المكسيك

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE: 156/12-EPI-01-11

ACTOR: ******* ***** ** ** **** ** ***

México Distrito Federal a tres de septiembre de dos mil doce.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por las CC. Magistradas que la componen, Licenciadas MARIA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO como Instructora del juicio , LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, en su carácter de Presidenta de la Sala y ROSANA EDITH DE LA PEÑA ADAME, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciada BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio número 156/12-EPI-01-11, promovido por ******* ***** ** ** **** ** ****, en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O

1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes para las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 17 de octubre de 2011, compareció el C. ***** ******* ******** ****, en representación de la persona moral ******* ***** **** ** **** ** ***., demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con folio de salida 20110378522, de fecha 29 de julio de 2011, por el que el Director Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra del oficio con folio 20110173894, mediante el cual el Subdirector Divisional de Examen de Signos Distintivos B, negó el registro del signo “****** * ******”, tramitada bajo el expediente número *******, por los motivos y fundamentos que ahí se precisan.

2º .- Previa aceptación de la competencia material para la substanciación y resolución del presente juicio, mediante auto de fecha 31 de enero de 2012, se admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenándose el emplazamiento de la autoridad demandada, así como del tercero interesado para que en el término legal respectivo produjeran su contestación y manifestaciones correspondientes.

3º.- Por acuerdo de fecha 16 de mayo de 2012, se tuvo por contestada la demanda de nulidad y por admitidas las pruebas ofrecidas, efectuada mediante oficio ingresado en este tribunal el 16 de abril del mismo año; por lo que se ordenó correr el traslado de ley a la parte actora y tercero interesado para los efectos legales procedentes; asimismo, se tuvo por precluído el derecho del tercero interesado para el mismo efecto y al no existir cuestiones pendientes de desahogo, se concedió a las partes el término de ley a fin de que formularan sus alegatos por escrito.

4°.- Por acuerdo de fecha 6 de junio de 2012 se tuvieron por formulados los alegatos de la autoridad demandada, presentados mediante oficio ingresado en la Oficialía de Partes de esta Sala el 30 de mayo del año en curso.

5º.- Finalmente, por acuerdo de 20 de agosto de 2012, se declaró precluído el derecho de la parte actora y del tercero interesado para formular alegatos; por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó reservar los autos a efecto de que se emitiera la sentencia correspondiente, lo cual se hace en los siguientes términos:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- La competencia por materia de esta Sala se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 14, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo, esta Sala es competente en razón de la materia según lo previsto por el artículo 31 de la misma Ley y 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que la actora exhibió dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por la autoridad al formular su contestación de demanda.

TERCERO.- Por cuestión de orden, esta Sala analizará en primer término la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada en su contestación de demanda.

Refiere la demandada que procede que se declare al sobreseimiento de este juicio en términos de los artículos 9º, fracción II y 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por no corresponder a este Tribunal el análisis de un acto que se considere violatorio de garantías.

Lo anterior, toda vez que manifiesta que la parte actora expresa conceptos de impugnación en los que reclama violación a sus garantías individuales consagradas en los artículos 5, 16 y 17 constitucionales, razón por la que a su consideración, no resulta procedente el presente juicio, pues dichas alegaciones son competencia del Poder Judicial de la Federación.

A consideración de esta Sala, la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada es infundada por lo que NO es procedente sobreseer este juicio.

Para efecto de acreditar lo anterior, resulta necesaria la transcripción de los artículos 8º, fracción II y 9º, fracción, II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que la demandada sustenta la causal en análisis:

“ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

[…]

II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.

[… ]”

“ARTÍCULO 9º.- Procede el sobreseimiento:

[…]

II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.”

De los preceptos antes transcritos, se advierte que es improcedente el juicio de nulidad en contra de actos que no sean de la competencia de este Tribunal; y de aparecer o sobrevenir dicha causal, lo procedente es el sobreseimiento del juicio.

