Constitución Española.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Constitución Española.

Cortes Generales

«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Referencia: BOE-A-1978-31229

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: 27 de septiembre de 2011

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,
SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

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Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio
cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5.

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

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TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con
España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho
recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida

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la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

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3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son
ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un
registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud
de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá

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derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los
términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que
la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley
establezca.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30.

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

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2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los
derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de
utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad
con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la
ley.
22.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

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Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales
éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su
estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera
del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente
proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los
derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

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Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

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CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
TÍTULO II

De la Corona

Artículo 56.

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la
Corona.

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3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 57.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58.

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59.

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60.

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

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Artículo 62.

Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos
previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como
poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles
y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del
Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos
generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63.

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64.

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65.

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les
atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 67.

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no
vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68.

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69.

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley
orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo
Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo
tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una
de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera,
Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada
millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea
legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada
representación proporcional.
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro
años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70.

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los
Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la
excepción de los miembros del Gobierno.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Policía en activo.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

f) A los miembros de las Juntas Electorales.
2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71.

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las
respectivas Cámaras.

Artículo 72.

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73.

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Artículo 74.

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158,
2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el
procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos
casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una
Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión
presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma
establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75.

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la
aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en
cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya
sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional,
las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales
del Estado.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 76.

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77.

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78.

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79.

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80.

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.
CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

Artículo 81.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 82.

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83.

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84.

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de
Decretos Legislativos.

Artículo 86.

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley,

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delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 88.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89.

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el
Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91.

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del
Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
CAPÍTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artículo 93.

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 94.

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos
y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda
Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan
medidas legislativas para su ejecución.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 95.

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional
para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96.

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los
Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en
su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las
propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su
cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

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2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100.

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Gobierno.

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105.

La ley regulará:

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los
Diputados.

Artículo 109.

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110.

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del
Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus
Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las
mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111.

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 113.

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los
Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su
presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones
alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán
presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114.

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115.

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

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TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122.

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124.

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno,
oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126.

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127.

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

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Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131.

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133.

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al
Estado, mediante ley.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud
de ley.
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar
gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134.

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos
Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

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4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135.

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Téngase en cuenta que los límites de déficit estructural establecidos en el apartado 2 entran en vigor a partir de 2020, según establece la disposición adicional única.3 de la Reforma de 27 de septiembre de 2011. Ref. BOE-A-2011-15210.

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Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de
Cuentas.
TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

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Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a
Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de
Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las
Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de
servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente
comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de
cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes
Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y

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Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en
general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las
Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio
de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos
medios o por cable.
6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no
desarrollen actividades comerciales.
7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial.
12.ª Ferias interiores.
13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los
objetivos marcados por la política económica nacional.
14.ª La artesanía.
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad
Autónoma.
16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la
lengua de la Comunidad Autónoma.
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20.ª Asistencia social.
21.ª Sanidad e higiene.
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás
facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley
orgánica.

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2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades
Autónomas.
8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En
todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e
instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los
conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último
caso, a las normas de derecho foral o especial.
9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de
crédito, banca y seguros.
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre
productos farmacéuticos.
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector
se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales
marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio
aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.
22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte
de energía salga de su ámbito territorial.

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23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una
Comunidad Autónoma.
25.ª Bases de régimen minero y energético.
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los
medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y
ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una ley orgánica.
30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos
en esta materia.
31.ª Estadística para fines estatales.
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias

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afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:
1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.
3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.
2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

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Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
e) El producto de las operaciones de crédito.
2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales

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que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162.

1. Están legitimados:

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el
marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Segunda.

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

Tercera.

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

Cuarta.

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Tercera.

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

Quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Sexta.

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Séptima.

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:
a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.
b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.
c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Octava.

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del
15 de junio de 1981.
2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se
considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a
partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo
dispuesto en dicho artículo.
Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y
competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la
facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de
lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el
apartado 2 del artículo 101.
3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera
desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las
elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo
referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el
inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo
dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Novena.

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de
17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.
2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de
1876.
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en
esta Constitución.

DISPOSICION FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.
POR TANTO,
MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.
PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES Antonio Hernández Gil

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Fernando Alvarez de Miranda y Torres

EL PRESIDENTE DEL SENADO Antonio Fontán Pérez

Este texto consolidado no tiene valor jurídico. Más información en info@boe.es
JUAN CARLOS

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Spanish Constitution of 1978 (as amended on August 28, 1992)

SPANISH CONSTITUTION

SPANISH CONSTITUTION

Passed by the Cortes Generales in Plenary sittings of the Congress and the Senate held on October 31, 1978; ratified by referendum of the Spanish people on December 7,
1978 and sanctioned by His Majesty the King before the Cortes Generales on
December 27, 1978.
Modified by the Cortes Generales in the Plenary sittings of the Congress held on July
22, 1992 and of the Senate held on July 30, 1992 and sanctioned by His Majesty the
King on August 27, 1992.

SYSTEMATIC INDEX

 PREAMBLE

 PRELIMINARY TITLE (sec. 1 to 9)

 PART I. Fundamental Rights and Duties (sec. 10)

N CHAPTER 1. Spaniards and Aliens (sec. 11 to 13)

N CHAPTER 2. Rights and Freedoms (sec. 14)

 Division 1. Fundamental Rights and Public Freedoms (sec. 15 to 29)

 Division 2. Rights and Duties of Citizens (sec. 30 to 38)

N CHAPTER 3. Principles governing Economic and Social Policy (sec. 39 to 52) N CHAPTER 4. Guarantees of Fundamental Rights and Freedoms (sec. 53 to 54) N CHAPTER 5. Suspension of Rights and Freedoms (sec. 55)

 PART II. The Crown (sec. 56 to 65)

 PART III. The Cortes Generales

N CHAPTER 1. Houses of Parliament (sec. 66 to 80)

N CHAPTER 2. Drafting of Bills (sec. 81 to 92)

N CHAPTER 3. International Treaties (sec. 93 to 96)

 PART IV. Government and Administration (sec. 97 to 107)

 PART V. Relations between the Government and the Cortes Generales (sec. 108 to

116)

 PART VI. Judicial Power (sec. 117 to 127)

 PART VII. Economy and Finance (sec. 128 to 136)

 PART VIII. Territorial Organization of the State

N CHAPTER 1. General Principles (sec. 137 to 139)

N CHAPTER 2. Local Government (sec. 140 to 142)

N CHAPTER 3. Self-governing Communities (sec. 143 to 158)

 PART IX. The Constitutional Court (sec. 159 to 165)

 PART X. Constitutional Amendment (sec. 166 to 169)

 ADDITIONAL PROVISIONS (one to four)

 TRANSITIONAL PROVISIONS (one to nine)

 REPEALS

 FINAL PROVISION

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SPANISH CONSTITUTION

WE, DON JUAN CARLOS I, KING OF SPAIN, ANNOUNCE TO ALL THOSE WHO MAY HAVE KNOWLEDGE OF THIS,
THAT THE CORTES HAVE PASSED AND THE SPANISH PEOPLE HAVE RATIFIED THE FOLLOWING CONSTITUTION:

PREAMBLE

The Spanish Nation, desiring to establish justice, liberty, and security, and to promote the well-being of all its members, in the exercise of its sovereignty, proclaims its will to:
Guarantee democratic coexistence within the Constitution and the laws, in accordance with a fair economic and social order.
Consolidate a State of Law which ensures the rule of law as the expression of the popular will.
Protect all Spaniards and peoples of Spain in the exercise of human rights, of their culture and traditions, languages and institutions.
Promote the progress of culture and of the economy to ensure a dignified quality of life for all.
Establish an advanced democratic society, and
Cooperate in the strengthening of peaceful relations and effective cooperation among all the peoples of the earth.
Therefore, the Cortes pass and the Spanish people ratifies the following

Section 1

CONSTITUTION PRELIMINARY TITLE

(1) Spain is hereby established as a social and democratic State, subject to the rule of law, which advocates freedom, justice, equality and political pluralism as highest values of its legal system .
(2) National sovereignty belongs to the Spanish people, from whom all state powers emanate.
(3) The political form of the Spanish State is the Parliamentary Monarchy.

Section 2

The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards; it recognizes and guarantees the right to self-government of the nationalities and regions of which it is composed and the solidarity among them all.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 3

(1) Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.
(2) The other Spanish languages shall also be official in the respective Self- governing Communities in accordance with their Statutes.
(3) The richness of the different linguistic modalities of Spain is a cultural heritage which shall be specially respected and protected.

Section 4

(1) The flag of Spain consists of three horizontal stripes: red, yellow and red, the yellow strip being twice as wide as each red stripe.
(2) The Statutes may recognize flags and ensigns of the Self-governing Communities. These shall be used together with the flag of Spain on their public buildings and in their official ceremonies.

Section 5

The capital of the State is the city of Madrid.

Section 6

Political parties are the expression of political pluralism, they contribute to the formation and expression of the will of the people and are an essential instrument for political participation. Their creation and the exercise of their activities are free in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and their functioning must be democratic.

Section 7

Trade unions and employers associations contribute to the defence and promotion of the economic and social interests which they represent. Their creation and the exercise of their activities shall be free in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and their functioning must be democratic.

Section 8

(1) The mission of the Armed Forces, comprising the Army, the Navy and the Air Force, is to guarantee the sovereignty and independence of Spain and to defend its territorial integrity and the constitutional order.
(2) The basic structure of military organization shall be regulated by an Organic Act in accordance with the principles of the present Constitution.

Section 9

(1) Citizens and public authorities are bound by the Constitution and all other legal previsions.

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SPANISH CONSTITUTION

(2) It is the responsibility of the public authorities to promote conditions ensuring that freedom and equality of individuals and of the groups to which they belong are real and effective, to remove the obstacles preventing or hindering their full enjoyment, and to facilitate the participation of all citizens in political, economic, cultural and social life.
(3) The Constitution guarantees the principle of legality, the hierarchy of legal provisions, the publicity of legal statutes, the non-retroactivity of punitive provisions that are not favourable to or restrictive of individual rights, the certainty that the rule of law shall prevail, the accountability of public authorities, and the prohibition of arbitrary action of public authorities.

Section 10

PART I Fundamental Rights and Duties

(1) The dignity of the person, the inviolable rights which are inherent, the free development of the personality, the respect for the law and for the rights of others are the foundation of political order and social peace.
(2) Provisions relating to the fundamental rights and liberties recognized by the Constitution shall be construed in conformity with the Universal Declaration of Human Rights and international treaties and agreements thereon ratified by Spain.

Section 11

CHAPTER 1

Spaniards and Aliens

(1) Spanish nationality shall be acquired, retained and lost in accordance with the provisions of the law.
(2) No person of Spanish birth may be deprived of his or her nationality.
(3) The State may negotiate dual nationality treaties with Latin-American countries or with those which have had or which have special links with Spain. In these countries Spaniards may become naturalized without losing their nationality of origin, even if those countries do not grant a reciprocal right to their own citizens.

Section 12

Spaniards come legally of age at eighteen years.

Section 13

(1) Aliens in Spain shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present Part, under the terms to be laid down by treaties and the law.

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SPANISH CONSTITUTION

(2) * Only Spaniards shall have the rights recognized in section 23, except in cases which may be established by treaty or by law concerning the right to vote and the right to be elected in municipal elections, and subject to the principle of reciprocity.
* This text includes the first constitutional reform adopted on 27/08/1992; it just added the words "and the right to be elected" to the paragraph.
(3) Extradition shall be granted only in compliance with a treaty or with the law, on reciprocal basis. No extradition can be granted for political crimes; but acts of terrorism shall not be regarded as such.
(4) The law shall lay down the terms under which citizens from other countries and stateless persons may enjoy the right to asylum in Spain.

