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Ejemplos nacionales: Cómo el Japón formuló una estrategia nacional de propiedad intelectual

Junio de 2007

Por Hisamitsu Arai

Hisamitsu Arai ha desempeñado un papel fundamental en la formulación y aplicación de la estrategia nacional del Japón cuya finalidad es hacer del país "una de las primeras naciones asentadas sobre la propiedad intelectual".  Este artículo está extraído del último libro del Sr. Arai, titulado Revolución de la propiedad intelectual, publicado (en japonés) por Kadokawa Publishing Corporation, Tokio, en septiembre de 2006.  El texto del artículo ha sido preparado por la Secretaría de la OMPI en consulta con el autor.

Parece que no pasa un solo día sin que aparezca un artículo sobre propiedad intelectual en la prensa de algún lugar del mundo.  Esta creciente cobertura por parte de los medios de comunicación refleja un cambio fundamental en las fuerzas rectoras del comercio internacional, desde la propiedad tangible en forma de bienes y productos a la propiedad intelectual intangible en forma de obras innovadoras y creativas.  Actualmente, la competitividad de un estado depende en gran medida de lo bien que gestiona estos activos intangibles.  Este panorama general de cómo el Japón comenzó a revitalizar su economía a través de la innovación y la creatividad, y a través del uso estratégico del sistema de propiedad intelectual para protegerlas, es un ejemplo instructivo que puede interesar a los responsables de la formulación de políticas y a otras partes interesadas de otros países.

1996 – Un sistema obsoleto

Cuando asumí el cargo de Comisionado de la Oficina de Patentes del Japón en 1996, el sistema nacional de propiedad intelectual era rígido y estaba anticuado, y la legislación y políticas en materia de propiedad intelectual necesitaban ser revisadas, habida cuenta del nuevo papel de la propiedad intelectual en las recientes políticas de innovación del Japón. Era preciso actuar urgentemente, especialmente en la medida en que el Japón luchaba por recuperarse de un larga crisis económica, la denominada "década perdida" de 1990.

En primer lugar, el sistema de patentes tenía que ser más manejable, particularmente para los investigadores y directores de pequeñas y medianas empresas (Pymes).  Entrevistas realizadas con empleados de institutos de investigación y de fábricas indicaban que el procesamiento de las solicitudes de patente por parte de la Oficina de Patentes del Japón era demasiado lento y pesado.  Mi principal prioridad fue por tanto acelerar el procedimiento de examen con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, que aumentaban con rapidez debido en parte a la velocidad de los cambios tecnológicos.

Una prioridad complementaria era aumentar la cuantía de las indemnizaciones concedidas a los titulares de patentes en casos de infracción, ya que eran demasiado pequeñas como para poner freno a las actividades ilegales.  Si el Japón iba a convertirse en un "estado asentado sobre la propiedad intelectual", habrían de imponerse sanciones más graves a las partes que infringiesen deliberadamente los derechos de propiedad intelectual.  Creía firmemente que había que alentar a los ciudadanos japoneses a crear nuevas tecnologías, en lugar de eliminar las existentes.  Teniendo esto en mente, propuse una enmienda fundamental a la ley de patentes que incluía cambios en los criterios para evaluar las indemnizaciones por infracción de los derechos de propiedad intelectual.

2001 – Casos paradigmáticos

Dejé la administración pública en 2001;  pero ese mismo año hubo dos casos relacionados con la propiedad intelectual que me impulsaron a actuar y que desencadenaron un debate en el seno del gobierno que finalmente llevó a la puesta en marcha de la estrategia nacional del Japón en materia de propiedad intelectual.

El primer caso se refiere a un investigador japonés que trabajaba en un centro médico universitario estadounidense, que fue acusado de apoderarse ilegalmente de material genético del centro de investigación sobre la enfermedad de Alzheimer.  Su contrato estipulaba que cualquier resultado de la investigación pertenecería al centro, pero el investigador no había entendido el alcance de esta disposición.  Esto confirmó mi preocupación por la falta de conocimiento de la propiedad intelectual entre los investigadores y empresas japonesas, en particular las que acometían proyectos conjuntos de investigación.

