Mexique

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 2091/11-EPI-01-2

 

ACTOR: ********* **** ** ****

 

TERCERO INTERESADO: ******* **** ** **** ** ****

 

México, Distrito Federal a treinta de enero de dos mil trece.- Integrada que fue la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por las CC. Magistradas que la componen, Licenciadas MARIA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO como Instructora del juicio, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y ROSANA EDITH DE LA PEÑA ADAME como Presidenta de la Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos que actúa y da fe, Licenciado MAURICIO ALBERTO RAMÍREZ MENDOZA, una vez que ha quedado cerrada la instrucción y estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio de nulidad No.2091/11-EPI-01-2, promovido por ********* **** ** ****, en los términos siguientes:

 

R E S U L T A N D O

 

1°.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el 15 de noviembre de 2011, comparecióC. ÁNGEL LEONARDO REGUERA SÁNCHEZ, representante legal de ********* **** ** ***** demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio 22060 de 31 de agosto de 2011, por el que la Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó las infracciones administrativas previstas en las fracciones I, IX incisos b) y c) y XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de ******* **** ** ***** ** ****

 

2º .- Mediante auto de fecha 1° de marzo de 2012, previo requerimiento el cual fue debidamente cumplimentado por la actora, se admitió a trámite la demanda, por lo que emplazó a la demandada para que la contestara en el término de ley, así como al tercero interesado para que se apersonara a deducir sus derechos.

 

3º.- Por proveído de fecha 2 de julio de 2012 se tuvo por contestada la demanda realizada mediante oficio ingresado en este Tribunal el 28 de mayo de 2012, ordenándose el traslado de ley a las demás partes en el juicio.

 

4 º.- Mediante auto de fecha 2 de octubre de 2012 se tuvo por precluido el derecho del tercero interesado para apersonarse en el presente juicio.

 

5°.- Por auto de 15 de octubre de 2012, no habiendo cuestión alguna por desahogar se hizo saber a las partes el plazo de ley con que contaban para formular sus alegatos por escrito, ello con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

6°.- Por acuerdo de fecha 11 de enero de 2013 se tuvieron por formulados los alegatos de la autoridad demandada y de la parte actora, los cuales se reservaron para ser considerados en el momento procesal oportuno; asimismo, se tuvo por precluido el derecho del tercero interesado para tal efecto; en razón de lo anterior, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a la Sala a efecto de que se emitiera la sentencia correspondiente, lo cual se hace en los siguientes términos:

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO.- La competencia por materia y territorio de esta Sala se acredita con la resolución impugnada, ya que ésta se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 14, fracción XII y diverso 23, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como del artículo 23 del Reglamento Interior de este Tribunal.

 

SEGUNDO.- La existencia de las resolución impugnada se encuentra acreditada en los términos de los artículos 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que la actora exhibió dicho documento, el cual fue plenamente reconocido por las autoridades al formular su contestación de demanda.

 

TERCERO.- Por cuestión de método esta Sala estudiara de manera conjunta los conceptos de impugnación esgrimidos por la actora en su escrito de demanda, en los cuales manifiesta lo siguiente:

 

“La autoridad demandada al emitir la resolución impugnada, y resolver negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, dejó de aplicar las disposiciones legales, tesis jurisprudenciales y tratados internacionales a los que nos referiremos, lo que se evidencia, según los argumentos que a continuación se exponen:

 

En éste sentido, de la lectura de la resolución impugnada, emitida por la C. Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, se desprende que dicha omitió señalar argumentación lógico-jurídica tendiente a demostrar el por qué se resolvió negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Lev de la Propiedad Industrial, en el procedimiento número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419 interpuesto por mi representada.

 

Dicho lo anterior, a fojas 42 y siguientes, de la resolución impugnada se desprende como la autoridad demandada ilegalmente resuelve en los términos siguientes:

 

[...]

 

De lo anterior, se desprende que la autoridad demandada medularmente sostiene que las conductas cometidas por la sociedad ******* **** ** **** ** **** no encuadran en ninguna de las hipótesis de competencia desleal previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que dicha sociedad comercializa productos -café- al amparo del registro marcario ******* "*********"*

 

Adicionalmente, y como segunda premisa, la autoridad demanda estima que todas las conductas infractoras contenidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial presuponen el aprovechamiento de un derecho que es propiedad de un tercero sin el consentimiento de éste último.

 

En el caso que nos ocupa, la autoridad demandada no realiza un análisis adecuado del concepto de Competencia Desleal, ni mucho menos sustenta sus afirmaciones en la Ley de la Propiedad Industrial, en algún criterio o tesis jurisprudencial, tratados internacionales, o bien, en la doctrina que existe al respecto.

 

Por si fuera poco, la autoridad demandada tampoco se avocó al estudio del concepto de IMAGEN COMERCIAL que fue debidamente desarrollado por mi representada en su escrito inicial dentro del procedimiento administrativo de infracción tramitado bajo el expediente número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419.

 

En efecto, tal y como quedó debidamente demostrado por mi representada, los actos realizados por ******* **** ** **** ** ***** constituyen un acto de competencia desleal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial que establece lo siguiente:

 

[...]

 

A manera de preámbulo, resulta necesario destacar la competencia es un fenómeno que entre otras cosas implica una situación en la que dos o más agentes económicos ofrecen bienes o servicios, iguales o similares, en el mercado, intentando atraer a los consumidores. La competencia implica pues la posibilidad de concurrir y participar en un mercado en igualdad de condiciones.

 

Consecuentemente, la libre competencia es una libertad integrada tanto por las denominadas libertades económicas, como por las libertades de cuño jurídico. En este sentido, la libre competencia se concibe como el resultado fáctico y efectivo de la integración de las libertades económicas mencionadas, y de aquellas libertades jurídicas coadyuvantes a la realización de la libertad de empresa: libertad de iniciativa económica privada (toda persona puede ejercer libremente una actividad económica destinada al mercado); libre autonomía de la voluntad (cada cual puede establecer relaciones jurídicas y fijar su contenido); y libertad para determinar la organización de la propia actividad empresarial, la forma, calidad, cantidad y precio de los productos o servicios. He aquí los elementos típicos que conforman la libre competencia que, dentro de nuestro derecho positivo, posee rango constitucional.

 

[...]

En este sentido, diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, regulan y establecen la obligación de los países signatarios de prohibir y sancionar conductas que sean consideradas contrarias a los usos honestos en materia comercial e industrial, ya que dichas conductas son lesivas para el sistema de libre competencia, así como para los intereses del consumidor, ya que lo único que dichas conductas generan son error y confusión:

 

[...]

 

En este contexto, la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial textualmente dispone:

 

[...]

 

En éste sentido, el artículo antes trascrito describe como conductas infractoras:

 

a) Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio o servicios.

 

b) Que impliquen competencia desleal; y

 

c) Que se relacionen con la materia de propiedad industrial.

 

Como puede apreciarse de los comentarios, definiciones y disposiciones legales que anteceden, y más particularmente del contenido de la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la figura de la competencia desleal es muy amplia, habida cuenta que, como se analizó en párrafos precedentes, un acto de competencia desleal puede revestir muchas modalidades y objetivos.

 

Por ello, la competencia desleal no se constriñe a la sola imitación, falsificación o uso no autorizado de una marca registrada, como erróneamente consideró la Autoridad Demandada, sino que su ámbito va más allá de esos límites, puesto que también incluye actos encaminados a crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto al establecimiento, productos o la actividad de un competidor, según lo dispone el artículo 10 bis del Convenio de París.

 

En este sentido, algunas prácticas de competencia desleal pueden consistir en:

 

1. Dumping de precios: vender a un precio inferior al coste del producto.

 

2. Engaño: hacer creer a los compradores que el producto tiene un precio diferente, unas características mejores que las reales, etc.

 

3. Denigración: difundir información falsa sobre los productos de los competidores, o publicar comparativas no relevantes. Según el país la protección contra esta figura es mayor o menor.

 

4. Confusión: buscar parecerse a un competidor para que el consumidor compre tus productos en vez de los del competidor. Es muy frecuente usar para ello marcas o diseños parecidos.

 

5. Dependencia económica: exigir condiciones leoninas al proveedor cuando se le compra casi toda su producción. Dado que el proveedor depende de estas ventas para la existencia de la empresa, tendría que aceptarlas.

