section 98 - Courts of law

The Supreme Court, the Courts of Appeal and the District Courts are the general courts of law.
The Supreme Administrative Court and the regional Administrative Courts are the general courts of
administrative law.
Provisions on special courts of law, administering justice in specifically defined fields, are laid down by an Act.
Provisional courts shall not be established.

Section 99 - Duties of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court

Justice in civil, commercial and criminal matters is in the final instance administered by the Supreme Court. Justice in administrative matters is in the final instance administered by the Supreme Administrative Court. The highest courts supervise the administration of justice in their own fields of competence. They may submit proposals to the Government for the initiation of legislative action.

Section 100 - Composition of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court

The Supreme Court and the Supreme Administrative Court are composed of the President of the Court and the
requisite number of Justices.
The Supreme Court and the Supreme Administrative Court have a competent quorum when five members are
present, unless a different quorum has been laid down by an Act.

Section 101 - High Court of Impeachment

The High Court of Impeachment deals with charges brought against a member of the Government, the Chancellor of Justice, the Parliamentary Ombudsman or a member of the Supreme Court or the Supreme Administrative Court for unlawful conduct in office. The Court of Impeachment deals also with the charges referred to in section 113 below. The High Court of Impeachment consists of the President of the Supreme Court, presiding, and the President of the Supreme Administrative Court, the three most senior-ranking Presidents of the Courts of Appeal and five members elected by the Parliament for a term of four years. More detailed provisions on the composition, quorum and procedure of the Court of Impeachment are laid down by an Act.

Section 102 -Appointment of judges

Tenured judges are appointed by the President of the Republic in accordance with the procedure laid down by an Act. Provisions on the appointment of other judges are laid down by an Act.

Section 103 - The right of judges to remain in office

A judge shall not be suspended from office, except by a judgement of a court of law. In addition, a judge shall
not be transferred to another office without his or her consent, except where the transfer is a result of a
reorganisation of the judiciary.
Provisions on the duty of a judge to resign at the attainment of a given age or after losing capability to work are
laid down by an Act.
More detailed provisions on the other terms of service of a judge are laid down by an Act.

Section 104 - The prosecutors

The prosecution service is headed by the highest prosecutor, the Prosecutor-General, who is appointed by the President of the Republic. More detailed provisions on the prosecution service are laid down by an Act.

Section 105 - Presidential pardon

In individual cases, the President of the Republic may, after obtaining a statement from the Supreme Court, grant
full or partial pardon from a penalty or other criminal sanction imposed by a court of law.
A general amnesty may be provided only by an Act.

Chapter 10 - Supervision of legality

Section 106 - Primacy of the Constitution

If, in a matter being tried by a court of law, the application of an Act would be in evident conflict with the Constitution, the court of law shall give primacy to the provision in the Constitution.

Section 107 - Subordination of lower-level statutes

If a provision in a Decree or another statute of a lower level than an Act is in conflict with the Constitution or another Act, it shall not be applied by a court of law or by any other public authority.

Section 108 - Duties of the Chancellor of Justice of the Government

The Chancellor of Justice shall oversee the lawfulness of the official acts of the Government and the President of the Republic. The Chancellor of Justice shall also ensure that the courts of law, the other authorities and the civil servants, public employees and other persons, when the latter are performing a public task, obey the law and fulfil their obligations. In the performance of his or her duties, the Chancellor of Justice monitors the implementation of basic rights and liberties and human rights. The Chancellor of Justice shall, upon request, provide the President, the Government and the Ministries with information and opinions on legal issues. The Chancellor of Justice submits an annual report to the Parliament and the Government on his or her activities and observations on how the law has been obeyed.

Section 109 - Duties of the Parliamentary Ombudsman

The Ombudsman shall ensure that the courts of law, the other authorities and civil servants, public employees and other persons, when the latter are performing a public task, obey the law and fulfil their obligations. In the performance of his or her duties, the Ombudsman monitors the implementation of basic rights and liberties and human rights. The Ombudsman submits an annual report to the Parliament on his or her work, including observations on the state of the administration of justice and on any shortcomings in legislation.

Section 110 - The right of the Chancellor of Justice and the Ombudsman to bring charges and the division of responsibilities between them

A decision to bring charges against a judge for unlawful conduct in office is made by the Chancellor of Justice or the Ombudsman. The Chancellor of Justice and the Ombudsman may prosecute or order that charges be brought also in other matters falling within the purview of their supervision of legality.

Provisions on the division of responsibilities between the Chancellor of Justice and the Ombudsman may be laid down by an Act, without, however, restricting the competence of either of them in the supervision of legality.

Section 111 - The right of the Chancellor of Justice and Ombudsman to receive information

The Chancellor of Justice and the Ombudsman have the right to receive from public authorities or others performing public duties the information needed for their supervision of legality. The Chancellor of Justice shall be present at meetings of the Government and when matters are presented to the President of the Republic in a presidential meeting of the Government. The Ombudsman has the right to attend these meetings and presentations.

Section 112 - Supervision of the lawfulness of the official acts of the Government and the President of the Republic

If the Chancellor of Justice becomes aware that the lawfulness of a decision or measure taken by the Government, a Minister or the President of the Republic gives rise to a comment, the Chancellor shall present the comment, with reasons, on the aforesaid decision or measure. If the comment is ignored, the Chancellor of Justice shall have the comment entered in the minutes of the Government and, where necessary, undertake other measures. The Ombudsman has the corresponding right to make a comment and to undertake measures. If a decision made by the President is unlawful, the Government shall, after having obtained a statement from the Chancellor of Justice, notify the President that the decision cannot be implemented, and propose to the President that the decision be amended or revoked.

Section 113 - Criminal liability of the President of the Republic

If the Chancellor of Justice, the Ombudsman or the Government deem that the President of the Republic is guilty of treason or high treason, or a crime against humanity, the matter shall be communicated to the Parliament. In this event, if the Parliament, by three fourths of the votes cast, decides that charges are to be brought, the Prosecutor General shall prosecute the President in the High Court of Impeachment and the President shall abstain from office for the duration of the proceedings. In other cases, no charges shall be brought for the official acts of the President.

Section 114 - Prosecution of Ministers

A charge against a Member of the Government for unlawful conduct in office is heard by the High Court of Impeachment, as provided in more detail by an Act. The decision to bring a charge is made by the Parliament, after having obtained an opinion from the Constitutional Law Committee concerning the unlawfulness of the actions of the Minister. Before the Parliament decides to bring charges or not it shall allow the Minister an opportunity to give an explanation. When considering a matter of this kind the Committee shall have a quorum when all of its members are present. A Member of the Government is prosecuted by the Prosecutor-General.