Section 14

CHAPTER 2

Rights and Freedoms

Spaniards are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance.

Section 15

DIVISION 1

Fundamental Rights and Public Freedoms

Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and under no circumstances may be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Death penalty is hereby abolished, except as provided for by military criminal law in times of war.

Section 16

(1) Freedom of ideology, religion and worship of individuals and communities is guaranteed, with no other restriction on their expression than may be necessary to maintain public order as protected by law.
(2) No one may be compelled to make statements regarding his or her ideology, religion or beliefs.
(3) No religion shall have a state character. The public authorities shall take into account the religious beliefs of Spanish society and shall consequently maintain appropriate cooperation relations with the Catholic Church and other confessions.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 17

(1) Every person has the right to freedom and security. No one may be deprived of his or her freedom except in accordance with the provisions of this section and in the cases and in the manner provided for by the law.
(2) Preventive arrest may last no longer than the time strictly necessary in order to carry out the investigations aimed at establishing the events; in any case the person arrested must be set free or handed over to the judicial authorities within a maximum period of seventy-two hours.
(3) Every person arrested must be informed immediately, and in a way understandable to him or her, of his or her rights and of the grounds for his or her arrest, and may not be compelled to make a statement. The arrested person shall be guaranteed the assistance of a lawyer during police and judicial proceedings, under the terms to be laid down by the law.
(4) An habeas corpus procedure shall be provided for by law in order to ensure the immediate handing over to the judicial authorities of any person illegally arrested. Likewise, the maximum period of provisional imprisonment shall be determined by law.

Section 18

(1) The right to honour, to personal and family privacy and to the own image is guaranteed.
(2) The home is inviolable. No entry or search may be made without the consent of the householder or a legal warrant, except in cases of flagrante delicto.
(3) Secrecy of communications is guaranteed, particularly regarding postal, telegraphic and telephonic communications, except in the event of a court order.
(4) The law shall restrict the use of data processing in order to guarantee the honour and personal and family privacy of citizens and the full exercise of their rights.

Section 19

Spaniards have the right to freely choose their place of residence, and to freely move about within the national territory.
Likewise, they have the right to freely enter and leave Spain subject to the conditions to be laid down by the law. This right may not be restricted for political or ideological reasons.

Section 20

(1) The following rights are recognized and protected:
a) the right to freely express and spread thoughts, ideas and opinions through words, in writing or by any other means of reproduction;
b) the right to literary, artistic, scientific and technical production and creation;
c) the right to academic freedom;

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SPANISH CONSTITUTION

d) the right to freely communicate or receive truthful information by any means of dissemination whatsoever. The law shall regulate the right to the clause of conscience and professional secrecy in the exercise of these freedoms.
(2) The exercise of these rights may not be restricted by any form of prior censorship.
(3) The law shall regulate the organization and parliamentary control of the masscommunication means under the control of the State or any public agency and shall guarantee access to such means by the significant social and political groups, respecting the pluralism of society and of the various languages of Spain.
(4) These freedoms are limited by respect for the rights recognized in this Part, by the legal provisions implementing it, and especially by the right to honour, to privacy, to the own image and to the protection of youth and childhood.
(5) The seizure of publications, recordings and other means of information may only be carried out by means of a court order.

Section 21

(1) The right to peaceful unarmed assembly is granted. The exercise of this right shall not require prior authorization.
(2) In the case of meetings in public places and of demonstrations, prior notification shall be given to the authorities, who can only forbid them when there are well founded grounds to expect a breach of public order, involving danger to persons or property.

Section 22

(1) The right of association is granted.
(2) Associations which pursue ends or use means legally defined as criminal offences are illegal.
(3) Associations set up on the basis of this section must be entered in a register for the sole purpose of public knowledge.
(4) Associations may only be dissolved or have their activities suspended by virtue of a court order stating the reasons for it.
(5) Secret and paramilitary associations are prohibited.

Section 23

(1) Citizens have the right to participate in public affairs, directly or through representatives freely elected in periodic elections by universal suffrage.
(2) They also have the right to accede under conditions of equality to public functions and positions, in accordance with the requirements laid down by the law.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 24

(1) All persons have the right to obtain effective protection from the judges and the courts in the exercise of their rights and legitimate interests, and in no case may there be a lack of defense.
(2) Likewise, all have the right to the ordinary judge predetermined by law; to defense and assistance by a lawyer; to be informed of the charges brought against them; to a public trial without undue delays and with full guarantees; to the use of evidence appropriate to their defense; not to make self-incriminating statements; not to plead themselves guilty; and to be presumed innocent.
The law shall specify the cases in which, for reasons of family relationship or professional secrecy, it shall not be compulsory to make statements regarding allegedly criminal offences.

Section 25

(1) No one may be convicted or sentenced for actions or omissions which when committed did not constitute a criminal offence, misdemeanour or administrative offence under the law then in force.
(2) Punishments entailing imprisonment and security measures shall be aimed at reeducation and social rehabilitation and may not involve forced labour. The person sentenced to prison shall enjoy, during the imprisonment, the fundamental rights contained in this Chapter except those expressly restricted by the content of the sentence, the purpose of the punishment and the penitentiary law. In any case, he or she shall be entitled to paid work and to the appropriate Social Security benefits, as well as to access to cultural opportunities and the overall development of his or her personality.
(3) The Civil Administration may not impose penalties which directly of indirectly imply deprivation of freedom.

Section 26

Courts of Honour are prohibited within the framework of the Civil Administration and of professional organizations.

Section 27

(1) Everyone has the right to education. Freedom of teaching is recognized.
(2) Education shall aim at the full development of human personality with due respect for the democratic principles of coexistence and for basic rights and freedoms.
(3) The public authorities guarantee the right of parents to ensure that their children receive religious and moral instruction in accordance with their own convictions.
(4) Elementary education is compulsory and free.

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SPANISH CONSTITUTION

(5) The public authorities guarantee the right of all to education, through general education programming, with the effective participation of all sectors concerned and the setting-up of educational centres.
(6) The right of individuals and legal entities to set up educational centres is recognized, provided they respect constitutional principles.
(7) Teachers, parents and, when appropriate, pupils shall participate in the control and management of all centres supported by the Administration out of public funds, under the terms established by the law.
(8) The public authorities shall inspect and standardize the educational system in order to ensure compliance with the laws.
(9) The public authorities shall help the educational centres which meet the requirements established by the law.
(10) The autonomy of Universities is recognized, under the terms established by the law.

Section 28

(1) All have the right to freely join a trade union. The law may restrict or except the exercise of this right in the Armed Forces or Institutes or other bodies subject to military discipline, and shall lay down the special conditions of its exercise by civil servants. Trade union freedom includes the right to set up trade unions and to join the union of one's choice, as well as the right of trade unions to form confederations and to found international trade union organizations, or to become members thereof. No one may be compelled to join a trade union.
(2) The right of workers to strike in defence of their interests is recognized. The law governing the exercise of this right shall establish the safeguards necessary to ensure the maintenance of essential public services.

Section 29

(1) All Spaniards shall have the right to individual and collective petition, in writing, in the manner and subject to the consequences to be laid down by law.
(2) Members of the Armed Forces or Institutes or bodies subject to military discipline may only exercise this right individually and in accordance with statutory provisions relating to them.

Section 30

DIVISION 2

Rights and Duties of Citizens

(1) Citizens have the right and the duty to defend Spain.

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SPANISH CONSTITUTION

(2) The law shall determine the military obligations of Spaniards and shall regulate, with all due guarantees, conscientious objection as well as other grounds for exemption from compulsory military service; it may also, when appropriate, impose a community service in place of military service.
(3) A civilian service may be established with a view to accomplishing objectives of general interest.
(4) The duties of citizens in the event of serious risk, catastrophe or public calamity may be regulated by law.

Section 31

(1) Everyone shall contribute to sustain public expenditure according to their economic capacity, through a fair tax system based on the principles of equality and progressive taxation, which in no case shall be of a confiscatory scope.
(2) Public expenditure shall make an equitable allocation of public resources, and its programming and execution shall comply with criteria of efficiency and economy.
(3) Personal or property contributions for public purposes may only be imposed in accordance with the law.

Section 32

(1) Man and woman have the right to marry with full legal equality.
(2) The law shall make provision for the forms of marriage, the age and capacity for concluding it, the rights and duties of the spouses, the grounds for separation and dissolution, and their effects.

Section 33

(1) The right to private property and inheritance is recognized.
(2) The social function of these rights shall determine the limits of their content in accordance with the law.
(3) No one may be deprived of his or her property and rights, except on justified grounds of public utility or social interest and with a proper compensation in accordance with the law.

Section 34

(1) The right to set up foundations for purposes of general interest is recognized in accordance with the law.
(2) The provisions of subsections 2 and 4 of section 22 shall also be applicable to foundations.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 35

(1) All Spaniards have the duty to work and the right to work, to the free choice of profession or trade, to advancement through work, and to a sufficient remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families. Under no circumstances may they be discriminated on account of their sex.
(2) The law shall regulate a Workers' Statute.

Section 36

The law shall regulate the pecularities of the legal status of Professional Associations and the exercise of degree professions. The internal structure and the functioning of Associations must be democratic.

Section 37

(1) The law shall guarantee the right to collective labour bargaining between workers and employers' representatives, as well as the binding force of the agreements.
(2) The right of workers and employers to adopt collective labour dispute measures is hereby recognized. The law regulating the exercise of this right shall, without prejudice to the restrictions which it may impose, include the guarantees necessary to ensure the functioning of essential public services.

Section 38

Free enterprise is recognized within the framework of a market economy. The public authorities guarantee and protect its exercise and the safeguarding of productivity in accordance with the demands of the general economy and, as the case may be, of economic planning.

Section 39

CHAPTER 3

Principles governing Economic and Social Policy

(1) The public authorities ensure social, economic and legal protection of the family. (2) The public authorities likewise ensure full protection of children, who are equal
before the law, regardless of their parentage, and of mothers, whatever their
marital status. The law shall provide for the possibility of the investigation of paternity.
(3) Parents must provide their children, whether born within or outside wedlock, with assistance of every kind while they are still under age and in other circumstances in which the law so establishes.
(4) Children shall enjoy the protection provided for in the international agreements safeguarding their rights.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 40

(1) The public authorities shall promote favourable conditions for social and economic progress and for a more equitable distribution of regional and personal income within the framework of a policy of economic stability. They shall in particular carry out a policy aimed at full employment.
(2) Likewise, the public authorities shall promote a policy guaranteeing professional training and retraining; they shall ensure labour safety and hygiene and shall provide for the need of rest by limiting the duration of working day, by periodic paid holidays, and by promoting suitable centres.

Section 41

The public authorities shall maintain a public Social Security system for all citizens guaranteeing adequate social assistance and benefits in situations of hardship, especially in case of unemployment. Supplementary assistance and benefits shall be optional.

Section 42

The State shall be especially concerned with safeguarding the economic and social rights of Spanish workers abroad, and shall direct its policy towards their return.

Section 43

(1) The right to health protection is recognized.
(2) It is incumbent upon the public authorities to organize and watch over public health by means of preventive measures and the necessary benefits and services. The law shall establish the rights and duties of all in this respect.
(3) The public authorities shall foster health education, physical education and sports. Likewise, they shall encourage the proper use of leisure time.

Section 44

(1) The public authorities shall promote and watch over access to culture, to which all are entitled.
(2) The public authorities shall promote science and scientific and technical research for the benefit of the general interest.

Section 45

(1) Everyone has the right to enjoy an environment suitable for the development of the person, as well as the duty to preserve it.
(2) The public authorities shall watch over a rational use of all natural resources with a view to protecting and improving the quality of life and preserving and restoring the environment, by relying on an indispensable collective solidarity.
(3) For those who break the provisions contained in the foregoing paragraph, criminal or, where applicable, administrative sanctions shall be imposed, under the terms established by the law, and they shall be obliged to repair the damage caused.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 46

The public authorities shall guarantee the preservation and promote the enrichment of the historical, cultural and artistic heritage of the peoples of Spain and of the property of which it consists, regardless of their legal status and their ownership. The criminal law shall punish any offences against this heritage.

