Estructura de la administración judicial de las controversias en materia de PI: Singapur

Información proporcionada por:
El Ministerio de Justicia

Tribunal de Apelación
   
División de Apelación del Tribunal Superior
   
División General del Tribunal Superior
     
Registrador de patentes, marcas, diseños registrados, obtenciones vegetales e indicaciones geográficas
(instancia administrativa)
  Tribunales estatales
 
     
Jurisdicción administrativa
Concesión/registro de derechos de PI.
Asuntos previos a la concesión/el registro, por ejemplo, oposición.
Asuntos posteriores a la concesión/el registro relativos a la validez de las patentes, las marcas, los diseños y las indicaciones geográficas.
  Jurisdicción civil
Asuntos posteriores a la concesión/el registro relativos a la validez de derechos de PI.
Controversias relativas a la infracción de cualquier derecho de PI, excepto abuso de confianza, por una cuantía de hasta 250 000 dólares singapurenses.
  Jurisdicción civil
Controversias relativas a abuso de confianza, por una cuantía de hasta 250 000 dólares singapurenses.
  Jurisdicción penal
Juicios del ámbito penal.
                 

La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur ("IPOS") es el organismo gubernamental que se encarga de administrar el régimen de propiedad intelectual ("PI") de Singapur.

En el marco de la IPOS, los registradores de patentes, marcas, diseños registrados, obtenciones vegetales e indicaciones geográficas se ocupan del registro y la concesión de derechos de PI, de las controversias previas a la concesión/el registro, por ejemplo, las oposiciones, y de las controversias posteriores a la concesión/el registro, por ejemplo, la revocación, la invalidación y la cancelación (excepto la invalidación de la concesión de protección a las obtenciones vegetales, en la que entiende la División General del Tribunal Superior). Las decisiones del registrador pueden apelarse ante la División General del Tribunal Superior.

El Tribunal de Derecho de Autor entiende en las controversias relativas a la concesión de licencias sobre obras protegidas por derecho de autor y sobre interpretaciones o ejecuciones protegidas. Las cuestiones de Derecho pueden remitirse a la División General del Tribunal Superior.

La División General del Tribunal Superior es competente en primera instancia para entender, en el ámbito de la PI, en todas las controversias posteriores a la concesión o el registro, por ejemplo, la revocación, la invalidación y la cancelación, y en todas las controversias del ámbito civil por infracción de la PI, salvo en los casos de abuso de confianza por una cuantía máxima de 250 000 dólares singapurenses, que se tramitan en primera instancia en los tribunales estatales.

Las sentencias de la División General del Tribunal Superior en materia civil, salvo las relativas a patentes, pueden apelarse ante la División de Apelación del Tribunal Superior. Las sentencias de la División de Apelación del Tribunal Superior pueden apelarse ante el Tribunal de Apelación.

En virtud del Anexo VI de la Ley de la Corte Judicial Suprema, las sentencias relativas a patentes pueden apelarse directamente ante el Tribunal de Apelación.

Los tribunales estatales entienden en primera instancia en los asuntos del ámbito penal. Las apelaciones se ventilan ante la División General del Tribunal Superior. Las apelaciones de las sentencias pronunciadas por la División General del Tribunal Superior respecto de asuntos de ámbito penal se ventilan ante el Tribunal de Apelación.

La División General del Tribunal Superior dispone de una lista de jueces especializados en litigios sobre PI y sobre tecnologías de la información, así como de una Guía de tribunales de PI para los litigios en la materia, que expone la gestión de los casos especializados y las prácticas correspondientes, por ejemplo, la prueba pericial.

En 2022, se introdujo un proceso simplificado para determinadas demandas de PI, una vía opcional para litigar ante el Tribunal Superior, que facilita una resolución más ágil y costoeficaz de los litigios que cumplan los requisitos correspondientes. Cabrá aplicar el proceso simplificado en los litigios en que se prevea que la compensación económica reclamada por cada parte no superará los 500 000 dólares singapurenses. De ser posible en la práctica, el juicio se llevará a cabo en dos días. Si el caso llega a juicio, las costas totales impuestas a una parte no excederán los 50 000 dólares singapurenses en relación con el juicio original, además de 25 000 dólares singapurenses en el caso de que se evalúe en dos etapas la reparación pecuniaria. La cuantía de la reparación pecuniaria está limitada a 500 000 dólares singapurenses.