1.1 Principales prioridades y desafíos en materia de innovación y PI
Los derechos de propiedad intelectual fomentan la creatividad y la innovación ofreciendo incentivos a los creadores e inventores y facilitando el intercambio de conocimientos. Por lo tanto, para salvaguardar la PI y fomentar la innovación es crucial disponer de marcos jurídicos sólidos y mecanismos de observancia eficaces. Resulta fundamental, para ello, reforzar la protección de la PI en respuesta a los avances tecnológicos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las mejores prácticas internacionales.
Unos derechos de PI sólidos son activos valiosos para las empresas dedicadas al comercio internacional, ya que les permiten proteger y explotar sus innovaciones, marcas y contenidos creativos. Los acuerdos comerciales suelen incluir disposiciones sobre protección, observancia y armonización de la PI para facilitar el comercio, y las políticas y sistemas de PI son fundamentales para el desarrollo industrial y económico. Un marco de PI que funcione correctamente favorece a los sectores que hacen un uso intensivo de la PI, como la industria farmacéutica, la biotecnología, el software y los sectores creativos. Facilita la creación de empleos de alto valor, fomenta el espíritu empresarial y la creación de empresas, y contribuye a la diversificación económica. La PI puede atraer inversión extranjera directa y promover la transferencia de tecnología, lo que permite a los países ascender en la cadena de valor y reforzar su base industrial y económica.
Los grandes desafíos sociales, como la pobreza, la salud y la seguridad alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y el cambio climático, y el rápido progreso tecnológico impulsan oportunidades para que los países mejoren su capacidad innovadora.
La creciente importancia de la PI en las políticas gubernamentales
En este contexto, es importante que los gobiernos armonicen sus políticas de innovación y desarrollo económico con las consideraciones relativas a la PI. Dichas políticas deben fomentar la investigación y el desarrollo, iniciativas para las pymes en sectores de alto crecimiento de la economía, medidas para facilitar la comercialización y la transferencia de tecnología, e incentivos para facilitar la innovación nacional y promover el crecimiento empresarial y la exportación, entre otras cosas. Además, las políticas culturales tienen dimensiones de PI que sirven para fomentar la expresión cultural y creativa y proteger los derechos de los creadores, especialmente en la era digital.
La amplia incidencia e importancia dewww.galaxus.ch/fr la PI para las personas encargadas de la formulación de políticas de los gobiernos quedó reflejada en nuestras entrevistas con altos funcionarios y directores de las oficinas de PI. Cada vez se les pide más que asesoren a los gobiernos sobre cómo aprovechar mejor la PI para mejorar la capacidad innovadora, el potencial creativo y el desarrollo económico de un país.
Una función importante del sistema de PI es facilitar el progreso tecnológico y la transferencia de tecnología. Uno de los desafíos concretos que nuestros entrevistados mencionaron es hasta qué punto la legislación, los reglamentos y las prácticas administrativas en materia de PI pueden seguir el ritmo acelerado del cambio y los dinámicos avances tecnológicos en ámbitos tecnológicos nuevos y emergentes. Concretamente, la rápida evolución de la IA tiene implicaciones económicas y sociales en muchos ámbitos para las personas encargadas de la formulación de políticas, incluido el sistema de PI.
En reconocimiento de la creciente importancia de la PI como herramienta política, muchos países emprenden campañas de sensibilización pública e iniciativas educativas para mejorar la comprensión de los derechos de PI y fomentar una cultura de respeto por dicha PI. Educar al público, las empresas y los creadores sobre la importancia de la protección de la PI y su función como motor de la innovación y el crecimiento económico puede ayudar a aprovechar sus beneficios, pero también a hacer frente a las infracciones y los usos indebidos.
Instrumentos políticos y programáticos
Un objetivo natural de la mayoría de los países es reforzar la creación nacional de PI. En todas las entrevistas se señaló que facilitar la transferencia de conocimientos y tecnología de las instituciones de investigación a la industria es una prioridad nacional. Los gobiernos utilizan diversos instrumentos políticos y programáticos, como el fomento de las asociaciones, los acuerdos de licencia y la promoción de infraestructuras y redes de transferencia de tecnología, para ayudar a comercializar las invenciones y maximizar su incidencia social. Otra prioridad importante es fomentar el espíritu empresarial y apoyar a las empresas emergentes proporcionando financiación y programas de tutoría, y mediante la creación de incubadoras/aceleradoras para ayudar a los emprendedores a llevar sus ideas innovadoras al mercado.