 

6. Desviación de la clientela y explotación de la reputación ajena son otros tipos de actos de competencia desleal.

 

De lo anterior, se desprende que la segunda premisa esgrimida por la autoridad demandada, es decir, que todas las conductas que constituyen competencia desleal presuponen el uso no autorizado de una marca o derecho propiedad de una persona; resulta claramente infundada, ya que las conductas que generan competencia desleal también pueden estar encaminadas a generar confusión, desprestigio de la actividad o productos de un tercero y/o desviación de la clientela, tal y como lo sostienen las tesis jurisprudenciales y preceptos legales a los que nos referimos en el presenta apartado.

 

A mayor abundamiento, las Disposiciones Tipo Sobre Protección de la Competencia Desleal (OMPI), establece en su artículo 2, que la confusión podrá ser causada respecto de:

 

(i) Una marca, sea o no registrada;

 

(ii) Un nombre comercial;

 

(iii) Un identificador comercial distinto de una marca o un nombre comercial;

 

(iv) La apariencia del producto; o

 

(v) La presentación de productos o servicios;

 

En éste orden de ideas, si bien el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene un catálogo de conductas que constituyen infracciones administrativas, y que en su gran mayoría se basan en el uso o explotación no autorizado de un derecho de propiedad industrial sujeto a registro (marcas, patentes, aviso comerciales, etc.), lo cierto es que dicho precepto también abre una ventana para sancionar conductas que atentan contra la legítima competencia y que tienen como único fin generar confusión entre los consumidores.

 

Entre otras, dichas conductas pueden consistir en el plagio de los elementos distintivos de la apariencia y presentación de un producto competidor "look alike", como se conoce a esta práctica en términos mercadológicos-, que en ocasiones no son susceptibles de protegerse a través de registros marcarios, pero que sin embargo, logran las mismas funciones que las marcas, ya que logran diferenciar bienes de otros de la misma especie en el mercado, y son ampliamente conocidos como consecuencia de la publicidad y los esfuerzos realizados por los comerciantes para lograr consolidarse en la preferencia del consumidor.

 

A este tipo de elementos distintivos relacionados con la apariencia y presentación de los productos, la doctrina y jurisprudencia han denominado como "imagen comercial" y/o "trade-dress" -imagen de marca/producto- (conforme se le conoce en el derecho norteamericano), es decir, el conjunto de elementos tangibles e intangibles que le otorgan distintividad a un producto, establecimiento o servicio respecto de otros que existen en el mercado.

 

En palabras de Mauricio Jalife, el sistema jurídico "ha respondido a la necesidad de que los productos, servicios y establecimientos de un comerciante o prestador de servicios se distingan de los de su competidor y sean inidentificables por el consumidor' ; por lo cual, es de suma importancia que la autoridad proteja los elementos que conforman la presentación y/o imagen comercial de un bien, establecimiento o servicio, a pesar de que dichos elementos no se encuentren, o no puedan ser registrados en la forma de signos distintivos, invenciones o derechos de autor.

 

La existencia y protección de la imagen comercial, ha sido incluso recogida por recientes criterios jurisprudenciales, tal y como el que se cita a continuación:

 

[...]

 

En la especie, la conducta contenida en la fracción I del artículo 213 de Ley de la Propiedad Industrial, se surte plenamente en virtud de que, tal y como se demostró en el procedimiento de origen, ******* **** ** **** ** ****:

 

a) Produce, almacena y comercializa **** empleando la marca "*********"* haciendo uso de un empaque y producto que imita los elementos más distintivos de la imagen comercial y/o presentación del producto de **** identificado con la marca "*****"*

 

b) Dichas conductas intentan generar error, confusión y engaño entre los consumidores, al hacerles creer que existe una relación o asociación entre el producto "*********" * "*****" y/o entre las empresas que comercializan dichos productos.

 

c) Todo lo anterior, constituye un acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio e industria, que implican competencia desleal, y que se relacionan con la materia regulada por la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Como se ha mencionado, el producto de café de la marca "*****" se ha venido comercializando, desde mediados de los años setenta, en empaques de colores y elementos gráficos distintivos que se han venido usando desde el 21 de octubre de 2004 y que a continuación se ilustra:

 

[...]

 

A simple vista, se puede observar que los elementos más distintivos del producto de café amparado por la marca "*****"* y que a su vez constituyen su IMAGEN COMERCIAL, consisten en lo siguiente:

 

• Empaque en color rojo (pantone 200)

 

• Taza de café blanca sobre un plato del mismo color.

 

• Granos de café dispuestos alrededor de la taza de café blanca.

 

• Círculo de contorno amarillo claro sobre el que destaca la leyenda "*** ** ***** * ***** ** **** *******".

 

• Al centro del contorno circular mencionado en el punto anterior destaca el personaje representativo de la marca "*****" conocido como "*********"*

 

Por su parte, la sociedad ******* **** ** **** ** ***** al advertir el éxito que ha tenido el producto de **** identificado con la marca "*****"* comenzó a fabricar, almacenar y comercializar café de grano, haciendo uso de la marca "*********" así como como de un empaque que, de forma clara y deliberada, imita la imagen comercial de "*****", es decir, los elementos más distintivos de su empaque y producto, tal y como se muestra a continuación:

 

[...]

 

El plagio de la presentación del producto de café de la marca "*****" es a tal grado evidente que* ******* **** ** **** ** ***** no sólo copió los elementos más distintivos de dicho producto, haciéndoles mínimas modificaciones, sino que también los ubicó prácticamente en el mismo lugar en el empaque de "*********", tal y como se observa al comparar la presentación de ambos productos:

 

[...]

 

A simple vista se advierte la semejanza existente entre los empaques y productos en disputa, así como el ánimo de ******* **** ** **** ** ***., de intentar confundir al consumidor, mediante el empleo de elementos que imitan la imagen comercial de "*****", en el producto "*********"* principalmente, por lo siguiente:

 

• "*****" * "*********"* ** ******* **** ********** **** ** ***** *******

 

• *** ******** ** "*****" * "*********"* *** ****** *********** **********

 

• ** ******* ** ***** ********* ******* ** ***** **** ******** **** ******

 

• ***** ******** ********:

 

** ** ***** ** ****** ******* ********* ** ** ***** ********** ** ***** *******

 

** **** ** **** ****** ***** ** ***** *** ***** ******

 

** ****** ** **** ********** ********* ** ** **** ** **** *******

 

** ******* ** ******** ******** ***** ***** ** *** ******** *** ********

"*** ** ***** * ***** ** **** *******" (** ** **** ** ** ***** "*****") * "** ***** * ** ***** *** ***** ****" (** ** **** ** ** ***** "*********")*

 

** ** ****** *** ******** ******** ********** ** ** ***** ******** ******* *********** ** "*********" ** ** ***** "*****" * ** ****** *** ***** ** ******** ** ** **** ** ** ***** "*********"*

 

• ** ***** "*****" * "*********" ** *********** ** ****** ** ***** *******

 

• ***** ********* ** ************* ** *** ************ ** *** *******

 

• ** *********** ** ********* ******** * ******** (*********** * *********) ** ************* ** ***** ** *** ********* "*****" * "*********"*

 

De esta manera, podemos percatarnos que son más las semejanzas que las diferencias entre los empaques en conflicto, quedando de manifiesto la mala fe con la que se conduce ******* **** ** **** ** ***., en el marco de sus prácticas comerciales pues, lejos de innovar y competir haciendo uso de su propia creatividad e ingenio, adopta una actitud parasitaria al plagiar la imagen comercial de "*****"* lo cual no sólo resulta en perjuicio de mi mandante, sino del público consumidor y, en última instancia, del sistema de mercado, ya que dicho comportamiento distorsiona la dinámica propia de la libre competencia.

 

Por lo anterior, es claro que la conducta de ******* **** ** **** ** **** es contraria a los buenos usos y costumbres que en la industria y comercio que implica competencia desleal, ya que intenta aprovecharse indebida e ilegítimamente, y sin invertir recursos propios, de las ventajas comerciales que, como producto del esfuerzo de varios años, ha logrado mi representada al comercializar y publicitar de forma continua el producto amparado bajo la marca "*****"*

 

A mayor abundamiento, existe un criterio jurisprudencial visible en las páginas 320, 321, 322 y 323 del Semanario Judicial de la Federación, octava parte, tomo VII, Junio de 1991, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que ha definido la competencia desleal, y los supuestos que deben de actualizarse para que se adecué a la infracción administrativa que nos ocupa:

 

[...]

