Capítulo 1: Marco de la política de PI y gobernanza
Perspectiva general
En este capítulo se examinan las principales prioridades y desafíos en materia de innovación y propiedad intelectual, así como las diversas herramientas de política pública que utilizan los gobiernos y en las que la PI desempeña un papel facilitador. Seguidamente se profundiza en las consideraciones relativas a la gobernanza y se examinan diversos modelos de responsabilidad ministerial. Esto incluye la forma en que los países organizan la supervisión de las políticas y las responsabilidades de los ministerios pertinentes y, en consecuencia, la estructura de sus funciones de administración de la PI. Este capítulo también explora el desarrollo y la coordinación de políticas, así como los mecanismos de consulta pública existentes en distintas jurisdicciones y la función de las oficinas de PI en estos procesos. Asimismo, analiza con más detalle las formas en que las oficinas de PI se relacionan con las partes interesadas en su propia gobernanza y los principales beneficios de dicha relación.
Claves
Creciente importancia de la PI en las políticas gubernamentales
Los grandes desafíos sociales, el rápido progreso tecnológico y una economía cada vez más globalizada impulsan las oportunidades de los países para mejorar su capacidad innovadora.
Los gobiernos reconocen la necesidad de abordar las consideraciones relativas a la PI en una serie de políticas más amplias como las relativas a la innovación, la creatividad y el desarrollo económico sostenible. Al mismo tiempo, se realizan esfuerzos considerables para dotar a los actores de los ecosistemas innovadores y creativos de las herramientas y los conocimientos que necesitan para aprovechar mejor la PI y sus beneficios económicos y sociales.
Por ello, los gobiernos utilizan diversos programas y herramientas políticas no solo para facilitar la innovación nacional, sino también para fomentar la comercialización mundial. Las estrategias nacionales de PI que configuran y apoyan los sistemas nacionales de innovación, y que tienen en cuenta el mercado internacional de PI, son una importante herramienta de política pública.
Una cuestión importante para los directores de las oficinas de PI que participan en los debates políticos es ayudar a catalizar un marco jurídico de la PI equilibrado que responda a las necesidades de un mercado dinámico y que, al mismo tiempo, refleje el interés público y las consideraciones éticas.
Las oficinas de PI son socios clave en los procesos de elaboración de las políticas de sus gobiernos
Las oficinas de PI son foco de atención por el valor estratégico que pueden aportar. Proporcionan a las personas encargadas de la formulación de políticas valiosos datos y perspectivas sobre las tendencias de la innovación, las nuevas tecnologías y los sectores que hacen un uso intensivo de la PI de la economía nacional, que pueden influir en la orientación de las estrategias y políticas gubernamentales. Las oficinas de PI son centros de competencia en materia de propiedad intelectual a escala nacional.
Las políticas nacionales más amplias afectan a la dimensión de la PI, lo que requiere mecanismos de coordinación a escala gubernamental en los que participen varios ministerios. La participación activa de la oficina de PI puede ayudar a garantizar que las cuestiones de PI se aborden en dichas políticas, por ejemplo, investigación y desarrollo, innovación y comercio, entre otras.
Modelos de gobernanza vigentes y tendencias emergentes
En esta sección se examina la forma en que los países organizan la supervisión de las políticas y las responsabilidades de los distintos ministerios y la estructura de sus funciones de administración de la PI.
Las opciones de gobernanza van desde el modelo más tradicional, en el que la PI se considera principalmente una función jurídica y reguladora, hasta un planteamiento más moderno, que reconoce la PI como una herramienta habilitadora de objetivos más amplios de innovación, creatividad y desarrollo económico.
No existe un modelo único para la integración de las oficinas nacionales de PI en la estructura ministerial nacional. Los modelos predominantes observados sitúan la oficina de PI en el seno de un ministerio principal con una cartera de innovación o economía, o con justicia y asuntos jurídicos. La responsabilidad del derecho de autor y derechos conexos suele recaer en el Ministerio de Cultura o de las Artes. Sin embargo, en algunas jurisdicciones existe una única oficina de PI responsable de la administración tanto de la propiedad industrial como del derecho de autor.