Los gobiernos son cada vez más conscientes de que su sistema nacional de PI no solo debe facilitar la innovación nacional, sino también fomentar la comercialización mundial. En este contexto, los países tratan de armonizar sus sistemas nacionales de PI con los de sus principales socios comerciales y con las tendencias mundiales en materia de PI. A nivel práctico, la adhesión a tratados internacionales de PI, como el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, puede facilitar el acceso de las empresas a los mercados extranjeros y la protección de los derechos de PI.
La colaboración con socios internacionales y la participación en foros multilaterales son importantes para abordar los retos mundiales en materia de PI. Los países participan activamente en la cooperación internacional, las acciones de armonización y el intercambio de información para mantenerse actualizados sobre las mejores prácticas mundiales y desarrollar respuestas eficaces a los desafíos transfronterizos de la PI. La venta de productos falsificados en mercados en línea, la piratería digital y las infracciones en línea son amenazas crecientes a las que se enfrentan creadores e innovadores, y muestran en qué aspectos la colaboración internacional entre países puede aportar soluciones satisfactorias.
Otra prioridad de muchos directores de oficinas de PI es proporcionar a su Gobierno y al público un mejor acceso a los datos relacionados con la PI para comprender mejor las tendencias del mercado, la tecnología y la innovación, especialmente en los sectores de la economía que hacen un uso intensivo de la PI. El uso de la información tecnológica contenida en las patentes y otros documentos de PI como fuente de información para una innovación eficaz ha sido reconocido desde hace tiempo como una importante herramienta política, y está adquiriendo más valor en una economía mundial, digital e impulsada por los datos.
Interés público y consideraciones éticas
La PI toca muchos aspectos de la política pública que afectan a la economía, la sociedad y la cultura de un país. Como tal, reflejar el interés público es una consideración importante para los directores de las oficinas de PI y las personas encargadas de la formulación de políticas. Lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de PI y la garantía de acceso al conocimiento es un desafío permanente. Cuestiones como los monopolios basados en patentes, el acceso abierto a la investigación científica y el acceso asequible a los medicamentos esenciales requieren una cuidadosa consideración.
Del mismo modo, las consideraciones éticas en campos como la IA, la biotecnología y la ingeniería genética son objeto de un amplio debate público y político. La PI desempeña un papel vital en las políticas culturales y en el desarrollo y la protección de la expresión artística y los conocimientos tradicionales. Garantizar un planteamiento coherente y equilibrado que tenga en cuenta los intereses de todas las partes interesadas es crucial para maximizar los beneficios de la PI al tiempo que se abordan los posibles desafíos y se promueve el interés público.
En Colombia una prioridad importante es fomentar el ecosistema regional de innovación y la democratización del conocimiento en todas las partes del territorio nacional, como se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2018‑2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
La Visión 2030 de la Arabia Saudita pretende pasar de una economía basada en el petróleo a una economía más diversificada basada en el conocimiento y la innovación. La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual adoptada en 2022 para un período de cinco años es una de las herramientas para alcanzar los objetivos de Visión 2030.
La principal prioridad en Botswana es pasar de una economía basada en los recursos a otra basada en el conocimiento, que incluya la utilización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta prioridad está consagrada en la Visión de desarrollo nacional 2036 y en la Política de Propiedad Intelectual de Botswana (BIPP) 2022.
La estrategia Azerbaiyán 2030, aprobada por el presidente en 2021, establece las prioridades nacionales del país para el desarrollo socioeconómico, incluido el desarrollo de una PI que apoye la innovación, la creatividad y los mercados competitivos.
Egipto cuenta con una serie de estrategias nacionales destinadas a reforzar su desarrollo sostenible, su innovación y su panorama competitivo, entre ellas Visión 2030, una estrategia para el desarrollo sostenible; la Estrategia Estatal para la Ciencia y la Innovación 2030, un programa de reforma económica y estructural; la Estrategia contra el Cambio Climático 2050; y su primera estrategia nacional de PI, adoptada en 2022.
