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Litigios sobre propiedad intelectual en el Japón: Cálculo de las costas procesales

Febrero de 2010

Por John A. Tessensohn y Shusaku Yamamoto

John A. Tessensohn, Miembro de la Junta Directiva y Shusaku Yamamoto, propietario y fundador de Shusaku Yamamoto en el Japón, son coautores de este artículo en el que se explica el mecanismo utilizado por el Japón para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

El Japón es conocido como uno de los países más caros del mundo, y las ciudades de Osaka y Tokio encabezan generalmente la lista de las ciudades con precios más altos del mundo. Esta impresión de costos elevados ha empañado la verdad, sorprendentemente alentadora, de que el Japón es, de hecho, un lugar donde se resuelven las controversias sobre propiedad intelectual de forma relativamente rápida, fiable, y a costos razonables.

El marco de solución de controversias

El procedimiento de solución de las controversias en materia de propiedad intelectual utilizado actualmente en el Japón es un sistema de dos vías: la Junta de Apelación de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), que es competente para conocer de los recursos de nulidad y el Tribunal de Distrito que es competente para conocer de acciones judiciales por infracción de patentes. La Junta de Apelación de la JPO está integrada por examinadores especialistas en recursos y analiza todos los motivos pertinentes de anulación.

Los procedimientos por infracción de patentes se presentan ante el Tribunal de Distrito de Osaka o de Tokio, que tienen competencia exclusiva sobre las diferentes regiones geográficas. Uno y otro tribunales de distrito han creado divisiones de propiedad intelectual, cuyos asesores técnicos (saibansho chōsa-kan) informan a los jueces sobre los asuntos técnicos complejos que suelen presentar los procesos por infracción de patentes.1

En virtud de la Ley de Patentes del Japón, la JPO tiene competencia para anular una patente, pero los tribunales que conocen de infracciones pueden negarse a hacer respetar una patente si hay motivos para declarar su nulidad. El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón, que es el tribunal de apelación especializado en propiedad intelectual del país, examina con detalle todas las resoluciones de nulidad de la JPO y por infracción del Tribunal de Distrito.

Es posible presentar un mecanismo de apelación contra las resoluciones del Tribunal Superior ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal de apelación superior del Japón. El Tribunal Supremo rara vez anula las resoluciones del Tribunal Superior, dado que los recursos interpuestos están limitados a examinar el razonamiento jurídico que sustenta la resolución, y no los hechos del proceso. El Tribunal Supremo tiene la facultad de aceptar o de rechazar el examen de un recurso.

Marco de solución de controversias del Japón

Benrishi y bengoshi

El Colegio de Abogados del Japón está integrado por benrishi (abogados de patentes) y bengoshi (abogados generalistas). Los abogados de patentes japoneses, al igual que sus homólogos estadounidenses, tienen generalmente la formación técnica y el imperativo legal para ejercer de abogados en el ámbito de las patentes y de otros activos de propiedad intelectual ante la JPO, el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual y el Tribunal Supremo. También pueden pleitear en asuntos de infracción de patentes como abogados adjuntos de los bengoshi. La mayoría de los bengoshi, al igual que los jueces japoneses, no tienen una formación científica o tecnológica; de ahí que el equipo ideal para los asuntos complejos de patentes de alta tecnología deba estar integrado por benrishi y bengoshi.

Los benrishi y los bengoshi generalmente cobran según una tarifa horaria para los procesos de nulidad y de infracción, honorarios que van de 180 dólares a 550 dólares EE.UU. Sin embargo, los honorarios basados en el valor económico del caso son comunes en el Japón y los bengoshi acostumbran a cobrar un anticipo y una tarifa (honorarios condicionales), si la controversia se zanja de forma favorable.

El anticipo de honorarios se calcula sobre la base del valor económico que se especifica en la demanda, y la tarifa u honorarios se basan en la suma realmente obtenida. A medida que aumenta la suma en cuestión, la tasa de los honorarios disminuye gradualmente. Como indicación, los honorarios de un abogado en un litigio sobre patentes de menor importancia serán inferiores a 300.000 dólares EE.UU., en un litigio de patentes de mediana importancia serán de aproximadamente de 550.000 dólares EE.UU. y en los litigios de patentes complejos y más importantes, los costos se elevarán a 850.000 dólares EE.UU.

Muchos abogados japoneses continúan calculando sus honorarios según la norma para los honorarios de los abogados de la Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados que fue suprimida en 2004. Sin embargo, los clientes extranjeros deben negociar acuerdos de pago que correspondan a las respectivas circunstancias.

Aún así, los honorarios de los abogados de propiedad intelectual son generalmente inferiores en el Japón que en los Estados Unidos2, debido a que no hay procedimientos de proposición de prueba ni prácticas de deposición que constituyen en gran medida los altos costos de los litigios de patentes de los Estados Unidos de América (véase el artículo: “Honorarios condicionales en los Estados Unidos de América: ¿reglas de juego equitativas?”, página 3). Sin embargo, todos los documentos presentados ante el tribunal deben estar en japonés, lo que significa que los litigantes extranjeros incurren generalmente en considerables gastos de traducción para los litigios de patentes.