Algunos países están creando agencias de PI que combinan todas las funciones relacionadas con la PI de varios ministerios bajo un mismo techo. La intención es crear un planteamiento único dentro de la jerarquía gubernamental, lo que debería conducir a una mayor coordinación y eficacia en las políticas y los servicios de PI.
Aunque los marcos de gobernanza y administración de la PI en todo el mundo tienen objetivos similares, su diseño puede requerir una consideración especial en los países en desarrollo. Un menor volumen de solicitudes de PI y un entorno con recursos más limitados pueden justificar planteamientos institucionales diferentes que den prioridad a las funciones de PI más pertinentes para el contexto local. También pueden dar lugar a modelos de cooperación regional, como ilustra el caso de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).
Mecanismos de coordinación interministerial y participación pública
Debido a la naturaleza transversal de la PI y la variedad de ministerios implicados, la mayoría de los países observados en este estudio han establecido mecanismos formales u oficiosos de coordinación interministerial, que no solo se ocupan de asuntos específicos de PI, sino también de ámbitos políticos interrelacionados más amplios.
Del mismo modo, los gobiernos también solicitan aportaciones y comentarios de las partes interesadas sobre las iniciativas políticas propuestas y participan en la cooperación internacional para hacer frente a los retos mundiales en materia de PI.
Las oficinas de PI suelen desempeñar una función central en estos mecanismos de coordinación y consulta, actuando como centros neurálgicos para relacionarse con las partes interesadas nacionales e internacionales, realizar investigaciones y formular recomendaciones políticas.
Muchas oficinas de PI también implican a las partes interesadas en su propia gobernanza a través de diversos mecanismos. Los directores de las oficinas de PI entrevistados mencionaron una serie de ventajas, como la aportación de conocimientos especializados para ayudar a configurar las políticas y las prácticas.
Capítulo 2: Administración de la oficina de PI
Perspectiva general
Al examinar diversos modelos de organización y administración de las oficinas de PI, el estudio sondea a los entrevistados sobre la función y el nombramiento del director o la directora de la oficina de PI, la situación institucional y jurídica de la oficina, su mandato y el alcance de sus responsabilidades, el grado de autonomía administrativa y las estrategias de mejora de los servicios.
Claves
El director de la oficina de PI desempeña una función polifacética, entre política y administrativa
Los directores de las oficinas de PI entrevistados afirman que su función implica un equilibrio entre los aspectos jurídicos, administrativos, estratégicos y diplomáticos, al tiempo que contribuye a los objetivos y prioridades nacionales de política pública de sus gobiernos. En muchos países, el director de la oficina de PI es el funcionario público de mayor rango responsable de la administración de derechos de PI. Como tal, suele ser un alto cargo, que depende del alto funcionario o jefe de un ministerio, en algunos casos de un ministro, o incluso directamente del jefe del Gobierno.
El proceso de nombramiento varía en función de los sistemas jurídicos, administrativos y políticos de cada país. No obstante, la importancia del cargo dentro de la estructura gubernamental y la decisión sobre quién dirige la oficina de PI pueden ser una señal de la importancia que el Gobierno concede a las cuestiones de PI.
Mandato y alcance de las funciones de la oficina de PI
El mandato de muchas oficinas nacionales de PI consiste en fomentar la innovación, la creatividad y el desarrollo económico proporcionando un marco para la protección y la gestión de los derechos de PI dentro de una jurisdicción específica. Aunque las funciones básicas siguen siendo las mismas, se observan dos tipos generales de mandatos: uno tiene una ambición económica y social más amplia, mientras que el otro se centra en el funcionamiento óptimo de los servicios de PI.
Aunque todas las oficinas hacen hincapié en la calidad y la eficiencia de los servicios, las que tienen un mandato más amplio llevan a cabo otras actividades, como la elaboración de políticas, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades, y la investigación económica. Por lo general, la mayoría de las oficinas de PI van más allá de su función reguladora y participan activamente en la mejora del conocimiento de la PI y en la creación de una cultura de la PI, además de ofrecer programas específicos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la comunidad científica y de investigación, y otros.