1.2 Estrategias nacionales de PI como herramientas de política pública
Cada vez más, los gobiernos son conscientes de las ventajas de contar con una estrategia nacional de PI como herramienta clave de política pública. Una estrategia de este tipo desempeña un papel crucial en la configuración y el apoyo de un sistema nacional de innovación y sirve de hoja de ruta sobre la forma en que un país gestiona sus activos de PI y aprovecha estos aspectos para fomentar la innovación y el desarrollo económico. Ayuda a armonizar el marco de PI con los objetivos económicos y de innovación de un país, apoya la innovación en todos los sectores y garantiza un planteamiento equilibrado de la protección de la PI que beneficia tanto a los creadores e inventores como a la economía y al público.
Las estrategias nacionales de PI se están formulando utilizando un planteamiento de todo el Gobierno que incluye a todos los ministerios implicados en la cuestión. Los proyectos de estrategia suelen ser objeto de amplias consultas públicas con expertos y partes interesadas. En nuestras entrevistas, algunos directores de las oficinas de PI señalaron el valor de este proceso integrador para poner de relieve el importante papel que desempeña la PI en los objetivos más amplios de un país de fomentar la innovación, promover la creatividad y apoyar el desarrollo económico.
Entre los elementos importantes de una estrategia nacional de PI figuran el fomento y el incentivo de la innovación y la creatividad mediante la creación de un marco claro y estructurado para la protección y utilización de los derechos de PI; el fortalecimiento del marco jurídico de los derechos de propiedad intelectual y su observancia; el apoyo a las pymes y a las empresas emergentes; la promoción de la transferencia de tecnología; y la mejora de la sensibilización sobre la PI. La figura 1 muestra el marco que la OMPI anima a los Estados miembros a utilizar en la elaboración de sus estrategias nacionales de PI.
En algunos países, la PI forma parte de políticas y estrategias nacionales de innovación más amplias como en Alemania y Estonia, por ejemplo. En África Occidental, la OAPI utiliza un planteamiento múltiple para animar a sus Estados miembros a desarrollar su propia estrategia, al tiempo que dirige actividades de apoyo a la aplicación de las estrategias nacionales.
Naturalmente, las oficinas de PI suelen liderar o desempeñar un papel importante en el desarrollo de estrategias nacionales de PI. Poseen conocimientos especializados y experiencia en legislación, observancia y administración de la PI. También son una fuente importante de datos relacionados con la PI que pueden ayudar a orientar la estrategia y proporcionar información valiosa sobre los retos y las oportunidades en el panorama de la PI del país. En consecuencia, pueden ayudar a identificar áreas de mejora, creando oportunidades de innovación y crecimiento. Participan activamente en la elaboración de planes de acción y en la aplicación, seguimiento y evaluación de la estrategia.
La mayoría de las oficinas de PI también colabora con organizaciones internacionales, otras oficinas de PI y homólogos extranjeros para compartir las mejores prácticas, aprender de las estrategias que han tenido éxito en otros países y armonizar las normas de PI a escala regional y mundial.
1.3 Modelos de responsabilidad ministerial
Una de las principales características relacionadas con la gobernanza de la PI es cómo organizan los países la supervisión de las políticas y las responsabilidades de los distintos ministerios, y cómo se refleja esto en la estructura de las entidades de administración de la PI.
Las opciones de gobernanza van desde el modelo más tradicional, en el que la PI se considera principalmente una función jurídica y reguladora, hasta un planteamiento más moderno, que reconoce la PI como una herramienta habilitadora de objetivos más amplios de innovación, creatividad y desarrollo económico. Una de las características específicas relacionadas con el abanico de instituciones que se ocupan de la administración de la PI es el número y los tipos de oficinas de PI y los mecanismos de intercoordinación entre ellas.
A partir de nuestras investigaciones y entrevistas iniciales, hemos identificado varios modelos y planteamientos, que se describen a continuación.
Ministerio principal responsable de la oficina de PI
En la mayoría de los países, la responsabilidad de la PI recae en un ministerio principal, aunque la responsabilidad del desarrollo de políticas y leyes de PI implica a varios ministerios y organismos gubernamentales.