Ahora bien, la autoridad demandada sostiene que no es procedente el juicio, en razón que la parte actora hace valer conceptos de impugnación que versan sobre violaciones a sus garantías individuales, pronunciamiento que no corresponde a esta Sala.

No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que el acto impugnado es el oficio con folio de salida 20110378522, de fecha 29 de julio de 2011, por el que el Director Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra del oficio con folio 20110173894, mediante el cual el Subdirector Divisional de Examen de Signos Distintivos B, negó el registro del signo “****** * ******”, tramitada bajo el expediente número 1098112.

Y la competencia para la resolución de dicha impugnación se encuentra reservada para esta Sala en los artículos 1º, segundo párrafo, 2º y 50, cuarto párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que deben ser relacionados con los diversos 2º, 2 bis y 14, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que disponen lo siguiente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“ARTÍCULO 1º.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

[…]”

“ARTÍCULO 2º.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.”

“ARTÍCULO 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

[…]

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.”

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

“ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por:

I. La Sala Superior;

II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares, y

III. La Junta de Gobierno y Administración.”

“ARTÍCULO 2 Bis. Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.

Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.”

Como se ve, este Tribunal cuenta con Salas Regionales con el carácter de especializadas, como es el caso de esta Sala Especializada a la que corresponde el conocimiento de la materia específica de Propiedad Intelectual.

Siguiendo con lo anterior, corresponde a este Tribunal el conocimiento de resoluciones administrativas definitivas establecidas en la Ley Orgánica, y en lo que corresponde a este Sala, resultan aplicables las fracciones XI y XII, de su artículo 14 antes transcrito.

Particularmente, se actualiza el supuesto de procedencia del juicio, de conformidad con el artículo 14, fracción XII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, pues el acto impugnado, tal como se dijo precedentemente, es una resolución recaída a un recurso de revisión, siendo que el actor controvierte también el acto recurrido; por lo que resulta procedente que esta Sala entre al análisis de los argumentos que la demandante expone en contra tanto del acto impugnado como del recurrido.

En ese orden de ideas, ante la procedencia de la impugnación del acto efectivamente impugnado, no es dable sobreseer el presente juicio, pese al contenido de los argumentos que como conceptos de impugnación hace valer la demandante.

En efecto, si la parte actora hace valer conceptos de impugnación cuyo pronunciamiento no corresponda a esta Sala, en todo caso deben desestimarse, pero será hasta el momento de entrar al fondo de la cuestión planteada.

CUARTO.- Esta Sala estudiará el único agravio expuesto por la parte actora en el que textualmente aduce lo siguiente:

CAUSALES DE NULIDAD

PRIMERA.- La resolución administrativa que se impugnado bajo código de barras número 20110378522, de fecha 29 de julio de 2011, mismo que fue notificado el 29 de agosto del presente año, por la que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niega la el registro marcario del signo distintivo ****** * ****** contenido en el expediente *******, solicitada por mi representada; soslaya en perjuicio de mi representada ******* ***** ** ** **** ** ****, las garantía de debido fundamento y motivación que requiere todo acto de autoridad, ello a causa de la indebida valoración y análisis del recurso de revisión.

A).- Indebida valoración y análisis del recurso de revisión contenido en el expediente 1098112, folio 0110719 de fecha 16 de junio de 2011.

Ahora bien y como es accesible de advertir por esta H. Sala de la simple lectura de los indebidos motivos deducidos a fojas 2, 3, 4 y 5, así como en la página 6 en la que resuelve el negar el registro de la marca ****** * ****** de la resolución que se impugna, confirma el acto contenido en el oficio 27 de abril de 2011 al que le correspondió el código de barras 20110173894, en consecuencia determina el no otorgamiento de la misma.

Análisis y determinación de conducta que como es accesible de concluir por esa H. Sala es incorrecta por infundada, en virtud de que deviene a todas luces de la indebida valoración y análisis del recurso de revisión, así como el derecho de mi representada a obtener la marca ****** * ******.