Section 115 - Initiation of a matter concerning the legal responsibility of a Minister

An inquiry into the lawfulness of the official acts of a Minister may be initiated in the Constitutional Law Committee on the basis of:

(1)
A notification submitted to the Constitutional Law Committee by the Chancellor of Justice or the
Ombudsman;
(2)
A petition signed by at least ten Representatives; or
(3)
A request for an inquiry addressed to the Constitutional Law Committee by another Committee of the
Parliament.
The Constitutional Law Committee may open an inquiry into the lawfulness of the official acts of a Minister also
on its own initiative.

Section 116 - Preconditions for the prosecution of a Minister

A decision to bring charges against a Member of the Government may be made if he or she has, intentionally or through gross negligence, essentially contravened his or her duties as a Minister or otherwise acted clearly unlawfully in office.

Section 117 - Legal responsibility of the Chancellor of Justice and the Ombudsman

The provisions in sections 114 and 115 concerning a member of the Government apply to an inquiry into the lawfulness of the official acts of the Chancellor of Justice and the Ombudsman, the bringing of charges against them for unlawful conduct in office and the procedure for the hearing of such charges.

Section 118 - Official accountability

A civil servant is responsible for the lawfulness of his or her official actions. He or she is also responsible for a decision made by an official multi-member body that he or she has supported as one of its members. A rapporteur shall be responsible for a decision made upon his or her presentation, unless he or she has filed an objection to the decision. Everyone who has suffered a violation of his or her rights or sustained loss through an unlawful act or omission by a civil servant or other person performing a public task shall have the right to request that the civil servant or other person in charge of a public task be sentenced to a punishment and that the public organisation, official or other person in charge of a public task be held liable for damages, as provided in more detail by an Act. However, there is no such right to bring charges, if, under the Constitution, the charges are to be heard by the High Court of Impeachment.

Chapter 11 -Administration and self-government

Section 119 - State administration

In addition to the Government and the Ministries, the central administration of the State may consist of agencies, institutions and other bodies. The State may also have regional and local public authorities. More detailed provisions on the administration subordinate to the Parliament are laid down by an Act. The general principles governing the bodies of State administration shall be laid down by an Act, if their duties involve the exercise of public powers. The principles governing the regional and local authorities of the State shall likewise be governed by an Act. In other respects, provisions on the entities of State administration may be laid down by a Decree.

Section 120 - Special Status of the Åland Islands

The Åland Islands have self-government in accordance with what is specifically stipulated in the Act on theAutonomy of the Åland Islands.

Section 121 - Municipal and other regional self-government

Finland is divided into municipalities, whose administration shall be based on the self-government of their residents. Provisions on the general principles governing municipal administration and the duties of the municipalities are laid down by an Act. The municipalities have the right to levy municipal tax. Provisions on the general principles governing tax liability and the grounds for the tax as well as on the legal remedies available to the persons or entities liable to taxation are laid down by an Act. Provisions on self-government in administrative areas larger than a municipality are laid down by an Act. In their native region, the Sami have linguistic and cultural self-government, as provided by an Act.

Section 122 -Administrative divisions

In the organisation of administration, the objective shall be suitable territorial divisions, so that the Finnish-
speaking and Swedish-speaking populations have an opportunity to receive services in their own language on
equal terms.
The principles governing the municipal divisions are laid down by an Act.

Section 123 - Universities and other education providers

The universities are self-governing, as provided in more detail by an Act.
Provisions on the principles governing the other educational services arranged by the State and the
municipalities, as well as on the right to arrange corresponding education in private educational institutions, are
laid down by an Act.

Section 124 - Delegation of administrative tasks to others than the authorities

A public administrative task may be delegated to others than public authorities only by an Act or by virtue of an Act, if this is necessary for the appropriate performance of the task and if basic rights and liberties, legal remedies and other requirements of good governance are not endangered. However, a task involving significant exercise of public powers can only be delegated to public authorities.

Section 125 - General qualifications for public office and other grounds for appointment

It may be stated in an Act that only Finnish citizens are eligible for appointment to certain public offices or
duties.
The general qualifications for public office shall be skill, ability and proven civic merit.

Section 126 -Appointment to State offices

The President of the Republic appoints the permanent secretaries of the ministries, the permanent secretary and the rapporteurs of the Office of the President of the Republic, as well as the heads of Finnish diplomatic missions abroad. The President also appoints the other officials whose appointment has in this Constitution or in another Act been designated as a presidential prerogative. The Government appoints the officials whose appointment has not been designated as a prerogative of the President, a Ministry or another public authority.

Chapter 12 - National defence

Section 127 - National defence obligation

Every Finnish citizen is obligated to participate or assist in national defence, as provided by an Act.
Provisions on the right to exemption, on grounds of conscience, from participation in military national defence
are laid down by an Act.

Section 128 - Commander-in-chief of the defence forces

The President of the Republic is the commander-in-chief of the defence forces. On the proposal of the
Government, the President may relinquish this task to another Finnish citizen.
The President appoints the officers of the defence forces.

Section 129 - Mobilisation

On the proposal of the Government, the President of the Republic decides on the mobilisation of the defence forces. If the Parliament is not in session at that moment, it shall be convened at once.

Chapter 13 - Final provisions

Section 130 - Entry into force

This Constitution shall enter into force on 1 March 2000.
Detailed provisions necessary for the implementation of the Constitution are laid down by an Act.

Section 131 - Repeal of Constitutional Acts

This Constitution repeals the following constitutional Acts, as amended:

(1)
The Constitution Act of Finland, of 17 July 1919;
(2)
The Parliament Act, of 13 January 1928;
(3)
The Act on the High Court of Impeachment, of 25 November 1922 (273/1922); and
(4)
The Act on the Right of Parliament to Inspect the Lawfulness of the Official Acts of the Members of the Council of State, the Chancellor of Justice and the Parliamentary Ombudsman, of 25 November 1922 (274/1922).
 
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Suomen perustuslaki
 Suomen perustuslaki

FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: 11.6.1999/731 Page 1 of 28

Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1999 » 11.6.1999/731

Seurattu SDK 326/2010 saakka.

11.6.1999/731

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 § Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 § Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto­oikeus.

4 § Valtakunnan alue

Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.

5 § Suomen kansalaisuus

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 13/05/2010

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Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.

Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

2 luku Perusoikeudet 6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa­arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa­arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.

8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

9 § Liikkumisvapaus

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa.

Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 13/05/2010

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Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802)

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

10 § Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

12 § Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

13 § Kokoontumis­ ja yhdistymisvapaus

Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 13/05/2010

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14 § Vaali­ ja osallistumisoikeudet

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tässä perustuslaissa.

Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

15 § Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

16 § Sivistykselliset oikeudet

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.

17 § Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen­ ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis­ ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 13/05/2010

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Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

19 § Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali­ ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

20 § Vastuu ympäristöstä

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

23 § Perusoikeudet poikkeusoloissa

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

3 luku Eduskunta ja kansanedustajat 24 § Eduskunnan kokoonpano ja vaalikausi

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 13/05/2010

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Eduskunta on yksikamarinen. Siihen kuuluu kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Eduskunnan toimikausi alkaa, kun eduskuntavaalien tulos on vahvistettu, ja jatkuu, kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toimitettu.