Section 47

All Spaniards have the right to enjoy decent and adequate housing. The public authorities shall promote the necessary conditions and establish appropriate standards in order to make this right effective, regulating land use in accordance with the general interest in order to prevent speculation.
The community shall have a share in the benefits accruing from the town-planning policies of public bodies.

Section 48

The public authorities shall promote conditions for the free and effective participation of young people in political, social, economic and cultural development.

Section 49

The public authorities shall carry out a policy of preventive care, treatment, rehabilitation and integration of the physically, sensorially and mentally handicapped by giving them the specialized care they require, and affording them special protection for the enjoyment of the rights granted by this Part to all citizens.

Section 50

The public authorities shall guarantee, through adequate and periodically updated pensions, a sufficient income for citizens in old age. Likewise, and without prejudice to the obligations of the families, they shall promote their welfare through a system of social services that provides for their specific problems of health, housing, culture and leisure.

Section 51

(1) The public authorities shall guarantee the protection of consumers and users and shall, by means of effective measures, safeguard their safety, health and legitimate economic interests.
(2) The public authorities shall promote the information and education of consumers and users, foster their organizations, and hear them on those matters affecting their members, under the terms established by law.
(3) Within the framework of the provisions of the foregoing paragraphs, the law shall regulate domestic trade and the system of licensing commercial products.

Section 52

The law shall regulate the professional organizations which contribute to the defence of their own economic interests. Their internal structure and their functioning must be democratic.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 53

CHAPTER 4

Guarantee of Fundamental Rights and Freedoms

(1) The rights and freedoms recognized in Chapter 2 of the present Part are binding on all public authorities. Only by an act which in any case must respect their essential content, could the exercise of such rights and freedoms be regulated, which shall be protected in accordance with the provisions of section 161(1) a).
(2) Any citizen may assert a claim to protect the freedoms and rights recognized in section 14 and in division 1 of Chapter 2, by means of a preferential and summary procedure before the ordinary courts and, when appropriate, by lodging an individual appeal for protection (recurso de amparo) to the Constitutional Court. This latter procedure shall be applicable to conscientious objection as recognized in section 30.
(3) Recognition, respect and protection of the principles recognized in Chapter 3 shall guide legislation, judicial practice and actions by the public authorities. They may only be invoked before the ordinary courts in accordance with the legal provisions implementing them.

Section 54

An organic act shall regulate the institution of the Defender of the People (Defensor del Pueblo) as high commissioner of the Cortes Generales, appointed by them to defend the rights contained in this Part; for this purpose he or she may supervise the activity of the Administration and report thereon to the Cortes Generales.

(Senate Standing Orders, section 183)

Section 55

CHAPTER 5

Suspension of Rights and Freedoms

(1) The rights recognized in sections 17, 18, subsections 2 and 3, sections 19, 20, subsection 1, paragraphs a) and d), and subsection 5, sections 21, 28, subsection
2, and section 37, subsection 2, may be suspended when a state of emergency or siege (martial law) is declared under the terms provided in the Constitution.
Subsection 3 of section 17 is excepted from the foregoing provisions in the event
of the declaration of a state of emergency.
(2) An organic act may determine the manner and the circumstances in which, on an individual basis and with the necessary participation of the courts and proper parliamentary control, the rights recognized in section 17, subsection 2, and 18, subsections 2 and 3, may be suspended for specific persons in connection with investigations of the activities of armed bands or terrorist groups.

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SPANISH CONSTITUTION

Unwarranted or abusive use of the powers recognized in the foregoing organic act shall give rise to criminal liability as a violation of the rights and freedoms recognized by the laws.

Section 56

PART II The Crown

(1) The King is the Head of State, the symbol of its unity and permanence. He arbitrates and moderates the regular functioning of the institutions, assumes the highest representation of the Spanish State in international relations, especially with the nations of its historical community, and exercises the functions expressly conferred on him by the Constitution and the laws.
(2) His title is that of King of Spain, and he may use the other titles appertaining to the Crown.
(3) The person of the King is inviolable and shall not be held accountable. His acts shall always be countersigned in the manner established in section 64. Without such countersignature they shall not be valid, except as provided under section
65(2).

Section 57

(1) The Crown of Spain shall be inherited by the successors of H. M. Juan Carlos I de Borbón, the legitimate heir of the historic dynasty. Succession to the throne shall follow the regular order of primogeniture and representation, the first line always having preference over subsequent lines; within the same line, the closer grade over the more remote; within the same grade, the male over the female, and in the same sex, the elder over the younger.
(2) The Crown Prince, from his birth or from the time he acquires the claim, shall hold the title of Prince of Asturias and the other titles traditionally held by the heir to the Crown of Spain.
(3) Should all the lines designated by law become extinct, the Cortes Generales shall provide for succession to the Crown in the manner most suitable to the interests of Spain.
(4) Those persons with a right of succession to the throne who marry against the express prohibition of the King and the Cortes Generales, shall be excluded from succession to the Crown, as shall their descendants.
(5) Abdications and renunciations and any doubt in fact or in law that may arise in connection with the succession to the Crown shall be settled by an organic act.

Section 58

The Queen consort, or the consort of the Queen, may not assume any constitutional functions, except in accordance with the provisions for the Regency.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 59

(1) In the event of the King being under age, the King's father or mother or, in default thereof, the oldest relative of legal age who is nearest in succession to the Crown, according to the order established in the Constitution, shall immediately assume the office of Regent, which shall exercise during the King's minority.
(2) If the King becomes unfit for the exercise of his authority, and this incapacity is recognized by the Cortes Generales, the Crown Prince shall immediately assume the Regency, if he is of age. If he is not, the procedure outlined in the foregoing paragraph shall apply until the coming of age of the Crown Prince.
(3) If there is no person entitled to assume the Regency, it shall be appointed by the
Cortes Generales and shall be composed of one, three or five persons.
(4) In order to exercise the Regency, it is necessary to be Spaniard and legally of age.
(5) The Regency shall be exercised by constitutional mandate, and always on behalf of the King.

Section 60

(1) The guardian of the King during his minority shall be the person appointed in the will of the deceased King, provided that he or she is of age and Spaniard by birth. If a guardian has not been appointed, the father or the mother shall be guardian, as long as they remain widowed. In default thereof, the guardian shall be appointed by the Cortes Generales, but the offices of Regent and Guardian may not be held by the same person, except by the father, mother or direct ancestors of the King.
(2) Exercise of the guardianship is also incompatible with the holding of any office or political representation.

Section 61

(1) The King, on being proclaimed before the Cortes Generales, will swear to faithfully carry out his duties, to obey the Constitution and the laws and ensure that they are obeyed, and to respect the rights of citizens and the Self-governing Communities.
(2) The Crown Prince, on coming of age, and the Regent or Regents, on assuming office, will swear the same oath as well as that of loyalty to the King.

Section 62

It is incumbent upon the King:
a) To sanction and promulgate the laws.
b) To summon and dissolve the Cortes Generales and to call for elections under the terms provided for in the Constitution.
c) To call for a referendum in the cases provided for in the Constitution.

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SPANISH CONSTITUTION

d) To propose a candidate for President of the Government and, as the case may be, appoint him or her or remove him or her from office, as provided in the Constitution.
e) To appoint and dismiss members of the Government on the President of the
Government's proposal.
f) To issue the decrees approved in the Council of Ministers, to confer civil and military positions and award honours and distinctions in conformity with the law.
g) To be informed of the affairs of State and, for this purpose, to preside over the meetings of the Council of Ministers whenever, he sees fit, at the President of the Government's request.
h) To exercise supreme command of the Armed Forces.
i) To exercise the right of clemency in accordance with the law, which may not authorize general pardons.
j) To exercise the High Patronage of the Royal Academies.

Section 63

(1) The King accredits ambassadors and other diplomatic representatives. Foreign representatives in Spain are accredited before him.
(2) It is incumbent upon the King to express the State's assent to international commitments through treaties, in conformity with the Constitution and the laws.
(3) It is incumbent upon the King, following authorization by the Cortes Generales, to declare war and to make peace.

Section 64

(1) The King's acts shall be countersigned by the President of the Government and, when appropriate, by the competent ministers. The nomination and appointment of the President of the Government and the dissolution provided for under section 99, shall be countersigned by the Speaker of the Congress.
(2) The persons countersigning the King's acts shall be liable for them.

Section 65

(1) The King receives an overall amount from the State Budget for the maintenance of his Family and Household and distributes it freely.
(2) The King freely appoints and dismisses civil and military members of his
Household.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 66

PART III

The Cortes Generales

CHAPTER 1

Houses of Parliament

(1) The Cortes Generales represent the Spanish people and shall consist of the
Congress and the Senate.
(2) The Cortes Generales exercise the legislative power of the State and adopt its Budget, control the action of the Government and have the other competences assigned by the Constitution.
(3) The Cortes Generales are inviolable.

(Senate Standing Orders, section 38)

Section 67

(1) No one may be a member of both Houses simultaneously, or be a representative in the Assembly of a Self-governing Community and a Member of Congress at the same time.
(2) Members of the Cortes Generales shall not be bound by any compulsory mandate.
(3) Meetings of members of Parliament which are held without having been called in the statutory manner, shall not be binding on the Houses, and members may not exercise their functions nor enjoy their privileges.

(Senate Standing Orders, sections 37.2 and 3; 48 and 61.1)

Section 68

(1) The Congress shall consist of a minimum of three hundred and a maximum of four hundred Members, elected by universal, free, equal, direct and secret suffrage, under the terms to be laid down by the law.
(2) The electoral constituency is the province. The cities of Ceuta and Melilla shall be represented by one Member each. The total number of Members shall be distributed in accordance with the law, each constituency being allotted a minimum initial representation and the remainder being distributed in proportion to the population.
(3) The election in each constituency shall be conducted on the basis of proportional representation.
(4) The Congress is elected for four years. The term of office of Members thereof ends four years after their election or on the day on which the Congress is dissolved.

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SPANISH CONSTITUTION

(5) All Spaniards entitled to the full exercise of their political rights shall be electors and may be elected. The law shall recognize and the State shall facilitate the exercise of the right of vote by Spaniards who are outside Spanish territory.
(6) Elections shall take place between thirty and sixty days after the end of the previous term of office. The Congress so elected must be convened within twenty-five days following the holding of elections.

Section 69

(1) The Senate is the House of territorial representation.
(2) In each province, four Senators shall be elected by the voters thereof by universal, free, equal, direct and secret suffrage, under the terms to be laid down by an organic act.
(3) In the insular provinces, each island or group of islands with a Cabildo or insular Council shall be a constituency for the purpose of electing Senators; there shall be three Senators for each of the major islands --Gran Canaria, Mallorca and Tenerife-- and one for each of the following islands or groups of islands: Ibiza- Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote and La Palma.
(4) The cities of Ceuta and Melilla shall elect two Senators each.
(5) The Self-governing Communities shall, in addition, appoint one Senator and a further Senator for every million inhabitants in their respective territories. The appointment shall be incumbent upon the Legislative Assembly or, in default thereof, upon the Self-governing Community's highest corporate body as provided for by its Statute which shall, in any case, guarantee adequate proportional representation.

(Senate Standing Orders, section 56.bis 1)

(6) The Senate is elected for four years. The Senators' term of office shall end four years after their election or on the day on which the House is dissolved.