Procedimiento de anulación

El mukou shimpan – procedimiento de anulación – del Japón, entró en vigor el 1 de enero de 2004, sustituyendo el antiguo sistema de oposición. A lo largo de los años, la JPO se ha esforzado por racionalizar y agilizar el procedimiento de recurso de nulidad, que se lleva a cabo sobre una base preferencial, utilizando un procedimiento oral para acelerar el proceso de examen. De conformidad con el Informe Anual de la JPO de 2009, el promedio del período de deliberaciones en materia de propiedad intelectual en 2008, fue un período asombrosamente breve de 9,5 meses, dos meses y medio menos que el promedio de 1998, que ya era un período razonable de 12 meses.

Dada la prontitud del procedimiento de nulidad de la JPO, sumado a su familiaridad y experiencia en relación con el análisis del carácter suficiente de la descripción y del criterio de no evidencia de las tecnologías complejas, como la biotecnología y las tecnologías de la información, la JPO es la instancia preferida para la anulación en los asuntos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

El costo medio de preparar e interponer un recurso de nulidad ante la JPO oscila entre 25.000 y 120.000 dólares EE.UU., pero puede ser superior, dependiendo de la complejidad del caso. Las costas cubren la redacción de los escritos de apelación, la traducción de los documentos de referencia y de otros documentos, y la preparación de experiencias, así como la obtención de dictámenes periciales cuando sea necesario. Cada parte paga los honorarios de su abogado. Aunque las resoluciones de anulación de la JPO concluyan con la orden judicial dirigida a la parte perdedora de que tiene que pagar los gastos del procedimiento de recurso, “en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil y, mutatis mutandis, en el artículo 169. 2) de la Ley de patentes”, esas costas procesales no incluyen los honorarios del abogado de la parte perdedora, y la suma recuperable es tan simbólica que nadie se esfuerza por recuperarla.

Acción judicial por infracción de patente


Las resoluciones de la JPO se pueden recurrir
ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual,
cuyas resoluciones, a su vez , pueden ser objeto

de recurso ante el Tribunal Supremo, aunque sólo
por consideraciones jurídicas, lo que no es muy
frecuente. (Fotos cedidas por Wikipedia)

Los procedimientos por infracción de patentes en el Tribunal de Distrito japonés no se celebran en un único día o en varios días consecutivos como es el caso en la mayoría de las vistas orales en los Estados Unidos de América. Por el contrario, el procedimiento oral tiene lugar generalmente a intervalos de uno o dos meses, hasta la conclusión de las deliberaciones. Las partes presentan escritos, pruebas y dictámenes periciales en cada audiencia. El examen en directo de testigos no es muy frecuente. A veces, el Tribunal de Distrito podrá sugerir un acuerdo mediado por tribunal, aunque si la mediación no da resultados concluyentes, se deberán reanudar las deliberaciones sobre la infracción. Si hay lugar para pensar que existe responsabilidad por infracción, el Tribunal pedirá informaciones e informes a expertos contables para la evaluación de daños y perjuicios.

El querellante deberá pagar una tasa oficial de presentación al Tribunal de Distrito, calculada según un porcentaje del valor económico del objeto del litigio. Por ejemplo, si la suma en cuestión es un millón de dólares EE.UU., la tasa oficial de presentación será de aproximadamente de 4.000 dólares EE.UU., y si el valor es de 10.000.000 de dólares EE.UU., la tasa de presentación será de 30.000 dólares EE.UU. El valor económico de un litigio sobre patentes generalmente consiste en el costo que conllevará la prohibición de infracciones en el futuro3, más la suma reclamada por daños y perjuicios.

El período promedio de tramitación de las acciones judiciales en materia de propiedad intelectual interpuestas en primera instancia ha disminuido más de la mitad – de 31,1 meses a 12,5 meses – entre 1996 y 2006.4

Tribunal de Distrito – Honorarios de los abogados

Cada parte asume generalmente las respectivas costas procesales en las acciones judiciales por infracción de patente, pero los tribunales tienen la facultad de ordenar a la parte perdedora el pago de las costas de la parte ganadora. Sin embargo, es poco probable que un litigante que ha recibido un fallo favorable pueda recuperar todo o incluso una parte importante de los honorarios de su abogado. Los jueces evalúan las costas procesales tras petición de una de las partes de fijar el importe de las mismas. Deberán pagarse los timbres, incluida la tasa oficial de presentación y otros gastos permitidos en virtud de las normas del tribunal, pero no así los honorarios efectivos de los abogados, que están a cargo de las partes.

En los procesos relativos a derechos de patentes o a otros derechos de propiedad intelectual, el querellante podrá añadir un cierto porcentaje de los honorarios del abogado, como parte de los daños y perjuicios. En la práctica, los tribunales permiten generalmente el 10 por ciento de daños y perjuicios para pagar los honorarios de los abogados, y tienen en cuenta factores como el grado de complejidad del caso, las indemnizaciones totales por daños y perjuicios, el historial de la instrucción y la gestión del litigio.