25 § Eduskuntavaalien toimittaminen

Kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus.

Eduskuntavaaleja varten maa jaetaan Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella vähintään kahteentoista ja enintään kahdeksaantoista vaalipiiriin. Ahvenanmaan maakunta muodostaa lisäksi oman vaalipiirinsä yhden kansanedustajan valitsemista varten.

Oikeus asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa on rekisteröidyillä puolueilla ja laissa säädetyllä määrällä äänioikeutettuja.

Eduskuntavaalien ajankohdasta, ehdokkaiden asettamisesta, vaalien toimittamisesta ja vaalipiireistä säädetään tarkemmin lailla.

26 § Ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen

Tasavallan presidentti voi pääministerin perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan sekä eduskunnan ollessa koolla määrätä ennenaikaiset eduskuntavaalit toimitettavaksi. Eduskunta päättää tämän jälkeen, milloin se ennen vaalien toimittamista lopettaa työskentelynsä.

Ennenaikaisten eduskuntavaalien jälkeen eduskunta kokoontuu valtiopäiville sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksänkymmenen päivän kuluttua vaalimääräyksen antamisesta, jollei eduskunta ole päättänyt aikaisempaa kokoontumispäivää.

27 § Vaalikelpoisuus ja kelpoisuus edustajantoimeen

Eduskuntavaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen.

Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Kansanedustajana eivät voi olla valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto­oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. Jos kansanedustaja valitaan tasavallan presidentiksi taikka nimitetään tai valitaan johonkin edellä tarkoitetuista tehtävistä, hänen edustajantoimensa lakkaa siitä päivästä, jolloin hänet on valittu tai nimitetty. Edustajantoimi lakkaa myös, jos kansanedustaja menettää vaalikelpoisuutensa.

28 § Edustajantoimen keskeytyminen sekä siitä vapauttaminen ja erottaminen

Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jonka kansanedustaja toimii Euroopan parlamentin jäsenenä. Edustajantointa hoitaa tänä aikana hänen varaedustajansa. Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy myös asevelvollisuuden suorittamisen ajaksi.

Eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se

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katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy.

Jos kansanedustaja olennaisesti ja toistuvasti laiminlyö edustajantoimensa hoitamisen, eduskunta voi hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton erottaa hänet edustajantoimesta joko kokonaan tai määräajaksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Jos kansanedustajaksi valittu on täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen taikka vaaleihin kohdistuneesta rikoksesta rangaistukseen, eduskunta voi tutkia, sallitaanko hänen edelleen olla kansanedustajana. Jos rikos osoittaa, ettei tuomittu ansaitse edustajantoimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta, eduskunta voi hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton julistaa hänen edustajantoimensa lakanneeksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

29 § Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

30 § Kansanedustajan koskemattomuus

Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.

Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Kansanedustajan pidättämisestä ja vangitsemisesta on heti ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle. Kansanedustajaa ei saa ilman eduskunnan suostumusta pidättää tai vangita ennen oikeudenkäynnin alkamista, ellei häntä painavista syistä epäillä syylliseksi rikokseen, josta säädetty lievin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

31 § Kansanedustajan puhevapaus ja esiintyminen

Kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä.

Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

32 § Kansanedustajan esteellisyys

Kansanedustaja on esteellinen osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon asiassa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti. Hän saa kuitenkin osallistua asiasta täysistunnossa käytävään keskusteluun. Valiokunnassa kansanedustaja ei saa myöskään osallistua virkatointensa tarkastamista koskevan asian käsittelyyn.

4 luku Eduskunnan toiminta 33 §

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Valtiopäivät

Eduskunta kokoontuu valtiopäiville vuosittain eduskunnan päättämänä ajankohtana, minkä jälkeen tasavallan presidentti julistaa valtiopäivät avatuiksi.

Valtiopäivät jatkuvat seuraavien valtiopäivien kokoontumiseen. Vaalikauden viimeiset valtiopäivät kuitenkin jatkuvat, kunnes eduskunta päättää lopettaa työskentelynsä. Presidentti julistaa tämän jälkeen eduskunnan työn päättyneeksi siltä vaalikaudelta. Eduskunnan puhemiehellä on kuitenkin oikeus tarvittaessa kutsua valtiopäivät uudelleen koolle ennen uusien vaalien toimittamista.

34 § Eduskunnan puhemies ja puhemiesneuvosto

Eduskunta valitsee keskuudestaan valtiopäiviksi kerrallaan puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä.

Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit toimitetaan umpilipuin. Vaalissa valituksi tulee kansanedustaja, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ei ole saanut kahdessa ensimmäisessä äänestyksessä tarvittavaa enemmistöä annetuista äänistä, valituksi tulee kolmannessa äänestyksessä eniten ääniä saanut edustaja.

Puhemies ja varapuhemiehet sekä valiokuntien puheenjohtajat muodostavat puhemiesneuvoston. Puhemiesneuvosto antaa ohjeita eduskuntatyön järjestämiseksi ja päättää, sen mukaan kuin tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä erikseen säädetään, asioiden käsittelyssä valtiopäivillä noudatettavista menettelytavoista. Puhemiesneuvosto voi tehdä aloitteen eduskunnan virkamiehiä koskevan lain ja eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä tai muuttamisesta sekä ehdotuksia muiksi eduskunnan toimintaa koskeviksi säännöksiksi.

35 § Eduskunnan valiokunnat

Eduskunta asettaa vaalikaudekseen suuren valiokunnan sekä perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja eduskunnan työjärjestyksessä säädetyt muut pysyvät valiokunnat. Eduskunta voi lisäksi asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tai tutkimaan erityistä asiaa. (25.5.2007/596)

Suuressa valiokunnassa on kaksikymmentäviisi jäsentä. Perustuslakivaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnassa on vähintään seitsemäntoista jäsentä. Muissa pysyvissä valiokunnissa on vähintään yksitoista jäsentä. Valiokunnissa on lisäksi tarpeellinen määrä varajäseniä.

Valiokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä, jollei jotakin asiaa varten ole erikseen säädetty suurempaa jäsenmäärää.

36 § Eduskunnan valitsemat muut toimielimet ja edustajat

Eduskunta valitsee valtuutetut valvomaan kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Eduskunta valitsee muita tarvittavia toimielimiä sen mukaan kuin tässä perustuslaissa, muussa laissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetään.

Eduskunnan edustajien valitsemisesta kansainväliseen sopimukseen perustuvaan tai muuhun kansainväliseen toimielimeen säädetään lailla tai eduskunnan työjärjestyksessä.

