La ciberdelincuencia y la piratería lesiva del derecho de autor: dificultades de observancia en la India

Por Arpan Banerjee y Neil Gane, Alliance of Creativity and Entertainment (ACE), Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

En los últimos años, los problemas relativos a la piratería de contenidos en línea han aumentado en todo el mundo. Los motivos son ampliamente conocidos, a saber, un aumento de las plataformas ilegales de transmisión en continuo y los sitios web que contienen archivos torrent; sitios web fraudulentos de servicios que ignoran la piratería cometida en sus servidores; y la facilidad y el anonimato que ofrecen algunos intermediarios en línea. Además, los vínculos entre la ciberdelincuencia de alta tecnología y la piratería generan otros peligros. Si bien los Gobiernos de todo el mundo están lidiando con esos obstáculos, la India merece especial atención, puesto que cuenta con una industria cinematográfica de importancia mundial que se ve menoscabada por la piratería generalizada y un entorno que dificulta la observancia de la legislación.

El nexo entre la piratería y la ciberdelincuencia

En 2010, la Comisión sobre Piratería (CoP) del Gobierno de la India señaló que la piratería está relacionada con una pérdida importante de ingresos y empleo. Predijo que la llegada de los teléfonos inteligentes y la tecnología 3G “facilitarían en gran medida que se cometan todo tipo de actos de piratería cinematográfica”. Efectivamente, en la actualidad los principales servicios de transmisión en continuo de la India son objeto de piratería masiva a diario. Como en otros países, los grupos piratas en la India se benefician principalmente de las tasas de suscripción de los usuarios o de los ingresos por publicidad. El primer método, aun atrevido, no precisa mayor explicación. En cambio, el segundo es más insidioso, debido a la presencia de los anunciantes de alto riesgo que promueven enlaces sospechosos. Una investigación de McAfee ha hecho un seguimiento de películas y programas indios objeto de piratería y ha señalado que ese tipo de enlaces “instalan programas malignos o roban contraseñas e información personal.”

Para obtener más información al respecto, entrevistamos al teniente general Rajesh Pant, un notable veterano militar especialista en ciberseguridad que actualmente asesora al Gobierno indio en calidad de coordinador nacional de ciberseguridad (NCSC). Según Pant, “los programas informáticos malignos son el punto de partida de todos los ciberataques que combatimos, ya se trate de fraudes financieros, de piratería, de robo de datos o de un ataque a un sector estratégico. Todo comienza con un señuelo o anzuelo informático”.

Pant enumeró algunas iniciativas recientes del Gobierno dirigidas a hacer frente a las amenazas, como el Repositorio Nacional de Programas Malignos y el Centro Indio de Coordinación contra la Ciberdelincuencia (I4C). En particular, el I4C administra un portal nacional de denuncia de la ciberdelincuencia que permite denunciar los actos de piratería, estén relacionados o no con los programas malignos. Pant añadió que la piratería y los ataques con programas malignos están perseguidos de forma separada en virtud de la Ley de derecho de autor de 1957 y la Ley de tecnologías de la información de 2000, respectivamente.

Observancia de la legislación penal

A pesar de los excelentes conocimientos especializados del NCSC y el I4C, debido al carácter federal de la India, la competencia de investigar la piratería en general corresponde a los gobiernos estatales. Por lo tanto, la eficacia de la observancia de las normas contra la piratería en la India a menudo depende de la labor de los órganos subnacionales, más que de los nacionales. En este contexto, la CoP ha observado que “la piratería está lejos de ser una prioridad para los organismos encargados del cumplimiento de la ley”. Asimismo, la International Intellectual Property Alliance ha reiterado que la observancia de la legislación penal en la India es “muy desalentadora” y adolece de una “falta de voluntad de cumplimiento a escala local y demoras considerables”.

La persecución de la piratería fuera de las ciudades principales parece ser especialmente difícil. Por ejemplo, se ha examinado la documentación de un asunto con mucha repercusión que tuvo lugar en la ciudad de Jabalpur (Rahul Mehta c. estado de Madhya Pradesh (2015)). En 2015, la policía de Jabalpur detuvo a un grupo por piratear Baahubali, una de las películas indias más famosas de todos los tiempos. El tribunal judicial puso al acusado en libertad bajo fianza. Sin embargo, la causa todavía está pendiente y no hay constancia de que se haya celebrado ninguna audiencia desde 2017. Para más inri, el acusado volvió a ser detenido en Hiderabad por piratear Baahubali 2, secuela igualmente exitosa de la película mencionada. Recientemente, el Tribunal Supremo de la India ha declarado, al resolver el asunto Knit Pro International c. estado de Delhi (2022), que la infracción penal del derecho de autor es un delito “que no admite libertad bajo fianza” y que es “competencia del tribunal” (es decir, el sospechoso puede ser detenido sin una orden de detención y solo un tribunal puede ponerlo en libertad bajo fianza). Ahora bien, los efectos de esta decisión en la práctica son inciertos.

