Asambleas de la OMPI – 22 de septiembre a 1 de octubre de 2009
Su Excelencia, Embajador Alberto Dumont, Presidente de la Asamblea General de la OMPI,
Honorables Ministros,
Excelentísimos Señores Representantes Permanentes,
Distinguidos Delegados:
Francis Gurry, Director General
Me complace tener la oportunidad de informarles hoy acerca de todo lo que ha acontecido en nuestra Organización desde la última serie de reuniones de las Asambleas y de exponerles mi punto de vista en relación con los principales problemas que se plantean en la actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual. Me siento particularmente honrado y complacido de contar con la presencia de tantos Ministros y altos representantes de los Estados miembros, cuya participación en esta serie de reuniones me llena de satisfacción.
Transmito además mi agradecimiento al Presidente saliente de la Asamblea General de la OMPI, Embajador Martin Uhomoibhi, por su inestimable labor como Presidente durante los últimos dos años y por el apoyo y el asesoramiento que me ha prestado personalmente en el primer año de mi mandato. He contado con toda la ayuda del Embajador Uhomoibhi y su consejo ha sido siempre atinado y sabio. Aprovecho la oportunidad para felicitar al Presidente entrante, Embajador Alberto Dumont. Espero con sumo interés colaborar con él en los próximos dos años.
Qué mejor metáfora para hablar del año transcurrido que remitirme a las obras de construcción del nuevo edificio de la Organización. Los progresos a ese respecto han sido considerables y ya se han sentado sólidos cimientos. Pero todavía siguen siendo obras y queda mucho trabajo por hacer, tanto a nivel interno, a los fines de crear espacio plenamente funcional, como externo, para crear un edificio abierto y que despierte el interés de todos los que deseen hacer uso de sus servicios y de los transeúntes que pasen por delante de él.
A nivel interno, cabe señalar que hemos emprendido un proceso de renovación organizativa que forma parte del Programa de Alineación Estratégica. El elemento principal de ese proceso reside en la cultura institucional de la Secretaría, en la que nuestros esfuerzos están dedicados a fomentar la prestación de servicios y la eficacia. En mi opinión, en lo que a la Secretaría se refiere, debemos preguntarnos constantemente dos cosas: en primer lugar, ¿qué podemos lograr con 1.300 miembros de personal y con un presupuesto anual para gastos de 300 millones de francos suizos?; y en segundo lugar, ¿qué obtienen los Estados miembros por el hecho de formar parte de esta Organización?
En los últimos años se ha emprendido una serie de iniciativas y proyectos encaminados a fomentar una cultura orientada hacia la prestación de servicios: un nuevo sistema de gestión del rendimiento y de perfeccionamiento del personal; la declaración de la situación financiera del equipo directivo de la Organización; la adopción del código de deontología promulgado por el Secretario General de las Naciones Unidas y el establecimiento de un cargo de oficial de deontología; la revisión del marco contractual del personal a los fines de la coherencia y la aplicación del principio de igual remuneración por igual trabajo; la revisión completa del Estatuto y el Reglamento del Personal, cuya elaboración se remonta a casi 40 años; la instauración de una estrategia y estructura orientadas hacia la prestación de servicios al cliente; un proyecto destinado a que la Organización tenga un balance cero en sus emisiones de dióxido de carbono; y medidas encaminadas a mejorar el acceso de las personas con discapacidades a los servicios de la Organización.
Tanto el personal como el Consejo del Personal han participado activamente en todos esos proyectos, no sólo en su puesta en práctica, también en la concepción de los mismos. No quiero dejar pasar esta oportunidad para dar las gracias a todo el personal por tener fe y confianza en el cambio, y por su paciencia a ese respecto, así como por la ardua labor y dedicación de que han dado prueba. Aprovecho también la oportunidad para dejar constancia de mi agradecimiento a los miembros del equipo directivo que se jubilan en noviembre, a saber, los Sres. Michael Keplinger, Narendra Sabharwal y Ernesto Rubio, así como al Sr. Philippe Petit, que se jubiló en mayo de este año, por la diligencia con que han trabajado al servicio de la Organización. Por otro lado, aguardo con gran interés la entrada en funciones del nuevo equipo directivo, que asumirá su mandato en diciembre. Me uno al personal para decir que contamos con su energía, entusiasmo y liderazgo en estas obras de construcción.
