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Expediente 7748-2026 Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°306480-01 de la marca POLO, clases 24 y 35 internacional, propuesto por UNIÓN ZONA LIBRE, S.A. en contra de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

 

VISTOS:

 

Procede del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, en GRADO DE APELACIÓN, el expediente contentivo del PROCESO DE OPOSICIÓN a la Solicitud de registro N°306480-01 de la marca POLO, Clases 24 y 35 Internacional, propuesto por UNIÓN ZONA LIBRE, S.A., en contra de THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. El recurso in comento fue presentado por el Licenciado JOAN M. QUINTERO, quien actúa en representación de la firma forense EJ LEGAL GROUP, apoderados judiciales de la demandante (Sec.250), en contra de la Sentencia N°58-25 de 30 de octubre de 2025 (Sec.224) que dice así:

 

“En mérito de todo lo antes expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Suplente Especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del proceso de oposición al registro de la solicitud N°306480-01 de la marca POLO en las clases 24 y 35 internacionales, incoado por UNIÓN ZONA LIBRE, S.A. Contra THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., NIEGA a la pretensión de la parte actora.

 

SE ORDENA CONTINUAR con el trámite de registro de la solicitud N°306480-01 correspondiente a la marca POLO en las clases 24 y 35 internacionales, presentada ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, por THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

 

OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, a fin de que conozcan del presente pronunciamiento jurisdiccional.

 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial y en concordancia con lo establecido en el artículo 196 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, SE CONDENA en costas a la parte demandante UNIÓN ZONA LIBRE, S.A., en la suma de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00).

 

SE CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retire las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley N°75 de 18 de diciembre de 2015.

 

Regúlese por Secretaría los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.

 

Una vez ejecutoriada la sentencia se ordena el archivo del expediente previa anotación de su salida en el libro correspondiente.

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá; Artículos 91, 96, 97, 98, 181 y 199 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012; Ley N°45 del 31 de octubre 2007; Ley N°64 de 1934 (Convención Interamericana); Ley N°45 del 31 de octubre 2007, Ley N°41 de 13 de julio de 1995 (Convenio de París); Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017; Artículos 781, 832, 833, 834, 856, 877, 1071 y demás concordantes del Código Judicial; Ley N°75 de 18 de diciembre de 2015.”

 

 

Ingresado el expediente a este Tribunal, se tramitó de conformidad con el artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012, por lo que se ordenó la apertura para los alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles (fs.4). Esta fase procesal fue aprovechada por parte la demandante, firma forense EJ LEGAL GROUP (fs.6-13) y la demandada, firma forense FÁBREGA MOLINO (fs.14-21). Evacuada la etapa de segunda instancia, y como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen causar la nulidad de lo actuado, procede este Tribunal a dictar el fallo de fondo, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones.

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

 

La Jueza suplente especial, inició el análisis del material probatorio señalando que, consta en el proceso, copia autenticada del Certificado de Registro N°258710-01 de 31 de mayo de 2017 de la marca denominativa MARCO POLO en Clase 25 internacional, cuyo titular es la empresa UNION ZONA LIBRE, S.A., con la cual acredita su legitimación para oponerse al registro que considera similar a su marca. Por su parte, THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., posee la titularidad de un sinnúmero de marcas que contienen el término POLO, las cuales datan desde 1991, en distintas clases internacionales, en la República de Panamá y Argentina, y se observa mediante diligencia notarial de la visita de distintos sitios de internet, en el que se publicita y comercializa productos de la marca, en la Clase 24 internacional.

   

Expresa el fallo que la normativa aplicable está reservada en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012 - Artículos 91 (numeral 9), 96, 97 (numeral 1 y 2), 98 - y el Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017 – Artículo 124 -; el Código Judicial – Artículos 201, 469, 784 y 991 -; Constitución Política de la República de Panamá – Artículo 4 -; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995) - Artículo 2 recoge el denominado "Principio del Trato Nacional" y Artículo 6 quinquies -; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) - Ley N°23 de 15 de julio de 1997 (Artículo 15 y 16, Sección 2, relativo a las Marcas de Fábrica o de Comercio – y Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 - Ley N°64 de 28 de diciembre de 1934 (Artículos 3 y 7) -.

 

Anota la Suplente especial que, aún cuando la demandada haya aceptado que existe una solicitud de registro de la marca POLO, mal puede realizarse un cotejo entre marcas, al no contar la carpetilla con la prueba de la solicitud de registro, que es objeto de esta demanda. Afirma entonces, que la demandada THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., demostró poseer, con anterioridad a los derechos de la contraparte, la titularidad una variedad de marcas en diversas Clases, cuyo elemento verbal constante es <<POLO>>. Tal circunstancia le confiere un derecho prioritario sobre ese vocablo, que sumado al hecho de que el propio demandante reconoce lo común que resulta el uso de esta voz en el mercado.