Por lo que la demanda únicamente ratificó la información contenida en el oficio que dio respuesta a la anterioridad, sin tomar en cuenta que las marcas son distintas, además hace unas observaciones que realmente no se apegan a derecho y que son irrelevantes que a la autoridad no le corresponde evaluar tal como se manifiesta a continuación.

1. Tanto en la negativa de fecha 27 de abril de 2011 así como en la resolución del recurso de revisión de fecha 29 de julio de 2011, manifiesta que de acuerdo al artículo 4° de la Ley de Propiedad Industrial en la cual a la letra dice:

ARTÍCULO 4.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o Instituciones Jurídicas que regula esta Ley cuando sus contenidos o formas son contrarios al orden público, a la mora y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposición legal.

La autoridad manifiesta en la hoja 3 del oficio con código de barras 201110378522 lo que a continuación se transcribe:

…Lo anterior en virtud de que el signo propuesto analizado en su conjunto resulta hacer referencia a un personaje perteneciente al culto religioso del hinduismo también conocido como ******* * ******* siendo que uno de los principio rectores y preceptos morales de la religión en comento es el relativo al boto de no practicar juegos de azar, en este sentido, tomando en cuenta que precisamente dichas actividades son algunos de los servicios que se pretende amparar con la propuesta registral esta situación se contrapone a las creencias y principios morales del sector de la comunidad que practica dicha religión, deviniendo por lo tanto la marca propuesta contrario a la mora de dicho sector.

A lo que anterior manifiesto ante usted que la autoridad hace una evaluación parcial, no objetiva y poco justada a derecho. Ya que México como estado soberano, sus Leyes son Laicas y se encuentran separadas de cualquier religión o culto.

Además que tal como lo establece el artículo 5 de nuestra Carta Magna : a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos , la negativa absurda de la autoridad al no otorgar el registro ****** * ****** en la clase **, expediente ******* por considerarlo que en su denominación es parecido con la denominación ******* * ****** que es una deidad de la religión del HINDUISMO. cuartándole la garantía contenida en el artículo 5 constitucional antes mencionad a mi representada, ya que le está impidiendo que lleve a cabo actos de comercio lícitos al negarle el registro marcario solicitado solo por considerar que una fracción de la sociedad practica dicho culto y por lo tanto la condena la marca como si fuera contraria al orden público, a la moral y las buenas costumbres cuando no tiene nada lógico que objetar al signo distintivo, porque solo cuenta con un gráfico y con la palabra ****** que no causan el menor agravio, ni son inmorales ni van en contra del orden público.

Además suponiendo que si sea prohibición y una limitante para los practicantes del culto en comento obviamente no practicaran los juegos de azar y por lo tanto no serán personas que frecuenten el establecimiento de mi representado. Entonces según la autoridad, otorgamiento de las marcas no deberán de ir de la mano figuras o personajes religiosos entonces tendrá que tomar en cuenta el negar marcas que ya fueron otorgadas como:

Con lo anteriormente transcrito en el cuadro entonces el Instituto Mexicano de la propiedad industrial, según sus propias manifestaciones en la página 3 del documento que hoy se impugna violenta iconos, símbolos religiosos católicos, griegos, y prehispánicos , tomando en cuenta que en México según datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) el 83% de la población nacional es católica, por lo tanto podrían verse afectado las creencias de la mayoría de los mexicanos por el otorgamiento de varias marcas antes descritas.

Además la hoy demandada no solo viola el artículo 5 Constitucional sino también el artículo 17 de mismo ordenamiento supremo que se transcribe.

Artículo 17:

…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

El Instituto al emitir ese tipo de resoluciones lo único que hace es hacer manifestaciones de tipo parcial, sin que estén ajustadas a derecho y menos que tengan alguna relación con el supuesto, porque que tiene que ver una marca con cualquier religión no se supone que estado y sus instituciones son laicos, libres de cualquier religión o culto y no pueden verse influenciadas por este, además la autoridad actúa como si se tratara de otorgar la marca en el país de la india y no en México.