Todavía son muchos los elementos del Programa de Alineación Estratégica que quedan por ultimar. Hará falta tiempo para cosechar los frutos de muchos de los proyectos que he mencionado. Además, hará falta invertir grandes esfuerzos en la reestructuración de los procedimientos administrativos de la Organización, que se han quedado algo anticuados. Se están tomando medidas a ese respecto, a saber, elaborar aplicaciones informáticas específicas para los procedimientos administrativos y financieros necesarios a los fines de que, antes de enero de 2010, las normas de la OMPI estén en sintonía con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). Esas aplicaciones contribuirán al establecimiento de un sistema de planificación institucional de recursos. Pero hace falta tiempo. Y en ese sentido, es evidente que llevará años completar el programa de alineación estratégica.
Paso a abordar ahora las condiciones que caracterizan en estos momentos el mundo externo al que en definitiva prestamos servicios, y es evidente que la propiedad intelectual sigue siendo considerada el principal medio de crear un entorno seguro para las inversiones, la innovación y la creatividad y para la difusión de productos y servicios innovadores y creativos. En el año 2007, último año sobre el que se dispone de estadísticas completas, se presentaron en todo el mundo 1.850.000 solicitudes de patente, 3.300.000 solicitudes de registro de marcas y 621.000 solicitudes de protección de diseños industriales.
Como fue claramente el caso en anteriores recesiones, la crisis económica mundial se ha traducido, en el curso del último año, en una aminoración de la demanda de títulos de propiedad intelectual. Ese enlentecimiento se acusa en los sistemas mundiales como el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales, y el Centro de la OMPI de Arbitraje y Mediación, todos ellos sistemas administrados por la Organización y que generan el 93% de los ingresos de la misma. Este año se acusará un crecimiento negativo en los Sistemas del PCT y de Madrid, en términos generales, (+2%), disminución del orden del 5 y el 10%, respectivamente. El consiguiente declive en los ingresos ha sido objeto de detenida atención en el marco de un Grupo de Gestión de la Crisis creado a nivel interno, y ha inducido la adopción de varias medidas de reducción y contención de los costos. De ahí que, a pesar de la desaceleración de las actividades tengamos muchas esperanzas de finalizar el bienio en curso, en diciembre, con optimismo financiero.
Como ya saben ustedes, nuestras proyecciones apuntan a una disminución del 1,6% en los ingresos del próximo bienio. Cabe esperar una demanda lenta a principios del año 2010, pero se prevé que dicha demanda comience a reactivarse en el segundo semestre de ese año y sea positiva en 2011. También a ese respecto confiamos en salir airosos de los impactos adversos que pueda tener la crisis en la Organización en el próximo bienio, y en que sabremos enfrentar toda variación que se produzca en las previsiones que acabo de mencionar.
Pese al descenso transitorio, aunque pronunciado, del número de solicitudes de P.I. durante la actual crisis económica, es evidente que la tendencia a largo plazo es hacia una intensificación constante del uso de la propiedad intelectual. Así lo indica el auge de la economía de los conocimientos, en la que éstos y la educación se sitúan el centro de la economía, el desarrollo y el cambio social. En este contexto, son muchas – muchísimas – las cuestiones y los desafíos de política que surgen en relación con los derechos de propiedad sobre los conocimientos. ¿Cómo nos estamos desempeñando en la respuesta a esas preguntas y la superación de esos desafíos? A mi juicio, hay margen para mejorar a este respecto. Permítanme señalar tan sólo algunos de los desafíos que considero fundamentales.
Comenzaré por el desarrollo y la reducción de la pobreza. Fue el reconocimiento de la importancia de aumentar la capacidad de participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados en la economía de los conocimientos y en sus beneficios lo que motivó el establecimiento de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. Creo que todos somos conscientes de que ahora nos encontramos en la etapa en que hemos de transformar esa idea en una realidad práctica. Esa transformación sólo tendrá lugar con el esfuerzo y el empeño conjuntos de los Estados miembros y la Secretaría. Los Estados miembros aprobaron a principios de este año varios proyectos propuestos por la Secretaría en el Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual, y ya se está trabajando para ponerlos en práctica. A mi juicio, sin embargo, hemos de ser más ambiciosos. Necesitamos acordar un mecanismo de coordinación que establezca una relación fluida entre la aprobación, la presupuestación y la supervisión de los proyectos. Y tenemos que identificar y ejecutar proyectos que marquen una diferencia, que no sean una mera continuación de la asistencia técnica ordinaria bajo una forma diferente. No pretendo restar importancia a nuestro programa ordinario de fortalecimiento de las capacidades, pero no tendría sentido formular la Agenda para el Desarrollo como un programa independiente si se trata de una simple repetición de un programa ordinario.