 

     Expresa además que la actuación de la parte actora, al no presentar o gestionar la prueba con la cual realizar el cotejo marcario que determine la no viabilidad del registro solicitado; es decir, de medios probatorios con los cuales se pueda llegar a una resolución favorable - imperativo de quien perseguía una pretensión -, de conformidad con el artículo 784 del Código Judicial. Agrega la A Quo que la premisa legal impone probar la existencia o no de una colisión de derechos de propiedad industrial; bajo el sustento de que, permitir el registro de la solicitud de la marca en ciernes, infringiría las normas del derecho marcario de la demandante, UNIÓN ZONA LIBRE, S.A.

 

Concluye la operadora judicial, suplente especial que la actora faltó a su deber de probar los hechos que constituyen el supuesto de derecho, al no haber acreditado lo demandado, tal como exige la ley para los efectos de oponerse al registro de una marca. Por tanto declara no probada la pretensión de la sociedad demandante, al no contar con elementos de convicción necesarios para formar un criterio favorable en torno a su pretensión.

 

POSICIÓN DE LA DEMANDANTE - RECURRENTE

 

El Licenciado JOAN M. QUINTERO, quien actúa en representación de la firma forense EJ LEGAL GROUP, apoderados judiciales de la sociedad demandante UNIÓN ZONA LIBRE, S.A., al sustentar la alzada (fs.6-13) solicitó que se revoque la sentencia impugnada por adolecer de vicios de incongruencia, falta de valoración probatoria y violación al principio de la verdad material; que se declare probada la oposición presentada, se niegue el registro de la marca POLO, en las Clases 24 y 35, por incurrir en la prohibición del numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996; que se reconozca que el vocablo POLO es de uso común y débil, impidiendo su monopolización en perjuicio de la titular de la marca MARCO POLO y que se condene en costas y gastos del proceso a la demandada, por su evidente temeridad al pretender el registro de una marca idéntica a sabiendas de la existencia de derechos previos y litigios pendiente, fundamenta para ello, en los siguientes puntos: 1) Que la sentencia incurre en un vicio grave de razonamiento violando el principio de la verdad material y desconocimiento del hecho notorio judicial: ignoró la existencia, contenido y titularidad de la solicitud impugnada y violó el debido proceso y el deber de buscar la verdad material, provocando una decisión incongruente; 2) Que el fallo incurre en vicio de incongruencia temporal y fáctica insostenible al demostrar una falta de armonía y lealtad procesal; 3) Que existe riesgo de confusión, debilidad de la marca oponente y necesidad de coherencia jurisprudencial; 4) Que existe violación al reconocimiento del hecho notorio y 5) Que existe negligencia en la gestión de la prueba que reposaba en el propio despacho.

 

CRITERIO DE LA DEMANDADA – OPOSITORA

 

El Licenciado JORGE ARTURO GRAHAM, quien actúa en representación de la firma forense FÁBREGA MOLINO, apoderados judiciales de la demandada, empresa THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., al oponerse a la sustentación de la alzada (fs.14-21), solicitó que se niegue el recurso de apelación y se confirme la sentencia recurrida, fundamentando su posición en los siguientes criterios: 1) Que no existe falencia en la sentencia emitida ya que, para que un documento sea examinado y valorado, como prueba dentro de un proceso, debe obrar formal y materialmente dentro del dossier correspondiente, permitiendo su debida contradicción y control por la contraparte. Que el llamado hecho notorio judicial no puede confundirse con documentos específicos, cuya existencia y contenido requieren incorporación formal al dossier. Pretender que el juzgador valore piezas probatorias ajenas al proceso implicaría una grave vulneración al principio de contradicción, al debido proceso y a la seguridad jurídica. La recurrente intenta, bajo una errada conceptualización del hecho notorio judicial, suplir su falta de actividad probatoria, lo que no es admisible en derecho; 2) Que cada expediente judicial es autónomo, y ninguna prueba puede trasladarse tácita ni automáticamente entre procesos no acumulados. La incongruencia alegada no es atribuible al juzgador, sino a la propia estrategia procesal de la actora, quien decidió qué pruebas aportar, cuáles omitir y en qué momento hacerlo. Que la apelación no constituye un mecanismo para corregir errores tácticos, ni para incorporar pruebas omitidas en la oportunidad procesal correspondiente; 3) Que la demandada logró acreditar de manera fehaciente que es titular de múltiples registros – válidos y vigentes - que contienen el término POLO, tanto en Panamá como en el extrajero – República de Argentina – con una data que se remonta al año 1991. Tal hecho evidencia un uso marcario continuo, legítimo y previo al de la demandante en relación con las Clases 24 y 35 internacional. Que por ser anteriores a cualquier derecho que pretende hacer valer la actora, ello le confiere un mejor y prioritario derecho, conforme a los principios de trato nacional y prioridad marcaria; 4) Que el Certificado de Registro de 31 de mayo de 2017 de la marca MARCO POLO, en Clase 25, no puede hacer prevalecer un derecho posterior a uno anterior válidamente adquirido y demostrado por THE POLO/LAUREN COMPANY. Resalta que existe sendos registros que contienen el término POLO desde el año 1991, en las Clases 24 y 35, tanto en Panamá como en el extranjero, por lo que la oposición basada en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996 carece de sustento jurídico y 5) Que el recurrente omitió que dichas pruebas no fueron diligenciadas por ellos, pese a haber sido oportunamente concedidos y puestas a su disposición en tiempo y forma. Resalta que la carga de la prueba le corresponde a la actora quien debió incorporar todos los elementos probatorios que tenía a bien, a efectos de probar su pretensión.

