La indicación geográfica “Banano de Costa Rica”: el apoyo a la sostenibilidad medioambiental
La producción de banano es una actividad extremadamente importante para la economía de Costa Rica, que se encuentra entre los tres mayores exportadores de bananos del mundo y anualmente exporta cerca de 120 millones de cajas a todo el mundo.
La indicación “Banano de Costa Rica” se convirtió en 2011 en la primera indicación geográfica registrada del país. Desde entonces, los productores pueden informar a los consumidores acerca del origen y la calidad y reputación características de su producto, así como del estricto compromiso social y medioambiental de sus criterios de producción. Gracias al establecimiento de la indicación geográfica, ahora disponen de medios adecuados para distinguir los bananos de Costa Rica de los cosechados en otros países.
El órgano regulador responsable de promocionar y garantizar la calidad de la indicación geográfica “Banano de Costa Rica” es la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), que trabaja junto a los productores nacionales con vistas a ampliar la producción y mejorar la calidad de los bananos del país. Sus proyectos de investigación y desarrollo tratan de hallar constantemente nuevos métodos y técnicas de carácter innovador para aumentar la productividad de las plantaciones de bananos y reducir al mismo tiempo el empleo de productos agroquímicos.
Conscientes de su responsabilidad para con la protección del medio ambiente, el sector bananero decidió crear de manera voluntaria en 1992 la Comisión Ambiental Bananera (CAB), que tiene la función de establecer normas para la producción sostenible de bananos y supervisar el comportamiento medioambiental de las plantaciones de bananos de Costa Rica. En el marco de esta función, la CAB aspira a mejorar las prácticas de gestión de los recursos naturales en el sector bananero y, en ese sentido, ha adoptado medidas para optimizar el uso del agua en las plantas empacadoras de bananos que han logrado ahorros de agua de hasta el 90%. La CAB también quiere reducir la cantidad de agua empleada para lavar los bananos antes de su venta y, entre otras acciones, anima a los agricultores a disminuir la profundidad de sus pilas.
Además, todas las fincas bananeras comprendidas en la indicación geográfica “Banano de Costa Rica” están sujetas a una política común en materia de manejo de desechos sólidos y utilización de plásticos en el proceso de cultivo. Con arreglo a esta política, se han instalado trampas para que los residuos sólidos no pasen a los cursos de agua, y los plásticos empleados son enviados a centros de reciclaje para producir materiales que pueda reutilizar el sector bananero.
Los agricultores de la indicación “Banano de Costa Rica” son objeto de auditorías periódicas para velar por la aplicación de las prácticas de gestión medioambiental establecidas, especialmente en lo que respecta al manejo de desechos y el uso de plaguicidas. Sin embargo, no suelen encontrarse problemas gracias al firme compromiso medioambiental existente, que ha quedado demostrado con la designación como reserva natural y forestal de más de 12.000 hectáreas de terreno para proteger la fauna y la flora y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para nosotros ese sello distintivo reafirma el esfuerzo social y ambiental que ha hecho nuestro país por muchos años para una producción sostenible. Esto da una garantía de las prácticas culturales que se hacen.
Jorge Sauma, gerente general de Corbana
Todos los productores de la indicación “Banano de Costa Rica” cumplen unas normas de producción comunes que se mencionan en el pliego de condiciones del producto al que se aplica la indicación geográfica. Así pues, la política ecológica adoptada por CORBANA para administrar y promocionar la indicación geográfica tiene la capacidad de mejorar significativamente la sostenibilidad del sector bananero de Costa Rica en su conjunto. De esta manera, la indicación geográfica puede actuar como un vehículo importante para fomentar prácticas sostenibles mediante la adopción de normas medioambientales de carácter voluntario que, por lo general, son más estrictas que la legislación nacional en materia de producción y comercialización de alimentos.