El derecho de préstamo público y su función

Por Jim Parker, coordinador de la PLR International Network

El derecho de préstamo público es el derecho que permite a los autores y otros titulares de derechos percibir pagos de los gobiernos para compensar el préstamo gratuito de sus libros por bibliotecas públicas y de otros tipos.

Maureen Duffy, escritora y avezado miembro del grupo de autores que consiguió que el derecho fuese reconocido en el Reino Unido en 1979 tras una lucha de 20 años, explica brevemente en qué consiste:

“En primer lugar, y ante todo, el derecho de préstamo público defiende el principio por el que no se puede usar algo sin pagar por ello. Se trata del principio en que se basa el concepto de “remuneración equitativa”, que también se extiende a las fotocopias y usos digitales. Este principio se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que todos tenemos derecho a una remuneración por la explotación de nuestro trabajo. A quienes afirman que esto contraviene otro derecho universal, como el acceso al conocimiento y la cultura, nosotros les respondemos que estimula la creación de nuevas obras, y que no se pide a los profesores que trabajen por nada.”

Actualmente, 33 países poseen sistemas de derecho de préstamo público. El derecho de préstamo se contempla en la legislación de la Unión Europea desde 1992. Excepto cuatro, todos los países con sistemas de derecho de préstamo público se encuentran en Europa.

Dinamarca fue el primer país en crear su sistema de derecho de préstamo público en 1946, seguido de Noruega en 1947 y Suecia en 1954. Sin embargo, la idea de un derecho de préstamo público nació en 1919, año en que la asociación de autores nórdicos aprobó una resolución en la que instaba a los gobiernos a compensar a los autores por el préstamo bibliotecario de sus libros.

Nueva Zelandia fue el primer país fuera de Europa en crear un sistema de derecho de préstamo público en 1973, seguido de Australia en 1974 y el Canadá e Israel en 1986.

Cerca de otros 26 países reconocen el derecho legal de los autores a conceder licencias para el préstamo de sus obras, pero aún no han establecido sistemas para permitirles percibir una remuneración correspondiente a sus derechos de préstamo público. Este es a menudo el caso de países que no disponen de organismos de gestión colectiva que administren un sistema de derecho de préstamo público o donde la legislación no prevé ninguna obligación en concepto de este derecho por el préstamo de libros que realizan las bibliotecas públicas, lo cual constituye el elemento esencial de la mayoría de los sistemas de derecho de préstamo público.

El sistema que se ha puesto en marcha más recientemente es el de Polonia, donde los autores empezaron a recibir pagos en 2016 por el préstamo de sus libros realizado por las bibliotecas públicas.

El fundamento jurídico del derecho de préstamo público

La mayoría de los sistemas de derecho de préstamo público se encuentra en Europa, donde, conforme a la Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo, los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a proporcionar a los autores un derecho exclusivo sobre el préstamo de sus obras o, como mínimo, prever una remuneración por el préstamo de estas.

En virtud de esta Directiva (aprobada en 1992 y codificada en 2006), se concede a los autores y otros titulares de derechos el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el préstamo de sus obras por las bibliotecas. Sin embargo, los Estados miembros pueden establecer excepciones al derecho exclusivo siempre que los autores obtengan una remuneración por esos préstamos. Los miembros de la UE deben incluir a las bibliotecas públicas en sus regímenes de derecho de préstamo público, pero pueden excluir el préstamo de obras de autores de otras categorías de bibliotecas. Además, pueden dar prioridad a sus objetivos nacionales de promoción cultural al instaurar sus regímenes de derecho de préstamo público.

A pesar de ello, el derecho de préstamo no es un requisito previsto en la legislación internacional de derecho de autor, y los gobiernos fuera de la Unión Europea no están obligados a crear estos sistemas. En consecuencia, este derecho se ha extendido de forma desigual. Por ejemplo, hoy en día no hay ningún sistema de derecho de préstamo público en África, Sudamérica o Asia. Los únicos países fuera de Europa que actualmente tienen en funcionamiento este tipo de sistemas son Australia, el Canadá, Israel y Nueva Zelandia.