 

Por ello, las conductas que realiza ******* **** ** **** ** **** son contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria, ya que generan error, confusión y engaño entre los consumidores, al hacerles creer que existe una relación o asociación entre el producto "*********" * "*****", cuando en realidad el primero imita al segundo, todo ello constituyendo un acto de competencia desleal.

 

Así las cosas, ******* **** ** **** ** ***** incurre en actos contrarios a los buenos usos v costumbres en el comercio, en virtud de que se encuentra fabricando, almacenando y comercializando café de grano, al amparo de la marca "*********"* empleando un empaque y producto que imita la presentación o imagen comercial de la marca "*****"*

 

Por lo tanto, contrario a lo señalado por la autoridad demandada en la resolución impugnada, las conductas antes descritas encuadran en lo dispuesto por el artículo 213, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, y por lo mismo, deberán ser sancionadas conforme a derecho.

 

Ahora bien, es importante añadir que, tal y como mi representada lo hizo valer en el procedimiento de origen, la existencia de los registros marcarios ******* ******* * ******** ********* ** ******* **** ** **** ** ***** ** ******** * ***** ******* * ****** *** ********* *********** ** ** ****** ********* * ************ *** ******** *** ****** ** ***** "*****", comercializado por mi mandante.

 

En efecto, los registros de marca mencionados en el párrafo anterior, no legitiman a ******* **** ** **** ** **** a realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que además implican competencia desleal, al comercializar un producto "*********" cuya imagen comercial fue confeccionada con la clara intención de imitar aquella utilizada por mi representada en su conocido producto amparado por la marca "*****". Todo lo anterior, tal y como lo confirma la siguiente tesis jurisprudencial:

 

[...]

 

Con lo anterior, se demuestra fehaciente que la autoridad demandada, realizó una incorrecta valoración de los argumentos, preceptos legales, tratados internacionales y doctrina que se hizo valer en el procedimiento original, pues se limitó a esgrimir de forma superficial que, en virtud de la existencia del registro marcario ******** ** ******** ********* ******* **** ** **** ** ***** no cometía actos de competencia desleal, contrarios a los buenos usos y costumbres en el comercio.

 

Con independencia de la falta de exhaustividad que denota la resolución impugnada, y que se hará valer más adelante, es evidente que la existencia de registros marcarios no excluye la comisión de conductas que constituyen actos de competencia desleal, ya que afirmar lo contrario sería tanto como decir que solo se puede existir competencia desleal cuando se haga uso no autorizado de algún derecho de propiedad industrial susceptible de registro, lo cual, desde lego resultaría completamente ilegal, en virtud de que, como se ha dicho, un acto contrario a los buenos usos y costumbres n el comercio, puede revestir diversas modalidades, y no solo el uso indebido de marcas registradas.

 

Dicho de otro modo, la existencia de dichos registros marcarios no contradice el ánimo o intención de competir deslealmente mediante al inducir a error o confusión al público

 

consumidor, ya que no existe ninguna disposición legal, jurisprudencial o doctrinal de la que se desprenda esa hipótesis, y en virtud de que los registros marcarios protegen signos que, si bien pueden emplearse en los productos o servicios que se comercializan, lo cierto es que dichos bienes al momento de ser comercializados, también se asocian a otros elementos de ornato y presentación que no forman parte de dichos registros marcarios, y que configuran la IMAGEN COMERCIAL de un producto, tal y como lo sostiene la siguiente tesis, que nuevamente citamos por resultar relevante en el presente caso:

 

[...]

 

De lo anterior, se deduce claramente que el hecho de que una persona incluya registros marcarios a la presentación de los productos que comercializa, no la exime de cometer actos de competencia desleal, si al analizar los demás elementos que componen dicho producto (*********)* resulta evidente que el mismo se asemeja a un producto competidor (**** *****)* y que dicha similitud puede generar error o confusión entre los consumidores, o bien, puede desviar la clientela de un competidor a otro.

 

Por lo anterior, a lo largo del presente concepto de impugnación ha quedado demostrado lo siguiente:

 

1. Que la resolución impugnada contraviene el Convenio de París, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, diversas disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales, toda vez que la autoridad demandada ilegalmente resolvió negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial en el procedimiento número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419.

 

2. Que la autoridad demandada no realizó un análisis adecuado del concepto de la causal de infracción que se hizo valer, como tampoco del concepto y alcances de la Competencia Desleal, mucho menos funda sus determinaciones en los Tratados Internacionales, tesis jurisprudenciales, en la Ley de la Propiedad Industrial, ni siquiera en alguna referencia doctrinal que pudiera ser aplicable.

 

3. Que la autoridad demandada tampoco se avocó al estudio del concepto de IMAGEN COMERCIAL que fue debidamente desarrollado por mi representada en su escrito inicial dentro del procedimiento administrativo de infracción tramitado bajo el expediente número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419.

 

4. Que los actos realizados por ******* **** ** **** ** ***** constituyen un acto de competencia desleal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

5. Que contrario a lo expresado por la autoridad demandada en la resolución que por esta vía se impugna, los registros marcarios propiedad de ******* **** ** **** ** ***** no legitiman a dicha empresa a realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que además implican competencia desleal, al comercializar un producto "*********" cuya imagen comercial fue confeccionada con la clara intención de imitar aquella utilizada por mi representada en su conocido producto amparado por la ***** "**** *****"*

 

Así las cosas, de conformidad con los argumentos vertidos a lo largo del presente concepto de impugnación y con fundamento en las fracciones II y IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente que esa H. Sala declare la nulidad de la resolución impugnada, al haberse demostrado en forma fehaciente que las conductas realizadas por ******* **** ** **** ** ***. constituyen infracciones administrativas en términos de la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y del artículo 10 bis del Convenio de Paris, en concordancia con las tesis jurisprudenciales y argumentos hechos valer en juicio.

 

SEGUNDO.-

 

[...]

 

La autoridad demandada al emitir la resolución impugnada, y resolver negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción IX (incisos b y c), del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, dejó de aplicar las disposiciones legales, tesis jurisprudenciales y tratados internacionales a los que nos referiremos, lo que se evidencia, según los argumentos que a continuación se exponen.

 

En éste sentido, a fojas 39 y siguientes, de la resolución impugnada se desprende como la autoridad demandada Ilegalmente resuelve en los términos siguientes:

 

[...]

 

Similares argumentos fueron expuestos por la autoridad demandada (fojas 40 y 41), al estudiar la causal de infracción contenida en el inciso c), de la fracción IX, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

De lo anterior, se desprende que la autoridad demandada sostiene que las conductas cometidas por la sociedad ******* **** ** **** ** **** ** ********* ** ** ********* ** *********** ******* ******** ** ****** ******** ** ****** ** *** ***** ******** ************ ********* **** ** ****** *** ******** ******** ******* "*********"*

 

Es decir, la autoridad demandada vuelve a insistir en el argumento relacionado con el uso de una marca registrada para justificar de algún modo la falta de exhaustividad que prevalece en la resolución impugnada, y que además se traduce en una consideración que, como ya hemos hecho valer, carece de sustento legal, doctrinal y jurisprudencial.

 

En efecto, tal y como quedó debidamente demostrado por mi representada, los actos realizados por ******* **** ** **** ** ***** constituyen un acto de competencia desleal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 213, fracción IX, incisos b y c, de la Ley de la Propiedad Industrial que establece lo siguiente:

 

[...]

 

Los artículos en comento, prevén y sancionan otro tipo de conductas que constituyen actos de competencia desleal, y que la doctrina ha denominado como "riesgo de asociación", es decir, la posibilidad de que el consumidor pueda establecer erróneamente una relación entre marcas,

33 productos y/o empresas de manera inducida, por factores externos tales como: signos, sonidos, colores, imágenes, presentación, etc.

 

[...]