La implicación de múltiples ministerios puede explicarse porque los derechos de PI afectan a diversos ámbitos políticos, como el desarrollo industrial, la investigación científica y la tecnología, el comercio internacional y la exportación, el apoyo a la innovación y el espíritu empresarial, la cultura y las artes, la agricultura y las obtenciones vegetales, y las cuestiones relacionadas con la protección y observancia de la PI, entre otros.
En la mayoría de las jurisdicciones, el ministerio principal es responsable de la mayoría de las cuestiones de política de PI y se considera que es el departamento encargado de dirigir y coordinar los asuntos relacionados con la PI. Un ejemplo común puede ser el Ministerio de Innovación, Economía o Justicia.
La Oficina de PI suele depender de este ministerio principal. Esto puede agilizar la elaboración de políticas, ya que reúne conocimientos especializados, recursos y un planteamiento centrado en las cuestiones relacionadas con la PI. Fomenta la colaboración entre el desarrollo de políticas relacionadas con la PI y su administración o aplicación. También puede facilitar una mejor coordinación e integración de las políticas de PI con estrategias e iniciativas gubernamentales más amplias. Esto, a su vez, puede conducir a marcos políticos más coherentes y eficaces.
En nuestras entrevistas con los directores de las oficinas de PI, varios mencionaron las diversas obligaciones jurídicas y administrativas que deben coordinar con otros organismos gubernamentales en una amplia gama de asuntos políticos, y el creciente reconocimiento de que la PI es una cuestión política transversal.
Dependiendo del mandato del ministerio, situar la Oficina de PI bajo la tutela de un ministerio específico puede reflejar un enfoque específico en consonancia con las prioridades del Gobierno.
Los ministerios de ciencia, tecnología y/o innovación suelen desempeñar una importante función en la elaboración de políticas de PI. Estos ministerios trabajan para fomentar la investigación y el desarrollo, promover la innovación y fomentar la transferencia de tecnología. Situar la Oficina de PI bajo su jurisdicción, como en el Canadá, refleja el énfasis que se pone en la PI como motor de la innovación y el avance tecnológico.
En algunos países, el Ministerio de Comercio o Industria desempeña un papel central en la formulación de las políticas de PI, por ejemplo en Botswana y la India. Estas entidades son responsables de promover el crecimiento económico, el comercio y el desarrollo industrial, lo que las convierte en importantes instrumentos políticos en cuestiones relacionadas con la PI. Al situar la Oficina de PI bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía, como en Chile, se hace hincapié en la dimensión económica de la propiedad intelectual.
Históricamente, en los siglos XIX y www.galaxus.ch/frXX, la PI se consideraba principalmente un ámbito jurídico. En algunos países, la PI sigue dependiendo del Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos como, por ejemplo, en Alemania, donde la legislación sobre derecho de autor, patentes y marcas y la DPMA son competencia del Ministerio de Justicia. Al situar la Oficina de PI bajo la tutela del Ministerio de Justicia se aprovechan los conocimientos jurídicos y la capacidad de observancia del sistema judicial para garantizar que las leyes de PI se elaboren, apliquen y ejecuten de forma eficaz, y estén en consonancia con el marco jurídico general del país.
En Botswana, el Ministerio de Comercio e Industria es responsable de la PI y coordina cualquier trabajo relacionado con otros ministerios. La CIPA, dependiente del Ministerio de Comercio e Industria, administra todos los tipos de derechos de PI.
En la India, el CGPDTM depende del Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria. La Oficina de PI es responsable de todos los derechos de PI, salvo los relativos a las obtenciones vegetales, que corresponden al Ministerio de Agricultura.
En el Canadá, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED) es el ministerio federal responsable de la política y la legislación en materia de PI. Dentro del ISED, la CIPO administra y tramita los derechos de PI. Otras entidades también son responsables de la PI; por ejemplo, la Agencia de Inspección Alimentaria del Canadá es responsable de los derechos de obtentor y el Departamento del Patrimonio Canadiense es responsable de la política de derecho de autor y de las políticas relacionadas con las industrias culturales.