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El Dr. Shuji Nakamura, ganador del Premio de Tecnología del Milenio en 2006, sorprendió al mundo en 1993 cuando creó un LED de color azul. (Foto Premio de Tecnología del Milenio)

El segundo caso es una demanda sobre patentes presentada por un inventor, el Dr. Nakamura, contra su anterior empleador, la empresa química Nichia, en la que reclamaba una remuneración “adecuada” por su contribución a la invención de un diodo emisor de luz (LED) azul, que tenía unas excelentes posibilidades de mercado.  El tribunal de distrito de Tokio sentenció que la compañía debía pagar al Dr. Nakamura unos 180 millones de dólares estadounidenses (la suma que había solicitado), aunque podría haber solicitado la mitad de los beneficios estimados de la empresa sobre la invención (1.200 millones de dólares estadounidenses).

La industria se mantuvo crítica con la decisión y la forma en que se había calculado la contribución del Dr. Nakamura.  En virtud de la ley de patentes nipona, los derechos de patente pertenecen a los investigadores, incluso si la invención se realiza en el transcurso de un empleo.  Ahora bien, una empresa puede celebrar un contrato con sus empleados e investigadores en virtud del cual los derechos de patente se asignen y transfieran a la empresa a cambio de una retribución adecuada.  El caso del Dr. Nakamura se convirtió en un caso que sentó doctrina a la hora de establecer directrices sobre lo que es una remuneración "adecuada".  

En instancia de apelación, las partes llegaron a un arreglo extrajudicial en 2005 y el Dr. Nakamura aceptó 8 millones de dólares estadounidenses a cambio de transferir los derechos de patente a Nichia.  El grupo de abogados que asistía al Dr. Nakamura señaló en una declaración que, en primer lugar, comparados con los 200 dólares estadounidenses propuestos inicialmente como remuneración por la invención, los 8 millones de dólares, pese a ser una cantidad muy inferior al valor de la invención, suponían una victoria importante; en segundo lugar, que el caso había esclarecido la relación entre empleado y empleador con relación a las invenciones de los empleados;  en tercer lugar, el establecimiento de una evaluación correcta de una invención debería ayudar a promover la investigación en el Japón;  y, por último, los nuevos principios sobre evaluación y remuneración establecían un precedente muy necesario.

Discusiones iniciales

Preocupado por las cuestiones que se plantearon en estos casos, decidí formar en agosto 2001, junto con otras diez personas de ideas afines, un pequeño grupo especial de trabajo, el Foro Nacional para una Estrategia de Propiedad Intelectual.  Pensamos que si los investigadores, ingenieros y creadores japoneses podían establecer una relación con sus empleadores y colaboradores en la que todos saliesen ganando, la actividad de innovación aumentaría enormemente, y daría lugar a patentes robustas que impulsarían tanto la economía japonesa como la mundial.  En ese momento, muchas personas achacaban la dilatada recesión que sufría el Japón al sistema financiero y a la banca;  sin embargo, la debilidad de la industria y su falta de competitividad también tuvieron su parte de responsabilidad.1

Bajo el lema "Propiedad intelectual:  catapultar al Japón a la cima antes de 2010", el Foro publicó en enero de 2001 una lista de 100 propuestas junto a un plan de acción a diez años.  Las propuestas engloban siete áreas, a saber, universidades, educación, empresas privadas, entidades públicas, diplomacia, legislación y judicatura, y apelaba a una revisión fundamental de las políticas basándose en un enfoque exhaustivo e integral.  La labor del Foro empezó a atraer el interés de algunos políticos.

2002 – Punto de inflexión

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El ex-primer Ministro Koizumi preside una reunión de la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual en 2003. (Cortesía de la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual)

En su discurso anual a la Dieta (el Parlamento) en febrero de 2002, el entonces Primer Ministro Koizumi dijo: "el Japón ya posee algunas de las mejores patentes del mundo, así como otros tipos de propiedad intelectual.  Tengo la intención de establecer como uno de nuestros objetivos nacionales que los resultados de la actividad investigadora y de las iniciativas creativas se traduzcan en derechos de propiedad intelectual que se protejan y utilicen estratégicamente, de manera que podamos aumentar la competitividad internacional de las industrias japonesas".  Esta fue la primera vez que se hacía una mención específica de la propiedad intelectual en un discurso principal de un Primer Ministro en la historia del Japón.  El Primer Ministro Koizumi formó y presidió un nuevo Consejo de la Estrategia de Propiedad Intelectual, del que fui nombrado miembro, y dejó claro que la estrategia de propiedad intelectual iba a ser una parte fundamental de una estrategia nacional general, dirigida a hacer del Japón una nación basada en la propiedad intelectual.

