Crear un entorno favorable a la innovación – nueva ley brasileña de innovación

María Beatriz Amorim Páscoa, Directora de Acuerdos de Colaboración con Instituciones e Información Tecnológica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

El 5 de julio de 2004, la Cámara de Diputados del Congreso del Brasil aprobó la Ley de Innovación con el fin de proporcionar incentivos para incrementar las actividades innovadoras y facilitar la investigación científica y tecnológica de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Con el fin de mejorar su capacidad de innovación, el Brasil debe crear condiciones adecuadas para que un mayor número de empresas invierta y participe en el desarrollo tecnológico. Aunque en general se considera que la empresa es el principal artífice de la innovación, el Ministerio brasileño de Ciencias y Tecnología estima que el 70% de los gastos relativos a las actividades de investigación y desarrollo se financian con recursos públicos. Además, el 80% de los investigadores brasileños trabaja en instituciones públicas (universidades o centros de investigación), y concentra su labor en la elaboración de documentos científicos. De ahí que el país haya adquirido una sólida competencia científica y que en ese ámbito se produzca un volumen considerable de publicaciones que representa el 1,5% de la producción científica mundial. Aunque ese porcentaje es similar al logrado por Corea, los resultados tecnológicos medidos en función del número de patentes apuntan a algo distinto. En 1980, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) concedió 33 patentes a inventores brasileños. En 2000 el número aumentó a 113. Sin embargo, en Corea, el número de patentes pasó de 30 en 1980 a 3.472 en 2000, incremento que coloca a ese país entre los innovadores más importantes.

Con la Ley de Innovación se aspira a sentar las bases jurídicas necesarias para mejorar la capacidad del país de generar y comercializar tecnología. En la Ley se contemplan los incentivos para aumentar los vínculos de colaboración entre las instituciones científicas y tecnológicas públicas y las empresas; se reglamenta además la utilización y la negociación de activos de propiedad intelectual generados por las actividades de cooperación entre dichas instituciones públicas y las empresas.

Las instituciones científicas y tecnológicas públicas han tratado durante largo tiempo de formalizar las actividades de colaboración en las que intervienen las empresas. El marco jurídico que hoy reglamenta sus actividades las obliga, entre otras cosas, a someter a licitación pública la concesión de licencias de explotación de tecnologías. Conforme a la nueva Ley de Innovación dichas instituciones sólo tendrán que publicar previamente una “solicitud de licenciatarios” a efectos de transferir sus tecnologías o conceder licencias sobre las mismas. Con esta nueva disposición, las instituciones científicas y tecnológicas públicas podrán acelerar el procedimiento de concesión de licencias y seleccionar a los mejores interlocutores.

Además, la Ley permite que las mencionadas instituciones negocien la utilización de sus laboratorios con las Pymes, posibilidad que ciertamente favorecerá las actividades de investigación y desarrollo en las empresas pequeñas que de otra forma no estarían en condiciones (equipo, instrumentos, material de laboratorio, etc.) de concebir y realizar proyectos innovadores.

Para la mayoría de investigadores brasileños afiliados a instituciones científicas y tecnológicas públicas o empleados en ellas, la nueva ley será un incentivo para establecer vínculos de colaboración con el fin de desarrollar nuevas tecnologías. Los investigadores tendrán la posibilidad de trabajar en otras instituciones científicas y tecnológicas públicas durante el tiempo que dure la realización de proyectos conjuntos, sin dejar de percibir el sueldo que les corresponde. Además, podrán solicitar permisos especiales sin sueldo si deciden participar en la creación de una empresa con el fin de perfeccionar sus nuevas tecnologías. En ambos casos se prevé que los beneficios procedentes de la comercialización de los activos de propiedad intelectual se distribuyan entre los investigadores, las instituciones científicas y tecnológicas públicas y las empresas privadas. Este contexto más flexible ampliará y profundizará la experiencia y los conocimientos técnicos que ya existen en las instituciones públicas y estimulará los vínculos entre las instituciones universitarias y la industria.

Cabe mencionar que en la Ley de Innovación se exige que las instituciones científicas y tecnológicas públicas se creen oficinas de innovación tecnológica (núcleos de inovação tecnológica) que tengan entre otras obligaciones la responsabilidad de gestionar la tecnología generada por los investigadores, prestando especial atención a toda decisión que se tome en materia de propiedad intelectual y de concesión de licencias. Esto facilitará sin duda la introducción de prácticas profesionales en un ámbito del que no siempre se tiene mucha conciencia en las instituciones académicas con hábitos más que arraigados en lo que a investigación y desarrollo se refiere. En ese sentido, la interacción de las instituciones científicas y tecnológicas públicas y los interlocutores del sector privado se hará por conducto de una unidad cuyo funcionamiento se asemeje al de las organizaciones privadas.

En el Capítulo IV de la Ley de innovación se contemplan, además, nuevos e importantes incentivos para fomentar actividades innovadoras en las empresas. Por ejemplo, mediante el reconocimiento de la función del sector privado en el desarrollo de nuevas tecnologías, la Ley posibilita que los organismos públicos de financiación transfieran recursos no reembolsables a las empresas privadas, cuestión actualmente prohibida. Cabe mencionar que la asignación de fondos públicos está sujeta a que la empresa invierta una determinada cantidad de sus propios recursos en el proyecto de investigación.

Además, en la Ley se estipula el requisito especial de que los organismos de financiación fomenten programas específicos para estimular la ejecución de proyectos innovadores en microempresas y empresas pequeñas.

Por último, en la Ley se incluye un capítulo que reglamenta específicamente la adquisición por las instituciones científicas y tecnológicas públicas de activos de propiedad intelectual procedentes de inventores independientes, en cuyo caso, las oficinas de innovación tecnológica negociarán la participación en los beneficios resultantes de la comercialización de la invención.

Se confía mucho en que la Ley propulse el número de actividades conjuntas entre instituciones universitarias y empresas brasileñas con posibilidades de innovación. Al mismo tiempo, la Ley facilitará: 1) el recurso a las instituciones científicas y tecnológicas públicas de reconocida competencia, y 2) la intervención creciente del sector privado en proyectos innovadores. En otras palabras, en la Ley se reconoce la realidad brasileña de una estructura pública de investigación y desarrollo sólida y concentrada y se crean las condiciones para transformar esa realidad mediante un sustancial incremento de la participación del sector privado.

En esa perspectiva, la propiedad intelectual es un instrumento fundamental del proceso de innovación. El desafío consiste en aumentar el porcentaje de solicitudes de patente brasileñas que se presenten en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil, del 30% a una cifra que refleje la importancia tecnológica y competitiva de la industria nacional.

Está claro que una transformación semejante no sólo depende de los marcos jurídicos y de las instituciones. Sólo cabe esperar cambios significativos si se adoptan firmes estrategias políticas y económicas. Sin embargo, los objetivos más importantes de la Ley de Innovación son: introducir nuevas prácticas, dejar constancia de una firme voluntad política y reconocer que la ciencia y la tecnología son elementos centrales del desarrollo económico y la transformación social.


1 Las opiniones expresadas en este artículo son las de la autora y no reflejan necesariamente las del INPI o de la OMPI.