En Chile, la propiedad industrial está a cargo del INAPI, bajo la autoridad del Ministerio de Economía, y la protección de las variedades vegetales corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura. La función del INAPI es la de asesor en materia de propiedad industrial del presidente de la República y la de organismo especializado cuando dichas cuestiones se plantean en las negociaciones comerciales internacionales. El Ministerio de Cultura es responsable de las políticas de derecho de autor y de la oficina de derecho de autor.
Responsabilidad de la política y administración de derecho de autor
En muchos países, la responsabilidad política de derecho de autor recae en un ministerio distinto del responsable de las políticas de propiedad industrial. A menudo, el Ministerio de Cultura, Artes o Patrimonio asume el liderazgo en el desarrollo y la administración de la política de derecho de autor.
Esto suele conducir a un modelo en el que existe una oficina de propiedad industrial y otra de derecho de autor. La oficina de derecho de autor suele funcionar como un organismo especializado responsable de las políticas y la administración de derecho de autor. Por lo general, es responsable del desarrollo de la ley de derecho de autor, la administración y la orientación sobre la observancia en asuntos relacionados con el derecho de autor.
En algunas jurisdicciones, existe una única oficina de PI responsable tanto de la propiedad industrial como del derecho de autor. A menudo, el ministerio principal también tiene responsabilidades políticas en ambos ámbitos, lo que facilita la creación de una única oficina de PI. En otros casos, las funciones de administración se combinan en una única oficina, por ejemplo combinando el registro de derecho de autor con otros registros de PI, lo que puede resultar más eficaz.
El estudio no ha profundizado en la cuestión de si existe una mayor coherencia en la política de PI al poner la propiedad industrial y el derecho de autor bajo una misma entidad administrativa. No obstante, observamos que están surgiendo nuevos desafíos en torno a la PI en la economía digital, lo que lleva a una convergencia de las cuestiones políticas en torno a la propiedad industrial y el derecho de autor. En el mercado, las empresas de muchos sectores gestionan sus carteras de PI de forma integrada, ya se trate de derechos formales de PI, como patentes o marcas y diseños, o de otras formas de protección, como los secretos comerciales. Con las nuevas tecnologías sumándose a esta tendencia a la convergencia, es posible que en el futuro veamos a más gobiernos plantearse la integración del derecho de autor con otras responsabilidades en materia de política de PI.
Tendencias incipientes
Unos pocos países han agrupado todas las entidades relacionadas con la PI y sus responsabilidades bajo una organización general de nivel ministerial, para responder a los desafíos de la coordinación interministerial y la difusión de las responsabilidades y políticas relacionadas con la PI. Hacerlo también eleva la importancia de la propiedad intelectual en la jerarquía gubernamental.
Por ejemplo, en la Arabia Saudita, la SAIP es responsable de la administración de todos los derechos de PI, incluidas patentes, marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, derecho de autor, variedades vegetales y circuitos integrados. También es responsable de la legislación, la reglamentación y las políticas relacionadas con la PI, y contribuye a su observancia y creación.
Del mismo modo, en la India, en virtud de la Política Nacional de DPI de 2016, todas las agencias de PI se reunieron en el Ministerio de Comercio e Industria (excepto para las variedades vegetales, que permanecieron en el Departamento de Agricultura). La coordinación mejoró gracias a este planteamiento unificado.
Otro ejemplo reciente es Egipto que, como se ilustra en la Idea clave 3, está poniendo en marcha el EGIPA.
Organizaciones regionales de PI
La OAPI es un modelo único en el sentido de que es una institución regional de PI. Proporciona registro y protección de la PI en nombre de sus 17 Estados miembros en África Occidental. Tiene una larga historia de cooperación, ya que se creó en 1962, y está gobernada por un Consejo de Administración compuesto por los ministros responsables de sus Estados miembros. La formulación de políticas nacionales es competencia de cada Estado miembro, pero la OAPI cuenta con una estructura nacional de enlace a través de la cual apoya la aplicación de las políticas de PI en cada Estado miembro. Por ejemplo, la OAPI proporciona leyes tipo relativas a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, en colaboración con sus Estados miembros. Una vez consensuado un documento, se presenta al Consejo de Administración para su aprobación y se traduce en reglamentos que se aplican como legislación nacional en cada país, aunque cada uno es libre de añadir medidas adicionales para satisfacer sus necesidades específicas.