 

ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA

 

A fin de dar inicio al análisis jurídico de los aspectos en conflicto, corresponde a este Tribunal delimitar la normativa aplicable al caso, quedando reservado en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de octubre de 2012, por motivo de la fecha de la interposición de la demanda; así como por efecto del trato nacional que consagra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley N°41 de 13 de julio de 1995), por ser tanto el demandante como el demandado nacional de Estados miembros de la Convención de París (Estados Unidos y Panamá).

 

Advierte el Tribunal de Alzada - producto de la ponderación de las pruebas insertas al expediente - que la A Quo concedió la tutela judicial a la parte demandada en base a su registro y uso previo, hecho que estimó confería a la sociedad cuestionada el derecho a registro, criterio que comparte esta Judicatura. La lectura de las piezas procesales que obran en el expediente informan que la sociedad demandada THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., ostenta <<mejor derecho>> frente a la parte actora en esta disputa marcaria, dado que es titular, en Panamá, de los Certificados de registro (vigente) N°042936 de 25 de junio de 1991, de la marca POLO, (Clase 25); N°042937 de 21 de agosto de 1987 de la marca POLO RALPH LAUREN Y DISEÑO DE UN JUGADOR DE POLO, (Clase 35 antes 42) y en Argentina, de la marca POLO - Certificados de registro N°2147063 de 15 de marzo de 2007, Clase 24 -, mientras que, la contraparte, UNIÓN ZONA LIBRE, S.A., sólo reporta el Certificado de registro (vigente) 258710 01 de 31 de mayo de 2017, la marca MARCO POLO, en Clase 25. Por lo que goza la demandada, por efecto de sus registros previos de la marca con el término POLO, de un mejor derecho respecto a los derechos de la demandante en esta litis.

 

Entre los otros puntos cuestionados por el recurrente tenemos que alega violación a los principios de verdad material y reconocimiento al hecho notorio judicial, falta de homogeneidad y negligencia en la gestión de recabo de prueba, resulta en aras de la academia hacer referencia a la alegada omisión de la juzgadora de su deber de recabar la copia autenticada del BOLETÍN OFICIAL DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (BORPI) N°406 de 24 de mayo de 2024 - aparece publicada la Solicitud de registro N°306480-01 de la marca POLO, en Clases 24 y 35 Internacional – peticionada. En ese sentido, el artículo 786 del Código Judicial presume conocido por los jueces, sin necesidad de que consten en el proceso, distintos documentos dentro de los cuales se encuentra el contenido del llamado BORPI.

 

“Artículo 786. Toda ley, decreto ley, decreto de gabinete, acuerdo, ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, fallo, documento o acto de cualquier género, emanado de alguna autoridad o funcionario de cualquier Órgano del Estado o de un municipio de cualquier entidad autónoma, semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el Registro de la Propiedad Industrial, en cualquier recopilación o edición de carácter oficial o de la universidad Nacional, hará plena prueba en cuanto a la existencia y contenido del documento. Se presumirá que los jueces tienen conocimiento de los actos o documentos oficiales así públicos y valdrán en demandas, peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin necesidad de que consten en el proceso. El Juez podrá hacer las averiguaciones que desee para verificar la existencia o contenido de tales actos.

Las partes podrán, no obstante, aportar el respectivo documento o acto si así lo desearen.

Exceptúase el caso en que el acto en cuestión sea objeto de la demanda, en el cual se aportará conforme a las normas comunes.”

 

No obstante lo anterior, sin contar la demandante con los derechos prioritarios sobre la marca en disputa, no existe necesidad de examinar lo relativo a la alegada similitud confusionista, por cuanto no se probó el derecho preferente de la marca demandante - Certificado de registro (vigente) 258710 01 de 31 de mayo de 2017, la marca MARCO POLO, en Clase 25 – versus Demandada - Certificados de registro (vigente) N°042936 de 25 de junio de 1991, de la marca POLO, (Clase 25); N°042937 de 21 de agosto de 1987, de la marca POLO RALPH LAUREN Y DISEÑO DE UN JUGADOR DE POLO, (Clase 35 antes 42) y en Argentina - Certificados de registro N°2147063 de 15 de marzo de 2007, de la marca POLO, en Clase 24 -.