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37 § Eduskunnan toimielinten valinta

Valiokunnat ja muut eduskunnan toimielimet asetetaan vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä koko vaalikaudeksi, jollei tässä perustuslaissa, eduskunnan työjärjestyksessä tai eduskunnan hyväksymässä toimielimen johtosäännössä toisin säädetä. Eduskunta voi kuitenkin vaalikauden aikana päättää puhemiesneuvoston ehdotuksesta asettaa toimielimen uudelleen.

Eduskunta toimittaa valiokuntien ja muiden toimielinten vaalit. Jollei eduskunta ole vaalista yksimielinen, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan.

38 § Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunta valitsee neljän vuoden toimikaudeksi oikeusasiamiehen sekä kaksi apulaisoikeusasiamiestä, joiden tulee olla eteviä laintuntijoita. Apulaisoikeusasiamiehellä voi olla sijainen sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Apulaisoikeusasiamiehestä ja apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään. (24.8.2007/802)

Eduskunta voi saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton vapauttaa erityisen painavasta syystä oikeusasiamiehen tämän tehtävästä kesken toimikauden päätöksellä, jota vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on kannattanut.

39 § Asian vireilletulo eduskunnassa

Asia tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä tai kansanedustajan aloitteella taikka muulla tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetyllä tavalla.

Kansanedustajalla on oikeus tehdä:

1) lakialoite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä;

2) talousarvioaloite, joka sisältää ehdotuksen talousarvioon tai lisätalousarvioon otettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä; sekä

3) toimenpidealoite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

40 § Asian valmistelu

Hallituksen esitykset, kansanedustajien aloitteet, eduskunnalle annetut kertomukset sekä ne muut asiat, joista tässä perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä niin säädetään, on käsiteltävä valmistelevasti valiokunnassa ennen niiden lopullista käsittelyä täysistunnossa.

41 § Asian käsittely täysistunnossa

Lakiehdotus sekä ehdotus eduskunnan työjärjestykseksi otetaan täysistunnossa kahteen käsittelyyn. Lepäämään hyväksytty lakiehdotus tai vahvistamatta jäänyt laki käsitellään täysistunnossa kuitenkin yhdessä käsittelyssä. Muut asiat käsitellään täysistunnossa ainoassa käsittelyssä.

Päätökset täysistunnossa tehdään annettujen äänten enemmistöllä, jollei tässä perustuslaissa erikseen toisin säädetä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, paitsi milloin ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö. Äänestysmenettelystä säädetään tarkemmin eduskunnan työjärjestyksessä.

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42 § Puhemiehen tehtävät täysistunnossa

Puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia.

Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein.

Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestykseen.

43 § Välikysymys

Vähintään kaksikymmentä kansanedustajaa voi tehdä valtioneuvostolle tai ministerille näiden toimialaan kuuluvasta asiasta välikysymyksen. Välikysymykseen tulee vastata eduskunnan täysistunnossa viidentoista päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saatettu valtioneuvoston tietoon.

Välikysymyksen käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille.

44 § Valtioneuvoston tiedonanto ja selonteko

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta.

Tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille. Selonteon käsittelyssä ei voida tehdä päätöstä valtioneuvoston tai sen jäsenen nauttimasta luottamuksesta.

45 § Kysymykset, ilmoitukset ja keskustelut

Kansanedustajalla on oikeus tehdä ministerin vastattavaksi kysymyksiä tämän toimialaan kuuluvista asioista. Kysymysten tekemisestä ja niihin vastaamisesta säädetään eduskunnan työjärjestyksessä.

Pääministeri tai hänen määräämänsä ministeri voi antaa ajankohtaisesta asiasta eduskunnalle ilmoituksen.

Täysistunnossa voidaan järjestää keskustelu ajankohtaisesta asiasta sen mukaan kuin eduskunnan työjärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Eduskunta ei tee päätöstä tässä pykälässä tarkoitetuista asioista. Niiden käsittelyssä voidaan poiketa siitä, mitä puheenvuoroista 31 §:n 1 momentissa säädetään.

46 § Eduskunnalle annettavat kertomukset

Hallituksen tulee antaa vuosittain eduskunnalle kertomus toiminnastaan sekä niistä toimenpiteistä, joihin se on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt, samoin kuin kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta.

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Eduskunnalle annetaan muita kertomuksia sen mukaan kuin tässä perustuslaissa, muussa laissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetään.

47 § Eduskunnan tietojensaantioikeus

Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.

Valiokunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta tai asianomaiselta ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta asiasta. Valiokunta voi selvityksen johdosta antaa asiasta lausunnon valtioneuvostolle tai ministeriölle.

Kansanedustajalla on oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajantoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole salassa pidettäviä eivätkä koske valmisteilla olevaa valtion talousarvioesitystä.

Eduskunnan oikeudesta saada tietoja kansainvälisissä asioissa on lisäksi voimassa, mitä siitä muualla tässä perustuslaissa säädetään.

48 § Ministerin sekä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin läsnäolo­oikeus

Ministerillä on oikeus olla läsnä ja osallistua keskusteluun täysistunnossa, vaikka hän ei olisikaan eduskunnan jäsen. Ministeri ei voi olla jäsenenä eduskunnan valiokunnassa. Hoitaessaan 59 §:n mukaisesti tasavallan presidentin tehtäviä ministeri ei voi osallistua eduskuntatyöhön.

Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri voivat olla läsnä ja osallistua keskusteluun täysistunnossa käsiteltäessä heidän omia kertomuksiaan tai muutoin heidän omasta aloitteestaan vireille tullutta asiaa.

49 § Asioiden käsittelyn jatkuvuus

Valtiopäivillä kesken jääneiden asioiden käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä, jollei eduskuntavaaleja ole sillä välin toimitettu.

Välikysymyksen ja valtioneuvoston tiedonannon käsittelyä ei kuitenkaan jatketa seuraavilla valtiopäivillä. Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää.

Eduskunnassa vireillä olevan kansainvälisen asian käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä.

50 § Eduskunnan toiminnan julkisuus

Eduskunnan täysistunnot ovat julkisia, jollei eduskunta jonkin asian osalta erityisen painavasta syystä toisin päätä. Eduskunta julkaisee valtiopäiväasiakirjat sen mukaan kuin eduskunnan työjärjestyksessä tarkemmin säädetään.

Valiokunnan kokoukset eivät ole julkisia. Valiokunta voi kuitenkin määrätä kokouksensa julkiseksi siltä osin kuin valiokunta hankkii tietoja asian käsittelyä varten. Valiokunnan pöytäkirjat ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat julkisia, jollei välttämättömien syiden vuoksi eduskunnan työjärjestyksessä toisin

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säädetä tai valiokunta jonkin asian osalta toisin päätä.