A lo anteriormente manifestado agrego el siguiente criterio jurisprudencial:

[…]

Al mismo tiempo resulta ilógico y un tanto arbitrario que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niegue el registro de la marca ****** en la clase **, si éste mismo signo distintivo ya le fue concedido a mi representada en otras clases.

Y como lo establece el artículo 90 en su fracción XVI una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si lo solicitud es plantead por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares .

El registro antes mencionado es requerido por mi representada requiere para poder desempeñar su actividad comercial cuya negativa se desprende plasmado del recurso de revisión aquí impugnado.

Aunado a lo anterior plasmado trascrito la siguiente jurisprudencia:

[…]

A lo anteriormente expuesto es evidente que la demandada no realizó un debido análisis de las marcas. Así como de los motivos expresados en el recurso de revisión, simplemente confirmó lo ya manifestado en el oficio MA/M/1985/******* mismo que dio origen al recurso que se pretende impugnar. Lo que da como resultado el estado de indefensión a mi demanda. Ya que confirma la negativa al otorgamiento de la marca. Y como es también accesible de considerar por esa H. Sala, la demandada no entró al estudio y análisis minucioso de la marca, porque de haberlo hecho se hubiera percatado que las marcas que cita como anterioridad ******* ************ registro ******* * *******, se hubiera percatado que pueden ser parecidas a la marca ****** expediente *******, clase **, pero las marcas citadas como anterioridad solo protegen diseño y montaje de espectáculos incluyendo asesoría de los mismos, servicios de iluminación audio y video. Renta de equipos de iluminación, de audio y video y servicios de renta de escenarios para espectáculos, mientras que la marca solicitada por mi representada ****** protege únicamente ********* ** ******; ****** ** **** * ******** *********; *********; ********* ** ***************; *********** ********** * **********, es decir los productos son distintos, lo anterior se sustenta en la jurisprudencia, que a continuación se transcribe:

[…]

Los motivos de la demanda que, como es válido de concluir por esa H. Sala devienen del todo improcedentes por infundados, ello al haber sido arribados en base a una indebida valoración y análisis de la marca ******, clase ** expediente número *******, básicamente porque como ha quedado debidamente acreditado y contrario a la fallida consideración de la autoridad demandada.”

Al excepcionarse de lo anterior, la autoridad demandada, sostuvo la validez y legalidad de la resolución impugnada, en tanto que el tercero interesado fue omiso en pronunciarse al respecto.

A juicio de las suscritas Magistradas, los argumentos en estudio, resultan parcialmente fundados pero suficientes para declarar la nulidad solicitada de conformidad con lo siguiente:

Para efecto de acreditar lo anterior, conviene citar el artículo 4º, de la Ley de la Propiedad Industrial, al ser el fundamento esencial de la negativa de marca impugnada por la parte actora, mismo que establece lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.”

De conformidad con el precepto legal antes transcrito, no se otorgará patente, registro o autorización ni se dará publicidad a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula la Ley de la propiedad Industrial, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

En esos términos, no será procedente el registro como marca de un signo cuyo contenido o forma sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, o bien, contravengan cualquier disposición legal; ahora bien el determinar si un signo es contrario a la moral o a las buenas costumbres corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no sólo tiene atribuciones para determinar si un signo es contrario a la moral, el orden público o las buenas costumbres, sino que se encuentra obligada a ello, en virtud de que las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, entre ellas el artículo 4º, de dicho ordenamiento legal, son de orden público cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, ello acorde a lo establecido por el artículo 1º, de la Ley de la Propiedad Industrial que para efectos de mayor se transcribe a continuación:

“Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”

En esos términos, aun cuando las costumbres quedan en el ámbito de la autodeterminación personal establecido por el entorno cultural de una persona, cierto también es que las personas se encuentran inmersas en sociedades, de las que toma dichas costumbres y van conformando la moral de cada sociedad.