Muchos titulares de derechos son conscientes de las ventajas de disuadir a los infractores mediante la persecución penal.

El modelo de la MIPCU

A escala estatal, existe un nuevo modelo de observancia que consiste en una unidad policial creada en el estado de Maharashtra (cuya capital, Bombay, es el centro neurálgico de Bollywood). En 2017, el gobierno de Maharashtra constituyó la Unidad contra los Delitos relativos a la Propiedad Intelectual de Maharashtra (MIPCU) para proporcionar a los titulares de derechos una mejor observancia de la ley.

La MIPCU es una división de Maharashtra Cyber, el departamento de la policía estatal que se encarga de perseguir la ciberdelincuencia, y está estructurada en forma de alianza público-privada. Para saber más al respecto, visitamos las oficinas de Maharashtra Cyber y nos reunimos con los oficiales al mando actualmente, Yashasvi Yadav, inspector general especial de policía, y Sanjay Shintre, superintendente de policía. También nos reunimos con el equipo de profesionales informáticos que representan el núcleo de la MIPCU y los entrevistamos por medio de un cuestionario escrito (al que prefirieron responder de manera colectiva como el “Equipo de la MIPCU”).

Yadav reconoció que la piratería “estaba muy extendida” en la India y confirmó que existe un vínculo entre la piratería y los programas informáticos malignos. En este sentido, afirmó que “algunos proveedores de programas malignos utilizan contenido pirateado como trampa. Su principal negocio no es la piratería, sino que su verdadera intención es infectar las computadoras, robar datos o instalar programas espía. Las personas son propensas a hacer clic en programas y contenido gratuitos”. Yadav añadió que rastrear a quienes cometen dichos actos maliciosos “no es una tarea fácil”, puesto que a menudo ocultan sus huellas mediante tecnologías como redes privadas virtuales (VPN) o buscadores anónimos como Tor.

Sin embargo, los delincuentes cibernéticos en ocasiones cometen errores, como señaló Shintre, que mencionó una causa de 2021, la de ThopTV, una aplicación pirata conocida que se financiaba mediante las tasas de suscripción. Aparentemente, quien estaba detrás de ThopTV había desvelado su ubicación de forma no intencionada, lo cual permitió a Maharashtra Cyber intervenir y detenerlo. Es interesante señalar que la detención tuvo lugar en Hiderabad, fuera de Maharashtra. En mayo de 2022, Maharashtra Cyber detuvo a un cómplice cerca de Calcuta. Yadav y Shintre explicaron que Maharshtra Cyber está facultado para perseguir a piratas fuera de Maharashtra si el contenido pirateado se ha difundido en su territorio. Sin embargo, esta intervención está sujeta al registro de un “primer parte de información” (FIR) en Maharashtra. Dicho de otro modo, esta acción policial solo puede realizarse cuando el titular del derecho de autor presenta una denuncia penal, tras la cual la policía prepara un informe. La obligación de presentar la denuncia recae sobre el titular del derecho de autor.

A pesar de las posibles ventajas, la MIPCU tiene limitaciones. Para empezar, no puede cerrar directamente los sitios web y aplicaciones en los que se cometen actos de piratería. Esta facultad es competencia administrativa del Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la información (MEITY) de la India. Además, las respuestas del Equipo de la MIPCU a nuestro cuestionario indican que la unidad depende en gran medida del cumplimiento voluntario. A este respecto, el Equipo de la MIPCU observó numerosas dificultades, desde servicios de alojamiento infractores en “lugares fraudulentos” fuera de la India hasta plataformas de piratería “exclusivas para miembros”, ocultas al público.

Otras limitaciones que se plantean son la lentitud en la ejecución de las medidas de retirada del contenido durante los fines de semana, y en el caso de algunas aplicaciones móviles se tarda hasta dos semanas en actuar. Además, Yadav señaló que, a pesar de la omnipresencia de la piratería en línea, los titulares de los derechos no transmiten suficientes FIR ante Maharashtra Cyber. “Solo he visto unos cuantos”, afirmó. En opinión de Yadav, esto limita la capacidad de la policía para intensificar las actuaciones.

Sin embargo, muchos titulares de derechos son conscientes de las ventajas de disuadir a los infractores mediante la persecución penal. En otra entrevista, Anil Lale, consejero general de Viacom 18, nos informó de que habían presentado numerosas quejas ante Maharashtra Cyber, en particular, un FIR en la causa de ThopTV (respecto de la cual Lale elogió la “admirable actuación” de la MIPCU).

