La piratería de señales: una amenaza para los organismos de radiodifusión de Asia y el Pacífico

Febrero de 2018

Por Seemantani Sharma, jefa de los Servicios Jurídicos y de Propiedad Intelectual, Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, Kuala Lumpur (Malasia)

La Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico (ABU) es la unión de radiodifusión más grande del mundo y cuenta con una audiencia de aproximadamente 3500 millones de personas en unos 72 países.  Su principal objetivo consiste en unir a los organismos públicos de radiodifusión y las organizaciones nacionales de radiodifusión de uno de los grupos de países más diverso del mundo.  El alcance geográfico de los miembros que la integran abarca desde Turquía al oeste, hasta Samoa al este, y desde Mongolia en la zona septentrional hasta Nueva Zelandia en la zona meridional.  La ABU acepta también entre sus miembros a los organismos de radiodifusión comerciales, siempre y cuando emitan a escala nacional y que una proporción sustancial de su programación sea de producción propia.

Signal piracy is adversely affecting traditional regional broadcasters in the Asia-Pacific region and inadequate legal remedies to tackle the problem are undermining their long-term future (photo: Vertigo3d / iStock / Getty Images Plus).

Los países miembros de la ABU difieren mucho unos de otros en geografía, desarrollo socioeconómico, sistemas jurídicos, composición étnica, idioma y cultura.  En consecuencia, los objetivos comerciales, la escala de operaciones, la pericia tecnológica, la envergadura y el alcance de la producción de contenidos de sus sistemas de radiodifusión y la forma en que se ejecutan son bastante diferentes.  De las ocho uniones regionales de radiodifusión existentes en todo el mundo, ninguna supera a la ABU en lo que a diversidad se refiere.  Sin embargo, los organismos de radiodifusión de Asia y el Pacífico comparten el azote de una misma plaga:  el robo de sus señales emitidas por parte de terceros no autorizados.

¿Cómo afecta la piratería a los organismos de radiodifusión?

Si bien la lucha contra la piratería en materia de programas informáticos, cine y música ha conocido avances sensacionales en los medios populares y en los círculos académicos y reguladores, se ha prestado escasa atención a la piratería de las señales de los organismos de radiodifusión.  La desinformación respecto de la piratería de señales en la región de Asia y el Pacífico se debe a la carencia de cualquier evaluación empírica realista de la envergadura que adquiere esta calamidad en la zona, y de las consiguientes pérdidas financieras que afectan al sector de la radiodifusión.  El último estudio que trató de cuantificar el costo de la piratería en dicha región fue realizado en 2011 por Cable & Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA).  Este estudio cifraba en 2200 millones de dólares estadounidenses las pérdidas acarreadas por la piratería de señales emitidas en el período 2010-2011, y eso que la investigación se centró exclusivamente en las pérdidas incurridas por el sector de la televisión de pago, sin contemplar las soportadas por las televisiones públicas y de servicio abierto.  Es evidente que existe la necesidad acuciante de evaluar las pérdidas sufridas por los organismos de radiodifusión de toda índole, dentro y fuera de la región, pero se trata de una tarea que exige una gran inversión en cuanto a recursos y tiempo.

Aunque sería preciso un análisis más profundo de la situación actual, los datos apuntan a que la piratería de señales emitidas afecta por igual a los organismos de radiodifusión pequeños o grandes, sin importar dónde operen.  De hecho, los de los países en desarrollo y menos adelantados son los que resultan más perjudicados por la piratería de señales, ya que a menudo no se benefician de las economías de escala de las que disfrutan sus contrapartes en los mercados más consolidados.

A causa de la piratería de señales, los organismos públicos de radiodifusión enfrentan dificultades considerables a la hora de vender su contenido local en los mercados extranjeros, sobre todo cuando los espectadores de esos mercados ya tienen acceso al contenido a través de sitios web ilegales.