Se preparó un esquema de la estrategia de propiedad intelectual, y, en noviembre del 2002, entró en vigor la Ley Básica de Propiedad Intelectual. Esta ley tenía como propósito "fomentar medidas para la creación, protección y explotación de la propiedad intelectual de un modo planeado y dirigido".  Esto incluía aclarar las responsabilidades del estado, de los gobiernos locales, de las universidades, de las empresas comerciales y demás.  Mediante esta ley también se creó la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual, órgano permanente basado en la labor del Consejo de la Estrategia de Propiedad Intelectual, formada por el Primer Ministro como Presidente, todos los ministros del gabinete como miembros, diez expertos y yo mismo como secretario bajo las órdenes del Primero Ministro.

Pie de foto:  Una serie de iniciativas políticas están ayudando al Japón a avanzar con rapidez por la autopista de la propiedad intelectual.

Concepto y prioridades

El primer plan de acción o "Programa Estratégico de Propiedad Intelectual", aprobado por la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual en julio de 2003, contenía unas 270 propuestas de reformas legislativas e institucionales.  Comprendía medidas radicales para acelerar el examen de las patentes;  la creación del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual;  y el refuerzo de las medidas contra la falsificación y la piratería.

La estrategia de propiedad intelectual del Japón se basa en la premisa de que el uso estratégico de la propiedad intelectual es la única forma en que el país, que carece de recursos naturales, podrá mantener su posición en la economía mundial al aumentar su competitividad. Asimismo, se basa en la idea de que el aumento de la innovación y la creatividad en el Japón beneficiará a la economía mundial y el bienestar de la sociedad en su conjunto, incluidos los países del mundo en desarrollo.  El plan de promoción de la propiedad intelectual del Japón consistía inicialmente en actividades englobadas en cinco áreas prioritarias, a saber:

  • creación de propiedad intelectual;
  • protección de la propiedad intelectual;
  • explotación comercial de la propiedad intelectual;
  • promoción de los contenidos creativos, particularmente de las obras audiovisuales;  y
  • desarrollo de los recursos humanos.

Con el objetivo de dar un nuevo ímpetu al ciclo de innovación, se revisó la función de las universidades y de las instituciones de I+D.  Se realizaron cambios en las leyes y políticas para que estas instituciones tuvieran un papel en la comercialización de los resultados de la investigación, por ejemplo, mediante el establecimiento de oficinas de concesión de licencias tecnológicas que asumirían la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de las investigaciones y promoverían la concesión de licencias de las tecnologías asociadas. Se abrieron unas 100 oficinas para apoyar el nuevo papel de las universidades en el uso estratégico de la propiedad intelectual.

Respecto de la protección mediante patentes, se contrataron a plazo fijo unos 500 examinadores con el fin de reducir los atrasos en el examen de patentes;  y las búsquedas en el estado de la técnica fueron contratadas externamente.  El fin de estas medidas era reducir el plazo del examen de patentes de 26 a 11 meses en 2013 a más tardar.  Asimismo, se reforzó la observancia de los derechos de propiedad intelectual mediante la creación, en abril de 2005, del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual para acelerar la solución de controversias sobre propiedad intelectual aumentando el apoyo de expertos técnicos, estableciendo un enfoque coherente de los casos y centralizando la jurisdicción de las controversias sobre propiedad intelectual.

En el terreno de la explotación comercial de los derechos de propiedad intelectual, una serie de enmiendas a la ley de corporaciones empresariales, aprobadas en diciembre de 2004, permitió a los titulares de derechos utilizar su propiedad intelectual como garantía para recaudar fondos para poner en marcha nuevas empresas.  Ahora, las pequeñas y medianas empresas podían utilizar estratégicamente su propiedad intelectual para aumentar sus oportunidades comerciales.

La nueva Ley de Promoción de Contenidos, de mayo de 2004, se introdujo para reforzar la colaboración entre creadores y empresas dedicados a las pujantes industrias de los largometrajes, la animación y los juegos de computadora.  Se reforzó la formación en propiedad intelectual a nivel universitario mediante la inclusión de cursos sobre legislación en materia de propiedad intelectual en los planes de estudio de más de 60 universidades, así como con la creación de cursos especializados de posgrado en propiedad intelectual.  El objetivo a medio plazo en el ámbito de la educación y capacitación en materia de propiedad intelectual es que el número de profesionales capacitados, especializados en propiedad intelectual, aumente de los 60.000 actuales a 120.000 en los próximos 10 años.