 

En términos generales, podemos afirmar que existe riesgo de asociación cuando:

 

a) Existe el riesgo de que, a pesar de que la marca y un signo no son confundibles, el consumidor podría pensar que entre el titular de la marca y del signo existe algún tipo de relación (licencia, franquicia, patrocinio, etc.) y;

 

b) Existe el riesgo de que, a la vista de la semejanza entre la marca prioritaria (*****) * ** ***** ********* (*********)* ** ********** ****** ********** ********** * ************ ********** ******* ** ** ***** ** *** ** ********** *** ***** ********* (*********) ****** ** ******** ** ** ***** *********** (***** *** **** *****)*

 

Así pues, la confusión o el riesgo de asociación se presentan cuando una empresa (******* **** ** **** ** ****) ********* ** ** ******* ** ******** (*********) ***** ****** *********** * ********* ******** *************** ******* ********* * *** ************* ******* * *** ** ** ******** ********** (*****)* *** ** **** ********* * ************** *** ************ *** *** ******* (********* **** ** ****), con la que además compite en un sector determinado del mercado, de tal forma que puede causar confusión o posibilidad de asociación entre el público consumidor.

 

Tal semejanza no necesariamente comprende la calidad, el sabor u otras características de los productos, sino la forma de presentación de los mismos, para crear un efecto ficticio de asociación hacia el consumidor, de tal suerte que éste no pueda distinguir fácilmente entre dos bienes que compiten entre sí, tal y como se observa a continuación:

[...]

 

Como se desprende de la ilustración, es claro que existen similitudes entre los empaques de los productos ***** * *********, en virtud de los elementos gráficos, colores, tamaño de envoltura, tipo de letra, contenido y elementos fotográficos que se contienen en ambos, en el entendido de el riesgo de asociación surgiría poniendo la atención que pondría un consumidor promedio, el cual no suele realizar un análisis detallado de los empaques en cuestión para determinar su origen.

 

[...]

 

Como sus señorías podrán advertir, en el presente caso estamos en presencia del empleo de signos, formas y empaques que generan confusión y/o riesgo de asociación entre productos competidores, en virtud de la similitud que guardan los productos entre sí, y de la dolosa intención que existe por parte de ******* **** ** **** ** ***. de aprovecharse del prestigio y reconocimiento que tiene el producto de café de la marca ***** en el mercado, pues se trata de una marca notoriamente conocida entre los consumidores de café.

 

Así pues, al carecer el producto infractor (*********) de leyendas y signos que le otorguen suficiente distintividad respecto del producto de mi mandante (**** *****), es de concluirse que el riesgo de asociación entre los mismos es real y se configura, tal y como quedó demostrado en el expediente administrativo del que derivó la resolución que se impugna.

 

En este contexto, resulta evidente que a ******* **** ** **** ** **** tampoco le interesa que el consumidor identifique su producto (*********) con una imagen comercial propia, tan es así que omite plasmar su razón social de manera clara y distintiva, para que el consumidor pueda saber el origen de dicho producto, con lo cual se confirma la confusión que puede generarse entre los consumidores de café.

 

[...]

 

Por lo anterior, el riesgo de asociación o confusión entre los productos en conflicto proviene, tal y como lo establecen la doctrina y criterios jurisprudenciales hechos valer en el presente escrito, de la semejanza que se advierte como consecuencia de los colores, elementos gráficos, marcas, presentación, formas y leyendas utilizadas en el producto ********* ** **** *****, y la ausencia de elementos que permitan distinguir el origen empresarial del primero (*********)* y no necesariamente de que una empresa cuente con signos registrados como absurdamente sostiene la autoridad demandada.

 

Como se ha mencionado, el riesgo de asociación también constituye un acto de competencia desleal en términos de la legislación vigente, por lo cual, resulta claro que debe sancionarse y prohibirse a pesar de que el presunto infractor cuente con registros marcarios, ya que ello no lo exime de cometer una conducta ilícita, mucho menos lo legitima para intentar confundir a los consumidores so pretexto del uso de marcas registradas, lo anterior, sin perjuicio de que no existe ninguna disposición legal o criterio jurisprudencial que avale dichas prácticas desleales cuando una persona haga uso de signos registrados en sus envoltorios; por el contrario, todas las tesis a las que nos hemos referido sustentan la posición contraria, es decir, que las conductas consideradas desleales son independiente del uso de marcas registradas, ya que como se ha mencionado la competencia desleal puede revistar varias modalidades.

 

En el presente caso, resulta evidente que la autoridad demanda confundió las hipótesis de las causales de infracción hechas valer, pues ninguna de ellas se refiere al uso de marcas registradas sino a la comisión de actos que generan confusión o riesgo de asociación, lo cual paso de largo la autoridad demandada, pues el único argumento esgrimido para no declarar la causal de infracción en comento, fue mencionar que la entonces presunta infractora cuenta con el registro ******** **** ** **** ***** ********** **** *** ** ******** ******* **** ** **** ** ***. pueda cometer todo tipo de conductas desleales impunemente.

 

Con lo anterior, se demuestra fehaciente que la autoridad Demandada, realizó una incorrecta valoración de los argumentos, preceptos legales, tratados internacionales y doctrina que se hizo valer en el procedimiento original, pues se limitó a esgrimir de forma superficial que, en virtud de la existencia del registro marcario ******** ** ******** ********* ******* **** ** **** ** ***** no incurría en la hipótesis legal contenida en la fracción IX (incisos b y c), del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y por ende no cometía actos de competencia desleal, contrarios a los buenos usos y costumbres en el comercio.

 

[...]

 

TERCERO.-

 

[...]

 

Dicho lo anterior, en el presente asunto, la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada, y resolver negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, dejó de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, lo que se evidencia según los argumentos que a continuación se exponen y que están vinculados directamente con el principio de legalidad:

 

De la lectura de la resolución impugnada, emitida por la C. Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal, se desprende como la autoridad demandada omite plasmar argumentación lógico-jurídica suficiente tendiente a demostrar el por qué se resolvió negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción XXVI del artículo 213 de la Lev de la Propiedad Industrial en el procedimiento número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419 interpuesto por mi representada.

 

En este sentido, el Considerando Quinto de la resolución impugnada (hoja 41), la autoridad demandada, se limitó a manifestaron lo siguiente, respecto de la causal de infracción contenida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial:

 

[...]

 

De lo anterior se desprende que, la autoridad demandada sin fundamento legal alguno consideró que no se actualizaba la causal de infracción contenida en la fracción XXVI del artículo de 213 de la Lev de la Propiedad Industrial, toda vez que según su dicho, la mencionada causal de infracción va dirigida a la protección de las franquicias y que mi representada no ofreció pruebas para demostrar que se trata de una franquicia.

 

La autoridad demandada, al analizar la causal de infracción contenida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, parte de una premisa errónea al considerar necesario para la actualización de dicha infracción, la existencia de una franquicia. Dicha consideración resulta ser violatoria al principio de legalidad, toda vez que la autoridad demandada omitió fundamentar y motivar debidamente la razón de su determinación.

 

[...]

 

Así las cosas, de la lectura del artículo antes transcrito, se desprende que en el mismo, no se establece como requisito, la necesidad de que el actor acredite que hay una franquicia de por medio para que se pueda declarar la infracción administrativa.

 

Ahora bien, por lo que hace a la determinación de que la causal de infracción de mérito tampoco se actualizó en virtud de la existencia del registro marcario ******** atentamente solicitamos a sus Señorías tengan aquí por reproducidos, como si a la letra se insertaran, todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales que se hicieron valer en el primer concepto de impugnación, en obvio de inútiles repeticiones.

 

Por si fuera poco, la autoridad demandada tampoco basa sus determinaciones en ninguna tesis jurisprudencial o doctrina alguna, lo que sin lugar a dudas demuestra que la resolución que por esta vía se impugna es ilegal, al carecer de la debida fundamentación y motivación que debe acompañar a todo acto administrativo.

 

Lo anterior sin lugar a dudas deberá traer como consecuencia que se declare la nulidad de la resolución impugnada, pues la misma fue emitida en franca violación de los requisitos mínimos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por lo anterior, a lo largo del segundo concepto de impugnación ha quedado demostrado lo siguiente:

 

1. Que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que la autoridad demandada omitió señalar argumentación lógico-jurídica tendiente a demostrar el por qué se resolvió negar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial en el procedimiento número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419.

 

2. Que en la resolución impugnada, la autoridad demandada no indicó los argumentos lógico-jurídicos ni los fundamentos que la llevaron a determinar que la causal de infracción invocada, únicamente va encaminada a la protección a los derechos de propiedad industrial en materia de franquicias.