Por lo que toca a nuestro programa de fortalecimiento de las capacidades, es muy importante, a mi juicio, establecer una mayor vinculación entre los objetivos, prioridades y recursos económicos de los países y el uso de la propiedad intelectual, para que el sistema de P.I. esté a la altura de las circunstancias económicas y la sociedad a la que sirve. Son cada vez más los países que tratan de hacerlo estableciendo estrategias nacionales en materia de innovación y P.I. Fomentaremos un mayor uso de esas estrategias como vehículos para la ejecución de actividades de fortalecimiento de las capacidades, y nos esforzaremos por elaborar una metodología para prestar asistencia a los países que decidan establecer una estrategia propia. En lo que respecta al mediano plazo, creo que ha llegado el momento de una profunda revisión estratégica de nuestro programa para el desarrollo, y así lo propondré a los Estados miembros en el plan estratégico a mediano plazo que la Organización examinará en el período que concluirá con la celebración de la serie de reuniones de las Asambleas de la OMPI de 2010.
En el terreno de la actividad normativa, la labor de la Organización no está avanzando. Hay bloqueos en varios ámbitos. De hecho, el ritmo de avance de la actividad normativa es inversamente proporcional al ritmo del cambio tecnológico, y ello supone graves riesgos para la Organización. En último término, la Organización podría perder su función de órgano normativo en la esfera económica. El multilateralismo retrocedería y se haría más frecuente el recurso a soluciones bilaterales y plurilaterales. Por otro lado, el uso de las tecnologías se está intensificando en todo el mundo, y ello supone un grave problema. Hay, por ejemplo, 1.600 millones de personas conectadas a Internet en el mundo, y la tasa mundial de penetración de la telefonía móvil es del 61%. Una implantación mundial de las tecnologías exige una arquitectura normativa también mundial que garantice la disponibilidad efectiva de esas tecnologías en todo el mundo.
Exhorto a los Estados miembros a que encuentren un modo equilibrado de avanzar en nuestra actividad normativa. Para seguir siendo un órgano normativo relevante, la Organización ha de poder ocuparse de todas las frecuencias del espectro del desarrollo tecnológico. Ha de poder dictar normas para los avances de la tecnología más recientes y para los sistemas de conocimientos tradicionales. Con demasiada frecuencia, los diferentes componentes del espectro se consideran incompatibles. En realidad, una Organización mundial debe poder, a mi juicio, ocuparse de todos ellos.
Quisiera mencionar, en particular, dos ámbitos específicos de la esfera normativa en los que, en mi opinión, es necesaria una intervención más decidida. El primero son los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. La tarea en este caso es lograr que el fondo de conocimientos abarcado por el sistema de propiedad intelectual sea universal. En la presente serie de reuniones de las Asambleas, esta cuestión se presenta en la forma de la renovación del mandato del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Exhorto a todos y cada uno a hacer gala de la flexibilidad y comprensión necesarias para renovar el mandato de este Comité en términos que den motivos a los países en desarrollo, en particular, para creer que estamos cerca de lograr soluciones tangibles en el plano internacional al problema de la apropiación indebida de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.
Una segunda esfera de particular preocupación es el futuro del derecho de autor en el entorno digital. Estamos presenciando la migración de la mayoría de las formas de expresión cultural, si no todas, a la tecnología digital y a Internet: música, cine, noticias, literatura, programas culturales y deportivos. También están surgiendo nuevas formas de expresión cultural. Abundan los contenidos generados por los usuarios. Por ejemplo, YouTube indica que cada minuto se cargan 10 horas de vídeo en su página.