Recursos ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón

Si una de las partes está en desacuerdo con la resolución de Tribunal de Distrito o de la JPO, puede interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón. El procedimiento ante ese Tribunal es similar al que se incoa ante el Tribunal de Distrito. En 2008, el tiempo medio de tramitación del procedimiento ante el Tribunal Superior era de 7,7 meses.5

El Tribunal Superior puede convocar una presentación técnica, durante la cual las partes pueden utilizar productos multimedios para explicar la tecnología de que se trate en la controversia sobre una patente. Al igual que el tribunal de distrito, el juez del Tribunal Superior recibe instrucciones de asesores técnicos.

Durante el procedimiento de apelación tanto contra la resolución del JPO como contra la resolución de infracción, el Tribunal Superior ofrece a los litigantes un amplio margen para introducir nuevas pruebas, aunque no nuevos asuntos, para fundamentar los asuntos previamente presentados. Se pueden incluir nuevos dictámenes periciales, resultados experimentales, documentos de referencia y cualesquiera otras pruebas, a condición de que no modifiquen la esencia de los asuntos anteriormente alegados. Por ejemplo, si se alegó el criterio de no evidencia en el procedimiento original de anulación ante la JPO, es posible presentar nuevos documentos de referencia que confirmen el carácter de no evidencia respecto del estado de la técnica ante el Tribunal Superior. No es lícito introducir el argumento de novedad o la referencia al estado de la técnica en esta fase: el querellante tendrá que incoar un procedimiento por separado de recurso de nulidad basado en la novedad ante el JPO.

Cada parte asume las respectivas costas por los procedimientos de apelación ante el Tribunal Superior, y los honorarios de los abogados pueden oscilar entre 75.000 y 250.000 dólares EE.UU. (o más) dependiendo de la complejidad del caso: los casos complejos demoran a veces más si se compara con el período promedio de tramitación de 8 meses.

Costas de los recursos ante el Tribunal Supremo

El dictamen del Tribunal Superior puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo del Japón, pero esas causas no son muy frecuentes y se limitan a consideraciones jurídicas. La estimación del costo por preparar una petición ante el Tribunal Supremo depende de la complejidad del caso (y varía entre 5.000 y 25.000 dólares EE.UU.). Si el Tribunal Supremo acepta conocer del recurso, las costas procesales de la preparación y de las vistas pueden variar entre 15.000 y 25.000 dólares EE.UU. (dependiendo de su complejidad).

Conclusión

La actual economía globalizada, centrada en la tecnología, proporciona muchas oportunidades a los titulares de derechos de aprovechar al máximo el valor de sus carteras de propiedad intelectual mediante actividades de observancia de sus derechos y contratos de licencia que puedan tener un importante efecto en los competidores. El imperativo de la competitividad constituye un incentivo para los eventuales demandados y licenciatarios a la hora de impugnar esas patentes y otros derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. Dada la rapidez en resolver los procedimientos de nulidad de activos de propiedad intelectual (9,5 meses ante el JPO) y de infracción (13,7 meses en tribunales de primera instancia), así como la relativa asequibilidad de los procedimientos contenciosos en materia de propiedad intelectual, el Japón es un mercado muy atractivo y conveniente cuando se trata de resolver controversias de propiedad intelectual.

Los litigantes en el Japón tienen que pagar costas procesales razonables para proteger sus activos de propiedad intelectual en la segunda economía de libre mercado más grande del mundo. Así pues, el sistema rápido de solución de controversias en materia de propiedad intelectual del Japón, y sus costos razonables, debería desempeñar una función importante en cualquier estrategia comercial mundial centrada en la propiedad intelectual.

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1 Naoki Koizumi y Toshiko Takenaka, The Changing Role of the Patent Office and the Courts after Fujitsu/TI in LAW IN JAPAN: A TURNING POINT, 558-559 (Daniel Harrington Foote, ed. 2008).
2 Robert Kneller, BRIDGING ISLANDS: VENTURE COMPANIES & THE FUTURE OF JAPANESE & AMERICAN INDUSTRY 153 (2007) (el autor observa que “los costos de los litigios por infracción de patentes en el Japón son cinco veces menores que en los Estados Unidos de América”).
3 Las normas para el cálculo del importe pueden consultarse en la División de Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de Tokio
4 Peter Ganea y Sadao Nagaoka, Japan, en INTELLECTUAL PROPERTY IN ASIA, 148 (Paul Goldstein and Joseph Straus, eds. 2009).
5 Las estadísticas de la Oficina Administrativa del Tribunal Supremo del Japón.
 

El propósito de OMPI Revista es fomentar los conocimientos del público respecto de la propiedad intelectual y la labor que realiza la OMPI, y no constituye un documento oficial de la Organización. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI. Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.