Valiokunnan jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota valiokunta katsoo välttämättömästä syystä asian erityisesti vaativan. Käsiteltäessä Suomen kansainvälisiä suhteita tai Euroopan unionin asioita valiokunnan jäsenten on kuitenkin noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota ulkoasiainvaliokunta tai suuri valiokunta valtioneuvostoa kuultuaan on katsonut asian laadun vaativan.

51 § Eduskuntatyössä käytettävät kielet

Eduskuntatyössä käytetään suomen tai ruotsin kieltä.

Hallituksen ja muiden viranomaisten on toimitettava asian vireille panemiseksi eduskunnassa tarvittavat asiakirjat suomen ja ruotsin kielellä. Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä puhemiesneuvoston kirjalliset ehdotukset laaditaan niin ikään suomen ja ruotsin kielellä.

52 § Eduskunnan työjärjestys sekä ohje­ ja johtosäännöt

Eduskunnan työjärjestyksessä annetaan tarkempia säännöksiä valtiopäivillä noudatettavasta menettelystä sekä eduskunnan toimielimistä ja eduskuntatyöstä. Työjärjestys hyväksytään täysistunnossa lakiehdotuksen käsittelystä säädetyssä järjestyksessä ja julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Eduskunta voi antaa ohjesääntöjä eduskunnan sisäistä hallintoa, eduskunnan toimitettavia vaaleja ja muuta eduskuntatyön yksityiskohtaista järjestämistä varten. Lisäksi eduskunta voi hyväksyä valitsemilleen toimielimille johtosääntöjä.

53 § Kansanäänestyksen järjestäminen

Neuvoa­antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista.

Kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla.

5 luku Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto 54 § Tasavallan presidentin valinta

Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas. Jos on asetettu vain yksi ehdokas, hän tulee valituksi presidentiksi ilman vaalia.

Oikeus asettaa ehdokas presidentin vaaliin on rekisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta on viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa valittu vähintään yksi kansanedustaja, sekä kahdellakymmenellätuhannella äänioikeutetulla. Vaalin ajankohdasta ja presidentin valitsemisessa noudatettavasta menettelystä säädetään tarkemmin lailla.

55 § Presidentin toimikausi

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Tasavallan presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Presidentin toimikausi päättyy seuraavassa vaalissa valitun presidentin ryhtyessä toimeensa.

Jos presidentti kuolee tai valtioneuvosto toteaa hänet pysyvästi estyneeksi hoitamaan presidentintointa, on niin pian kuin mahdollista valittava uusi presidentti.

56 § Presidentin juhlallinen vakuutus

Ryhtyessään toimeensa tasavallan presidentti antaa eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä – –, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä."

57 § Presidentin tehtävät

Tasavallan presidentti hoitaa hänelle tässä perustuslaissa tai muussa laissa erikseen säädetyt tehtävät.

58 § Presidentin päätöksenteko

Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

Jos presidentti ei päätä asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti, asia palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi. Hallituksen esityksen antamisesta ja peruuttamisesta päätetään tämän jälkeen valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti.

Presidentti päättää 1 momentissa säädetystä poiketen ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta:

1) valtioneuvoston ja sen jäsenen nimittämisestä sekä eron myöntämisestä valtioneuvostolle tai sen jäsenelle;

2) ennenaikaisten eduskuntavaalien määräämisestä;

3) armahduksesta sekä sellaisista muista laissa erikseen säädetyistä asioista, jotka koskevat yksityistä henkilöä tai jotka sisältönsä vuoksi eivät edellytä valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyä; sekä

4) Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetuista muista kuin maakunnan taloutta koskevista asioista.

Asianomainen ministeri esittelee asian presidentin päätettäväksi. Valtioneuvoston kokoonpanon muutoksen, joka koskee koko valtioneuvostoa, esittelee kuitenkin valtioneuvoston asianomainen esittelijä.

Presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Sotilaallisista nimitysasioista ja tasavallan presidentin kansliaa koskevista asioista presidentti päättää sen mukaan kuin lailla säädetään.

59 § Presidentin este

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Tasavallan presidentin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministeri tai tämänkin ollessa estyneenä pääministerin sijaisena toimiva ministeri.

60 § Valtioneuvosto

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.

61 § Valtioneuvoston muodostaminen

Eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Ennen pääministerin valintaa eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta. Näiden neuvottelujen tuloksen perusteella, kuultuaan eduskunnan puhemiestä presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan.

Jos ehdokas ei saa vaadittavaa enemmistöä, asetetaan samassa järjestyksessä uusi pääministeriehdokas. Jollei uusikaan ehdokas saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan eduskunnassa avoimena äänestyksenä pääministerin vaali. Valituksi tulee tällöin eniten ääniä saanut henkilö.

Valtioneuvostoa nimitettäessä ja sen kokoonpanoa merkittävästi muutettaessa eduskunnan on oltava koolla.

62 § Tiedonanto hallitusohjelmasta

Valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle. Samoin on meneteltävä valtioneuvoston kokoonpanon merkittävästi muuttuessa.

63 § Ministerin sidonnaisuudet

Valtioneuvoston jäsen ei saa ministeriaikanaan hoitaa julkista virkaa eikä sellaista muuta tehtävää, joka voi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa luottamusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

Ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan sekä sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistään ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

64 § Valtioneuvoston ja ministerin ero

Tasavallan presidentti myöntää pyynnöstä eron valtioneuvostolle tai ministerille. Ministerille presidentti voi myöntää eron myös pääministerin aloitteesta.

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Presidentin on ilman esitettyä pyyntöäkin myönnettävä ero valtioneuvostolle tai ministerille, jos tämä ei enää nauti eduskunnan luottamusta.

Jos ministeri valitaan tasavallan presidentiksi tai eduskunnan puhemieheksi, hänet katsotaan eronneeksi tehtävästään siitä päivästä, jolloin hänet on valittu.

65 § Valtioneuvoston tehtävät

Valtioneuvostolle kuuluvat tässä perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus­ ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan.

Valtioneuvosto panee täytäntöön presidentin päätökset.

66 § Pääministerin tehtävät

Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministeri johtaa asioiden käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri ja tämänkin ollessa estynyt virkavuosiltaan vanhin ministeri.

67 § Valtioneuvoston päätöksenteko

Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa ministeriössä. Yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Valtioneuvoston ratkaisuvallan järjestämisen perusteista säädetään tarkemmin lailla.

Valtioneuvostossa käsiteltävät asiat on valmisteltava asianomaisessa ministeriössä. Valtioneuvostossa voi olla ministerivaliokuntia asioiden valmistelua varten.

Valtioneuvoston yleisistunto on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

68 § Ministeriöt

Valtioneuvostossa on tarvittava määrä ministeriöitä. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta.

Ministeriön päällikkönä on ministeri.

Ministeriöiden enimmäismäärästä ja niiden muodostamisen yleisistä perusteista säädetään lailla. Ministeriöiden toimialasta ja asioiden jaosta niiden kesken sekä valtioneuvoston muusta järjestysmuodosta säädetään lailla tai valtioneuvoston antamalla asetuksella.

