Protección de los derechos de p.i.: última actualidad en el contexto de los procesos mundiales de fijación de normas

George T. Willingmyre, P.E., Presidente de GTW Associates

En el artículo Las normas técnicas, los derechos de propiedad intelectual (DPI) y el proceso de establecimiento de normas, que se puede consultar en el sitio Web de la OMPI se parte de una firme premisa para llegar a la conclusión fundamental, a saber: “Si su empresa es titular de patentes (o ha presentado solicitudes de patente) que pueden ser esenciales o útiles para cumplir una norma, o si su empresa tiene previsto fabricar productos o prestar servicios conformes a una norma, conviene familiarizarse con las políticas de propiedad intelectual o de patentes del organismo de fijación de normas de que se trate”.

En los estudios de caso que se exponen en el presente artículo se ilustran los problemas prácticos que se plantean y se explican factores que han tenido importantes repercusiones en las políticas de propiedad intelectual en lo que respecta a la fijación de normas.

El reciente caso Rambus-JEDEC-US FTC ha sido un punto de partida para que los organismos de fijación de normas analicen la idoneidad de sus políticas y procedimientos en la esfera de la P.I. Rambus Inc. concede licencias sobre configuración de microplaquetas que aceleran la memoria de los sistemas informáticos. Rambus llevó al principio a Infineon a los tribunales por considerar que dicha empresa había infringido una serie de patentes que tenía sobre la configuración de algunos de sus productos de memoria informática. En mayo de 2001, el jurado del tribunal del Distrito Este del Estado de Virginia consideró que Rambus había cometido un fraude contra Infineon al no divulgar debidamente la información sobre patentes que había pedido un organismo de fijación de normas3. El jurado llegó a ese veredicto tras tener en cuenta una demanda reconvencional interpuesta por Infineon contra Rambus, en la que alegaba que Rambus no había informado a una comisión de la industria llamada JEDEC de que había presentado solicitudes de patente en relación con ciertos elementos de la configuración de microplaquetas de memoria aun cuando dicha empresa había participado en la elaboración de una norma de la JEDEC4.

La JEDEC Solid State Technology Association es un organismo de fijación de normas (creado bajo los auspicios de la Electronic Industries Alliance o “EIA”), que adopta normas y especificaciones aplicables a los semiconductores, incluidas las microplaquetas DRAM y otros dispositivos de memoria informática. En junio de 2002, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos interpuso una demanda contra Rambus, acusando a esta última de haber engañado a la JEDEC en relación con sus derechos de patente, violando así las finalidades, políticas, normas y procedimientos de la JEDEC, y obteniendo así Rambus un monopolio sobre las técnicas contempladas en las normas de la JEDEC.

No obstante, el 24 de febrero de 2004, un juez del tribunal administrativo desestimó la demanda por considerar que el comportamiento de Rambus no representaba ni un fraude ni una violación de las obligaciones extrínsecas y que no había relación causal entre la labor de establecimiento de normas de la JEDEC y la adquisición por Rambus de una posición de monopolio y que la actitud de Rambus objeto de demanda no había tenido efectos contrarios a la libre competencia. La Comisión ha presentado un recurso contra la decisión del juez. Como se ha dicho anteriormente, un gran número de organismos de fijación de normas está reexaminando en la actualidad sus procedimientos por temor a que dichos procedimientos no basten por sí solos para protegerlos de iniciativas como las tomadas por Rambus.

El caso Unocal: los derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de normas técnicas obligatorias. En el caso Unocal está involucrado un organismo gubernamental de fijación de normas, a saber, la California Air Resources Board (“CARB”)5. En 1988, el Poder Legislativo californiano encomendó a la CARB la tarea de adoptar normas de reducción de emisiones de carburantes. La Comisión Federal de Comercio interpuso una demanda contra Unocal, acusándola de participar en el proceso de fijación de normas emprendido por la CARB para determinar las técnicas idóneas para reducir las emisiones de carburante “dando prueba de mala fe y cometiendo un fraude sobre la base de la exclusión, debilitando así a la competencia y yendo en detrimento de los consumidores”. En la demanda se alegaba también que si “Unocal no hubiera cometido ese fraude, la CARB no hubiera adoptado normas sobre gasolina reformulada que coinciden en gran parte con las reivindicaciones de la patente de Unocal, que eran confidenciales”. El caso Unocal pone de manifiesto que en los Estados Unidos, y aunque en los procesos voluntarios de establecimiento de normas se prevean disposiciones por las que pueda imponerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual la obligación de divulgar toda información que se estime esencial a los fines de la aplicación de una norma, no es eso lo que sucede por lo general en lo que respecta al establecimiento de reglamentación técnica obligatoria.