Ninguno de estos cambios es positivo o negativo en sí mismo. Pero son cambios fundamentales que ponen en tela de juicio el derecho de autor como institución. El derecho de autor tiene un objetivo muy claro: proporcionar un mecanismo comercial que permita extraer valor a partir de las transacciones culturales, de modo que los creadores puedan vivir dignamente de sus creaciones y, a la vez, asegurar la mayor disponibilidad posible de esas creaciones en condiciones accesibles. Lo que está en juego no es tanto el objetivo del sistema como los medios de lograr ese objetivo, habida cuenta del auge del entorno digital. Las pruebas apuntan hoy a que todos los sectores de ese campo atraviesan graves dificultades. Por ejemplo, en el caso de la música, y conforme a las estadísticas de dicho sector, en 2008 se intercambiaron de forma ilícita por Internet 40.000 millones de ficheros musicales, lo que supone un índice de actos de piratería del 95%.
No creo que la negociación de cuestiones individuales en nuestros comités permanentes pueda aportar la solución al efecto de estos turbulentos cambios en la tecnología digital. Son cambios demasiado importantes. Además, atañen a una cuestión trascendental para el mundo entero como es, y no es exagerado llamarla así, la financiación de la cultura en el siglo XXI. Propongo a los Estados miembros que examinen, el año que viene, la posibilidad de celebrar consultas a nivel mundial para reflexionar sobre esta cuestión.
Los cambios estructurales en la distribución y el disfrute de las obras de creación han dado lugar, como he indicado, a un nivel de indiferencia por la propiedad intelectual que no tiene precedentes. Existe la idea general de que esa falta de respeto por la propiedad intelectual es un problema entre Norte y Sur. No creo que sea así. No debería haber dudas, tras lo que acabo de decir sobre el derecho de autor en el entorno digital, de que creo que la piratería es un problema estructural o conceptual y un desafío mundial, pero no un enfrentamiento entre Norte y Sur. Mi reciente visita oficial a Nigeria lo confirma. La industria cinematográfica de Nigeria es la segunda más importante del mundo, y el país tiene una cultura musical muy activa y creativa. La piratería, surgida como consecuencia de la tecnología digital, está afectando seriamente a ambas de forma muy negativa. Aunque el Gobierno ha tomado activamente las riendas en la lucha contra la piratería, se plantea la misma pregunta que todos los demás gobiernos del mundo: ¿Cómo podemos hacer valer el derecho de autor en el entorno digital cuando no es posible diferenciar la calidad de los originales y las copias, y cuando los medios de reproducción y de distribución están al alcance de cualquiera por un precio insignificante?
No creo que la cuestión cambie en lo que respecta a los bienes tangibles. La falsificación no es un problema entre Norte y Sur, sino un problema de la globalización: apertura de los mercados, buenos sistemas de transporte y libre movimiento de personas, bienes y capital. Permítanme aclarar que, cuando hablo de falsificación, me refiero a la imitación deliberada y a gran escala de marcas así como de la identidad y la apariencia comercial. En ningún caso me refiero a los medicamentos genéricos, que tienen su espacio legítimo en el mercado competitivo y regulado de los productos farmacéuticos. En la falsificación hay estafa y engaño. Afecta a los productos tecnológicos y a los de bajo contenido tecnológico, a los artículos de lujo, de artesanía, los productos farmacéuticos, cosméticos, las piezas de repuesto y los utensilios de los sistemas culturales tradicionales; afecta, en resumen, a toda la producción humana, y afecta por igual a todos los países, del mismo modo que se origina igualmente en todos ellos. Confío en que avancemos progresivamente hacia un diálogo sobre la forma de dar con una solución práctica al uso indebido de la propiedad intelectual para vender productos falsificados.