Ahora bien, los conceptos de moral, buenas costumbres y orden público, son amplios y volátiles en cuanto a su contenido, pues varían de una época a otra, razón esta por la que en ocasiones resulta una operación muy compleja determinar cuando se encuentran quebrantados.

Por ello, no existe precepto legal alguno que defina lo que debe entenderse por esos criterios; sin embargo, sí se establece la prohibición en relación a la concesión de un registro de marca cuyo contenido resulte contrario a la moral, buenas costumbres o el orden público; en tal virtud, conviene hacer una breve referencia en relación a la noción de dichos conceptos a fin de advertir si la determinación de la demandada al negar el signo propuesto en base a la contravención de los conceptos en comento es ilegal.

De esta manera, debemos decir que ha sido motivo de múltiples estudios determinar lo que debe entenderse como moral y buenas costumbres para efectos de plasmarlos en disposiciones legales y ser considerados como disposiciones de orden público, pues su definición no puede darse en términos generales y el criterio para su aplicación no es el mismo en la totalidad de los casos.

Lo anterior se debe, en principio, a que la noción de moral y buenas costumbres es más bien regional, toda vez que cada país tiene su propia concepción de dichos criterios, de esa forma, la determinación de éstos corresponde al juzgador de cada región, toda vez que todo orden jurídico recoge los principios y valores que se intentan preservar en una sociedad, de manera que las normas jurídicas reflejan un esquema de valores esenciales cuya aplicación corresponde al juzgador.

Ahora bien, las Buenas Costumbres y la Moral se vinculan con el concepto de orden público, pues precisamente las conductas consideradas apegadas a la moral y buenas costumbres de una sociedad se preservan mediante el establecimiento de normas jurídicas concretas, por lo que no resulta necesario precisar con exactitud en qué consisten las buenas costumbres pues ninguna legislación lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales; sin embargo se considera que todo aquello que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, siendo que el criterio de moralidad de la sociedad tiene como fuente el ambiente social.

Sobre el particular, resultan aplicables, en lo conducente las siguientes tesis:

“[TA]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; LVI; Pág. 133

MORAL PUBLICA Y BUENAS COSTUMBRES, ULTRAJES A LAS.

La facultad de declarar que un hecho es o no delito e imponer las penas consiguientes, es propio y exclusivo de la autoridad judicial, conforme al artículo 21 constitucional, y tal facultad no puede ser restringida o invalidada por el hecho de que una dependencia administrativa haya consentido en la distribución de una revista, de que la naturaleza de esta, pudo sufrir cambios radicales o transformaciones, desde el punto de vista moral, a partir de la fecha del registro hasta la de la comisión del delitoultrajes a la moral publica o a las buenas costumbres. Por otra parte, la calificación de que una revista sea obscena, cae bajo la apreciación del Juez de los autos, sin que sea necesario que haya una prueba especial y directa, encaminada a establecer ese extremo; pues, siendo obsceno lo contrario al pudor, al recato o al decoro, el Juez está capacitado para determinar si ese es el carácter de la revista distribuida y hecha circular por el acusado, por presumirse, fundadamente, que posee el sentimiento medio de moralidad que impera en un momento dado en la sociedad, y tal apreciación no puede violar garantías, a menos que este en contraposición con los datos procesales. Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral publica, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los Jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moralidad publica, tiene el Juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entienden por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas . Es el concepto medio moral el que debe servir de norma y guía al Juez, en la decisión de estos problemas jurídicos y no existe en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. Por tanto, no es la opinión de unos peritos, que no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni es la simple interpretación lexicológica, el único medio de que se puede disponer para llegar a una conclusión; debe acudirse, a la vez, a la interpretación jurídica de las expresiones usadas por el legislador y a la doctrina, como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a los Jueces y tribunales. En suma, a pesar de que no existe una base o punto de partida invariable para juzgar en un momento dado, doble lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, si se cuenta con un procedimiento apropiado para aplicar la ley y satisfacer el propósito que ha presidido la institución de esa clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los Jueces una facultad omnímoda y arbitraria, como toda función judicial, la de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas reglas y el juzgador no debe perder de vista que sus decisiones se han de pronunciar de acuerdo con el principio ya enunciado, de la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos, pues de otra manera incurriría en violaciones de garantías la sentencia que declara que se comprobó el cuerpo del delito que sanciona el artículo 200 del Código Penal, al haber distribuido el acusado, una revista cuyos ejemplares contienen grabados y leyendas que, atendiendo a la opinión corriente que en materia de moral priva en nuestro medio, son de la clase de obras que nuestra sociedad rechaza y estima como disolventes de las costumbres y hábitos sociales, si el tema que inspira dichos grabados y leyendas, tiende a exaltar hasta un grado morboso y como tendencia exclusiva de la publicación la convivencia sexual y, en ocasiones, hasta el comercio carnal.”