El Gobierno egipcio lanzó formalmente su primera estrategia nacional de PI en 2022. Uno de sus pilares esenciales era el nuevo Organismo de Propiedad Intelectual de Egipto (EGIPA), que combinaba en una sola organización las responsabilidades relacionadas con la PI de nueve oficinas y administraciones (véase “Executive Summary,” Egypt’s National Intellectual Property Strategy 2022, p. 12, https://www.sis.gov.eg/UP/Culture/Strategic%20Book%20(E).pdf). Así lo establece la Ley 163/2023, promulgada en agosto de 2023, que define el mandato, la función y las responsabilidades de la EGIPA.
1.4 Elaboración de políticas y mecanismos de coordinación
Un elemento importante de la gobernanza de la PI está relacionado con la formulación y coordinación de la política de PI en el seno del Gobierno, los tipos de mecanismos de coordinación existentes y la función de la oficina de PI en dichos procesos.
En nuestras entrevistas con directores de las oficinas de PI, la opinión predominante fue que, para que las políticas de PI sean eficaces y pertinentes, los gobiernos necesitan coordinar el desarrollo de políticas entre diversas entidades, ya sea a través de medios formales u oficiosos.
Además, estos mecanismos de colaboración no solo son necesarios para las leyes y políticas específicas de PI, sino que también afectan al modo en que se incluyen las consideraciones de PI en ámbitos políticos interrelacionados más amplios, como el desarrollo económico, la ciencia y la tecnología, y el comercio.
Coordinación entre las entidades gubernamentales a nivel nacional
La coordinación de la política de PI entre diversas entidades suele variar en función de la estructura de gobernanza y el marco jurídico del país. En la mayoría de los países, el proceso legislativo, incluida la redacción y modificación de la legislación de PI, conlleva múltiples etapas de revisión y consultas públicas e interministeriales, incluida la coordinación entre los ministerios pertinentes y las comisiones parlamentarias.
Es interesante observar los dos tipos de mecanismos de coordinación interministerial predominantes.
Muchos países establecen comités o equipos técnicos interministeriales formales compuestos por representantes de los ministerios y organismos gubernamentales pertinentes. Estos comités sirven de plataformas de coordinación, colaboración y consulta sobre cuestiones de política de PI. Ayudan a armonizar las perspectivas y los intereses de las distintas entidades implicadas en la PI y facilitan el desarrollo de políticas cohesionadas.
Por ejemplo, en Colombia, la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual se encarga de coordinar a los diferentes actores que participan en el sistema de PI. Entre estos actores se encuentran la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente en materia de propiedad industrial, la Dirección Nacional de Derecho de Autor como autoridad en materia de derecho de autor y derechos conexos, y el Instituto Colombiano Agropecuario como autoridad competente en materia de variedades vegetales.
En algunos países se utilizan mecanismos de coordinación menos formales. Diferentes entidades gubernamentales con responsabilidades relacionadas con la PI, como los ministerios de comercio, justicia, cultura y tecnología, colaboran a través de la comunicación regular, el intercambio de información y las iniciativas conjuntas. Esta colaboración garantiza que las políticas de PI se ajusten a objetivos nacionales más amplios, a los marcos jurídicos y a las necesidades específicas de cada sector. En muchos países, el ministerio principal tiene la responsabilidad de ponerse en contacto y consultar con otros ministerios que sean responsables de determinados aspectos de las políticas de PI y/o que puedan verse afectados por los cambios propuestos.
OAPI es una oficina regional de PI que presta servicio a 17 Estados miembros de África Occidental. En los países de la OAPI suelen colaborar tres ministerios: el de Industria, que es la autoridad oficial de control de la OAPI en cada Estado miembro; el de Cultura, que se ocupa del derecho de autor; y el de Innovación. La OAPI cuenta con una estructura nacional de enlace en cada Estado miembro para la coordinación entre los tres organismos. Hay ámbitos en los que la OAPI pone en marcha iniciativas de promoción y desarrollo de la PI, que se transmiten a nivel nacional. Es el caso, por ejemplo, de las patentes y las marcas. Cada Estado es libre de añadir otras medidas que respondan a sus necesidades y preferencias específicas.