 

Tal postura ha sido desarrollada en fallos anteriores en donde se permite esta Sala reproducir lo pertinente:

 

“ Este Tribunal Superior, ha reiterado en diferentes precedentes judiciales, la importancia que tiene la prueba del derecho prioritario al registro, para proceder a los rigores del cotejo intermarcario y determinar la posibilidad del riesgo de confusión entre los cuales se puede citar el siguiente:

 

“En tanto corresponde a la primera observación del objetante, en el sentido de que la Juzgadora concedió la tutela judicial a la parte demandada en base a su registro previo, hecho que estimó confería a la sociedad cuestionada el derecho a registro sin necesidad de cotejar las marcas en conflicto, este Tribunal Colegiado comparte el criterio vertido por la Juez primaria. La lectura de las piezas procesales que obran en el expediente informan a la Sala que la sociedad demandada D. JACOBSON & SONS LIMITED, ostenta <<mejor derecho>> frente a la parte actora en esta disputa marcaria, dado que es titular del Certificado de Registro Nº272980 de 22 de mayo de 1905 de la marca GOLA, Clase 25, expedido por las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña, vigente a la fecha (fs.226-229), mientras que, la contraparte sólo reporta su primer Registro de la marca GOGA & CO en la Clase 25, a partir de 1994 y su primer <<uso>> desde 1997. Por lo que atañe a la Clase 18, goza la demandada con registros de la marca GOLA que se remontan al año 1975, situación esta que la ubica con <<mejores derechos>> respecto al demandante, en esta litis. (Proceso de Oposición al Registro de la Marca "Gola" propuesto por Shmueal Sabban Ashkenazi -vs- D. Jacobson & Sons Limited. 1º de febrero de 2005. Mgda. Aidelena Pereira Véliz) (Luis Camargo Vergara. Guía de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial 1997-2005. Primera Edición. 2006. PAG.125-126)

 

Es por ello por lo que, en el presente caso, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, toda vez que para someter el signo impugnado a los rigores del cotejo intermarcario y del análisis del riesgo de confusión, resulta condición previa que la sociedad demandante acredite un derecho superior sobre el signo en disputa, mediante la presentación de prueba de uso o de registro anterior. Dicha exigencia constituye un requisito indispensable, el cual no ha sido satisfecho por la parte demandante en el presente proceso.” (Fallo de 31 de octubre de 2025 - Proceso de Oposición a la marca DK RACING Y DISEÑO, Clases 12 y 35 propuesto por DK RANCING, S.A. contra AUTO ASEEL, S.A.)

 

Otras alegaciones respecta al carácter común o genérico de la expresión <<POLO>> que, inicialmente pudo ser distintivo de un solo titular – se argumenta que hoy día es usado por distintas casas empresariales que no guardan relación entre ellas ni tampoco con la de la demandante, lo que indica que el sólo término <<POLO>> ha perdido la distinción, per se, que pudo gozar antaño, haciéndose acompañar de otros elementos que refuercen al titular del mismo - no merece la atención debida habida cuenta de que el presupuesto esencial de estos procesos de oposición radica en acreditar el derecho preferente del demandante frente a las aspiraciones registrales del demandado. Sin contar con ese requisito primigenio, no prospera el proceso y menos aún, se deben analizar los otros hechos en que se fundamenta el litigio en sede marcario.

 

Después de haber analizado las constancias procesales que guardan relación con el presente proceso, estima este Tribunal que no hay razones de hecho ni de derecho que motiven el no avalar la sentencia emitida por el Juzgado de grado, toda vez que, no se encuentra acreditados los extremos exigidos por la Ley de Propiedad Industrial para denegar el registro de la marca impugnada; por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia de primera instancia, imponiendo las imperativas costas procesales.

 

En mérito de lo expuesto, el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N°58-25 de 30 de octubre de 2025 dictada por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial dentro del PROCESO DE OPOSICIÓN a la Solicitud de registro N°306480-01 de la marca POLO, Clases 24 y 35 Internacional, propuesto por la sociedad UNIÓN ZONA LIBRE, S.A., en contra de la empresa THE POLO/LAUREN COMPANY.

   

Se CONDENA en costas de segunda instancia a la parte demandante, sociedad UNIÓN ZONA LIBRE, S.A., en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00) a favor de la demandada.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ

 

 

MGDO. LUIS A. CAMARGO V.

 

 

LCDA. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO

Secretaria Judicial III