69 § Valtioneuvoston oikeuskansleri

Valtioneuvoston yhteydessä on oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, jotka tasavallan presidentti nimittää ja joiden tulee olla eteviä laintuntijoita. Presidentti määrää lisäksi apulaisoikeuskanslerille

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enintään viiden vuoden määräajaksi sijaisen, joka apulaisoikeuskanslerin ollessa estyneenä hoitaa tämän tehtäviä.

Apulaisoikeuskanslerista ja tämän sijaisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeuskanslerista säädetään.

6 luku Lainsäädäntö 70 § Lainsäädäntöaloite

Lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä taikka kansanedustajan lakialoitteella, joka voidaan tehdä eduskunnan ollessa koolla.

71 § Hallituksen esityksen täydentäminen ja peruuttaminen

Hallituksen esitystä voidaan täydentää antamalla uusi täydentävä esitys, tai se voidaan peruuttaa. Täydentävää esitystä ei voida antaa sen jälkeen, kun asiaa valmistellut valiokunta on antanut mietintönsä.

72 § Lakiehdotuksen käsittely eduskunnassa

Lakiehdotus otetaan asiaa valmistelleen valiokunnan annettua siitä mietintönsä eduskunnan täysistunnossa kahteen käsittelyyn.

Lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä esitellään valiokunnan mietintö ja käydään siitä keskustelu sekä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Toisessa käsittelyssä, joka pidetään aikaisintaan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päätyttyä, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Lakiehdotus voidaan ensimmäisen käsittelyn aikana lähettää suuren valiokunnan käsiteltäväksi.

Lakiehdotuksen käsittelystä säädetään tarkemmin eduskunnan työjärjestyksessä.

73 § Perustuslain säätämisjärjestys

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

74 § Perustuslainmukaisuuden valvonta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

75 §

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Ahvenanmaan erityislait

Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain säätämisjärjestyksestä on voimassa, mitä siitä mainituissa laeissa erikseen säädetään.

Ahvenanmaan maakuntapäivien oikeudesta tehdä aloitteita sekä Ahvenanmaan maakuntalakien säätämisestä on voimassa, mitä niistä itsehallintolaissa säädetään.

76 § Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään evankelis­luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.

Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään.

77 § Lain vahvistaminen

Eduskunnan hyväksymä laki on esiteltävä tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Presidentin on päätettävä lain vahvistamisesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu vahvistettavaksi. Presidentti voi hankkia laista lausunnon korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto­oikeudelta.

Jollei presidentti vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Jos eduskunta hyväksyy lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana, se tulee voimaan ilman vahvistusta. Lain katsotaan rauenneen, jos eduskunta ei ole sitä uudestaan hyväksynyt.

78 § Vahvistamatta jääneen lain käsittely

Laki otetaan viipymättä uudelleen käsiteltäväksi eduskunnassa, jos tasavallan presidentti ei ole säädetyn määräajan kuluessa vahvistanut sitä. Laki on valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä eduskunnan täysistunnossa yhden käsittelyn asiana äänten enemmistöllä.

79 § Lain julkaiseminen ja voimaantulo

Jos laki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, tämän tulee ilmetä laista.

Laki, joka on vahvistettu tai tulee voimaan ilman vahvistusta, on tasavallan presidentin allekirjoitettava ja asianomaisen ministerin varmennettava. Valtioneuvoston on tämän jälkeen viipymättä julkaistava laki Suomen säädöskokoelmassa.

Laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Jollei lakia ole julkaistu viimeistään säädettynä voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisemispäivänä.

Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä.

80 § Asetuksen antaminen ja lainsäädäntövallan siirtäminen

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia tässä perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

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perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto.

Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Yleiset säännökset asetusten ja muiden oikeussääntöjen julkaisemisesta ja voimaantulosta annetaan lailla.

7 luku Valtiontalous 81 § Valtion verot ja maksut

Valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla.

82 § Valtion lainanotto ja valtion antamat vakuudet

Valtion lainanoton tulee perustua eduskunnan suostumukseen, josta ilmenee uuden lainanoton tai valtionvelan enimmäismäärä.

Valtiontakaus ja valtiontakuu voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla.

83 § Valtion talousarvio

Eduskunta päättää varainhoitovuodeksi kerrallaan valtion talousarvion, joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi ja siihen liittyvät muut hallituksen esitykset annetaan hyvissä ajoin ennen varainhoitovuoden alkua eduskunnan käsiteltäväksi. Talousarvioesityksen täydentämisestä ja peruuttamisesta on voimassa, mitä 71 §:ssä säädetään.

Kansanedustaja voi talousarvioesityksen johdosta tehdä ehdotuksen valtion talousarvioon otettavaksi määrärahaksi tai muuksi päätökseksi talousarvioaloitteella.

Valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan valtiovarainvaliokunnan annettua siitä mietintönsä täysistunnossa ainoassa käsittelyssä. Eduskunnan työjärjestyksessä säädetään tarkemmin talousarvioesityksen käsittelystä eduskunnassa.

Jos valtion talousarvion julkaiseminen viivästyy yli varainhoitovuoden vaihteen, hallituksen talousarvioesitystä noudatetaan väliaikaisesti talousarviona eduskunnan päättämällä tavalla.

84 § Talousarvion sisältö

Valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion perustelut. Lailla voidaan säätää, että talousarvioon voidaan ottaa joistakin toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista niiden erotusta vastaavat

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tuloarviot tai määrärahat.

Talousarvioon otettavien tuloarvioiden on katettava siihen otettavat määrärahat. Määrärahoja katettaessa voidaan ottaa huomioon valtion tilinpäätöksen mukainen ylijäämä tai alijäämä sen mukaan kuin lailla säädetään.

Toisiinsa liittyviä tuloja ja menoja vastaavat tuloarviot ja määrärahat voidaan ottaa talousarvioon usealta varainhoitovuodelta sen mukaan kuin lailla säädetään.

Valtion liikelaitosten toiminnan ja talouden yleisistä perusteista säädetään lailla. Liikelaitoksia koskevia tuloarvioita ja määrärahoja otetaan talousarvioon vain siltä osin kuin lailla säädetään. Eduskunta hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitosten keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet.

85 § Talousarvion määrärahat

Määrärahat otetaan valtion talousarvioon kiinteinä määrärahoina, arviomäärärahoina tai siirtomäärärahoina. Arviomäärärahaa saa ylittää ja siirtomäärärahaa siirtää käytettäväksi varainhoitovuoden jälkeen sen mukaan kuin lailla säädetään. Kiinteää määrärahaa ja siirtomäärärahaa ei saa ylittää eikä kiinteää määrärahaa siirtää, ellei sitä ole lailla sallittu.