 Si bien la piratería de señales emitidas afecta a todos los organismos de radiodifusión sin importar su tamaño, los de los países en desarrollo son los más perjudicados, ya que a menudo no se benefician de las economías de escala de las que disfrutan los que operan en mercados más consolidados (foto: M_a_y_a / iStock / Getty Images Plus).

Puede que algunos se pregunten por qué importa tanto esta cuestión.  Bueno, sin los ingresos generados por las ventas internacionales, los organismos de radiodifusión ven mermada su capacidad de inversión en la adquisición, producción, programación y transmisión de contenido local de calidad.  Además, más allá de las pérdidas económicas que sufren los organismos de radiodifusión y los gobiernos, la experiencia ha demostrado que la piratería de señales puede estar vinculada a otras actividades ilegales, como el lavado de dinero y la violación de las regulaciones cambiarias.

La piratería de emisiones y el deporte

La oportunidad y, de hecho, los derechos, de transmitir acontecimientos deportivos de alto nivel en vivo representan una fuente de ingresos esencial para los organismos de radiodifusión tradicionales.  La piratería de señales no solo socava la capacidad de los organismos de radiodifusión de garantizar esos derechos, sino que además puede poner en peligro la sostenibilidad financiera de los eventos deportivos.

La piratería de emisiones deportivas prolifera en toda la región de Asia y el Pacífico.  Si bien en los últimos meses se han detectado videos deportivos no autorizados en aplicaciones de transmisión de flujo continuo en tiempo real, como Meerkat y Periscope, la transmisión por unidifusión (en la que el contenido se almacena en un servidor y se transmite a cada usuario de manera individual) y las redes de intercambio de ficheros entre particulares (P2P) son aún las dos formas de transmisión ilegal preponderantes.

Las emisiones de la Televisión Central de China (CCTV, por sus siglas en inglés), la cadena de televisión estatal de la China, han sufrido reiterados ataques de piratería que han afectado en particular a la transmisión de acontecimientos deportivos, dentro y fuera del país.  La CCTV fue el proveedor exclusivo de contenidos durante los Juegos Olímpicos de verano de Beijing 2008, y como tal consiguió contrarrestar con excelentes resultados la retransmisión no autorizada de programas deportivos a través de Internet.  Sin embargo, no lo logró durante los Juegos Olímpicos de verano celebrados en Río de Janeiro en 2016.  Durante la ceremonia de clausura de este evento deportivo, cerca del 35% de la señal de la CCTV fue pirateada y los videos robados fueron retransmitidos en línea a través de sitios web.

Este es tan solo un ejemplo de las experiencias de uno de los organismos de radiodifusión de la región.  Otros organismos también se enfrentan a problemas similares.  Por ejemplo, en Hong Kong (RAE), la señal de la televisión abierta TVB es sistemáticamente vulnerada y perfectas copias digitales no autorizadas de su programación se ponen de modo casi instantáneo a disposición del público en la China continental, a través de servidores chinos de Internet.  Incluso si presentan demandas contra los piratas ante los tribunales chinos, el monto de las costas correspondientes es tan elevado que supera las cuantías recuperadas en concepto de daños y perjuicios, por lo que la amenaza de acciones jurídicas carece de eficacia.

Y en la India, debido al creciente consumo de contenido digital, los derechos de los organismos de radiodifusión especializados en contenidos deportivos se ven regularmente vulnerados por la retransmisión no autorizada a través de Internet de partidos de cricket.  El problema es particularmente grave para Star India, la emisora oficial de la Indian Premier League.  Durante la temporada 2017, indiantelevision.com calculó que los partidos fueron retransmitidos de manera ilegal en más de 1.700 direcciones independientes de Internet a través de 211 servidores particulares, 122 canales piratas, 51 sitios de alojamiento y 23 proveedores de infraestructura mediante servidores remotos.

a transmisión de acontecimientos deportivos de alto nivel en vivo representa una fuente de ingresos esencial para los organismos de radiodifusión tradicionales.  Sin embargo, la piratería de señales socava la capacidad de los organismos de radiodifusión de garantizar esos derechos y pone en peligro la sostenibilidad financiera de los eventos deportivos (foto: VASILIS VERVERIDIS / Alamy Stock Photo).