(Senate Standing Orders, sections 1, 18, 46 and first additional provision)

Section 70

(1) The Electoral Act shall establish grounds for ineligibility and incompatibility for Members of Congress and Senators, which shall in any case include those who are:

(Senate Standing Orders, section 16.1)

a) Members of the Constitutional Court.
b) High officers of the State Administration as laid down by law, with the exception of the members of the Government.
c) The Defender of the People.
d) Magistrates, Judges and Public Prosecutors when in office.
e) Professional soldiers and members of the Security and Police Forces and
Corps in active service.

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SPANISH CONSTITUTION

f) Members of the Electoral Commissions.
(2) The validity of the certificates of election and credentials of members of each House shall be subject to judicial control, under the terms to be laid down in the Electoral Act.

Section 71

(1) Members of Congress and Senators shall enjoy freedom of speech for opinions expressed in the exercise of their functions.

(Senate Standing Orders, section 21)

(2) During their term of office, Members of Congress and Senators shall likewise enjoy freedom from arrest and may be arrested only in the event of flagrante delicto. They may be neither indicted nor tried without prior authorization of their respective House.

(Senate Standing Orders, section 22)

(3) In criminal proceedings brought against Members of Congress and Senators, the competent court shall be the Criminal Section of the Supreme Court.
(4) Members of Congress and Senators shall receive a salary to be determined by the respective House.

(Senate Standing Orders, section 23.1)

Section 72

(1) The Houses lay down their own Standing Orders, adopt their budgets autonomously and, by common agreement, regulate the Personnel Statute of the Cortes Generales. The Standing Orders and their reform shall be subject to a final vote over the whole text, which shall require the overall majority.

(Senate Standing Orders, section 196 and third additional provision)

(2) The Houses elect their respective Speakers and the other members of their Bureaus. Joint sittings shall be presided over by the Speaker of the Congress and shall be governed by the Standing Orders of the Cortes Generales approved by the overall majority of members of each House.

(Senate Standing Orders, section 5.1 and second additional provision)

(3) The Speakers of the Houses shall exercise on their behalf all administrative powers and disciplinary functions within its premises.

(Senate Standing Orders, sections 38 and 39)

Section 73

(1) The Houses shall meet annually for two ordinary periods of sessions: the first from September to December, and the second from February to June.

(Senate Standing Orders, section 69.1)

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SPANISH CONSTITUTION

(2) The Houses may meet in extraordinary sessions at the request of the Government, of the Permanent Deputation or of the overall majority of members of either of the two Houses. Extraordinary sessions must be convened with a specific agenda and shall be adjourned once this has been dealt with.

(Senate Standing Orders, section 70.1)

Section 74

(1) The Houses shall meet in joint session in order to exercise the non-legislative powers expressly conferred upon the Cortes Generales by Part II.
(2) The decisions of the Cortes Generales specified in sections 94(1), 145(2) and
158(2) shall be taken by a majority vote of each of the Houses. In the first case, the procedure shall be initiated by the Congress, and in the remaining two by the Senate. In any case, if an agreement is not reached between the Senate and the Congress, an attempt to reach agreement shall be made by a Mixed Committee consisting of an equal number of Members of Congress and Senators. The Committee shall submit a text which shall be voted on by both Houses. If this is not approved in the established manner, the Congress shall decide by overall majority.

(Senate Standing Orders, sections 57, 137-140 and 145)

Section 75

(1) The Houses shall convene in Plenary sittings and in Committees.
(2) The Houses may delegate to Standing Legislative Committees the approval of Government or non-governmental bills. However, the Plenary sitting may at any time demand that any Government or non-governmental bill that has been so delegated be debated and voted upon by the Plenary itself.

(Senate Standing Orders, section 130-132)

(3) Excluded from the provisions of the foregoing paragraph are constitutional reform, international affairs, organic and basic acts and the Budget.

Section 76

(1) The Congress and the Senate and, when appropriate, both Houses jointly, may appoint enquiry committees on any matter of public interest. Their conclusions shall not be binding on the Courts, nor shall they affect judicial decisions, but the results of investigations may be referred to the Public Prosecutor for the exercise of appropriate action whenever necessary.

(Senate Standing Orders, sections 59, 60 and second additional provision)

(2) It shall be compulsory to appear when summoned by the Houses. The law shall regulate penalties to be imposed for failure to comply with this obligation.

(Senate Standing Orders, section 60.2)

Section 77

(1) The Houses may receive individual and collective petitions, always in writing;
direct submission by citizens' demonstrations is prohibited.

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SPANISH CONSTITUTION

(2) The Houses may refer such petitions to the Government. The Government shall provide an explanation regarding their content, when required to do so by the Houses.

(Senate Standing Orders, sections 192-195)

Section 78

(1) In each House there shall be a Permanent Deputation (Diputación Permanente) consisting of a minimum of twenty-one members who shall represent the parliamentary groups in proportion to their numerical importance.
(2) The Permanent Deputation shall be presided over by the Speaker of the respective House and their functions shall be that provided in section 73, that of assuming the powers of the Houses in accordance with sections 86 and 116 in case that the latter have been dissolved or their terms have expired, and that of safeguarding the powers of the Houses when they are not in session.
(3) On the expiration of the term or in case of dissolution, the Permanent Deputations shall continue to exercise their functions until the constitution of the new Cortes Generales.
(4) When the House concerned meets, the Permanent Deputation shall report on the matters dealt with and on its decisions.

(Senate Standing Orders, sections 45-48)

Section 79

(1) In order to adopt agreements, the Houses must meet in statutory manner, with the majority of their members present.

(Senate Standing Orders, sections 82, and 93.2, 3 and 4)

(2) In order to be valid, such agreements must be approved by the majority of the members present, without prejudice to the special majorities that may be required by the Constitution or the organic acts and those which are provided for by the Standing Orders of the Houses for the election of persons.

(Senate Standing Orders, section 93.1)

(3) The vote of Senators and Members of Congress shall be personal and may not be delegated.

(Senate Standing Orders, section 92.3)

Section 80

Plenary meetings of the Houses shall be public, except when otherwise decided by each House by overall majority, or in accordance with the Standing Orders.

(Senate Standing Orders, sections 22.3 and 6; 23.2; 72, 73 and 102.3)

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SPANISH CONSTITUTION

Section 81

CHAPTER 2

Drafting of Bills

(1) Organic acts are those relating to the implementation of fundamental rights and public freedoms, those approving the Statutes of Autonomy and the general electoral system and other laws provided for in the Constitution.
(2) The approval, amendment or repeal of organic acts shall require the overall majority of the Members of Congress in a final vote on the bill as a whole.

Section 82

(1) The Cortes Generales may delegate to the Government the power to issue rules with the force of an act of the Parliament on specific matters not included in the foregoing section.
(2) Legislative delegation must be granted by means of act of basic principles when its purpose is to draw up texts in sections, or by an ordinary act when it is a matter of consolidating several legal statutes into one.
(3) Legislative delegation must be expressly granted to the Government for a concrete matter and with a fixed time limit for its exercise. The delegation shall expire when the Government has made use of it through the publication of the corresponding regulation. It may not be construed as having been granted implicitly or for an indeterminate period. Nor shall sub-delegation to authorities other than the Government itself be authorized.
(4) Acts of basic principles shall define precisely the purpose and scope of legislative delegation, as well as the principles and criteria to be followed in its exercise.
(5) Authorization for consolidating legal texts shall determine the legislative scope implicit in the delegation, specifying if it is restricted to the mere drafting of a single text or whether it includes regulating, clarifying and harmonizing the legal statutes to be consolidated.
(6) The acts of delegation may provide for additional control devices in each case, without prejudice to the jurisdiction of the Courts.

Section 83

The acts of basic principles may in no case:
a) Authorize the modification of the act itself. b) Grant power to enact retroactive regulations.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 84

In the event that a non-governmental bill or an amendment is contrary to a currently valid legislative delegation, the Government may oppose its processing. In this case, a non-governmental bill may be submitted for the total or partial repeal of the delegation act.

(Senate Standing Orders, section 128)

Section 85

Government provisions containing delegated legislation shall bear the title of
"Legislative Decrees".

Section 86

(1) In case of extraordinary and urgent need, the Government may issue temporary legislative provisions which shall take the form of decree-laws and which may not affect the legal system of the basic State institutions, the rights, duties and freedoms of the citizens contained in Part 1, the system of Self-governing Communities, or the general electoral law.
(2) Decree-laws must be inmediately submitted for debate and voting by the entire Congress, which must be summoned for this purpose if not already in session, within thirty days of their promulgation. The Congress shall adopt an specific decision on their ratification or repeal in the said period, for which purpose the Standing Orders shall contemplate a special summary procedure.
(3) During the period referred to in the foregoing subsection, the Cortes may process them as Government bills by means of the urgency procedure.

Section 87

(1) Legislative initiative belongs to the Government, the Congress and the Senate, in accordance with the Constitution and the Standing Orders of the Houses.

(Senate Standing Orders, sections 104, 105, 108, 109 and 140)

(2) The Assemblies of Self-governing Communities may request the Government to adopt a bill or may refer a non-governmental bill to the Bureau of Congress and delegate a maximum of three Assembly members to defend it.
(3) An organic act shall lay down the manner and the requirements of the popular initiative for submission of non-governmental bills. In any case, no less than
500.000 authenticated signatures shall be required. This initiative shall not be allowed on matters concerning organic acts, taxation, international affairs or the
prerogative of pardon.

Section 88

Government bills shall be approved by the Council of Ministers which shall refer them to the Congress, attaching a statement setting forth the necessary grounds and facts to reach a decision thereon.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 89

(1) The reading of non-governmental bills shall be regulated by the Standing Orders of the Houses in such a way that the priority attached to Government bills shall not prevent the exercise of the right to propose legislation under the terms laid down in section 87.

(Senate Standing Orders, section 105)

(2) Non-governmental bills which, in accordance with section 87, are taken under consideration in the Senate, shall be referred to the Congress for reading.

(Senate Standing Orders, section 108)

Section 90

(1) Once an ordinary or organic bill has been passed by the Congress, its Speaker shall inmediately report on it to the Speaker of the Senate, who shall submit it to the latter for consideration.

(Senate Standing Orders, section 104)

(2) Within two months after receiving the text, the Senate may, by a message stating the reasons for it, adopt a veto or approve amendments thereto. The veto must be adopted by overall majority. The bill may not be submitted to the King for assent unless, in the event of veto, the Congress has ratified the initial text by overall majority or by single majority if two months have elapsed since its introduction, or has reached a decision as to the amendments, accepting them or not by single majority.

(Senate Standing Orders, sections 106 and 122)

(3) The period of two months allowed to the Senate for vetoing or amending a bill shall be reduced to twenty calendar days for bills declared by the Government or by the Congress to be urgent.

(Senate Standing Orders, sections 133-135)

Section 91

The King shall, within a period of fifteen days, give his assent to bills drafted by the
Cortes Generales, and shall promulgate them and order their publication forthwith.

Section 92

(1) Political decisions of special importance may be submitted to all citizens in a consultative referendum.
(2) The referendum shall be called by the King on the President of the Government's proposal after previous authorization by the Congress.
(3) An organic act shall lay down the terms and procedures for the different kinds of referendum provided for in this Constitution.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 93

CHAPTER 3

International Treaties

Authorization may be granted by an organic act for concluding treaties by which powers derived from the Constitution shall be transferred to an international organization or institution. It is incumbent on the Cortes Generales or the Government, as the case may be, to ensure compliance with these treaties and with resolutions originating in the international and supranational organizations to which such powers have been so transferred.

Section 94

(1) The giving of the consent of the State to enter any commitment by means of treaty or agreement, shall require prior authorization of the Cortes Generales in the following cases:
a) Treaties of a political nature.
b) Treaties or agreements of a military nature.
c) Treaties or agreements affecting the territorial integrity of the State or the fundamental rights and duties established under Part 1.
d) Treaties or agreements which imply financial liabilities for the Public
Treasury.
e) Treaties or agreements which involve amendment or repeal of some law or require legislative measures for their execution.