Consultas públicas y otras formas de participación con las partes interesadas
Una vez realizadas las consultas interministeriales y articulada la iniciativa política propuesta, los gobiernos suelen solicitar la opinión y los comentarios del público, las partes interesadas del sector y los expertos a través de consultas públicas. Esto permite tener en cuenta un abanico más amplio de perspectivas a la hora de configurar la política propuesta. Las consultas las llevan a cabo ministerios u oficinas de PI específicos, y las aportaciones recogidas sirven de base al proceso de formulación de políticas y a los subsiguientes procesos legislativos y parlamentarios.
Los países también se comprometen en la cooperación internacional y participan en foros multilaterales y regionales para abordar los retos mundiales en materia de PI. A través de negociaciones bilaterales y multilaterales, los países armonizan las normas de PI, intercambian las mejores prácticas y desarrollan acuerdos internacionales, como pueden ser los tratados o acuerdos de libre comercio, para promover la protección y observancia de la PI.
Función de la oficina de PI
Dependiendo de la naturaleza de la política de PI, las oficinas nacionales de PI dirigen el ejercicio o contribuyen a él. A menudo actúan como núcleos centrales para recoger las aportaciones de las distintas partes interesadas durante las consultas públicas, realizar investigaciones y formular recomendaciones políticas. Colaboran con los ministerios pertinentes, las asociaciones industriales y otras entidades para garantizar unas políticas de PI globales y coherentes.
Las oficinas de PI también desempeñan un papel activo en la elaboración y revisión de la legislación sobre PI. Aportan conocimientos técnicos y perspectivas sobre aspectos jurídicos, armonizando las leyes de PI con las normas internacionales y abordando los nuevos retos y oportunidades. Las oficinas de PI colaboran con los ministerios y expertos jurídicos pertinentes para garantizar que el marco legislativo sea sólido, esté actualizado y respalde unos objetivos de políticas más amplios.
En términos generales, la mayoría de las oficinas de PI proporcionan asesoramiento experto y recomendaciones al Gobierno y a los ministerios pertinentes sobre la formulación de políticas de PI. Aportan ideas sobre la incidencia de la PI en el desarrollo económico, los ecosistemas de innovación, los avances científicos y la competitividad comercial.
Además, muchas oficinas de PI recopilan y analizan datos sobre solicitudes de PI, tendencias e indicadores económicos pertinentes que pueden ayudar a configurar las políticas gubernamentales. Esta información es muy valiosa para supervisar la incidencia de las políticas de PI en el desarrollo económico, la innovación y el comercio. Al proporcionar datos estadísticos, perspectivas de mercado y evaluaciones de impacto económico, las oficinas de PI contribuyen a la formulación de políticas basadas en datos empíricos.
Por último, nuestros entrevistados señalaron que muchas oficinas de PI mantienen relaciones permanentes con sus partes interesadas externas y, por lo tanto, pueden proporcionar una fuente de información y asesoramiento a las personas encargadas de la formulación de políticas de los gobiernos sobre diversas iniciativas políticas, que pueden no limitarse a la propiedad intelectual. Por ejemplo, algunas oficinas de PI (y la OMPI) han realizado estudios sobre la brecha de género en la concesión de patentes, lo que ha contribuido a objetivos de políticas gubernamentales más amplios sobre cómo aumentar la participación de las mujeres en los campos científicos.
En Botswana, el desarrollo de la política de PI es responsabilidad del Ministerio de Comercio e Industria, pero la CIPA desempeña un papel decisivo en la dirección del desarrollo y la formulación de esta política hasta el momento en que es aprobada por el Parlamento. Una vez aprobada, la CIPA desempeña la función de agencia de ejecución de la política de PI.
En Chile, el INAPI se creó como órgano asesor del presidente de la República en materia de propiedad industrial. Esto requiere que el INAPI prepare recomendaciones relacionadas con la PI para el presidente a través del Ministerio de Economía, por ejemplo en el caso de una nueva ley chilena sobre transferencia de tecnología, que estaría bajo la responsabilidad central del Ministerio de Ciencia. Aún así, el INAPI desempeñaría su función como organismo especializado que contribuye al desarrollo de esta iniciativa legislativa.