Määrärahaa ei saa siirtää talousarvion kohdasta toiseen, ellei sitä ole talousarviossa sallittu. Lailla voidaan kuitenkin sallia määrärahan siirtäminen sellaiseen kohtaan, johon sen käyttötarkoitus läheisesti liittyy.

Talousarviossa voidaan antaa määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajoitettu valtuus sitoutua varainhoitovuonna menoihin, joita varten tarvittavat määrärahat otetaan seuraavien varainhoitovuosien talousarvioihin.

86 § Lisätalousarvio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys lisätalousarvioksi, jos talousarvion muuttamiseen on perusteltua tarvetta.

Kansanedustaja voi tehdä talousarvioaloitteen lisätalousarvioesitykseen välittömästi liittyväksi talousarvion muutokseksi.

87 § Talousarvion ulkopuoliset rahastot

Lailla voidaan säätää valtion rahaston jättämisestä talousarvion ulkopuolelle, jos valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. Talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttötarkoituksen olennaista laajentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

88 § Yksityisen laillinen saatava valtiolta

Jokaisella on oikeus talousarviosta riippumatta saada valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu.

89 § Valtion palvelussuhteen ehtojen hyväksyminen

Eduskunnan asianomainen valiokunta hyväksyy eduskunnan puolesta valtion henkilöstön

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palvelussuhteen ehtoja koskevan sopimuksen siltä osin kuin eduskunnan suostumus on tarpeen.

90 § Valtiontalouden valvonta ja tarkastus

Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tätä varten eduskunnassa on tarkastusvaliokunta, jonka tulee saattaa eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa. (25.5.2007/596)

Valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamista varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastusviraston asemasta ja tehtävistä säädetään tarkemmin lailla.

Tarkastusvaliokunnalla ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta valvontansa kohteina olevilta tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot. (25.5.2007/596)

91 § Suomen Pankki

Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sen mukaan kuin lailla säädetään. Eduskunta valitsee pankkivaltuutetut valvomaan Suomen Pankin toimintaa.

Eduskunnan asianomaisella valiokunnalla ja pankkivaltuutetuilla on oikeus saada Suomen Pankin valvontaa varten tarvitsemansa tiedot.

92 § Valtion omistukset

Lailla säädetään toimivallasta ja menettelystä käytettäessä valtion osakasvaltaa yhtiöissä, joissa valtiolla on määräysvalta. Niin ikään lailla säädetään, milloin määräysvallan hankkimiseen valtiolle yhtiössä tai määräysvallasta luopumiseen vaaditaan eduskunnan suostumus.

Valtion kiinteää omaisuutta voidaan luovuttaa vain eduskunnan suostumuksella tai sen mukaan kuin lailla säädetään.

8 luku Kansainväliset suhteet 93 § Toimivalta kansainvälisissä asioissa

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään.

Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.

94 § Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen

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Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen.

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.

95 § Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan tasavallan presidentin antamalla asetuksella.

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Laissa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. Yleiset säännökset valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden julkaisemisesta annetaan lailla.

96 § Eduskunnan osallistuminen Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun

Eduskunta käsittelee ehdotukset sellaisiksi säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään Euroopan unionissa ja jotka muutoin perustuslain mukaan kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan.

Valtioneuvoston on toimitettava kirjelmällään 1 momentissa tarkoitettu ehdotus eduskunnalle viipymättä siitä tiedon saatuaan eduskunnan kannan määrittelyä varten. Ehdotus käsitellään suuressa valiokunnassa ja yleensä yhdessä tai useammassa sille lausuntonsa antavassa muussa valiokunnassa. Ulko­ ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva ehdotus käsitellään kuitenkin ulkoasiainvaliokunnassa. Suuri valiokunta tai ulkoasiainvaliokunta voi tarvittaessa antaa ehdotuksesta lausunnon valtioneuvostolle. Puhemiesneuvosto voi päättää tällaisen asian ottamisesta keskusteltavaksi myös täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiasta.

Valtioneuvoston on annettava asianomaisille valiokunnille tiedot asian käsittelystä Euroopan unionissa. Suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle on ilmoitettava myös valtioneuvoston kanta asiassa.

97 § Eduskunnan tietojensaantioikeus kansainvälisissä asioissa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko­ ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Eduskunnan suuren valiokunnan tulee vastaavasti saada selvitys muiden asioiden valmistelusta Euroopan unionissa. Puhemiesneuvosto voi päättää selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiasta.

Pääministerin tulee antaa eduskunnalle tai sen valiokunnalle tietoja Eurooppa­neuvoston kokouksessa

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käsiteltävistä asioista etukäteen sekä viipymättä kokouksen jälkeen. Samoin on meneteltävä valmisteltaessa muutoksia niihin sopimuksiin, joihin Euroopan unioni perustuu.

Eduskunnan asianomainen valiokunta voi edellä tarkoitettujen selvitysten tai tietojen johdosta antaa valtioneuvostolle lausunnon.

9 luku Lainkäyttö 98 § Tuomioistuimet

Yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet.

Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto­oikeus ja alueelliset hallinto­oikeudet.

Tuomiovaltaa erikseen määrätyillä toimialoilla käyttävistä erityistuomioistuimista säädetään lailla.

Satunnaisten tuomioistuinten asettaminen on kielletty.

99 § Ylimpien tuomioistuinten tehtävät

Ylintä tuomiovaltaa riita­ ja rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä hallintolainkäyttöasioissa korkein hallinto­oikeus.

Ylimmät tuomioistuimet valvovat lainkäyttöä omalla toimialallaan. Ne voivat tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.

100 § Ylimpien tuomioistuinten kokoonpano

Korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto­oikeudessa on presidentti ja tarpeellinen määrä muita jäseniä.

Ylimmät tuomioistuimet ovat tuomionvoipia viisijäsenisinä, jollei laissa erikseen säädetä muuta jäsenmäärää.

101 § Valtakunnanoikeus

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto­oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Valtakunnanoikeus käsittelee myös 113 §:ssä tarkoitetun syytteen.

Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto­oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä sekä viisi eduskunnan valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

Valtakunnanoikeuden kokoonpanosta, tuomionvoivasta jäsenmäärästä ja toiminnasta säädetään tarkemmin lailla.

102 § Tuomarien nimittäminen

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Tasavallan presidentti nimittää vakinaiset tuomarit laissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Muiden tuomarien nimittämisestä säädetään lailla.

103 § Tuomarien virassapysymisoikeus

Tuomaria ei voida julistaa virkansa menettäneeksi muutoin kuin tuomioistuimen tuomiolla. Häntä ei saa myöskään ilman suostumustaan siirtää toiseen virkaan, ellei siirto aiheudu tuomioistuinlaitoksen uudelleen järjestämisestä.

Lailla säädetään tuomarin velvollisuudesta erota virasta määräiässä tai työkykynsä menetettyään.