 

3. Que la autoridad demandada no sustentó sus afirmaciones en la Ley de la Propiedad Industrial, en algún criterio o tesis jurisprudencial o en la doctrina que existe al respecto.

 

4. Que los actos realizados por ******* **** ** **** ** ***** constituyen una infracción administrativa, al tenor de lo dispuesto por el artículo 213, fracción XXVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Así las cosas, de conformidad con los argumentos vertidos a lo largo del segundo concepto de impugnación y con fundamento en las fracciones II y IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente que esa H. Sala declare la nulidad de la resolución impugnada, al haberse demostrado en forma fehaciente que la autoridad demandada no fundamentó ni motivó debidamente su determinación de considerar que no se actualizó la causal de infracción contenida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

CUARTO.-

 

[...]

 

De lo anterior se desprende, que la autoridad demandada al ser la autoridad encargada de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419, debió no sólo enlistarlas, sino también valorarlas y dar cuenta de la valoración de todas ellas en la Resolución. Dicha valoración no debió limitarse a la mera referencia en que de forma breve hizo de algunas de éstas. Por el contrario, para que su Resolución se apegara a derecho, a cada argumento formulado, debió explicar por qué dicha prueba aportada acreditaba o no, lo que se afirmó, buscando, como ha quedado demostrado, llegar a la verdad y así respetar la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, el cual establece, en su parte conducente:

 

[...]

 

Esto significa que, la autoridad demandada al analizar las pruebas ofrecidas por mi representada en el procedimiento administrativo número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419, contaba con la obligación de fundar y motivar adecuadamente las razones por las cuales todas v cada una éstas, en su caso, aportaran elementos de convicción para considerar negar las infracciones administrativas previstas en las fracciones I. IX incisos b) y c) y XXVI del artículo 213 de la Lev de la Propiedad Industrial.

 

[...]

 

En la resolución impugnada (página 24), se desprende que una de las pruebas ofrecidas por mi representada, consistente en un "Disco Compacto que contiene publicidad audiovisual del producto ** **** ** ** ***** "*****" que ha sido difundida de manera masiva a través de canales de televisión abierta", no fue valorada por la autoridad demandada, la cual se limitó a manifestar que dicha prueba "carece de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo". Esta situación demuestra la ilegalidad de la valoración de la mencionada prueba, por parte de la autoridad demandada, ya que no realizó una valoración adecuada del contenido de dicha probanza, por el contrario, se limitó a desestimarla de forma simple y superficial, esgrimiendo que la misma no carecía de circunstancias de modo, tiempo y lugar, negándole incluso el carácter de indicio o instrumental de actuación.

 

Por lo anterior, y como se desprende de la resolución impugnada, la autoridad demandada, en lugar de valorar la probanza en cuestión integralmente, omitió de forma deliberada su estudio y alcance probatorio bajo el argumento falaz y simplista de que "carece de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo".

 

Como se ha dicho, para cumplir verdaderamente con los preceptos legales y tesis jurisprudenciales transcritos, la autoridad demandada tuvo que haber analizado dicha prueba a la par de los argumentos esgrimidos, justificando en su caso:

 

(i) fundamentación y motivación sobre por qué dicha prueba no fue tomada en cuenta,

 

(ii) explicación fundada y motivada sobre cómo dicha prueba esclarece la verdad apoyando o desestimando los argumentos de ********* **** ** ***** * *****

 

(iii) explicación fundada y motivada sobre cómo dicha prueba esclarece la verdad demostrando lo falso o incorrecto de los argumentos en cuestión.

 

Sin embargo, de la simple lectura de la resolución impugnada se desprende como la autoridad demandada no esboza ni siquiera alguno de estos razonamientos.

 

No obstante lo anterior, de manera parcial y arbitraria, la autoridad demandada sí otorgó valor probatorio pleno a ciertas pruebas ofrecidas por ******* **** ** **** ** ***** al valorarlas de la siguiente manera (página 39 de la Resolución Impugnada):

 

[...]

 

En ese sentido, la autoridad demandada otorga valor probatorio pleno a las pruebas antes mencionadas, no obstante que dichas pruebas no señalaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvieron, y que fueron debidamente objetadas por mi mandante, objeciones que fueron ilegalmente desestimadas por la autoridad demandada.

 

Al respecto es importante mencionar que, mediante escrito de alegatos de fecha 10 de mayo de 2011, que obra glosado el expediente P.C. 2081/2010 (I-370) 19419, mi representada objetó dichas pruebas argumentando que ******* **** ** **** ** **** ** señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que adquirió las mencionadas pruebas (envases de productos) ni tampoco se acreditó que dichos productos se comercializaran en el mercado. No obstante lo anterior, la autoridad demandada pasó por alto dichas objeciones, ya que a foja 35 de la resolución impugnada se limitó a manifestar lo siguiente:

 

[...]

 

Esta situación demuestra que la autoridad demandada aplicó un criterio parcializado al valorar las pruebas y objeciones hechas por mi representada contra aquellas esgrimidas por ******* **** ** **** ** ***., con lo cual se confirma la arbitrariedad e ilegalidad de la valoración probatoria contenida en la resolución impugnada.

 

En efecto, la determinación de la autoridad demanda mediante la cual desestima las objeciones planteadas por mi mandante a las pruebas físicas consistente en diversos envases de plástico o vidrio, resulta completamente ilegal y arbitraria, ya que además no estar debidamente fundada y motivada, es incongruentes con la naturaleza de la misma prueba, ya que la autoridad confunde a los envases de plástico y vidrio con una "persona", lo cual denota no solo lo ilegal de dicha valoración sino también lo absurdo de la misma ya que está basada en una falsa creencia de la realidad.

 

Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad demanda omite motivar y sustentar la inobservancia de la objeción, ya que argumenta de forma simplista y superficial que la misma es inatendible ya que no demeritan el valor probatorio, sin embargo, no justifica su dicho con argumentos lógico-jurídicos que generen suficiente convicción respecto de dicha determinación.

 

Por lo anterior, a lo largo del tercer concepto de impugnación ha quedado demostrado lo siguiente:

 

1. La autoridad debe valorar todas y cada una de las pruebas ofrecidas conforme a derecho, estableciendo una relación clara y exhaustiva de dicha valoración en la resolución que emita.

 

2. La valoración de las pruebas por parte de una autoridad administrativa conlleva la obligación intrínseca de dar cuenta de los razonamientos empleados para valorar o desestimar cada prueba, y además, dichos razonamientos empleados para su valoración deben referirse a cada uno de los argumentos u objeciones trazados por el particular, indicando cómo es que dichos elementos esclarecieron la verdad, en uno u otro sentido.

 

3. La valoración de la autoridad demandada no debió limitarse a la mera referencia descriptiva de las pruebas. Para que la resolución impugnada se apegara a derecho, debió explicar por qué dicha prueba aportada acreditaba o no, lo que se afirmó, buscando, llegar a la verdad y así respetar la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional.

 

4. La autoridad demandada al analizar las pruebas ofrecidas por mi representada en el procedimiento administrativo número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419, contaba con la obligación de fundar y motivar adecuadamente las razones por las cuales todas y cada una éstas, en su caso, aportaban o no elementos de convicción para resolver en el sentido de negar las infracciones administrativas previstas en las fracciones I, IX incisos b) y c) y XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

5. Una de las pruebas ofrecidas por mi representada, consistente en un "Disco Compacto que contiene publicidad audiovisual del producto de café de la marca "*****" que ha sido difundida de manera masiva a través de canales de televisión abierta", no fue valorado por la autoridad demandada, que se limitó a manifestar que dicha prueba "carece de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo", sin fundar y motivar dicha determinación.

 

6. Por el contrario, la autoridad demandada, de manera ilegal e imparcial, otorgó valor probatorio pleno a ciertas pruebas ofrecidas por ******* **** ** **** ** ***., que carecían de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvieron, y que incluso dicha circunstancia fue hecha valer por mi mandante. No obstante lo anterior, la autoridad demandada únicamente manifestó que las objeciones de mi representada, resultaban inatendibles ya que según el dicho de la demandada, en nada demeritaban el valor probatorio de "dicha persona".

 

[...]

 

 

[...]

 

QUINTO.-

 

[...]