TA]; 5a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; CXXII; Pág. 581

“BUENAS COSTUMBRES . Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión; todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquellas. De manera que no es necesario precisar con toda exactitud en que consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.”

Ahora bien, la moral, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española es lo “ perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia” ; así también lo define como “ Estado de ánimo individual o colectivo” (Fuente: http://buscon.rae.es/draeI/).

En esa medida si consideramos que desde un punto de vista jurídico las cuestiones relativas a la moral y las buenas costumbres de la sociedad han sido recogidas por el orden jurídico, luego entonces, existen principios morales que constituyen bienes jurídicamente tutelados por la norma y que de vulnerarse se entiende que existe una contravención a las buenas costumbres.

Establecido lo anterior, de la lectura que se practica al acto impugnado, se advierte que la autoridad demandada confirmó el diverso acto por el que se negó el registro de marca solicitado por la enjuiciante en virtud de que la denominación ****** atenta contra la moral y las buenas costumbres de un sector de la sociedad, argumentando lo siguiente:

-Estableció que ****** es un personaje que pertenece al culto religioso del hinduismo, y que también es conocido como ******* o ******, siendo una de las representaciones de dios más conocida.

-Con base en ello, determinó que el signo propuesto al contener una denominación perteneciente a una deidad de la religión hinduista, que entre sus principios y preceptos morales se encuentra respetar votos sagrados, como lo es el no practicar juegos de azar.

-Luego, toda vez que la marca ****** propuesta a registro pretende destinarse a juegos de azar y apuestas, señala la autoridad, que dicho signo se contrapone totalmente con las creencias y principios morales del sector de la comunidad que practica esa religión a quienes no les es permitido llevar a cabo dichas actividades.

Tomando en consideración lo antedicho, para esta Sala la autoridad demandada apreció los hechos en que sustenta su determinación de manera equivocada, toda vez que la denominación ****** cuya aplicación se pretende para amparar servicios consistentes en ********* ** *******; ****** ** **** * ********; *********; *********; ********* ** ***************; *********** ********** * *********** ********** **** ** ********* * (****** * ******* ** ************ ********** ******** ** *** ******* ********* ** *********** ***** * ****** ***** ** ******* ** ************ ** ***** * ***** * ********* ** ***** ** ********** **** ************)** pertenecientes a la clase ** Internacional, no resulta contraria a la moral y a las buenas costumbres.

Se dice lo anterior acorde a las constancias que obran en autos, de donde se obtiene que la parte actora pretende el registro del signo ****** con el diseño que se percibe a continuación:

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

Como se ve, se trata de la denominación ****** que corresponde a una deidad hinduista y que se corrobora con la representación gráfica de la imagen de dicha deidad en el conjunto de marca cuyo registro pretende la demandante, y que se ubica en la parte superior de la denominación, ya que normalmente es representada como “*** ****** *** ** ****** ** ** ******** * ** ********** ****** ****** *** *** ******* ******** ** ***** ****** ****** *** ** ***** ***** *** ***** **** ******** * *** ******* ***** ** ******* ** ** ******; ** **** ***** ** ****** **** ****** *** ******** ********* ** *** *******; ** ** ******* **** ***** ** ****** (***** ***** *** ******* ***** *********** *********** **** * ****** *****)* **** *********** * *** ******* *** *** *********** ************; * ** ****** **** ******* **** ********* **** ******** ********* * *** ******* ** ******** ** ** ******* *****. ¹

Ahora bien, no es desconocido que las religiones establecen restricciones para quienes las profesan basadas en principios morales a los que obedecen, como es el caso del budismo, que acorde a la información obtenida por la autoridad demandada –y que la actora no objeta en cuanto a su veracidad- no permite la práctica de juegos de azar que son comúnmente encontrados en los servicios de SERVICIOS DE CASINOS; JUEGOS DE AZAR O APUESTAS, a los que la actora pretende destinar dicha marca.

No obstante, en la especie, tal como señala la parte actora, no se actualiza una contravención a las costumbres y moral del sector al que alude, pues debió considerar si el uso de la denominación de la imagen y nombre de ****** es contraria a la moral y buenas costumbres de la sociedad mexicana a la que piensa destinarse la marca.

En efecto, no asiste razón a la autoridad demandada cuando señala que basta la afectación a la moral de un individuo para entender una afectación a la moral, pues ello equivaldría a decir que basta la contravención a la moral de un solo individuo para determinar la moral de la sociedad, lo cual es inexacto.

En efecto, debe insistirse en la complejidad que reviste determinar qué actos son contrarios a la moral o a las buenas costumbres, y de manera extensiva para la materia de propiedad industrial, determinar si el contenido de un signo distintivo resulta contrario a estos principios.

Dicha complejidad tiene lugar en la medida que debe determinarse si el contenido del signo que pretenda registrarse como marca choca con el sentido moral público no individual lo que se vincula con el estado moral contemporáneo de la sociedad en la que ha de registrarse la marca.

Es por ello, que identificar si un signo es contrario a la moral y a las buenas costumbres es difícil, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. ²

Sobre este particular, Breuer Moreno, citado en la obra “Derecho de Marcas”, de Jorge Otamendi, señala que “Es imposible determinar a priori lo que debe entenderse por denominación o dibujo inmoral, ya que el concepto de moral es variable según las épocas, y que lo intolerable ayer puede resultar tolerable hoy y viceversa.” ³

Bajo ese contexto, para valorar si el contenido de un signo es contrario a la moral y a las buenas costumbres, debe atenderse a la moral contemporánea de la sociedad, en este caso, de la sociedad mexicana, pues es en donde la marca cumpliría su función de identificar un producto o un servicio.

Es por lo anterior que esta Sala no comparte la determinación de la autoridad demandada, lo que se verifica considerando las estadísticas de la población mexicana que profesan una religión, para lo cual esta Juzgadora se allega de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de cuyo portal, acorde a sus últimas estadísticas es perceptible que México es un país donde predomina la religión católica ⁴

Lo anterior se corrobora con transcripción de la estadística respectiva:

Como se ve, el Instituto Nacional de Estadística y Goegrafía, ha llevado la estadística de las religiones profesadas en México, advirtiéndose que desde hace por lo menos sesenta años la tendencia con mas de 90% de la población mexicana es hacia la religión católica, y solo el 10% de la población profesan una religión que no es católica entre la que pueda incluirse el hinduismo, por lo que el porcentaje se reduce, aunado a que el 0.4 por ciento no profesan religión alguna.

En esa tesitura, si dentro de la moral y costumbres de la sociedad mexicana no se encuentra la de abstenerse de juegos de azar por no ser ofensivo de sus principios morales, tan es así que es una actividad lícita y regulada, es claro que el registro como marca de una deidad de una religión minoritaria, no conculca la moral de la sociedad que percibirá dicha marca como elemento identificador de un servicio, y en esa medida es equivocada la apreciación de la autoridad demandada.