Interacción de iniciativas de fijación de normas. Dos grupos, a saber, el HD/DVD (NEC/Toshiba) y el Blu Ray Group (Sony y Matsushita), están en competencia para la fijación de una norma sobre el formato de vídeo de alta definición. El DVD Forum, que agrupa a más de 200 empresas, ha aprobado las especificaciones HD/DVD. Ahora bien, el Blu Ray Group ha sido acusado de impedir que las especificaciones HD/DVD pasen a ser la norma. A principios de 2004, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de América inició un proceso de investigación de las actividades del Blu Ray Group, por sospechar que los miembros se habían puesto de acuerdo para impedir los progresos técnicos del Foro. Se plantean, pues, las siguientes cuestiones: ¿Cabe considerar que la adopción de una norma puede constituir una violación de la legislación antimonopolio? ¿Qué tácticas están autorizadas en materia de competencia entre normas comerciales? ¿Puede ponerse de acuerdo un grupo sobre el procedimiento de elaboración de una norma a fin de favorecer otra norma?

Los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre normas pueden ofrecer una licencia para la fabricación y la venta de un producto o servicio y otra licencia por la explotación de dicho producto o servicio. Hace poco, MPEGLA hizo pública su cartera de patentes AVC. En la licencia AVD/H.264 se estipulan las condiciones de utilización de uno de los sistemas de compresión de vídeo más modernos y altamente competitivos6. Para la aplicación de la norma AVC es necesario un gran número de patentes. En la licencia AVC/H.264 se prevé la concesión de sublicencias a los fabricantes de mecanismos de codificación y de descodificación para que tengan derecho a fabricar y vender el equipo y los algoritmos utilizados para la compresión. Se prevé también un derecho limitado de utilización personal para los usuarios o entre usuarios (por ejemplo, en el caso de las vídeoconferencias o de los servicios de mensajería móvil). En una parte separada de la licencia se estipula la concesión de sublicencias para los proveedores de contenido de vídeo o los suministradores de servicios, es decir, el derecho a utilizar los descodificadores y los codificadores para otros usos del vídeo AVC.

Por consiguiente, existe por un lado una licencia para la fabricación y la venta de un producto conforme a las normas, y por otro, una licencia para la utilización del producto en determinadas aplicaciones comerciales. MPEG–LA ha sentado precedentes en cuanto a las tasas de utilización con la licencia MPEG–2, en la que se estipula la obligación de los fabricantes de DVD de recaudar una pequeña regalía por cada DVD que fabriquen utilizando el método de compresión MPEG–2.

Entre las condiciones de la licencia relativa al vídeo AVC están una propuesta encaminada a que los organismos de radiodifusión paguen una tasa de utilización sobre la base del número de espectadores potenciales de su mercado. Existe un segundo conjunto de patentes, entre las que están comprendidas otras patentes AVC, y que está administrado por otra organización, a saber, “Via Licensing”. En breve se harán públicas las condiciones de la licencia definitiva, aunque no es probable que “Via Licensing” proponga el pago de regalías en concepto de utilización.