 

Como se ha señalado, para considerar que un acto de autoridad cumple de manera cabal con el aspecto material del requisito de debida fundamentación y motivación, dentro del texto mismo del citado acto impugnado, deberán citarse las circunstancias de hecho, causas inmediatas o razones particulares que se tomaron en cuenta, así como el fundamento legal aplicable al caso específico y que la autoridad consideró para emitir el acto en comento, debiendo hacer un análisis de los argumentos esgrimidos por las partes y pronunciarse respecto a ellos.

 

Ahora bien, de conformidad con lo aquí expuesto, se puede afirmar que la resolución impugnada, no cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación, congruencia y exhaustividad a que están sujetos todos los actos de autoridad con independencia del origen que éstos tengan si se está en presencia de un procedimiento, pues la autoridad demandada, al momento de emitir la Resolución que se tilda de ilegal, omite tanto desvirtuar todos los argumentos hechos valer por mi representada en el expediente número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419.

 

Por lo anterior, se insiste que el principio de exhaustividad de cualquier resolución, llámese acto, resolución, decreto o auto, consiste en que la autoridad deberá resolver todos y cada uno de los puntos solicitados y argumentos planteados por las partes, incluyendo los argumentos de derechos y tesis jurisprudenciales que se hicieron valer en juicio, sirve también de sustento la siguiente tesis emitida por nuestros tribunales:

 

[...]

 

Es decir, de la lectura del expediente número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419, se desprende claramente que mi representada argumentó que los registros de marca de los que es titular ******* **** ** **** ** **** no la legitiman a realizar actos tendientes a generar confusión entre el público consumidor al comercializar un producto *********** cuya imagen comercial fue confeccionada con la clara intención de imitar aquella utilizada por mi mandante en su conocido producto de café de marca "*****"*

 

[...]

 

Dicha tesis jurisprudencial confirma que los derechos de propiedad industrial aducidos por ******* **** ** **** ** ***., no le confieren facultad alguna para realizar actos de competencia desleal que afectan el patrimonio y reputación de mi mandante al plagiar, en su conjunto, la imagen comercial del producto café "*****"*

 

No obstante lo anterior, de la simple lectura de la Resolución Impugnada, se desprende que la autoridad en ningún momento considera y por lo tanto mucho menos desvirtúa los argumentos y razonamientos esgrimidos por la hoy actora en el sentido de que los registros de marca de los que es titular ******* **** ** **** ** **** no la legitiman a realizar actos tendientes a generar confusión entre el público consumidor al comercializar un producto *********** cuya imagen comercial fue confeccionada con la clara intención de imitar aquella utilizada por mi mandante en su conocido producto de café de marca "*****"*

 

Adicionalmente, la autoridad demandada omitió por completo el estudio de las tesis relativas a las conductas que constituyen competencia desleal, y que también fueron hechas valer por mi mandante en la demanda de infracción de fecha 13 de diciembre de 2010, y que se titulan:

 

[...]

 

Así las cosas, al momento de emitir la resolución que por esta vía se impugna, la demandada en ningún momento se pronunció respecto de lo argumentado en párrafos anteriores. Así las cosas, resulta evidente que la autoridad demandada ha trasgredido el procedimiento administrativo, toda vez que emitió la resolución impugnada sin tomar en consideración la totalidad de las razones y argumentos que mi representada hizo valer en el expediente número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419.

 

Lo anterior no es suficiente para satisfacer la disposición contemplada en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que la demandada debió tomar en consideración todos y cada uno de los argumentos de mi representada.

 

De tal manera queda claro que, contrario a lo que ordenan las disposiciones y criterios citados, la autoridad administrativa demandada no consideró los argumentos, manifestaciones y criterios judiciales y jurisdiccionales invocados por la hoy actora en el expediente número P.C. 2081/2010 (I-370) 19419. y que, de haber sido considerados, habrían producido la convicción en el ánimo de ésta acerca de la procedencia de las infracciones administrativas contenidas en las fracciones I. IX incisos b) y el y XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

En virtud de lo señalado en el presente concepto de impugnación, resulta evidente la violación del principio de exhaustividad, y debida fundamentación y motivación, en que incurrió la autoridad demandada, en contravención a lo dispuesto por los artículos 59 y 3, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 14 y 16 de la Constitución”

 

Al respecto, la autoridad demandada sostuvo la validez y legalidad de la resolución impugnada.

 

Por su parte, el tercero interesado fue omiso en manifestarse al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para ello.

 

A juicio de las suscritas Magistradas, los argumentos en estudio resultan infundados e suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones legales que a continuación se exponen:

 

Primeramente, cabe precisar que el acto impugnado consiste en la resolución contenida en el oficio con número de folio 22060 de 31 de agosto de 2011, por el que la Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó las infracciones administrativas previstas en las fracciones I, IX incisos b) y c) y XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de ******* **** ** ***** ** ****

 

Ahora bien, de la lectura practicada a la resolución impugnada (ver folios 079 a 124 de autos) se desprende que las infracciones que se negaron a la actora fueron las contenidas en la fracciones I, IX, incisos b) y c) y XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:

 

“Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

 

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

 

[...]

 

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

 

[...]

 

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

 

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

 

[...]

 

XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;”

 

Así tenemos que los motivos que llevaron a la autoridad demandada a determinar que no se cometió por parte de la actora las infracciones antes referidas contenidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, fueron los siguientes:

 

“** ** ******** ** ********* *** ** *********** ******* ** ****** ****** ******** ** ***** ** ** *********** ***** ********** * *** ****** **** * ********** ** ** ********* * ********* *** ************ *** ************* *** ** *** ********* ****** ****** * **** *** ***** ***** ** ***** ********* * ** ******* ** ******* ********** * ***** * ******* ********** *** ******** ********* * ************ ************ * ********** ** ******* ** **** ***********

 

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[...]

 

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Determinación la anterior que esta Sala considera legal, en virtud de que no se considera que el tercero interesado haya realizado actos de competencia desleal ni tampoco actos que puedan llevar al público consumidor a concluir que la marca que usa se trata de una variante de la marca registrada por la parte actora y, en esa medida llegue a concluir que los productos consistentes en café tienen una relación en el sentido de la fabricación y venta de dichos productos; pues de las constancias de autos se aprecia que la empresa ******* **** ** **** ** **** (tercero interesado), es titular de la marca registrada ******* ********* * ******, marca de carácter mixta, vigente del 15 de diciembre de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2021, bajo la cual se comercializan productos consistentes en **** contenidos en la clase 30 internacional, misma que contiene el siguiente diseño:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

De lo antes reproducido se aprecia que el diseño que ostente la marca ******* ********* * ****** comprende un fondo color, en donde se aprecia la denominación de dicha marca en letras blancas encerradas en un ovalo de color blanco; igualmente, se aprecia que ambos empaques tienen un circulo de color blanco y en el centro un personaje con un gorro; en la parte de abajo se puede observar una taza blanca con café y un plato debajo del mismo color y al fondo granos de café; el cual es utilizado de forma lícita para la comercialización de café, por lo que no actualizan las infracciones contenidas en las fracciones I y IX incisos b) y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la empresa ******* **** ** **** ** ***. es legítima titular del registro de marca antes referido, mismo que le permite utilizar dicho signo para proteger productos como café, lo cual así lo determinó la autoridad demandada derivado del análisis practicado a las muestras físicas que fueron comparadas al emitirse el acto impugnado.

 

En efecto, si bien es cierto que, como lo refiere la actora, la presentación o imagen comercial que se utiliza en cada uno de los productos comparados en la resolución impugnada resulta similar al ser ofertados al público consumidor de la forma siguiente:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

No debe pasarse por alto que la hoy tercero interesada comercializa sus productos con una marca mixta la cual protege diseño que se reproduce íntegramente en el empaque o imagen comercial que resulta similar a la utilizada por la marca registrada ***** * ****** para comercializar los mismos productos, por lo que se estima que con ello no se están efectuando actos de competencia desleal, pues el tercero interesado cuenta con el registro de la marca ********* * ****** el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos ante terceros para comercializar sus productos.