(Senate Standing Orders, sections 144 and 145)

(2) The Congress and the Senate shall be informed forthwith of the conclusion of any other treaties or agreements.

(Senate Standing Orders, section 146)

Section 95

(1) The conclusion of an international treaty containing stipulations contrary to the
Constitution shall require prior constitutional amendment.
(2) The Government or either House may request the Constitutional Court to declare whether or not such a contradiction exists.

(Senate Standing Orders, section 147)

Section 96

(1) Validly concluded international treaties, once officially published in Spain, shall be part of the internal legal system. Their provisions may only be repealed, amended or suspended in the manner provided for in the treaties themselves or in accordance with the general rules of international law.
(2) The procedure provided for in section 94 for entering into international treaties and agreements shall be used for denouncing them.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 97

PART IV Government and Administration

The Government shall conduct domestic and foreign policy, civil and military administration and the defence of the State. It exercises executive authority and the power of statutory regulations in accordance with the Constitution and the laws.

Section 98

(1) The Government shall consist of the President, Vice-Presidents, when appropiate, Ministers and other members as may be created by law.
(2) The President shall direct the Governments' action and coordinate the functions of the other members thereof, without prejudice to the competence and direct responsability of the latter in the discharge of their duties.
(3) Members of the Government may not perform representative functions other than those derived from their parliamentary mandate, nor any other public function not deriving from their office, nor engage in any professional or commercial activity whatsoever.
(4) The status and incompatibilities of members of the Government shall be laid down by law.

Section 99

(1) After each renewal of the Congress and in the other cases provided for under the Constitution, the King shall, after consultation with the representatives appointed by the political groups with parliamentary representation, and through the Speaker of the Congress, nominate a candidate for the Presidency of the Government.
(2) The candidate nominated in accordance with the provisions of the foregoing subsection shall submit to the Congress the political programme of the Government he or she intends to form and shall seek the confidence of the House.
(3) If the Congress, by vote of the overall majority of its members, grants to said candidate its confidence, the King shall appoint him or her President. If overall majority is not obtained, the same proposal shall be submitted for a fresh vote forty-eight hours after the previous vote, and confidence shall be deemed to have been secured if granted by single majority.
(4) If, after this vote, confidence for the investiture has not been obtained, successive proposals shall be voted upon in the manner provided for in the foregoing paragraphs.
(5) If within two months of the first vote for investiture no candidate has obtained the confidence of the Congress, the King shall dissolve both Houses and call for new elections, with the countersignature of the Speaker of the Congress.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 100

The other members of the Government shall be appointed and dismissed by the King at the President's proposal.

Section 101

(1) The Government shall resign after the holding of general elections, in the event of loss of parliamentary confidence as provided in the Constitution, or on the resignation or death of the President.
(2) The outgoing Government shall continue as acting body until the new
Government takes office.

Section 102

(1) The President and other members of the Government shall be held criminally liable, should the occasion arise, before the Criminal Section of the Supreme Court.
(2) If the charge were treason or any offence against the security of the State committed in the discharge of office, it may only be brought against them on the initiative of one quarter of Members of Congress and with the approval of the overall majority thereof.
(3) The Royal prerogative of pardon shall not apply any of the cases provided for under the present section.

Section 103

(1) The Public Administration shall serve the general interest in a spirit of objectivity and shall act in accordance with the principles of efficiency, hierarchy, decentralization, deconcentration and coordination, and in full subordination to the law.
(2) The organs of State Administration are set up, directed and coordinated in accordance with the law.
(3) The law shall lay down the status of civil servants, the entry into the civil service in accordance with the principles of merit and ability, the special features of the exercise of their right to union membership, the system of incompatibilities and the guarantees regarding impartiality in the discharge of their duties.

Section 104

(1) The Security Forces and Corps serving under the Government shall have the duty to protect the free exercise of rights and freedoms and to guarantee the safety of citizens.
(2) An organic act shall specify the duties, basic principles of action and statutes of the Security Forces and Corps.

Section 105

The law shall make provision for:

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SPANISH CONSTITUTION

a) The hearing of citizens, directly, or through the organizations and associations recognized by the law, in the process of drawing up the administrative provisions which affect them.
b) The access of citizens to administrative files and records, except to the extent that they may concern the security and defence of the State, the investigation of crimes and the privacy of persons.
c) The procedures for the taking of administrative action, with due safeguards for the hearing of interested parties when appropriate.

Section 106

(1) The Courts shall check the power to issue regulations and ensure that the rule of law prevails in administrative action, and that the latter is subordinated to the ends which justify it.
(2) Private individuals shall, under the terms laid down by law, be entitled to compensation for any harm they may suffer in any of their property and rights, except in cases of force majeure, whenever such harm is the result of the operation of public services.

Section 107

The Council of State is the supreme consultative body of the Government. An organic act shall make provision for its membership and its terms of reference.

PART V

Relations between the Government and the Cortes Generales

Section 108

The Government is jointly accountable before the Congress for its conduct of political business.

Section 109

The Houses and their Committees may, through their respective Speaker, request any kind of information and help they may need from the Government and Government Departments and from any authorities of the State and Self-governing Communities. (Senate Standing Orders, sections 66 and 67)

Section 110

(1) The Houses and their Committees may summon members of the Government.

(Senate Standing Orders, section 66)

(2) Members of the Government are entitled to attend meetings of the Houses and their Committees and to be heard in them and may request that officials from their Departments are allowed to report to them.

(Senate Standing Orders, sections 66.2 and 83.1)

30

SPANISH CONSTITUTION

Section 111

(1) The Government and each of its members are subject to interpellations and questions put to them in the Houses. The Standing Orders shall set aside a minimum weekly time for this type of debate.

(Senate Standing Orders, sections 160-173)

(2) Any interpellation may give rise to a motion in which the House states its position.

(Senate Standing Orders, section 173.2)

Section 112

The President of the Government, after deliberation by the Council of Ministers, may ask the Congress for a vote of confidence in favour of his or her programme or of a general policy statement. Confidence shall be deemed to have been obtained when a single majority of the Members of Congress vote in favour.

Section 113

(1) The Congress may require political responsibility from the Government by adopting a motion of censure by overall majority of its Members.
(2) The motion of censure must be proposed by at least one tenth of the Members of Congress and shall include a candidate for the office of the Presidency of the Government.
(3) The motion of censure may not be voted until five days after it has been submitted. During the first two days of this period, alternative motions may be submitted.
(4) If the motion of censure is not adopted by the Congress, its signatories may not submit another during the same period of sessions.

Section 114

(1) If the Congress withholds its confidence from the Government, the latter shall submit its resignation to the King, whereafter the President of the Government shall be nominated in accordance with the provisions of section 99.
(2) If the Congress adopts a motion of censure, the Government shall submit its resignation to the King, and the candidate proposed in the motion of censure shall be deemed to have the confidence of the House for the purposes provided in section 99. The King shall appoint him or her President of the Government.

Section 115

(1) The President of the Government, after deliberation by the Council of Ministers, and under his or her sole responsibility, may propose the dissolution of the Congress, the Senate or the Cortes Generales, which shall be proclaimed by the King. The decree of dissolution shall set a date for the elections.
(2) The proposal for dissolution may not be submitted while a motion of censure is pending.

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SPANISH CONSTITUTION

(3) There shall be no further dissolution until a year has elapsed since the previous one, except as provided for in section 99, subsection 5.

Section 116

(1) An organic act shall make provision for the states of alarm, emergency and siege
(martial law) and the powers and restrictions attached to each of them.
(2) A state of alarm shall be proclaimed by the Government, by means of a decree agreed in Council of Ministers, for a maximum period of fifteen days. The Congress shall be informed and must meet immediately, and without its authorization the said period may not be extended. The decree shall specify the territory to which the effects of the proclamation apply.
(3) A state of emergency shall be proclaimed by the Government by decree agreed in Council of Ministers, after prior authorization by the Congress. The authorization for and proclamation of a state of emergency must specifically state the effects thereof, the territory to which it is to apply and its duration, which may not exceed thirty days, subject to extension for a further thirty-day period, with the same requirements.
(4) A state of siege (martial law) shall be proclaimed by overall majority of Congress solely on the Government's proposal. Congress shall determine its territorial extension, duration and terms.
(5) The Congress may not be dissolved while any of the states referred to in the present section remains in force, and if the Houses are not in session, they shall be automatically convened. Their functioning, as well as that of the other constitutional State authorities, may not be interrupted while any of these states is in force.
If, in the event that the Congress has been dissolved or its term has expired, a situation giving rise to any of these states should occur, the powers of the Congress shall be assumed by its Permanent Deputation.
(6) Proclamation of states of alarm, emergency and siege shall not affect the principle of liability of the Government or its agents as recognized in the Constitution and the laws.

Section 117

PART Vl

Judicial Power

(1) Justice emanates from the people and is administered on behalf of the King by judges and magistrates members of the Judicial Power who shall be independent, shall have fixity of tenure, shall be accountable for their acts and subject only to the rule of law.
(2) Judges and magistrates may only be dismissed, suspended, transferred or retired on the grounds and subject to the safeguards provided for by the law.

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SPANISH CONSTITUTION

(3) The exercise of judicial authority in any kind of action, both in ruling and having judgments executed, is vested exclusively in the courts and tribunals laid down by the law, in accordance with the rules of jurisdiction and procedure which may be established therein.
(4) Judges and courts shall not exercise any powers other than those indicated in the foregoing subsection and those which are expressly allocated to them by law as a guarantee of any right.
(5) The principle of jurisdictional unity is the basis of the organization and operation of the courts. The law shall make provision for the exercise of military jurisdiction strictly within military framework and in cases of state of siege (martial law), in accordance with the principles of the Constitution.
(6) Courts of exception are prohibited.

Section 118

It is compulsory to comply with sentences and other final resolutions of judges and courts, as well as to pay them such assistance as they may require in the course of trials and for the execution of judgments.

Section 119

Justice shall be free when thus provided for by law, and shall in any case be so in respect of those who have insufficient means to sue in court.

Section 120

(1) Judicial proceedings shall be public, with the exceptions contemplated in the laws on procedure.
(2) Proceedings shall be predominantly oral, especially in criminal cases.
(3) Judgments shall always specify the grounds therefore, and they shall be delivered in a public hearing.

Section 121

Damages caused by judicial error as well as those arising from irregularities in the administration of justice shall give rise to a right to compensation by the State, in accordance with the law.

Section 122

(1) The Organic Act of the Judicial Power shall make provision for the setting up, operation and internal administration of courts and tribunals as well as for the legal status of professional judges and magistrates, who shall form a single body, and of the staff serving in the administration of justice.
(2) The General Council of the Judicial Power is its governing body. An organic act shall lay down its status and the system of incompatibilities applicable to its members and their functions, especially in connection with appointments, promotions, inspection and the disciplinary system.

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SPANISH CONSTITUTION

(3) The General Council of the Judicial Power shall consist of the President of the Supreme Court, who shall preside it, and of twenty members appointed by the King for a five-year period, of which twelve shall be judges and magistrates of all judicial categories, under the terms provided for by the organic act; four nominated by the Congress and four by the Senate, elected in both cases by three-fifths of their members amongst lawyers and other jurists of acknowledged competence with more than fifteen years of professional practice.

(Senate Standing Orders, sections 184-186)

Section 123

(1) The Supreme Court, with jurisdiction over the whole of Spain, is the highest judicial body in all branches of justice, except with regard to provisions concerning constitutional guarantees.
(2) The President of the Supreme Court shall be appointed by the King, on the General Council of the Judicial Power proposal in the manner to be laid down by the law.