Modelos de autonomía administrativa
Esta sección examina el grado de independencia que tiene la oficina de PI para gestionar sus operaciones y recursos cotidianos. Entre otros parámetros clave se toma en consideración el grado de autonomía administrativa, la situación jurídica de la oficina, el origen de su presupuesto operativo y el grado de control sobre los ingresos y gastos (incluida la fijación de tasas), así como su capacidad y flexibilidad para contratar personal.
El grado de autonomía administrativa de una oficina de PI varía según el país, aunque es difícil juzgarlo en términos absolutos. Algunas de las oficinas de PI de la muestra del estudio tienen el rango de organismo gubernamental nacional. En la mayoría de los casos, estos organismos están vinculados o subordinados a un ministerio, y pueden denominarse, por ejemplo, organismo operativo especial, organismo público descentralizado u organismo paraestatal.
Un parámetro clave es la autonomía financiera. En un extremo del espectro, algunas oficinas de PI pueden describirse como organismos autosuficientes. Financian sus operaciones íntegramente con las tasas que recaudan y no reciben ningún presupuesto adicional del Gobierno. Aunque esto presenta algunas ventajas, como la capacidad de realizar inversiones a más largo plazo, también existen riesgos en caso de que se produzca una recesión económica o disminuyan los ingresos.
Algunas oficinas de PI funcionan con un modelo de “recuperación de costos”, que les permite cubrir los gastos de funcionamiento, al tiempo que proporcionan un cierto nivel de ingresos al Gobierno central. En algunos países, las oficinas de PI reciben asignaciones presupuestarias anuales del ministerio o del Gobierno, mientras que los ingresos procedentes de las tasas recaudadas se devuelven al Gobierno central.
El estudio también examina la determinación y gestión de las tasas relativas a la PI. En principio, la capacidad de fijar los niveles de las tasas proporciona flexibilidad adicional para cubrir los aumentos de los costos; pero esto suele estar sujeto a las realidades políticas y a la dinámica de las partes interesadas. Además, la fijación de tasas implica delicados equilibrios para garantizar que el sistema de PI funcione eficazmente y no fomente las solicitudes de PI especulativas o de baja calidad.
Aunque muchas oficinas gozan de cierta autonomía en la contratación de personal, la mayoría se enfrenta a limitaciones relacionadas con la plantilla y los presupuestos asignados. Una prioridad común entre los directores de las oficinas de PI es la formación, el desarrollo de competencias y el fortalecimiento de capacidades. Para todas las oficinas la contratación de los especialistas necesarios, incluidos científicos, jurídicos, tecnológicos e industriales, resulta compleja.
Estrategias de mejora del servicio
Las oficinas de PI operan en un mercado nacional y mundial en el que la rapidez y la facilidad de servicio se han generalizado, y los modelos de servicio centrados en el cliente se han convertido en la norma. Cada vez más, las empresas mundiales utilizan múltiples formas de PI en diversos países, lo que exige a las oficinas de PI armonizar las prácticas, los procedimientos y las plataformas tecnológicas con otras jurisdicciones.
La mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios prestados es una preocupación común de los directores de las oficinas de PI. La eficiencia administrativa es primordial, ya que está al servicio de innovadores, creadores y empresas que operan en un mercado global que avanza a un ritmo vertiginoso. En función de sus capacidades, las oficinas de PI se esfuerzan por estar a la vanguardia en el aprovechamiento de los últimos avances en tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA). A escala mundial, la colaboración internacional de las oficinas de PI es esencial para la armonización de los procesos y una tramitación más eficaz de los derechos de PI, así como para hacer frente a desafíos que trascienden las fronteras y exigen una actuación común.
Ahora más que nunca, la capacidad de innovación y el potencial creativo de un país dependen de su habilidad para aprovechar eficazmente la propiedad intelectual. Con unos avances tecnológicos dinámicos en campos tecnológicos nuevos y emergentes, combinados con importantes retos globales y sociales relacionados con la sostenibilidad, los gobiernos deberían tratar de dotar a sus oficinas de PI de la capacidad y las herramientas necesarias para seguir el ritmo de la evolución del panorama.