Con todo, las cosas están cambiando: Malawi y Grecia han aprobado recientemente leyes de derechos de préstamo público y se están preparando para establecer regímenes al respecto, el Gobierno de la RAE de Hong Kong ha acordado, en principio, adoptar este derecho y en Turquía hay un proyecto de ley de derecho de autor que lo regula y que está pendiente de autorización ministerial para su posterior presentación al parlamento.

Por último, el derecho de préstamo público puede formar parte de la estructura de apoyo de un país a su lengua y cultura. En varios países europeos, como Dinamarca, Noruega y Suecia, el derecho de préstamo público solo se paga a autores que escriben en la lengua o las lenguas nacionales del país. Los sistemas de derecho de préstamo público de Australia y el Canadá también apoyan a sus autores nacionales.

Funcionamiento del derecho de préstamo público

En términos generales, la financiación de los pagos de derechos de préstamo público proviene de los gobiernos centrales o regionales y no de los presupuestos para las bibliotecas. En los pocos casos en que estas pagan los derechos de préstamo público, como los Países Bajos, donde las bibliotecas públicas funcionan como entidades independientes, estos derechos son considerados por la comunidad asociada a la biblioteca como un gravamen legítimo que compensa justamente a los autores por el uso gratuito que hace de sus obras el público.

Existen dos maneras principales de administrar el derecho de préstamo público. En la primera, este derecho es gestionado por un organismo de gestión colectiva junto con otros derechos sobre los que se pueden conceder licencias, como la realización de fotocopias. Este es el caso de países como Alemania, Eslovaquia, España, Lituania y los Países Bajos. En la segunda, el derecho de préstamo público es un derecho a percibir una remuneración amparado por una legislación propia y administrado por un organismo público. Este es el caso del Reino Unido, donde administra este derecho la British Library. Los sistemas de remuneración por derechos de préstamo público también pueden ser financiados directamente por el gobierno sin que exista una base legal, como ocurre en el Canadá, Israel y Malta, aunque tales disposiciones aumentan el riesgo de que estos sistemas tengan que clausurarse.

Métodos de pago del derecho de préstamo público

Lo más común es que la remuneración de los derechos de préstamo público se distribuya a los autores en forma de pagos de acuerdo con la frecuencia con la que las bibliotecas prestan sus obras al público. Este enfoque basado en el pago por préstamo se utiliza en Alemania, Finlandia, Malta, los Países Bajos y el Reino Unido.

Como alternativa, se puede pagar a los autores según el número de ejemplares de sus libros que posean las bibliotecas, como sucede en Australia, el Canadá y Dinamarca.

Otro método importante es vincular los pagos a la compra de libros. Ese es el sistema de Francia, donde parte de la financiación general de los derechos de préstamo público proviene de pequeños pagos realizados por los editores cuando venden un libro a una biblioteca. El resto de la financiación consiste en una pequeña tasa que paga el gobierno por todos los usuarios de bibliotecas registrados.

Muchos países combinan varios elementos de esos métodos. Por ejemplo, en Eslovenia, se abonan pagos a los autores por el préstamo de sus libros, pero la financiación del derecho de préstamo público también se usa para ofrecer subvenciones y becas de estudio a los autores.

¿Quién puede percibir pagos por derechos de préstamo público?

Además de los escritores, otras personas, como los ilustradores, los traductores, los editores y los fotógrafos (a los que se considera autores de diversas maneras según la jurisdicción), contribuyen a la producción de la obra publicada y, por esa condición, suelen tener derecho a obtener pagos de derechos de préstamo público. Además, en algunos países, los editores comparten los ingresos de derechos de préstamo público con los autores.