Ayuda procedente de una fuente inusitada

Un fallo reciente dictado en Florida (EE.UU.) por un juzgado de lo mercantil abre la puerta a cierto optimismo.  En octubre de 2017, el tribunal competente para la declaración de quiebras que ejerce en el Middle District de Florida sostuvo que la quiebra no puede utilizarse para limitar la responsabilidad pecuniaria en asuntos relacionados con la piratería de señales.  En este caso, un minorista de dispositivos de transmisión en flujo continuo a través de televisión por protocolo de Internet (IPTV) con canales no autorizados fue declarado culpable de distribución ilegal de contenidos televisivos pertenecientes a la CCTV y la TVB de Hong-Kong (RAE), a través de sus dispositivos portátiles de televisión.  Tras una querella interpuesta en 2015, el tribunal ordenó al minorista pagar 55 millones de dólares EE.UU. por daños y perjuicios.  Sin embargo, el minorista recurrió a una treta para eludir el pago de la multa, y se declaró en quiebra.

Aunque en este caso en particular la CCTV y los demás denunciantes ganaran la demanda interpuesta en una jurisdicción extranjera, pocos organismos públicos de radiodifusión de la región disponen de recursos financieros suficientes para emprender ese tipo de acciones, y menos aun los que operan en países en desarrollo y menos adelantados.

Insuficiencia de la ley

La Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, administrada conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), es el principal instrumento jurídico internacional para la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión.  Pero, habida cuenta de que se concertó en 1961, hace casi 60 años, es el producto de una era en la que la red de cable estaba en sus inicios, el uso de satélites para la transmisión de emisiones era algo impensable e Internet ni siquiera era un sueño.

La Convención de Roma tiene un limitado alcance internacional pues solo 93 de los 191 Estados miembros de la OMPI y apenas 17 países de la región de Asia y el Pacífico se han adherido a este tratado que no basta para defender con eficacia varios aspectos de los intereses de los organismos de radiodifusión en el siglo XXI.  Por ejemplo, no protege las señales de los organismos de radiodifusión antes de su emisión.  Las señales anteriores a la emisión son señales portadoras de programas utilizadas para transmitir contenidos entre dos organismos de radiodifusión.  No están destinadas al público.  Despojadas de anuncios, marcas comerciales (logotipos) o cualquier otra representación gráfica de identificación, las señales anteriores a la emisión son más susceptibles de ser pirateadas que las señales tradicionales.

Además, la Convención de Roma solo protege las retransmisiones simultáneas de los organismos de radiodifusión, por la sencilla razón de que no existían los equipos de grabación cuando el tratado se firmó.  Actualmente, sin embargo, los piratas adquieren con facilidad la tecnología necesaria para grabar una señal y retransmitirla a través de múltiples plataformas, entre otras, Internet o la televisión por cable y terrestre, todo ello cómodamente instalados en su hogar.

Desde una perspectiva jurídica, la Convención de Roma resulta en cierta medida redundante en la región de Asia y el Pacífico, ya que solo la pueden suscribir los signatarios del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas o de la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

La CCTV fue el proveedor exclusivo de contenidos durante los Juegos Olímpicos de verano de Beijing 2008, y como tal consiguió contrarrestar con excelentes resultados la retransmisión no autorizada de programas deportivos a través de Internet.  Sin embargo, no lo logró durante los Juegos Olímpicos de verano celebrados en Río de Janeiro en 2016 (foto: Pete Niesen Editorial / Alamy Stock Photo).