En un mundo interconectado, este tipo de iniciativas pueden ser tan importantes –sino más importantes- para influir en las conductas que el establecimiento de nuevas normas. En el último año nos hemos fijado un nuevo objetivo estratégico consistente en la coordinación y el desarrollo de infraestructura mundial. Se han obtenido ya resultados muy concretos, como la creación de programas de digitalización destinados a las oficinas de los países en desarrollo, la instauración de centros de servicios de tecnología e innovación, y la puesta en marcha de una nueva base de datos (aRDI) mediante la cual los países en desarrollo y los países menos adelantados tienen acceso a publicaciones y revistas científicas, médicas y tecnológicas. No entraré en más detalles al respecto, pero sí mencionaré un proyecto que en mi opinión reviste enorme importancia: la hoja de ruta, establecida con el fin de mejorar la función del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que se examinará en el presente período de sesiones de la Asamblea del PCT. Este proyecto no es un ejercicio normativo. El PCT establece muy claramente (párrafo 5 del artículo 27) que ninguna disposición del Tratado ni de su Reglamento podrá interpretarse en el sentido de que limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee. Ni el PCT ni la hoja de ruta afectan en modo alguno las flexibilidades estipuladas en el Acuerdo sobre los ADPIC. La finalidad de la hoja de ruta es mejorar la función de un tratado procedimental que vincula a las oficinas de patentes de todo el mundo. También tiene por objetivo encontrar el modo de intensificar las actividades de división del trabajo entre dichas oficinas, disminuir las posibles ineficiencias, mejorar la calidad de los resultados del sistema internacional de patentes y, de este modo, contribuir a remontar el trabajo atrasado respecto de la tramitación de 4.200.000 solicitudes de patente en el mundo que todavía no han sido examinadas. A este respecto hay en estos momentos diversas iniciativas en curso: el programa para establecer un procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (denominado en inglés Patent Prosecution Highway (PPH)) y las iniciativas de división del trabajo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de Sudamérica y las emprendidas por el Grupo Vancouver del Canadá, el Reino Unido y Australia. El objetivo último de la hoja de ruta es reunir todas estas iniciativas bajo la égida multilateral del PCT.
Permítame concluir mencionando a la OMPI y a la propiedad intelectual en el contexto más amplio del programa mundial en ese ámbito. Nuestra Organización ha establecido un nuevo objetivo de comprometerse con las cuestiones mundiales de política pública. A raíz de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha creado una plataforma con los sectores interesados y se ha planteado una propuesta de tratado sobre el acceso de las personas con discapacidad visual a obras publicadas. Asimismo, organizamos el pasado mes de julio una conferencia sobre propiedad intelectual y cuestiones de política pública para fomentar el diálogo, conferencia que se saldó con mucho éxito. Sin embargo, es posible que actualmente la cuestión más importante de política pública que se plantea sea el problema del cambio climático.
Existe la idea de que la propiedad intelectual puede ejercer una influencia negativa en el ámbito de iniciativas de política necesarias para abordar el problema del cambio climático. En mi opinión, esta idea no se corresponde con la realidad. Generalmente se reconoce que la innovación tecnológica será esencial en las iniciativas mundiales que se adopten para afrontar los problemas derivados del cambio climático. Asimismo, se está comenzando a reconocer el hecho de que será necesaria la innovación en todos los ámbitos de la infraestructura económica para reducir al mínimo las emisiones de dióxido de carbono o lograr un balance cero. En ese contexto, es difícil imaginar qué obstáculos podrían plantear los derechos de propiedad al avance de la tecnología. Por el contrario, la propiedad intelectual constituye un estímulo sistémico para la creación y difusión de tecnología y puede efectuar una contribución muy positiva a los esfuerzos realizados para fomentar la innovación ecológica. La propiedad intelectual contribuirá a que la economía se adapte a ese nuevo entorno, fomentando la inversión en innovaciones ecológicas. Algunos países ya han comenzado a utilizar la propiedad intelectual de manera dinámica para promover los resultados deseados, creando vías aceleradas para poner a punto innovaciones ecológicas. A ese respecto, es posible hacer mucho más.
El cambio climático tiene un alcance mundial, por ello, los beneficios de la innovación ecológica serán relativamente escasos si esas tecnologías se aplican en un solo país. La transferencia de tecnología es, por lo tanto, fundamental para actuar de un modo eficaz. El desafío político que supone conducir, por medio de un proceso público, la transferencia de una variedad tan amplia de tecnologías de titularidad privada es enorme, y, francamente, es algo que nunca antes se ha logrado. También en este caso, la experiencia acumulada por el sistema y la comunidad de propiedad intelectual en la creación, comercialización y difusión y transferencia de tecnología puede resultar de gran valor.
Espero trabajar codo con codo con todos los Estados miembros para superar los numerosos desafíos que nos aguardan en el año entrante.