Tuomarien virkasuhteen perusteista muutoin säädetään erikseen lailla.

104 § Syyttäjät

Syyttäjälaitosta johtaa ylimpänä syyttäjänä valtakunnansyyttäjä, jonka nimittää tasavallan presidentti. Syyttäjälaitoksesta säädetään tarkemmin lailla.

105 § Armahdus

Tasavallan presidentti voi yksittäisessä tapauksessa saatuaan lausunnon korkeimmalta oikeudelta armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta tai muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta joko kokonaan tai osittain.

Yleisestä armahduksesta on säädettävä lailla.

10 luku Laillisuusvalvonta 106 § Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

107 § Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

108 § Valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävät

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.

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Oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle.

109 § Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle.

110 § Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen syyteoikeus ja tehtävien jako

Syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää oikeuskansleri tai oikeusasiamies. Nämä voivat ajaa syytettä tai määrätä syytteen nostettavaksi myös muussa laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asiassa.

Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisestä tehtävien jaosta voidaan säätää lailla, kaventamatta kuitenkaan kummankaan laillisuusvalvontaa koskevaa toimivaltaa.

111 § Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tietojensaantioikeus

Oikeuskanslerilla ja oikeusasiamiehellä on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot.

Oikeuskanslerin tulee olla läsnä valtioneuvoston istunnoissa ja esiteltäessä asioita tasavallan presidentille valtioneuvostossa. Oikeusasiamiehellä on oikeus olla läsnä näissä istunnoissa ja esittelyissä.

112 § Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen laillisuuden valvonta

Jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston tai ministerin taikka tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta huomautukseen, hänen tulee esittää huomautuksensa perusteluineen. Jos se jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Myös oikeusasiamiehellä on vastaava oikeus tehdä huomautus ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Jos presidentin päätös on lainvastainen, valtioneuvoston tulee saatuaan lausunnon oikeuskanslerilta ilmoittaa, ettei päätöstä voida panna täytäntöön, sekä esittää presidentille päätöksen muuttamista tai peruuttamista.

113 § Tasavallan presidentin rikosoikeudellinen vastuu

Jos oikeuskansleri, oikeusasiamies tai valtioneuvosto katsoo tasavallan presidentin syyllistyneen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan, asiasta on ilmoitettava eduskunnalle. Jos eduskunta tällöin kolmella neljäsosalla annetuista äänistä päättää syytteen nostettavaksi, valtakunnansyyttäjän on ajettava syytettä valtakunnanoikeudessa ja presidentin on pidättäydyttävä siksi ajaksi toimestaan. Muissa tapauksissa presidentin virkatoimesta ei saa nostaa syytettä.

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114 § Ministerisyytteen nostaminen ja käsittely

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa käsitellään valtakunnanoikeudessa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton valtioneuvoston jäsenen menettelyn lainvastaisuudesta. Eduskunnan tulee ennen päätöstä syytteen nostamisesta varata valtioneuvoston jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen. Asiaa käsitellessään valiokunnan tulee olla täysilukuinen.

Syytettä valtioneuvoston jäsentä vastaan ajaa valtakunnansyyttäjä.

115 § Ministerivastuuasian vireillepano

Valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille:

1) oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella;

2) vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella; sekä

3) eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä.

Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta.

116 § Ministerisyytteen nostamisen edellytykset

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

117 § Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen oikeudellinen vastuu

Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta, syytteen nostamisesta heitä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa sekä tällaisen syytteen käsittelystä on voimassa, mitä 114 ja 115 §:ssä valtioneuvoston jäsenestä säädetään.

118 § Vastuu virkatoimista

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.

Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta

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ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

11 luku Hallinnon järjestäminen ja itsehallinto 119 § Valtionhallinto

Valtion keskushallintoon voi kuulua valtioneuvoston ja ministeriöiden lisäksi virastoja, laitoksia ja muita toimielimiä. Valtiolla voi lisäksi olla alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Eduskunnan alaisesta hallinnosta säädetään erikseen lailla.

Valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Valtion alue­ ja paikallishallinnon perusteista säädetään niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä voidaan muutoin säätää asetuksella.

120 § Ahvenanmaan erityisasema

Ahvenanmaan maakunnalla on itsehallinto sen mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään.

121 § Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto

Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.

Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.

Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.

122 § Hallinnolliset jaotukset

Hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen­ ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Kuntajaon perusteista säädetään lailla.

123 § Yliopistot ja muut opetuksen järjestäjät

Yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Valtion ja kuntien järjestämän muun opetuksen perusteista samoin kuin oikeudesta järjestää vastaavaa opetusta yksityisissä oppilaitoksissa säädetään lailla.

124 § Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on

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tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

125 § Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet

Lailla voidaan säätää, että määrättyihin julkisiin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

126 § Nimittäminen valtion virkoihin

Tasavallan presidentti nimittää ministeriöiden kansliapäälliköt samoin kuin tasavallan presidentin kanslian päällikön ja esittelijät sekä määrää tehtävään edustustojen päälliköt. Presidentti nimittää ja määrää tehtävään myös ne muut virkamiehet, joiden nimittäminen tai tehtävään määrääminen säädetään muualla tässä perustuslaissa tai lailla presidentin tehtäväksi.

Valtioneuvosto nimittää niihin valtion virkoihin, joihin nimittämistä ei ole säädetty presidentin, ministeriön tai muun viranomaisen tehtäväksi.

12 luku Maanpuolustus 127 § Maanpuolustusvelvollisuus

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.

128 § Puolustusvoimien ylipäällikkyys

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle.

Presidentti nimittää upseerit.

129 § Liikekannallepano

Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä puolustusvoimien liikekannallepanosta. Jollei eduskunta ole tällöin kokoontuneena, se on heti kutsuttava koolle.

13 luku Loppusäännökset 130 § Voimaantulo

Tämä perustuslaki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

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Perustuslain täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset annetaan erityisellä lailla.

131 § Kumottavat perustuslait

Tällä perustuslailla kumotaan niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) 17 päivänä heinäkuuta 1919 annettu Suomen Hallitusmuoto;

2) 13 päivänä tammikuuta 1928 annettu valtiopäiväjärjestys;

3) valtakunnanoikeudesta 25 päivänä marraskuuta 1922 annettu laki (273/1922); sekä

4) eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta 25 päivänä marraskuuta 1922 annettu laki (274/1922).

HE 1/1998, PeVM 10/1998, EV 262/1998, LJL 1/1999, PeVM 1/1999, EK 15/1999 Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen: 25.5.2007/596:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

HE 71/2006, PNE 2/2006, PeVM 10/2006, EV 202/2006, LJL 2/2007, PeVM 1/2007, EK 9/2007

24.8.2007/802:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

HE 102/2003, PeVM 5/2005, EV 111/2005, LJL 1/2007, PeVM 2/2007, EK 11/2007

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WIPO Lex No. FI099