Section 124

(1) The Office of Public Prosecutor, without prejudice to functions entrusted to other bodies, has the task of promoting the operation of justice in the defence of the rule of law, of citizens' rights and of the public interest as safeguarded by the law, whether ex officio or at the request of interested parties, as well as that of protecting the independence of the courts and securing before them the satisfaction of social interest.
(2) The Office of Public Prosecutor shall discharge its duties through its own bodies in accordance with the principles of unity of operation and hierarchical subordination, subject in all cases to the principles of the rule of law and of impartiality.
(3) The organic statute of the Office of the Public Prosecutor shall be laid down by law.
(4) The State's Public Prosecutor shall be appointed by the King on the Government's proposal after consultation with the General Council of the Judicial Power.

Section 125

Citizens may engage in popular action and take part in the administration of justice through the institution of the jury, in the manner and with respect to those criminal trials as may be determined by law, as well as in customary and traditional courts.

Section 126

The judicial police shall report to the judges, the courts and the Public Prosecutor when discharging their duties of crime investigation and the discovery and arrest of offenders, under the terms to be laid down by the law.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 127

(1) Judges and magistrates as well as public prosecutors, whilst actively in office, may not hold other public office nor belong to political parties or unions. The law shall make provision for the system and methods of professional association for judges, magistrates and prosecutors.
(2) The law shall make provision for the system of incompatibilities for members of the Judicial Power, which must ensure their total independence.

Section 128

PART VII Economy and Finance

(1) The entire wealth of the country in its different forms, irrespective of ownership, shall be subordinated to the general interest.
(2) Public initiative in economic activity is recognized. Essential resources or services may be reserved by law to the public sector especially in the case of monopolies. Likewise, State intervention in companies may be imposed when the public interest so demands.

Section 129

(1) The law shall establish the forms of participation of the persons concerned in Social Security and in the activities of those public bodies whose operation directly affects quality of life or general welfare.
(2) The public authorities shall efficiently promote the various forms of participation in the enterprise and shall encourage cooperative societies by means of appropriate legislation. They shall also establish means to facilitate access by workers to ownership of the means of production.

Section 130

(1) The public authorities shall promote the modernization and development of all economic sectors and, in particular, of agriculture, livestock raising, fishing and handicrafts, in order to bring the standard of living of all Spaniards up to the same level.
(2) For the same purpose, special treatment shall be given to mountain areas.

Section 131

(1) The State shall be empowered to plan general economic activity by an act in order to meet collective needs, to balance and harmonize regional and sectorial development and to stimulate the growth of income and wealth and their more equitable distribution.

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SPANISH CONSTITUTION

(2) The Government shall draft planning projects in accordance with forecasts supplied by Self-governing Communities and with the advice and cooperation of unions and other professional, employers' and financial organizations. A council shall be set up for this purpose, whose membership and duties shall be laid down by the law.

Section 132

(1) The law shall lay down the rules governing public and communal property, on the basis that it shall be inalienable, exempt from prescription and cannot be attached under any circumstances, and it shall also provide for the case of disaffectation from public purpose.
(2) The goods of the State's public property shall be that established by law and shall, in any case, include the foreshore beaches, territorial waters and the natural resources of the exclusive economic zone and the continental shelf.
(3) The State's Domain and the National Heritage, as well as their administration, protection and preservation, shall be regulated by law.

Section 133

(1) The primary power to raise taxes is vested exclusively in the State by means of law.
(2) Self-governing Communities and local Corporations may impose and levy taxes, in accordance with the Constitution and the laws.
(3) Any fiscal benefit affecting State taxes must be established by virtue of law.
(4) Public Administrations may only contract financial liabilities and incur expenditures in accordance with the law.

Section 134

(1) It is incumbent upon the Government to draft the State Budget and upon the
Cortes Generales to examine, amend and adopt it.

(Senate Standing Orders, sections 148-150)

(2) The State Budget shall be drafted annually and shall include the entire expenditure and income of the State public sector and a specific mention shall be made of the amount of the fiscal benefits affecting State taxes.
(3) The Government must submit the draft State Budget to the Congress at least three months before the expiration of that of the previous year.
(4) If the Budget Bill is not passed before the first day of the corresponding financial year, the Budget of the previous financial year shall be automatically extended until the new one is approved.
(5) Once the Budget Bill has been adopted, the Government may submit bills involving increases in public expenditure or decreases in the revenue corresponding to the same financial year.

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SPANISH CONSTITUTION

(6) Any non-governmental bill or amendment which involves an increase in appropriations or a decrease in budget revenue shall require previous approval by the Government before its passage.

(Senate Standing Orders, section 151)

(7) The Budget Act may not establish new taxes. It may modify them, wherever a tax law of a substantive nature so provides.

Section 135

(1) The Government must be authorized by law in order to issue Public Debt bonds or to contract loans.
(2) Loans to meet payment on the interest and capital of the State's Public Debt shall always be deemed to be included in budget expenditure and may not be subject to amendment or modification as long as they conform to the terms of issue.

Section 136

(1) The Auditing Court is the supreme body charged with auditing the State's accounts and financial management, as well as those of the public sector.
It shall be directly accountable to the Cortes Generales and shall discharge its duties by delegation of the same when examining and verifying the General State Accounts.
(2) The State Accounts and those of the State's public sector shall be submitted to the
Auditing Court and shall be audited by the latter.
The Auditing Court, without prejudice to its own jurisdiction, shall send an annual report to the Cortes Generales informing them, where applicable, of any infringements that may, in its opinion, have been committed, or any liabilities that may have been incurred.
(3) Members of the Auditing Court shall enjoy the same independence and fixity of tenure and shall be subject to the same incompatibilities as judges.
(4) An organic act shall make provision for membership, organization and duties of the Auditing Court.

Section 137

PART VIII

Territorial Organization of the State

CHAPTER 1

General Principles

The State is organized territorially into municipalities, provinces and the Self- governing Communities that may be constituted. All these bodies shall enjoy self- government for the management of their respective interests.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 138

(1) The State guarantees the effective implementation of the principle of solidarity proclaimed in section 2 of the Constitution, by endeavouring to establish a fair and adequate economic balance between the different areas of the Spanish territory and taking into special consideration the circumstances pertaining to those which are islands.
(2) Differences between Statutes of the different Self-governing Communities may in no case imply economic or social privileges.

Section 139

(1) All Spaniards have the same rights and obligations in any part of the State territory.
(2) No authority may adopt measures which directly or indirectly hinder freedom of movement and settlement of persons and free movement of goods throughout the Spanish territory.

Section 140

CHAPTER 2

Local Government

The Constitution guarantees the autonomy of municipalities. These shall enjoy full legal personality. Their government and administration shall be vested in their Town Councils, consisting of Mayors and councillors. Councillors shall be elected by residents of the municipality by universal, equal, free, direct and secret suffrage, in the manner provided for by the law. The Mayors shall be elected by the councillors or by the residents. The law shall lay down the terms under which an open council of all residents may proceed.

Section 141

(1) The province is a local entity, with its own legal personality, arising from the grouping of municipalities, and a territorial division designed to carry out the activities of the State. Any alteration of provincial boundaries must be approved by the Cortes Generales in an organic act.
(2) The government and autonomous administration of the provinces shall be entrusted to Provincial Councils (Diputaciones) or other Corporations that must be representative in character.
(3) Groups of municipalities other than provinces may be formed.
(4) In the archipelagos, each island shall also have its own administration in the form of Cabildo or Insular Council.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 142

Local treasuries must have sufficient funds available in order to perform the tasks assigned by law to the respective Corporations, and shall mainly be financed by their own taxation as well as by their share of State taxes and those of Self-governing Communities.

Section 143

CHAPTER 3

Self-governing Communities

(1) In the exercise of the right to self-government recognized in section 2 of the Constitution, bordering provinces with common historic, cultural and economic characteristics, insular territories and provinces with a historic regional status may accede to self-government and form Self-governing Communities (Comunidades Autónomas) in conformity with the provisions contained in this Part and in the respective Statutes.

(Senate Standing Orders, section 143)

(2) The right to initiate the process towards self-government lies with all the Provincial Councils concerned or with the corresponding inter-island body and with two thirds of the municipalities whose population represents at least the majority of the electorate of each province or island. These requirements must be met within six months from the initial agreement reached to this aim by any of the local Corporations concerned.
(3) If this initiative is not successful, it may be repeated only after five years have elapsed.

Section 144

The Cortes Generales may, in the national interest, and by an organic act:
a) Authorize the setting-up of a Self-governing Community, where its territory does not exceed that of a province and does not possess the characteristics outlined in section 143, paragraph 1.
b) Authorize or grant, as the case may be, a Statute of Autonomy to territories which are not integrated into the provincial organization.
c) Take over the initiative of the local Corporations referred to in section 143, paragraph 2.

Section 145

(1) Under no circumstances shall a federation of Self-governing Communities be allowed.

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SPANISH CONSTITUTION

(2) Statutes of Autonomy may provide for the circumstances, requirements and terms under which Self-governing Communities may reach agreements among themselves for the management and rendering of services in matters pertaining to them, as well as for the nature and effects of the corresponding notification to be sent to the Cortes Generales. In all other cases, cooperation agreements among Self-governing Communities shall require authorization by the Cortes Generales. (Senate Standing Orders, sections 56 c) and d), and 137-139)

Section 146

The draft Statute of Autonomy shall be drawn up by an assembly consisting of members of the Provincial Council or inter-island body of the provinces concerned, and the respective Members of Congress and Senators elected in them, and shall be sent to the Cortes Generales for its drafting as an Act.

(Senate Standing Orders, section 143)

Section 147

(1) Within the terms of the present Constitution, Statutes of Autonomy shall be the basic institutional rule of each Self-governing Community and the State shall recognize and protect them as an integral part of its legal system.
(2) The Statutes of Autonomy must contain:
a) The name of the Community which best corresponds to its historic identity. b) Its territorial boundaries.
c) The name, organization and seat of its own autonomous institutions.
d) The powers assumed within the framework laid down by the Constitution and the basic rules for the transfer of the corresponding services.
(3) Amendment of Statutes of Autonomy shall conform to the procedure established therein and shall in any case require approval of the Cortes Generales through an organic act.

(Senate Standing Orders, section 143)

Section 148

(1) The Self-governing Communities may assume competences over the following matters:
i) Organization of their institutions of self-government.
ii) Changes in municipal boundaries within their territory and, in general, functions appertaining to the State Administration regarding local Corporations, whose transfer may be authorized by legislation on local governement.
iii) Town and country planning and housing.
iv) Public works of interest to the Self-governing Community, within its own territory.

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SPANISH CONSTITUTION

v) Railways and roads whose routes lie exclusively within the territory of the Selfgoverning Community and transport by the above means or by cable fulfilling the same conditions.
vi) Ports of haven, recreational ports and airports and, in general, those which are not engaged in commercial activities.
vii) Agriculture and livestock raising, in accordance with general economic planning.
viii) Woodlands and forestry.
ix) Management of environmental protection.
x) Planning, construction and exploitation of hydraulic projects, canals and irrigation of interest to the Self-governing Community; mineral and thermal waters.
xi) Inland water fishing, shellfish industry and fishfarming, hunting and river fishing.
xii) Local fairs.
xiii) Promotion of economic development of the Self-governing Community within the objectives set by national economic policy.
xiv) Handicrafts.
xv) Museums, libraries and music conservatories of interest to the Self- governing Community.
xvi) The Self-governing Community's monuments of interest.
xvii) The promotion of culture and research and, where applicable, the teaching of the Self-governing Community's language.
xviii)The promotion and planning of tourism within its territorial area. xix) The promotion of sports and the proper use of leisure.
xx) Social assistance. xxi) Health and hygiene.
xxii) The supervision and protection of its buildings and installations.
Coordination and other powers relating to local police forces under the terms to be laid down by an organic act.
(2) After five years, the Self-governing Communities may, by amendment of their Statutes of Autonomy, progressively enlarge their powers within the framework laid down in section 149.