La OAPI es una oficina de PI regional que desempeña una función asesora para sus Estados miembros. La OAPI también propone políticas y actividades relacionadas con ámbitos como la economía, la innovación, la ciencia y la tecnología. Un ejemplo sería el uso de indicaciones geográficas por parte de sus Estados miembros. La OAPI es responsable de las declaraciones de Dakar, Uagadugú y Abiyán sobre el impacto económico de las indicaciones geográficas en el desarrollo de los Estados.
Participación de las partes interesadas en la gobernanza de las oficinas de PI
Más allá de las consultas políticas, muchas oficinas de PI incluyen a partes interesadas externas en su propia gobernanza a través de diversos mecanismos, por ejemplo, mediante órganos consultivos, comités formales, grupos de trabajo más orientados a tareas o foros temáticos. En la mayoría de los casos, las recomendaciones de las partes interesadas externas en las juntas asesoras y otros órganos de tomas de decisiones no son vinculantes (véase el Cuadro 4).
Las partes interesadas externas representan un conjunto diverso de perspectivas, incluidas las de la industria, las empresas, el mundo académico, los inventores, los artistas, los investigadores y el público. Su participación garantiza que la oficina de PI tenga en cuenta una amplia gama de puntos de vista a la hora de formular políticas y tomar decisiones.
Nuestros entrevistados mencionaron algunas ventajas importantes: la aportación de conocimientos y experiencia especializados, por ejemplo, en campos tecnológicos en rápida evolución, puede ayudar a dar forma a las directrices y prácticas en materia de patentes. Desde un punto de vista más práctico, la participación de un amplio abanico de partes interesadas puede ayudar a la oficina de PI a identificar consecuencias imprevistas de nuevas políticas o normativas, o a encontrar soluciones que equilibren los intereses de diversos grupos al tiempo que cumplen los objetivos de política pública.
La oficina de PI puede colaborar con partes interesadas externas en proyectos e iniciativas específicos. Esta cooperación puede incluir investigaciones conjuntas, programas educativos, campañas de sensibilización sobre la PI y actividades de fortalecimiento de capacidades. Las partes interesadas externas pueden ser incluidas en la revisión y evaluación del rendimiento de la oficina de PI. Pueden hacer aportaciones sobre la eficacia de las políticas y sugerir áreas de mejora.
El Consejo Consultivo sobre Propiedad Intelectual (ACIP) de Filipinas es una junta compuesta por entre ocho y diez distinguidas personalidades de los sectores público y privado. Los miembros ejercen sus funciones durante un máximo de dos años por invitación del director general de la IPOPHL. El Consejo formula recomendaciones a la IPOPHL basadas en una evaluación de su rendimiento (según el cuadro de mando integral de la Harvard Business School) y de sus logros y asociaciones con las principales partes interesadas, e identifica los desafíos y problemas que pueden afectar a la realización de la misión y la visión de la IPOPHL.
En la Arabia Saudita, la SAIP tiene una junta directiva y un presidente (un ministro del Consejo de Ministros) nombrado por el primer ministro. Supervisan la gestión y la conducta de la SAIP y fijan su política general.
En Chile, el Consejo Chileno de la Sociedad Civil sirve de plataforma para el diálogo, la colaboración y el compromiso entre la sociedad civil y el Gobierno, permitiendo a las organizaciones de la sociedad civil realizar aportaciones a las políticas públicas y a los procesos de toma de decisiones del Gobierno. Se reúne periódicamente (cuatro o cinco veces al año) y constituye un foro de intercambio de información con el INAPI. Las conclusiones del Consejo no son vinculantes, pero constituyen una fuente de información útil.
En Alemania, el contacto con los solicitantes es muy importante para la DPMA. La oficina cuenta con un Consejo Consultivo de Usuarios de Patentes y Modelos de Utilidad. Consta de 15 miembros y se reúne dos veces al año con el objetivo de incluir en sus debates a todos los grupos de usuarios pertinentes (solicitantes de patentes grandes, pequeños e individuales, y proveedores de servicios de software de búsqueda y gestión de patentes). El Consejo tiene una función puramente consultiva y no participa en la toma de decisiones de la oficina.