Lale no quiso hacer comentarios sobre las estrategias de otras empresas de comunicación de contenidos, pero formuló alguna sugerencia sobre los posibles motivos por los que el número de FIR es reducido. Hizo referencia a problemas sistémicos en el sistema jurídico y de observancia de la legislación, la dificultad de perseguir a los piratas ubicados en el extranjero y la tendencia (comprensible) de muchos titulares de derechos a priorizar la retirada del contenido pirateado respecto de la persecución de los infractores. Además, según Lale, dado que la MIPCU es un organismo estatal, tiene potestad y recursos inherentemente limitados. Habida cuenta de estos obstáculos, planteó que tal vez sería más eficaz crear un organismo nacional de mayor envergadura que se encargue de recibir e investigar las denuncias presentadas en toda la India.

La lucha contra la piratería en línea en la India (y en el extranjero) se ve […] menoscabada por desafíos universales y locales.

Observancia de la legislación civil

En el ámbito del Derecho civil, la situación en la India parece más prometedora. En numerosos estados de este país se han establecido tribunales de procedimientos acelerados y, recientemente, el Tribunal Superior de Delhi ha constituido una División de Propiedad Intelectual. Cabe señalar especialmente la postura del Tribunal Superior de Delhi respecto de la piratería cinematográfica en línea (resumida con pericia por la magistrada Pratibha Singh, de la División de Propiedad Intelectual, en una presentación reciente en la OMPI [PDF]). En el asunto UTV Software Communications Ltd. c. 1337X.to (2019), que sentó jurisprudencia, el tribunal reconoció las acciones de cesación “dinámicas” (que impiden a las páginas web cambiar de URL) y criterios específicos para determinar cuándo deben bloquearse los “sitios web fraudulentos” (es decir, sitios web que “principal o predominantemente comparten contenido infractor”). Pant explicó que los funcionarios del MEITY se reúnen con regularidad entre sí y con intermediarios para ejecutar esas órdenes de bloqueo. El MEITY da instrucciones al Departamento de Telecomunicaciones para que este informe a los proveedores de servicios de Internet de que deben bloquear una dirección IP, lo cual puede realizarse “en cuestión de minutos”, añadió. Más recientemente, el Tribunal Superior de Delhi ordenó a Telegram, en el asunto Neetu Singh c. Telegram (2022), que revelara información sobre las personas que suben contenido pirateado.

Sin embargo, para cuando se emita una orden judicial y acabe ejecutándose, es posible que ya haya proliferado el contenido pirateado. Esta deficiencia (que no es específica de la India) es especialmente relevante para la transmisión en continuo de contenido pirata de entretenimiento y acontecimientos deportivos en directo. Las costas judiciales, que pueden ser tan elevadas que sean prohibitivas para las empresas más pequeñas, constituyen otro obstáculo importante en los procesos judiciales civiles.

Perspectivas de futuro

La lucha contra la piratería en línea en la India (y en el extranjero) está evidentemente menoscabada por desafíos mundiales y locales. A nivel mundial, los desafíos abarcan desde las técnicas sofisticadas de los delincuentes cibernéticos hasta problemas de jurisdicción internacional. Por otra parte, los desafíos locales consisten principalmente en problemas sistémicos de los organismos encargados del cumplimiento de la ley y del sistema de justicia penal. Desde una perspectiva realista, este último aspecto tal vez sea el único respecto del que el Gobierno indio puede hacer algo.

La CoP ha observado que la piratería se considera, erróneamente, un delito “de bajo riesgo y grandes beneficios” en la India, donde los organismos encargados del cumplimiento de la ley deben hacer frente a “actividades delictivas atroces”. Sin embargo, si los vínculos entre la piratería y los programas malignos se pusieran más de manifiesto- mediante estudios de investigación, simposios y talleres de formación policial-, la piratería debería ascender automáticamente en la escala de prioridad, considerarse un delito grave y recibir más atención. Esta tarea podría desempeñarla la Cell for IPR Promotion and Management (unidad de promoción y gestión de los derechos de PI, CIPAM), entidad de formación y sensibilización creada por el Gobierno Indio en 2016. En el sitio web de la CIPAM se muestra que ha organizado varios talleres educativos y una campaña contra la piratería en la que han participado importantes estrellas de Bollywood.

FPor último, muchos gobiernos estatales pueden plantearse crear sus propias unidades contra la ciberdelincuencia relacionada con la propiedad intelectual. Es probable que estas unidades atraigan el respaldo y el apoyo de la industria si funcionan con un objetivo y de forma eficiente en cuanto a los costos. No cabe duda de que esas unidades, si anteponen la certeza de las consecuencias punitivas a la severidad de las mismas, también prestarán un servicio con el que la mayor parte de los titulares de derechos desearían contar.