 

Entonces, se puede concluir que la empresa ******* **** ** **** ** ***., en el ejercicio de sus actividades mercantiles, no realizó actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula, ya que por competencia desleal debemos entender la tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga un derecho de exclusividad protegido por las leyes respectivas, lo cual no acontece en el caso, pues como quedó acreditado con anterioridad, el tercero interesado no hizo uso como tal de la marca ***** en productos similares a los protegidos por dicha marca, sino que comercializó sus productos bajo el amparo del diseño que tiene protegido con el registro ******* ********* * ******* , por lo que en dicha conducta no es contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios ni implica competencia desleal, ni tampoco que se fabriquen o se vendan productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, pues ello se hace bajo la marca antes referida.

 

Así es, por el sólo hecho de que la empresa ******* **** ** **** ** ***. cuente con un registro de marca vigente sobre la denominación ********* * ******, se puede considerar que no incurre en NINGUNA infracción de las previstas por el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues el título de marca le otorga una legítima exclusividad sobre el uso de dicho signo, por lo que el hecho de que la actora considere el dicho de dicha marca similar en grado de confusión a la imagen comercial con la cual oferta sus productos bajo el amparo de la marca ***** no es suficiente para la actualización de las infracciones solicitadas, pues para ello la actora debió obtener de manera previa la nulidad de la marca ********* * ****** argumentando la existencia de una semejanza en grado de confusión y un uso anterior.

 

Por otro lado, tampoco se actualiza la infracción contenida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que para esta Sala es correcta la apreciación de la autoridad al determinar que la actora debió acreditar con pruebas fehacientes, cuáles son los elementos operativos y de imagen con que opera sus franquicias al amparo de su marca registrada ***** * ******, para que dicha autoridad estuviera en posibilidad de determinar si la presunta infractora, hacía o no uso, en su establecimiento, de la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen con que operan las franquicias en comento que fueran propiedad de la actora, para identificar servicios iguales o similares, lo cual no acontece en el caso, ya que con las pruebas exhibidas por la actora no se acredita tal situación.

 

Derivado de lo anterior, se estima que la resolución impugnada, contrario a lo que refiere la parte actora, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, lo cual puede corroborarse específicamente de las consideraciones CUARTA, QUINTA y SEXTA de dicha resolución (ver folios 117 a 123 de autos), de donde se desprende que la autoridad demandada citó los preceptos legales aplicables al caso concreto, exponiendo el razonamiento que la llevó a determinar que el actor sí incurría en la infracciones prevista en el artículo 213, fracciones I, IX incisos b) y c) y XXVI de la Ley Federal del Derecho de Autor, determinación a la cual arribó después de haber tomado en consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes en dicho procedimiento.

 

Por otra parte, resulta infundado lo referido por la actora en el sentido de que la autoridad demanda no valoró debidamente las pruebas aportadas, ya que contaba con la obligación de fundar y motivar adecuadamente las razones por las cuales todas y cada una éstas, en su caso, aportaban o no elementos de convicción para resolver en el sentido de negar las infracciones solicitadas, en específico la prueba consistente en un "Disco Compacto que contiene publicidad audiovisual del producto de café de la marca "*****" que ha sido difundida de manera masiva a través de canales de televisión abierta", no fue valorada por la autoridad demandada, que se limitó a manifestar que dicha prueba "carece de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo", sin fundar y motivar dicha determinación, no obstante ello de manera imparcial otorgó valor probatorio a ciertas pruebas ofrecidas por ******* **** ** **** ** ***** que carecían de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvieron.

 

Lo anterior es así, ya que primeramente resulta infundado lo referido por la actora en el sentido de que no fueron valoradas las pruebas que se ofrecieron durante la substanciación del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, toda vez que de la lectura practicada a la resolución impugnada se desprende que la autoridad valoró todas y cada una de las pruebas ofrecidas durante el procedimiento de cita ( ver hojas 14 a 29 del acto impugnado) siendo la valoración de dichos medios probatorios los que llevaron a la determinación de que no procedía declarar administrativamente las infracciones solicitadas.

 

En efecto, de la lectura practicada a la resolución impugnada se aprecia que las pruebas ofrecidas por la actora consistentes en: escritura 32, 800 de fecha 4 de mayo de 1995; expediente de registro de la marca ****** ***** * ******; ****** ** ******** ** ** ***** ****** *********; fe de hechos contenida en el acta 76649 de fecha 9 de noviembre de 2010; cartas de fechas 8 y 9 de noviembre de 2010; diversas facturas que amparan la comercialización del producto ***** y diversas pruebas que contienen publicidad de la marca ****** sí fueron valoradas en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, además de que contrario a lo referido por la actora, las mismas sí fueron relacionadas y adminiculadas, ya que la autoridad demandada concluyó que las mismas no tienen el alcance para probar las infracciones que le son imputadas al tercero interesado, derivado de que ésta efectúa la comercialización de sus productos al amparo de una marca registrada y vigente.

 

Por tanto, con sus aseveraciones la actora no demuestra que la valoración llevada a cabo por la autoridad demandada haya sido ilegal, pues para ello dicha autoridad no está obligada a llegar a la conclusión que el actor pretende con el ofrecimiento de sus pruebas, si dicha valoración es lógica y no altera la esencia de las pruebas, por lo que se concluye que al haber expresado la autoridad demandada las razones por las cuales consideró que las probanzas ofrecidas por la actora no resultaron idóneas para acreditar sus pretensiones , ello es suficiente para considerar que la valoración efectuada se realizó conforme a derecho, sin que ello implique como erróneamente lo señala la actora que las mismas no fueron valoradas adecuadamente, principalmente por lo que respecta al "Disco Compacto que contiene publicidad audiovisual del producto de café de la marca "*****" que ha sido difundida de manera masiva a través de canales de televisión abierta", la autoridad demandada sólo se limitó a manifestar que dicha prueba "carece de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo"; ya que de la lectura practicada al acto impugnado (hoja 38) se aprecia que la autoridad demandada si le otorgó valor probatorio a dicha prueba junto con las ofrecidas con los numerales 6 y 8, determinando que con las mismas únicamente se acreditaba la existencia en el comercio del producto “**** *****”, así como la imagen que es usada por la actora en sus empaques; no obstante ello, dichas pruebas no resultaron idóneas para acreditar las infracciones que le fueron imputadas al tercero interesado, además de que correspondía desvirtuar a la demandante en este juicio, que la valoración efectuada por la autoridad demandada se llevó a cabo de manera ilógica o que con la misma se alteró la esencia de alguna de las pruebas, lo cual no aconteció; pues sólo se limita a realizar simples aseveraciones en ese sentido, por lo que sus argumentos resultan infundados.

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual se transcribe a continuación:

 

“No. Registro: 201,059

Jurisprudencia

Materia(s): Penal

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

IV, Octubre de 1996

Tesis: II.2o.P.A. J/3

Página: 441

 

PRUEBAS, SU CORRECTA APRECIACIÓN NO IMPLICA EL QUE SE LES OTORGUE LA EFICACIA PRETENDIDA POR LOS OFERENTES. Si la autoridad responsable no hizo alusión específica a alguna de las pruebas consideradas por la defensa como de descargo, pero que en realidad son irrelevantes por no desvirtuar a aquellas que sirvieron para la configuración del hecho típico y de la culpabilidad del agente, tal omisión no representa una violación de garantías, pues los medios de prueba aportados al proceso pueden ser analizados ya sea en forma individualizada o en su conjunto; razonando en cada caso los motivos que justifiquen el otorgamiento del valor convictivo que les corresponda, no obstante que ese estudio sólo incida sobre aquellas constancias esenciales o fundamentales en función de su irrefutabilidad, ya que si el juzgador no asigna a determinadas pruebas el valor demostrativo pretendido por su oferente, esto no significa que se dejaran de tomar en cuenta por parte de la autoridad al momento de emitir su juicio.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

 

Amparo directo 281/94. Filiberto Acevedo Velázquez. 19 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Sánchez Alcáuter. Secretario: José Nieves Luna Castro.

 

Amparo directo 465/95. Jacinto Cruces Constantino. 28 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Sánchez Alcáuter. Secretario: José Nieves Luna Castro.

 

Amparo directo 39/96. Jesús López Rojas. 25 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: José Nieves Luna Castro.

 

Amparo directo 234/96. Luis Eleazar Sánchez Padilla. 12 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: José Nieves Luna Castro.

 

Amparo directo 386/96. Agustín Contreras Rico. 7 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: José Nieves Luna Castro.”