Section 149

(1) The State shall have exclusive competence over the following matters:

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SPANISH CONSTITUTION

i) Regulation of basic conditions guaranteeing the equality of all Spaniards in the exercise of their rights and in the fulfilment of their constitutional duties.
ii) Nationality, immigration, emigration, status of aliens, and right of asylum.
iii) International relations.
iv) Defence and the Armed Forces. v) Administration of Justice.
vi) Commercial, criminal and penitentiary legislation; procedural legislation, without prejudice to the necessary specialities in these fields arising from the peculiar features of the substantive law of the Self-governing Communities.
vii) Labour legislation, without prejudice to its execution by bodies of the
Self-governing Communities.
viii) Civil legislation, without prejudice to the preservation, modification and development by the Self-governing Communities of their civil law, foral or special, whenever these exist, and traditional charts. In any event rules for the application and effectiveness of legal provisions, civil relations arising from the forms of marriage, keeping of records and drawing up to public instruments, bases of contractual liability, rules for resolving conflicts of law and determination of the sources of law in conformity, in this last case, with the rules of traditional charts or with those of foral or special laws.
ix) Legislation on copyright and industrial property. x) Customs and tariff regulations; foreign trade.
xi) Monetary system: foreign currency, exchange and convertibility; bases for the regulations concerning credit, banking and insurance.
xii) Legislation on weights and measures and determination of the official time.
xiii) Basic rules and coordination of general economic planning. xiv) General financial affairs and State Debt.
xv) Promotion and general coordination of scientific and technical research.
xvi) External health measures; basic conditions and general coordination of health matters; legislation on pharmaceutical products.
xvii) Basic legislation and financial system of Social Security, without prejudice to implementation of its services by the Self-governing Communities.

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SPANISH CONSTITUTION

xviii) Basic rules of the legal system of Public Administrations and the status of their officials which shall, in any case, guarantee that all persons under said administrations will receive equal treatment; the common administrative procedure, without prejudice to the special features of the Self-governing Communities' own organizations; legislation on compulsory expropriation; basic legislation on contracts and administrative concessions and the system of liability of all Public Administrations.
xix) Sea fishing, without prejudice to the powers which, in regulations governing this sector, may be vested to the Self-governing Communities.
xx) Merchant navy and registering of ships; lighting of coasts and signals at sea; general-interest ports; general-interest airports; control of the air space, air traffic and transport; meteorological services and aircraft registration.
xxi) Railways and land transport crossing through the territory of more than one Self-governing Community; general system of communications; motor vehicle traffic; Post Office services and telecommunications; air and underwater cables and radiocommunications.
xxii) Legislation, regulation and concession of hydraulic resources and development where the water-streams flow through more than one Self- governing Community, and authorization for hydro-electrical power plants whenever their operation affects other Communities or the lines of energy transportation are extended over other Communities.
xxiii) Basic legislation on environmental protection, without prejudice to powers of the Self-governing Communities to take additional protective measures; basic legislation on woodlands, forestry and cattle trails.
xxiv) Public works of general benefit or whose execution affects more than one Self-governing Community.
xxv) Basic regulation of mining and energy.
xxvi) Manufacturing, sale, possession and use of arms and explosives.
xxvii) Basic rules relating to organization of the press, radio and television and, in general, all mass-communications media without prejudice to powers vested in the Self-governing Communities for their development and implementation.
xxviii) Protection of Spain's cultural and artistic heritage and national monuments against exportation and spoliation; museums, libraries, and archives belonging to the State, without prejudice to their management by the Self-governing Communities.

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SPANISH CONSTITUTION

xxix) Public safety, without prejudice to the possibility of creation of police forces by the Self-governing Communities, in the manner to be provided for in their respective Statutes of Autonomy and within the framework to be laid down by an organic act.
xxx) Regulation of the requirements for obtention, issue and standardization of academic degrees and professional qualifications and basic rules for implementation of section 27 of the Constitution, in order to guarantee the fulfilment of the duties of public authorities in this matter.
xxxi) Statistics for State purposes.
xxxii) Authorization of popular consultations through the holding of referendums.
(2) Without prejudice to the competences that may be assumed by the Self- governing Communities, the State shall consider the promotion of culture a duty and an essential function and shall facilitate cultural communication among the Self-governing Communities, in cooperation with them.
(3) Matters not expressly assigned to the State by this Constitution may fall under the jurisdiction of the Self-governing Communities by virtue of their Statutes of Autonomy. Jurisdiction on matters not claimed by Statutes of Autonomy shall fall with the State, whose laws shall prevail, in case of conflict, over those of the Self-governing Communities regarding all matters in which exclusive jurisdiction has not been conferred upon the latter. State law shall in any case be suppletory of that of the Self-governing Communities.

Section 150

(1) The Cortes Generales, in matters of State jurisdiction, may confer upon all or any of the Self-governing Communities the power to pass legislation for themselves within the framework of the principles, bases and guidelines laid down by a State act. Without prejudice to the jurisdiction of the Courts, each enabling act shall make provision for the method of supervision by the Cortes Generales over the Communities' legislation.

(Senate Standing Orders, section 56 j)

(2) The State may transfer or delegate to the Self-governing Communities, through an organic act, some of its powers which by their very nature can be transferred or delegated. The law shall, in each case, provide for the appropriate transfer of financial means, as well as specify the forms of control to be retained by the State.

(Senate Standing Orders, section 56 k)

(3) The State may enact laws laying down the necessary principles for harmonizing the rule-making provisions of the Self-governing Communities, even in the case of matters over which jurisdiction has been vested to the latter, where this is necessary in the general interest. It is incumbent upon the Cortes Generales, by overall majority of the members of each House, to evaluate this necessity.

(Senate Standing Orders, sections 56 l), 141 and 142)

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SPANISH CONSTITUTION

Section 151

(1) It shall not be necessary to wait for the five-year period referred to in section
148, subsection 2, to elapse when the initiative for the autonomy process is agreed upon within the time limit specified in section 143, subsection 2, not only by the corresponding Provincial Councils or inter-island bodies but also by three- quarters of the municipalities of each province concerned, representing at least the majority of the electorate of each one, and said initiative is ratified in a referendum by the overall majority of electors in each province, under the terms to be laid down by an organic act.
(2) In the case referred to in the foregoing paragraph, procedure for drafting the
Statute of Autonomy shall be as follows:
i) The Government shall convene all Members of Congress and Senators elected in the constituencies of the territory seeking self-government, in order that they may set themselves up as an Assembly for the sole purpose of drawing up a Statute of Autonomy, to be adopted by the overall majority of its members.
ii) Once the draft Statute has been passed by the Parliamentarians' Assembly, it is to be sent to the Constitutional Committee of the Congress which shall examine it within two months with the cooperation and assistance of a delegation from the Assembly which has proposed it, in order to decide by common agreement upon its final form.
iii) If such agreement is reached, the resulting text shall be submitted in a referendum to the electorate in the provinces within the territory to be covered by the proposed Statute.
iv) If the draft Statute is approved in each province by the majority of validly cast votes, it shall be referred to the Cortes Generales. Each House, in plenary sitting, shall decide upon the text by means of a vote of ratification. Once the Statute been passed, the King shall give his assent and promulgate it as an act.

(Senate Standing Orders, section 143.2)

v) If the agreement referred to in paragraph ii) of this subsection is not reached, the legislative process for the draft Statute in the Cortes Generales shall be the same as that for a bill. The text passed by the latter shall be submitted to a referendum of the electorate of the provinces within the territory to be covered by the draft Statute. In the event that it is approved by the majority of validly cast votes in each province, it shall be promulgated as provided in the foregoing paragraph.
(3) In the cases described in paragraphs iv) and v) of the foregoing subsection, failure by one or several of the provinces to ratify the draft Statute shall not prevent constitution of the remaining provinces into a Self-governing Community in the manner to be provided for by the organic act contemplated in subsection 1 of this section.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 152

(1) In the case of Statutes passed by means of the procedure referred to in the foregoing section, the institutional self-government organization shall be based on a Legislative Assembly elected by universal suffrage under a system of proportional representation which shall also assure the representation of the various areas of the territory; an Executive Council with executive and administrative functions and a President elected by the Assembly among its members and appointed by the King. The President shall assume leadership of the Executive Council, the supreme representation of the Community and the State's ordinary representation in the latter. The President and the members of the Executive Council shall be politically accountable to the Assembly.
A High Court of Justice, without prejudice to the jurisdiction of the Supreme Court, shall be the head of Judicial Power in the territory of the Self-governing Community. The Statutes of Autonomy may make provision for the circumstances and the manner in which the Community is to take part in the setting-up of the judicial districts of the territory. Provided that they must conform to the provisions of the Organic Act on the Judicial Power and to the principles of unity and independence of the judicial power.
Without prejudice to the provisions of section 123, successive proceedings, if any, shall be held before judicial bodies located in the same territory of the Self- governing Community in which the Court having jurisdiction in the first instance is located.
(2) Once the Statutes have received the Royal Assent and been promulgated, they may be amended only by the procedure provided for therein and a referendum of registered electors in the Self-governing Community.
(3) By grouping bordering municipalities together, the Statutes may set up their own territorial constituencies which shall enjoy full legal personality.

Section 153

Control over the bodies of the Self-governing Communities shall be exercised by:
a) The Constitutional Court, in matters pertaining to the constitutionality of their regulatory provisions having the force of law.
b) The Government, after the handing down by the Council of State of its opinion, regarding the exercise of delegated functions referred to in section 150, subsection 2.
c) Jurisdictional bodies of administrative litigation with regard to autonomic administration and its regulations.
d) The Auditing Court, with regard to financial and budgetary matters.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 154

A delegate appointed by the Government shall be responsible for the State administration in the territory of each Self-governing Community and shall coordinate it, when necessary, with the Community's own administration.

Section 155

(1) If a Self-governing Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-governing Community and failed to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to compel the Community to meet said obligations, or to protect the above-mentioned general interest.

(Senate Standing Orders, sections 56 m) and 189)

(2) With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the Government may issue instructions to all the authorities of the Self-governing Communities.

Section 156

(1) The Self-governing Communities shall enjoy financial autonomy for the development and exercise of their powers, in conformity with the principles of coordination with the State Treasury and solidarity among all Spaniards.
(2) The Self-governing Communities may act as delegates or agents of the State for the collection, management and assessment of the latter's tax resources, in conformity with the law and their Statutes.

Section 157

(1) The resources of the Self-governing Communities shall consist of:

	a)	Taxes wholly or partially made over to them by the State; surcharges on State taxes and other shares in State revenue.
	b)	Their own taxes, rates and special levies.
	c)	Transfers from an inter-territorial compensation fund and other allocations to be charged to the State Budget.
	d)	Revenues accruing from their property and private law income.
	e)	Interest from loan operations.
(2)	The	Self-governing Communities may under no circumstances introduce

measures to raise taxes on property located outside their territory or likely to
hinder the free movement of goods or services.
(3) Exercise of the financial powers set out in subsection 1 above, rules for settling the conflicts which may arise, and possible forms of financial cooperation between the Self-governing Communities and the State may be laid down by an organic act.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 158

(1) An allocation may be made in the State Budget to the Self-governing Communities in proportion to the amount of State services and activities for which they have assumed responsibility and to guarantee a minimum level of basic public services throughout Spanish territory.
(2) With the aim of redressing interterritorial economic imbalances and implementing the principle of solidarity, a compensation fund shall be set up for investment expenditure, the resources of which shall be distributed by the Cortes Generales among the Self-governing Communities and provinces, as the case may be.

(Senate Standing Orders, sections 56 ñ) and 140)

Section 159

PART IX

The Constitutional Court

(1) The Constitutional Court shall consist of twelve members appointed by the King.
Of these, four shall be nominated by the Congress by a majority of three-fifths of its members, four shall be nominated by the Senate with the same majority, two shall be nominated by the Government, and two by the General Council of the
Judicial Power.