Actualmente, el derecho se aplica en muchos países a libros impresos y materiales audiovisuales (audiolibros, por ejemplo) prestados por las bibliotecas. En estos países, cada vez más creadores tienen derecho a percibir pagos, entre otros, los compositores, los productores y los narradores de audiolibros.

El préstamo de libros electrónicos está creciendo con rapidez en las bibliotecas públicas de todo el mundo. A raíz de una decisión de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Vereniging Openbare Bibiotheken contra Stichting Leenrecht – Asunto C-174/15), se considera que la Directiva sobre derechos de préstamo abarca el préstamo de libros electrónicos, entendiéndose que solo puede descargarse una copia por usuario, (la copia solo puede prestarse de nuevo cuando el libro electrónico deja de ser utilizable por el usuario anterior). El Reino Unido ha ampliado su sistema de derecho de préstamo público para incluir los préstamos de libros electrónicos en los casos en que la legislación prevea el pago por derechos de préstamo público y permitir al mismo tiempo a los editores proponer distintas opciones para la concesión de licencias. Este año se introducirá en Dinamarca un sistema de pago por préstamos de libros electrónicos. Fuera de Europa, el Canadá incluyó en 2017 los libros electrónicos en su sistema de derecho de préstamo público.

¿Por qué es importante para los autores el derecho de préstamo público?

El pago de los derechos de préstamo público es muy importante en la vida de los autores.

En un tiempo en que los ingresos de los autores generados por la edición están disminuyendo en todo el mundo, este derecho proporciona un apoyo económico vital. Por ejemplo, en el Reino Unido, 24.000 escritores, ilustradores y traductores perciben pagos de hasta un máximo de 6.600 libras esterlinas cada año. Para muchos, sobre todo los que no son escritores de superventas, esta es su principal fuente de ingresos.

En primer lugar, y ante todo, el derecho de préstamo público defiende el principio por el que no se puede usar algo sin pagarlo.

Maureen Duffy, novelista y autora de obras de no ficción

Además, el derecho de préstamo público puede ser un recurso vital para escritores asentados y retirados con una larga lista de obras publicadas aún disponibles para su préstamo en bibliotecas públicas incluso cuando estas ya han sido descatalogadas.

Aparte de pagar a los autores el préstamo de sus obras por las bibliotecas públicas, este derecho también puede abonarse en forma de becas de investigación y viajes, o como pensiones. En algunos países también se puede legar durante un período de hasta 70 años a la familia del autor tras el fallecimiento de este.

El derecho de préstamo público no se limita al préstamo de obras de autores por las bibliotecas públicas. En Australia, por ejemplo, en virtud del derecho de préstamo con fines educativos, se remunera a los autores por los libros que figuran en las colecciones de las bibliotecas escolares. Este es un recurso muy popular entre los escritores de literatura infantil. Por su parte, en Alemania, las bibliotecas de enseñanza superior también se benefician de este derecho.

El derecho también genera otros beneficios para los autores. Por ejemplo, los autores del Reino Unido observan que los datos generados por la oficina encargada del derecho de préstamo público sobre la frecuencia con que las bibliotecas públicas prestan sus libros ayudan mucho a subir la moral, especialmente cuando son préstamos de libros antiguos que ya no están disponibles en las tiendas. “El derecho de préstamo público es algo más que el dinero, aunque esto también se agradece. Recibir el cheque cada año me ayuda a recordar que hay personas que quieren leer mis libros y no solo tenerlos”, apunta la autora Tracy Chevalier.

La Public Lending Right International Network

La PLR International Network reúne a los países con sistemas de derecho de préstamo público para facilitar el intercambio de mejores prácticas y brindar asesoramiento y asistencia técnica a los países que deseen instaurar sus propios sistemas de derecho de préstamo público.

En el sitio web de la PLR International Network (www.plrinternational.com) se puede consultar una guía introductoria sobre el derecho, pautas para una mejor aplicación y una guía básica sobre su funcionamiento en cada país.