Ello implica que, salvo que suscriban el Convenio de Berna o la Convención Universal sobre Derecho de Autor, países como Afganistán, la República Islámica del Irán, Papua Nueva Guinea, Samoa y Timor-Leste no pueden adherirse a la Convención de Roma.  En consecuencia, cuando sus señales son vulneradas en sus territorios, los organismos de radiodifusión carecen de recursos jurídicos para defenderse.

Por esa razón resulta tan urgente que se establezca un tratado jurídico internacional independiente para la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión contra la piratería de señales.  Esta solución es aún más importante tanto en cuanto estos organismos funcionan en una era y en un mundo en los que las fronteras tienden a desaparecer.

La necesidad de actuar con diligencia

Habida cuenta de la ingente proliferación de actos de piratería que vulneran las señales y perjudican a los organismos de radiodifusión regionales tradicionales, y de que el régimen jurídico internacional vigente resulta insuficiente dadas la circunstancias, la ABU apoya las negociaciones emprendidas en el ámbito internacional con objeto de adaptar a la era moderna la protección jurídica de la que estos organismos disponen actualmente en virtud de la Convención de Roma.  Desde 1998, los responsables políticos lidian con esta cuestión en el marco del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la OMPI.  No obstante, la continua evolución de la tecnología de transmisión acentúa la exposición de la industria.  Sin recursos jurídicos efectivos, es imposible controlar a quienes se apropian indebidamente de los medios que permiten a los organismos de radiodifusión subsistir y prosperar.

Pese a las variaciones de escala, los organismos de radiodifusión tradicionales de todo el mundo recurren cada vez más a la misma tecnología.  En consecuencia, corren la misma suerte en manos de la piratería.

Los ingresos generados por los organismos de radiodifusión tradicionales son directamente proporcionales a su capacidad para invertir en el desarrollo y la adquisición de contenido de calidad.  En lo concerniente a los países en desarrollo y menos adelantados de la región de Asia y el Pacífico, la radiodifusión (es decir, la televisión abierta y de pago) sigue siendo el principal medio de comunicación de masas.  Si no se respetan los derechos legítimos de estos organismos, su capacidad para proporcionar estos servicios sufrirá graves perjuicios y los ciudadanos de estos países se verán abocados a recurrir a plataformas alternativas como los proveedores de servicios over-the-top (OTT – servicios suministrados directamente a través de Internet, sin que el proveedor de contenidos sea el proveedor de los servicios de conexión de banda ancha ), entre los cuales cabe mencionar Apple TV o Netflix, que, probablemente, adquirirán cada vez mayor protagonismo en los próximos años.  Los proveedores OTT entregan audio, video y otros contenidos multimedia a través de Internet.  Se plantea entonces un problema ya que, debido a la brecha digital existente entre los países en desarrollo y los industrializados, las lagunas de conocimientos serán cada vez más profundas pues quienes no tengan acceso a Internet no podrán usar estas nuevas plataformas digitales.

Los organismos públicos de radiodifusión de muchos países de la región de Asia y el Pacífico están muriendo lentamente.  A medida que avanzan hacia la sociedad de la información, estos países no pueden permitirse el lujo de dejar que sus organismos públicos de radiodifusión decaigan.  Los ingresos generados por los organismos de radiodifusión tradicionales son directamente proporcionales a su capacidad para invertir en el desarrollo y la adquisición de contenido de calidad.  Sin embargo, esa capacidad se ve gravemente mermada por la pérdida de ingresos que acarrea la piratería de señales.  Como consecuencia, el público en general es quien sufre las pérdidas a largo plazo, ya que los espectadores se ven privados del acceso a contenidos e información de calidad.

En este contexto, la concertación de un tratado internacional que equilibre los derechos de todas las partes interesadas resulta imperativa.  Tras 20 años de intensas deliberaciones, ha llegado el momento de finalizar un instrumento internacional que ofrecería a los organismos de radiodifusión de todas las regiones un medio justo y razonable para combatir la piratería de señales y salvaguardar sus intereses.

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