(Senate Standing Orders, sections 184-186)

(2) Members of the Constitutional Court shall be appointed among magistrates and prosecutors, university professors, public officials and lawyers, all of whom must have a recognized standing with at least fifteen years' practice in their profession.
(3) Members of the Constitutional Court shall be appointed for a period of nine years and shall be renewed by thirds every three years.
(4) Membership of the Constitutional Court is incompatible with any position of a representative nature, any political or administrative office, a management position in a political party or a trade union as well as any employment in their service, active service as a judge or prosecutor and any professional or business activity whatsoever.
Incompatibilities for members of the Judicial Power shall also apply to members of the Constitutional Court.
(5) Members of the Constitutional Court shall be independent and enjoy fixity of tenure during their term of office.

Section 160

The President of the Constitutional Court shall be appointed by the King among its members, on the proposal of the full Court itself, for a term of three years.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 161

(1) The Constitutional Court has jurisdiction over the whole Spanish territory and is entitled to hear:
a) Appeals against the alleged unconstitutionality of acts and statutes having the force of an act. A declaration of unconstitutionality of a legal provision having the force of an act and that has already been applied by the Courts, shall also affect the case-law doctrine built up by the latter, but the decisions handed down shall not lose their status of res judicata.
b) Individual appeals for protection (recursos de amparo) against violation of the rights and freedoms contained in section 53(2) of the Constitution, in the circumstances and manner to be laid down by law.
c) Conflicts of jurisdiction between the State and the Self-governing
Communities or between the Self-governing Communities themselves.
d) Other matters assigned to it by the Constitution or by organic acts.
(2) The Government may appeal to the Constitutional Court against provisions and resolutions adopted by the bodies of the Self-governing Communities, which shall bring about the suspension of the contested provisions or resolutions, but the Court must either ratify or lift the suspension, as the case may be, within a period of not more than five months.

Section 162

(1) The following are entitled to:
a) Lodge an appeal of unconstitutionality: the President of the Government, the Defender of the People, fifty Members of Congress, fifty Senators, the Executive body of a Self-governing Community and, where applicable, its Assembly.
b) Lodge an individual appeal for protection (recurso de amparo): any individual or body corporate with a legitimate interest, as well as the Defender of the People and the Public Prosecutor's Office.
(2) In all other cases, the organic act shall determine which persons and bodies shall have right of appeal to the Court.

Section 163

If a judicial body considers, when hearing a case, that a regulation having the force of an act which is applicable thereto and upon the validity of which the judgment depends, might be contrary to the Constitution, it may bring the matter before the Constitutional Court in the circumstances, manner and subject to the consequences to be laid down by law, which shall in no case have a suspensive effect.

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SPANISH CONSTITUTION

Section 164

(1) The judgments of the Constitutional Court shall be published in the Official State Gazette (Boletín Oficial del Estado), with the dissenting opinions, if any. They have the force of res judicata from the day following their publication, and no appeal may be brought against them. Those declaring the unconstitutionality of an act or of a statute with the force of an act and all those which are not limited to the acknowledgment of an individual right, shall be fully binding on all persons.
(2) Unless the judgment rules otherwise, the part of the act not affected by unconstitutionality shall remain in force.

Section 165

An organic act shall make provision for the functioning of the Constitutional Court, the status of its members, the procedure to be followed before it, and the conditions governing actions brought before it.

Section 166

PART X Constitutional Amendment

The right to propose a constitutional amendment shall be exercised under the provisions of section 87, subsections 1 and 2.

(Senate Standing Orders, sections 152 and 153)

Section 167

(1) Bills on constitutional amendments must be approved by a majority of three- fifths of members of each House. If there is no agreement between the Houses, an effort to reach it shall be made by setting up a Joint Committee of an equal number of Members of Congress and Senators which shall submit a text to be voted on by the Congress and the Senate.

(Senate Standing Orders, sections 57, 154, 155 and 156.1 and 2)

(2) If approval is not obtained by means of the procedure outlined in the foregoing subsection, and provided that the text has been passed by the overall majority of the members of the Senate, the Congress may pass the amendment by a two- thirds vote in favour.

(Senate Standing Orders, section 156.3 and 4)

(3) Once the amendment has been passed by the Cortes Generales, it shall be submitted to ratification by referendum, if so requested by one tenth of the members of either House within fifteen days after its passage.

(Senate Standing Orders, section 157)

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SPANISH CONSTITUTION

Section 168

(1) If a total revision of the Constitution is proposed, or a partial revision thereof, affecting the Preliminary Title, Chapter II, Division 1 of Part I, or Part II, the principle of the proposed reform shall be approved by a two-thirds majority of the members of each House, and the Cortes Generales shall immediately be dissolved.

(Senate Standing Orders, section 158)

(2) The Houses elected thereupon must ratify the decision and proceed to examine the new constitutional text, which must be passed by a two-thirds majority of the members of each House.

(Senate Standing Orders, section 159)

(3) Once the amendment has been passed by the Cortes Generales, it shall be submitted to ratification by referendum.

Section 169

The process of constitutional amendment may not be initiated in time of war or under any of the states contemplated in section 116.

One

ADDITIONAL PROVISIONS

The Constitution protects and respects the historic rights of the territories with traditional charts (fueros).
The general updating of historic rights shall be carried out, where appropriate, within the framework of the Constitution and of the Statutes of Autonomy.

Two

The provision of section 12 of this Constitution regarding the coming of age, shall not be prejudicial to cases in which traditional charts are applicable within the sphere of private law.

Three

Any change in the financial and tax system of the Canary Islands shall require a previous report from the Self-governing Community or, as the case may be, from the provisional self-government body.

Four

In Self-governing Communities where more than one Court of Appeal (Audiencia Territorial) holds jurisdiction, the Statutes of Autonomy may maintain the existing Courts and share out jurisdiction among them, provided this is done in accordance with the provisions of the Organic Act on the Judicial Power and in conformity with the unity and independence of the latter.

51

SPANISH CONSTITUTION

One

TRANSITIONAL PROVISIONS

In territories with a provisional self-government regime, their higher corporate bodies may, by means of a resolution adopted by the overall majority of their members, assume for themselves the initiative for autonomy which section 143, subsection 2, confers upon the Provincial Councils or corresponding inter-island bodies.

Two

The territories which in the past have, by plebiscite, approved draft Statutes of Autonomy and which at the time of the promulgation of this Constitution, have provisional self-government regimes, may proceed immediately in the manner contemplated in section 148, subsection 2, if agreement to do so is reached by the overall majority of their pre self-government higher corporate bodies, and the Government shall be duly informed. The draft Statutes shall be drawn up in accordance with the provisions of section 151, subsection 2, where so requested by the pre Self-government assembly.

(Senate Standing Orders, section 143)

Three

The right to initiate the process towards self-government conferred on local authorities or their members, provided in section 143, subsection 2, shall be postponed for all purposes until the first local elections have taken place, once the Constitution has come into force.

Four

(1) In the case of Navarra, and for the purpose of its integration into the General Basque Council or into the autonomous Basque institutions which may replace it, the procedure contemplated by section 143 of this Constitution shall not apply. The initiative shall lie instead with the appropriate historic institution (órgano foral), whose decision must be taken by the majority of its members. The initiative shall further require for its validity the ratification by a referendum expressly held to this end and approval by the majority of votes validly cast.
(2) If the initiative does not succeed, it may only be repeated during a further term of office of the competent Foral body and, in any case, after the minimum period laid down in section 143 has elapsed.

Five

The cities of Ceuta and Melilla may set themselves up as Self-governing Communities if their respective City Councils so decide in a resolution adopted by the overall majority of their members and if the Cortes Generales so authorize them by an organic act, under section 144.

52

SPANISH CONSTITUTION

Six

Where several draft Statutes are referred to the Constitutional Committee of the Congress, they shall be considered in the order in which they are received. The two month period referred to in section 151 shall be counted from the moment in which the Committee completes its study of the draft or of the drafts that it has successively examined.

Seven

The provisional self-government bodies shall be considered to be dissolved in the following cases:
a) Once the bodies provided for by the Statutes of Autonomy passed in conformity with the Constitution have been set up.
b) In the event that the initiative for the obtention of autonomy status should not be successful for non-compliance with the requirements of section 143.
c) If the relevant body has not exercised the right recognized in the First
Transitional Provision within a period of three years.

Eight

(1) Once the present Constitution has come into force, the Houses that have adopted it shall assume the functions and powers set out therein for the Congress and the Senate respectively. Provided that under no circumstances shall their term of office continue beyond June 15, 1981.
(2) With regard to the provisions of section 99, the promulgation of the Constitution shall be considered as creating the constitutional basis for the subsequent application of those provisions. To this end, there shall be a thirty day period, as from the date of the promulgation, for implementing the provisions contained in said section.
During this period, the current President of the Government assuming the functions and powers vested by the Constitution for this office, may decide to use the authority conferred by section 115 or, through resignation, leave the way open for application of section 99. In the latter case, the situation as regards the President shall be that provided in subsection 2 of section 101.
(3) In the event of dissolution, in accordance with section 115, and if the provisions contained in sections 68 and 69 have not been enacted, the rules previously in force shall apply to the ensueing elections, except for causes of ineligibility and incompatibilities, to which section 70, subsection 1, paragraph b), of this Constitution shall be directly applicable, as well as its provisions concerning voting age and those of ection 69, subsection 3.

53

SPANISH CONSTITUTION

Nine

Three years after the election of the members of the Constitutional Court of the first tie, lots shall be drawn to choose a group of four members of the same electoral origin who are to resign and be replaced. The two members appointed following proposal by the Government and the two appointed following proposal by the General Council of the Judicial Power shall be considered as members of the same electoral origin exclusively for this purpose. After three years have elapsed, the same procedure shall be carried out with regard to the two groups not affected by the aforementioned drawing of lots. Thereafter, the provisions contained in subsection 3 of section 159 shall apply.

REPEALS

(1) Act 1/1977, of January 4, for Political Reform, is hereby repealed, as well as the following, in so far as they were not already repealed by the above-mentioned Act: the Act of the Fundamental Principles of National Movement of May 17,
1958; the Chart of the Spanish People (Fuero de los Españoles) of July 17, 1945;
the Labour Chart of March 9, 1938; the Act of Constitution of the Cortes of July
17, 1942; the Act of Succession to the Head of State of July 26, 1947, all of them as amended by the Organic Act of the State of January 10, 1967. The last mentioned Act and that of the National Referendum of October 22, 1945, are likewise repealed.
(2) To the extent that it may still retain some validity, the Act of October 25, 1839 shall be definitively repealed in so far as it applies to the provinces of Alava, Guipúzcoa and Vizcaya.
Subject to the same terms, the Act of July 21, 1876 shall be deemed to be definitively repealed.
(3) Likewise, any provisions contrary to those contained in the Constitution are hereby repealed.

FINAL PROVISION

This Constitution shall come into force on the day of publication of its official text in the Official State Gazette (Boletín Oficial del Estado). It shall also be published in the other languages of Spain.
WHEREFORE,

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SPANISH CONSTITUTION

WE ORDER ALL SPANIARDS, WHETHER INDIVIDUALS OR AUTHORITIES, OT ABIDE BY THIS CONSTITUTION AND ENSURE THAT IT IS OBSERVED AS A FUNDAMENTAL LAW OF THE STATE.
PALACIO DE LAS CORTES, THE TWENTY-SEVENTH OF DECEMBER OF NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-EIGHT.
JUAN CARLOS
THE PRESIDENT OF THE CORTES
THE SPEAKER OF THE CONGRESS
THE SPEAKER OF THE SENATE

Antonio Hernández Gil Fernando Álvarez de

Miranda y Torres

Antonio Fontán Pérez

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