Las iniciativas tomadas por la Comisión Federal de Comunicaciones en la esfera de la radiodifusión digital en los Estados Unidos constituyen un ejemplo del tratamiento de los derechos de propiedad intelectual en la elaboración de normativa e ilustran la utilización de licencias separadas para la utilización de tecnologías. El 10 de octubre de 2002, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) seleccionó a iBiquity, empresa propietaria de la tecnología “en banda y en canal” (IBOC), que permite la radiodifusión digital en las bandas AM y FM. La decisión de la FCC, que obedece a un análisis muy detenido, permitirá que las emisoras de radio realicen radiodifusiones digitales mediante la técnica Radio HD concebida por iBiquity. Esa técnica constituye el avance más importante que se ha realizado en la esfera de la radiodifusión desde que se creara ese medio hace casi un siglo. La FCC optó por la técnica IBOC a título de sistema aprobado de radiodifusión digital en las bandas AM y FM para los Estados Unidos.

La tecnología de Radio HD de iBiquity ha sido concebida de forma que pueda funcionar en las bandas de frecuencia AM y FM ya autorizadas de modo que los consumidores puedan seguir utilizando los receptores analógicos actuales sin dejar de beneficiarse de los servicios complementarios de alta calidad que ofrece la nueva generación de receptores equipados con la técnica HD. iBiquity ha accedido a que su técnica, de la que es propietaria exclusiva, sea seleccionada y ha declarado que respetará la política de la FCC en materia de patentes, en la que se prevé que se concedan licencias de utilización de la técnica sobre la base de condiciones razonables y no discriminatorias. En la política de la FCC se estipula lo siguiente:7

Velar por que la disponibilidad de equipos de radiodifusión y aparatos de radio que respondan a las normas de funcionamiento previstas en las normas de la Comisión no se vea obstaculizada por políticas excesivas en materia de regalías o de concesión de licencias por parte de los titulares de las patentes. Las publicaciones y los documentos administrativos y las revistas técnicas serán objeto de estudio y las informaciones que ofrezcan particular interés serán compiladas por la Comisión. Se conservarán copias de las patentes concedidas que ofrezcan interés. El personal de la Comisión se mantendrá informado sobre la cesión de patentes importantes o de todo contrato de licencia que se haya concertado en relación con dichas patentes, ya sea examinando los ficheros de la oficina de patentes o poniéndose directamente en contacto con el titular de la patente, los licenciatarios o los cesionarios. Si se llega a la conclusión de que la estructura de la patente puede obstaculizar el servicio que hay que prestar de conformidad con las normas técnicas aprobadas por la Comisión, se pondrá ese hecho en conocimiento de la Comisión a fin de que tome medidas adecuadas lo antes posible.

iBiquity colabora con el National Radio Systems Committee con miras a formular una norma oficial aplicable a dicha técnica. Ha ofrecido licencias a organismos de radiodifusión, incitándolos a pasar de la radiodifusión clásica a la radiodifusión digital. Los organismos de radiodifusión que utilizan la técnica IBOC tienen la obligación de pagar tasas de licencia.

Los procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual en el marco de la fijación de normas podrían plantear problemas en la esfera del comercio internacional. En junio de 2004, el grupo encargado de patentes del American National Standards Institute (ANSI) sometió a examen del Gobierno de los Estados Unidos de América un informe sobre las políticas aplicables a los derechos de propiedad intelectual en el marco de los organismos de fijación de normas y sobre la influencia de esas políticas en las relaciones comerciales con la República Popular China8. El informe estaba centrado en un proyecto de política de China en la que se requeriría el cumplimiento de una norma nacional en materia de seguridad de redes inalámbricas (WAPI–wireless WLAN Authentification and Privacy Infrastructure). Dicha política sobre comunicaciones inalámbricas se habría traducido en una norma de codificación específica que habría podido dejar fuera del enorme mercado chino a un gran número de fabricantes estadounidenses.

A raíz del libro blanco del ANSI y de varias reuniones de otros organismos con funcionarios chinos, la Oficina China de Normalización (SAC) tomó una iniciativa, a saber, la publicación reciente de una solicitud de comentarios sobre las cuestiones relativas a las patentes en las normas nacionales, en cuyo preámbulo se estipula lo siguiente: “Habida cuenta de la rápida evolución de la industria de la alta tecnología, es cada vez mayor la importancia que reviste la función de las patentes en las normas tecnológicas. Con miras a abordar debidamente las cuestiones de patente relativas a esas normas, regular la elaboración de normas nacionales, promover la creación de nuevas tecnologías en las que se incorporen normas técnicas nacionales, proteger a los titulares de patentes y salvaguardar el interés público así como velar por la aplicación de las normas nacionales, la SAC somete a examen y observaciones un proyecto de normativa sobre la incidencia de las patentes en las normas nacionales”.