 

Asimismo, resulta aplicable el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

“No. Registro: 195,136

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

VIII, Noviembre de 1998

Tesis: I.7o.A.29 A

Página: 562

 

PRUEBAS. FACULTAD DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU VALORACIÓN. La circunstancia de que algunos ordenamientos legales otorguen a diversas autoridades administrativas la facultad discrecional para la apreciación de las pruebas que se aportan en los procedimientos que conocen, no las exime de la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ya que la discrecionalidad únicamente refiere a la posibilidad de la autoridad para apartarse de las reglas específicas que regulan una situación concreta; de tal suerte, que si se trata de valoración de pruebas, la autoridad está constreñida a exponer los razonamientos que toma en cuenta para desestimar u otorgar valor probatorio a las constancias que se ofrecen en el procedimiento administrativo y no limitarse a señalar que tienen o carecen de valor probatorio. Lo anterior, para el efecto de que las partes conozcan las consideraciones que a juicio de la autoridad administrativa hacen procedente arribar a la conclusión de que tienen o no eficacia para acreditar las afirmaciones realizadas por los sujetos procesales.

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 2377/98. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y otros. 8 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

 

Por último, resulta infundado e insuficiente el que la actora refiera que la autoridad demandada no tomó en consideración todas y cada una de las manifestaciones realizadas dentro del procedimiento administrativo, en específico lo relativo a que los registros de marca de que es titular el tercero interesado no lo legitiman a realizar actos tendientes a generar confusión entre el público consumidor al comercializar su producto ********* con una imagen comercial confeccionada con la clara intención de imitar aquella utilizada por la actora en la marca de café *****.

 

Lo anterior es así, pues de la lectura practicada a la resolución impugnada se aprecia que la autoridad demandada no se pronunció expresamente respecto de dicho argumentos; sin embargo, dicha omisión no trasciende al sentido de la resolución, ya que como se expuso con anterioridad, en el caso no se actualizan las infracciones contenidas en las fracciones I, IX incisos b y c) del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que con las pruebas aportadas no se acreditó que el tercero interesado haya realizado una conducta que perjudique o invada los derechos exclusivos de la actora, toda vez que los productos que comercializa dicho tercero se hacen bajo el diseño protegido por la marca ******* ********* * ****** que se encuentre vigente y surtiendo sus efectos ante terceros, por lo que derivado de ello no se actualiza ninguna conducta ilícita que pueda ser sancionable, con independencia de la confusión a que alude la actora.

 

En esta tesitura, al haber resultado infundados los agravios expresados por la parte actora, lo procedente es reconocer la legalidad del acto combatido, ya que la actora en este juicio no acreditó los hechos constitutivos de su acción, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse se resuelve:

 

I.- Resultó procedente el juicio de nulidad interpuesto por la parte actora en contra de la resolución que quedó precisada en el Resultando Primero de este fallo.

 

II.- La parte actora no acreditó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia,

 

III.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo.

 

IV.- NOTIFÍQUESE.

 

Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos que actúa y da fe.

MA®M

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA MA. DE LOS ANGELES GARRIDO BELLO.

 

Disiento del criterio mayoritario pues a mi parecer en el presente casi sí se actualiza la infracción administrativa que la actora hizo valer, en términos del artículo 213, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la empresa TIENDAS TRES B, S.A. DE C.V., es titular de la marca registrada 1143668 CLASICAFE Y DISEÑO, marca de carácter mixta, vigente del 15 de diciembre de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2021, bajo la cual se comercializan productos consistentes en CAFÉ contenidos en la clase 30 internacional, los cuales son puestos en circulación bajo la siguiente presentación:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

Ahora bien, la marca de la hoy actora otorgada con el registro 658043 LEGAL Y DISEÑO, vigente a partir del 31 de mayo de 2000, ampara productos de la clase 30 internacional, entre los cuales se encuentra el CAFÉ, mismo que se comercializa de la siguiente forma:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

Así las cosas, es de concluirse que, con independencia de que la empresa tercero interesada cuente con un registro de marca vigente, como lo es la marca registrada CLASICAFE Y DISEÑO, de carácter mixta, y por ello se encuentre legalmente autorizada para hacer uso exclusivo de dicha marca en sus productos consistentes en café en diversas presentaciones; lo anterior no puede soslayar la confusión que los productos que comercializan las partes en conflicto puede llegar a generar entre el público consumidor , dado que la presentación o imagen comercial que se utiliza en cada uno de los productos resulta muy similar, por lo que son las coincidencias las que predominan a primer golpe de vista, sin que las diferencias que se observan puedan generar una distinción significativa entre ambos signos.

 

En efecto, tal como se observa de las imágenes anteriores, tanto en los productos comercializados por la hoy actora, como en los que comercializa o pone a la venta el hoy tercero interesado TIENDAS TRES B, S.A. DE C.V., se aprecia que ambas son presentadas comercialmente en un empaque con un fondo color, en donde se aprecia la denominación de dichas marcas en letras blancas encerradas en un ovalo de color dorado; igualmente, se aprecia que ambos empaques tienen un circulo de color amarillo y en el centro un personaje con un gorro; ambos tienen una taza blanca con café y un plato abajo del mismo color, debajo de los cuales se aprecian granos de café; por último, ambos productos se comercializan en una presentación de 200 gramos, coincidencias que sin duda generan una impresión visual muy similar.

 

Así las cosas, aun cuando, pudieran subsistir algunas diferencias entre las formas de presentación de los productos de las partes en conflicto, lo cierto es que, de la apreciación conjunta de ambas presentaciones, a primer golpe de vista, se observa que la imagen que de forma global generan las mismas es en extremo similar, lo cual puede provocar en los consumidores y generar la idea de que provienen de un mismo titular y de que un producto es una derivación del otro, siendo que solamente a través de un detenido análisis de los mismos, podría llegarse a la convicción de que se tratan de comercializadores o productores diferentes, y que en todo caso, entre estos no existe vinculación o asociación comercial, sin embargo, dicho análisis detallado no es generalmente efectuado por la mayoría de los consumidores.

 

De ahí que se concluya que, contrario a lo determinado por la autoridad demandada, sí se actualiza el supuesto de competencia desleal contenido en la fracción I del artículo 231 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que los productos comercializados con la marca LEGAL Y DISEÑO propiedad de la actora, así como los productos comercializados con la marca CLASICAFE Y DISEÑO, cuya titularidad pertenece al tercero interesado, son ofertados al público consumidor con una apariencia o imagen comercial en extremo similar a la utilizada por la marca registrada LEGAL Y DISEÑO para comercializar los mismos productos, por lo que se estima que con ello se están efectuando actos de competencia desleal, pues con independencia de que la hoy actora cuente con el registro de marca CLASICAFE Y DISEÑO para comercializar sus productos, lo cierto es que en lacomercialización o uso que hace de su marca,utiliza un empaque o imagen comercial con colores, tipo, estilo de letra y elementos similares a los que emplea la hoy actora en la comercialización del mismo tipo de producto, siendo que dicho aspecto forma parte de la protección marcaria del registro LEGAL Y DISEÑO, el cual ha sido utilizado con anterioridad al registro de marca del tercero interesado y que supone un mejor posicionamiento en el mercado frente al público consumidor.

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente:

 

“Época: Novena Época

Registro: 170512

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

TipoTesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo XXVII, Enero de 2008

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.610 A

Pag. 2787

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2787

 

IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS. Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como "imagen comercial" y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.”

 

En atención a lo anterior, se considera que en la especie también se actualizan los supuestos de infracción previstos por el 213, fracción IX, incisos b) y c), de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que, al constatarse las conductas anteriores, se acredita que el tercero interesado realiza actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal, puesto que en sus productos reprodujo un diseño o presentación en extremo similar a la forma en que comercializa la actora sus productos y habida cuenta que esta última tiene el derecho exclusivo al uso de dicha forma de presentación, derivado del registro marcario LEGAL Y DISEÑO lo que provoca un detrimento en sus intereses, pues es evidente que con ello provoca la desviación de clientela, quien podría llegar a incurrir en confusión al pensar que se trata de fabricantes o proveedores asociados o incluso, de un mismo productor o proveedor.

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de la actora y del tercero interesado, así como los datos relativos a las marcas involucradas por considerarse información comercial confidencial, al actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”