Es aplicable a lo que se ha venido sosteniendo con relación a la generalidad en que debe ubicarse el concepto de buenas costumbres la siguiente tesis:

“TA]; 7a. Época; Sala Aux.; S.J.F.; 83 Séptima Parte; Pág. 15

BUENAS COSTUMBRES.

No son las que se apegan a las normas científicas y técnicas necesariamente, sino las normas que forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares y tiempo determinados.”

En ese sentido, debe decirse que no existe razón o argumento válido en el texto de la resolución impugnada y recurrida que permita a esta juzgadora compartir su determinación, toda vez que pretende resguardar costumbres y moral que no corresponden a la sociedad mexicana, siendo que el artículo 4º es taxativo al señalar que no es procedente el registro de marcas que contravengan el orden publico, la moral o buenas costumbres.

Luego entonces, al no corresponder a valores de la sociedad mexicana la abstención en juegos de azar vinculado con la deidad hinduista, es claro que no resultaba procedente negar el registro de la marca conforme al artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial.

Aunado a lo anterior, la autoridad demandada no acredita que efectivamente el sector social que refiere pudiera verse ofendido por el uso de la denominación ******* para amparar servicios de la clase ** internacional, esto es, casinos y juegos de azar, pues no señala que porcentaje de población puede verse afectado a fin de determinar una verdadera trasgresión a la moral y buenas costumbres sociales.

Y por el contrario, de conformidad con las estadísticas previamente señaladas, se advierte que dichas costumbre no corresponde a la sociedad a la que pretende destinarse el signo propuesto.

Es por lo anterior, que esta Sala considera que la denominación propuesta a registro se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 88 y 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que establecen lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase…”

En efecto, la denominación ****** es un signo visible capaz de distinguir los servicios a los que pretende dirigirse de otros de su misma clase o especie; sin que su aplicación a los mismos resulte contrario ala moral y a las buenas costumbres.

En las relatadas consideraciones, es evidente que la denominación ****** propuesta por la actora para ser registrada como marca, SI es susceptible de ello, por lo que al haberse negado su registro se contravino lo dispuesto por los artículos 88, 89, fracción I, en relación con el diverso artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, en tal virtud, se actualiza en el presente caso la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues los hechos en que se sustento la resolución impugnada se apreciaron en forma equivocada, siendo procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad administrativa, atendiendo a las anteriores consideraciones, autorice el registro de la solicitud de la marca antes referida, esto es, tomando en consideración que la marca ****** NO es contraria a la moral y a las buenas costumbres; en el entendido de que la resolución que emita en cumplimiento al presente fallo, deberá emitirse dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el mismo quede firme, de conformidad con el artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, esta Sala estima innecesario el estudio de los restantes argumentos expuestos por la actora en su escrito de demanda, al haber quedado acreditada plenamente la ilegalidad de la resolución impugnada, ya que su análisis en nada variaría el sentido del presente fallo, sin que ello pueda considerarse como violatorio de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia No. 68 de este Tribunal y precedente que a la letra dicen:

“ SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL. CASO EN EL QUE NO CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si bien es cierto que las Salas del Tribunal deben examinar todos los puntos controvertidos de la resolución impugnada, de la demanda y de la contestación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que deben abstenerse de estudiar todas las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de anulación fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada; pues siendo así resultaría innecesario analizar las demás argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que cualquiera que fuera el resultado de este estudio, en nada se variaría la anterior conclusión”

Precedente V-P-2aS-122, publicado en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año II, Abril 2002, página 70.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

I.- Ha resultado procedente el juicio de nulidad promovido por ******* ***** ** ** **** ** ****;

II. La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia,

III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de este fallo.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe.

B hd

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales del actor y de su apoderado; los datos del signo distintivo materia del juicio, así como los datos de los expedientes que llevarían a la identificación de los datos personales de las partes, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”