Las políticas de propiedad intelectual de todo el mundo son objeto de evolución constante. No existe una política mundial única que se adapte a todo pero las empresas deben mantenerse alertas y tomar conciencia de las repercusiones que tienen las políticas aplicadas en esa esfera por los organismos de fijación de normas de los que son miembros. Remitiéndonos de nuevo a las conclusiones del artículo titulado Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards–setting Process9, en las que se afirma que “si su empresa tiene previsto fabricar productos o prestar servicios conformes a una norma, conviene familiarizarse con las políticas de propiedad intelectual o de patentes del organismo de fijación de normas de que se trate”, lo que se plantea en la práctica es tratar de hacerlo con lógica y coherencia. Las políticas de propiedad intelectual difieren de un organismo a otro y, lo que es más importante, evolucionan constantemente ya que deben adaptarse en función de las medidas judiciales y gubernamentales mencionadas en los párrafos anteriores.

Entre los documentos que cabe consultar sobre las políticas de propiedad intelectual aplicadas por varios organismos están Intellectual Property Rights Policies of selected standards developers10, y Criteria for the Evaluation of a patent policy for a Standards Setting Organization11.

El comité jurídico encargado de normas técnicas del Colegio de Abogados de los EE.UU. celebró en agosto de 2004 una reunión que podría contribuir de forma estratégica a la solución de esa cuestión en los próximos años12. Dicho comité se esfuerza por concebir soluciones más adecuadas a cuestiones de política en las que están en juego factores jurídicos y técnicos. Con ese fin elabora principios y orientaciones que permitan llegar a soluciones mejores. Entre esos principios y orientaciones están enfoques que permiten encontrar el debido equilibrio o introducir modificaciones en la legislación aplicable a la elaboración de normas y utilización de estas últimas para promover soluciones más eficaces. En una reunión celebrada recientemente, el Comité llegó a las siguientes conclusiones: 

  1. es necesario establecer políticas de divulgación más claras para los organismos de normalización;  
  2. está aumentando el número de controversias en los organismos de normalización en lo que respecta a la formulación de políticas;  y 
  3. toda formulación ambigua en las políticas incrementa el costo de la solución de controversias. Dicho comité constituye un organismo “neutral” y que ofrece perspectivas muy positivas en cuanto a la publicación de una serie de disposiciones que los organismos de normalización puedan utilizar y a los que puedan remitirse en el futuro a fin de reducir esa ambigüedad.

1 Los puntos de vista expresados en el presente artículo son los del autor y no reflejan necesariamente la opinión de la OMPI.

2 Las normas técnicas, los derechos de propiedad intelectual (DPI) y el proceso de establecimiento de normas, en https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_standards.htm

3 Véase: http://news.com.com/2100–1001–257339.html?legacy=cnet&tag=mn_hd.

4 Véase: http://cnnfn.cnn.com/2001/05/09/technology/rambus/.

5 Véase: http://www.gtwassociates.com/answers/unocal.htm.

6 Véase: http://www.mpegla.com/avc/AVC_TermsSummary.pdf.

7 Véase: http://www.gtwassociates.com/answers/fccipr.htm.

8 Libro blanco del ANSI titulado “Intellectual Property Rights Policies in Standards Development Organizations and the Impact on Trade Issues with the People’s Republic of China”, que puede consultarse en http://public.ansi.org/ansionline/Documents/News%20and%20Publications/White%20Papers/China%20IPR%20PaperFinal.pdf.

9 Véase https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_standards.htm

10 Intellectual Property Rights Policies of selected standards developers en: http://www.gtwassociates.com/answers/IPRpolicies.html.

11 Criteria for the Evaluation of a patent policy for a Standards Setting Organization, en http://www.gtwassociates.com/answers/draftIPRcriteria.htm.

12 Véase: http://www.abanet.org/scitech/tsl.html.