Más recientemente, el Japón ha desplazado su centro de atención hacia la contribución que puede hacer el país a la comunidad internacional al transmitir sus conocimientos y los resultados de la innovación, y al hacer frente a la amenaza mundial planteada por la falsificación y la piratería.  La idea a partir de la que ha crecido la estrategia de propiedad intelectual del Japón se basa en la creencia de que debe recompensarse la innovación y la creatividad;  y que la falsificación y la piratería suponen una amenaza grave a la materialización de esa idea.

En todas las reuniones de la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual, el Primer Ministro da instrucciones a los ministerios pertinentes y a la Oficina de actuar basándose en las decisiones que se hayan tomado.  La Oficina vela por que los ministerios las apliquen oportunamente.  Todos los años, la Oficina evalúa los progresos para a continuación actualizar y ampliar el Programa Estratégico de Propiedad Intelectual del siguiente año.  Hasta ahora, la Dieta ha aprobado más de 40 leyes tras la adopción de la Ley Básica de Propiedad Intelectual.

El partido liberal demócrata en el gobierno también ha creado un Comité de Estrategia de Propiedad Intelectual para contribuir a los debates de la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual y para aplicar el Programa Estratégico de Propiedad Intelectual.  La asociación industrial más grande del Japón, Keidanren, ha establecido igualmente un Comité de Propiedad Intelectual con un gran apoyo por parte de su Presidente Mitarai, consejero delegado y presidente de Canon, y miembro de la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual.  Todas estas iniciativas han contribuido a crear un mecanismo robusto que impulsa al Japón hacia su meta de convertirse en una de las primeras naciones asentadas sobre la propiedad intelectual.

De cara al futuro

En 2003, di tres instrucciones a mi equipo de 30 personas en la Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual, un grupo único extraído de varios ministerios, el mundo universitario y la industria.  En primer lugar, teníamos que tener clara nuestra meta, es decir, el Japón debía convertirse en una de las primeras naciones basadas en la propiedad intelectual.  En segundo lugar, debíamos olvidar los intereses de los organismos de los que procedíamos y concentrarnos en buscar los intereses más adecuados para nuestro país.  En tercer lugar, debíamos mantener el espíritu empresarial.  La Oficina de Estrategias de Propiedad Intelectual era lo suficientemente ambiciosa y con amplitud de miras como para reformar la infraestructura de propiedad intelectual del Japón.  Al englobar el punto de vista del gobierno en su conjunto, estaba en una posición privilegiada para preparar un diseño general del programa estratégico nacional de propiedad intelectual y asegurar su aplicación.  El equipo trabajó día y noche para superar la firme oposición inicial en algunas áreas.

En ese período de 2003 a 2006 se estableció una base sólida para la aplicación del Programa Estratégico.  Confiamos en empezar a recoger los frutos de esta labor.  Se está preparando un largo plan de acción para el programa de 2007, que incluye, por ejemplo, promover la innovación;  fortalecer las oficinas de concesión de licencias tecnológicas de la Universidad; alentar la colaboración entre las universidades y las Pymes; mejorar la respuesta nacional a la necesidad de una mayor competitividad mundial;  prestar servicios más eficaces en el examen de patentes;  aumentar las medidas destinadas a combatir la falsificación y la piratería;  promover la creación de nuevos contenidos para las industrias creativas;  y mejorar la educación en materia de propiedad intelectual, a fin de crear capacidades en los recursos humanos.

Quisiera ver el advenimiento de una sociedad en la que los creadores y los innovadores son respetados verdaderamente, mediante el reconocimiento de que sus obras creativas e invenciones les pertenecen y de que debe pagarse una remuneración razonable en reconocimiento y como incentivo. Los mecanismos destinados a proteger la propiedad intelectual siguen evolucionando pero, al mismo tiempo, deben mantener el delicado equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los intereses de la sociedad en su conjunto.  Llegar a este equilibrio requiere sensibilidad y flexibilidad a la hora de crear y aplicar políticas públicas en materia de propiedad intelectual.  Confío en que el Japón siga desarrollándose como un buen modelo de sociedad innovadora armoniosa y equilibrada, anclada en un sistema ágil de propiedad intelectual que mira al futuro fundamentándose en una estrategia.

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1. En 2002, el Japón había caído al 27º puesto, el más bajo de su historia, en la clasificación mundial de competitividad del IMD (IMD 2004, pág. 290)

 

El propósito de OMPI Revista es fomentar los conocimientos del público respecto de la propiedad intelectual y la labor que realiza la OMPI, y no constituye un documento oficial de la Organización. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados miembros ni el de la Secretaría de la OMPI. Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros de naturaleza similar que no se mencionen.