Preguntas frecuentes: Políticas de P.I. para las universidades y las instituciones de investigación

Consideraciones y conceptos importantes

La propiedad intelectual (PI) tiene una importancia esencial para la labor docente e investigadora que cumplen las universidades y las instituciones públicas de investigación, particularmente la PI que se crea en la propia universidad o institución y, además, la PI que pertenece a terceros, pero que es utilizada en la labor de la institución.

La PI y la investigación

Las actividades de I+D, tanto la investigación de carácter puro o fundamental como la práctica, que llevan a cabo las universidades y las instituciones públicas de investigación producen resultados en forma de invenciones, publicaciones científicas, bases de datos, obtenciones vegetales, información confidencial, programas informáticos, etcétera. Muchas de estas invenciones pueden quedar protegidas por la PI, aunque muchas no son más que pruebas de concepto o prototipos de laboratorio que requieren de más I+D antes de que se puedan comercializar. Al conceder a las universidades e instituciones públicas de investigación derechos sobre la PI que ellas obtienen por la vía de la investigación financiada con fondos públicos, y autorizar la comercialización de sus resultados, los gobiernos de todo el mundo pretenden acelerar la transformación de las invenciones en métodos y productos industriales y crear lazos sólidos de colaboración entre la universidad y la industria.

La PI y la docencia

A su vez, la labor docente de la universidad y la institución pública de investigación genera también PI, como publicaciones impresas, tesis, programas informáticos, películas, fonogramas, diapositivas de ordenador y obras multimedia, que quedan protegidos por derecho de autor. Internet y los adelantos técnicos facilitan el acceso a los materiales científicos, pero, al mismo tiempo, agravan los conflictos que se suscitan por causa de la titularidad y el uso de dichas obras. En consecuencia, las universidades e instituciones públicas de investigación necesitan políticas adecuadas en materia de PI para administrar la titularidad y la explotación de los materiales didácticos, el acceso a la información científica y el uso de los materiales producidos por terceros

Las universidades y las instituciones públicas de investigación sirven al interés público divulgando el conocimiento por medio de la investigación y de la docencia. Con ese fin, además de publicar las conclusiones de la labor investigadora, por lo general, es necesario establecer estrechos vínculos con la industria y la activad privada. En ese sentido, la era de la globalización y de Internet abre nuevas posibilidades, pues las publicaciones de acceso público son útiles para dar a conocer el fruto de determinadas investigaciones, pero en otros casos hay que mantener en secreto temporalmente dicho resultado para patentarlo y explotarlo. Para llevar eficazmente la labor de explotar la PI y de difundir el conocimiento, las universidades y las instituciones públicas de investigación tienen que conocer y comprender cómo se debe utilizar el sistema de PI.

En muchas universidades e instituciones públicas de investigación determinar qué puede convertirse en PI, crearla y conseguir que los resultados de las investigaciones lleguen a una fase ulterior de desarrollo son objetivos oficiales. En ese sentido, contar con una política oficial de PI es requisito obligado para que prospere la colaboración del mundo de la universidad con la actividad privada.

La política institucional de PI es un documento aprobado oficialmente en el que se establece:

  • la titularidad de la PI y el derecho de uso sobre ella;
  • las normas para determinar qué puede convertirse en PI, valorarla, protegerla y explotarla;
  • as normas de colaboración con terceros;
  • as directrices sobre cómo participar en los beneficios económicos derivados de la explotación; y
  • los mecanismos para velar por el respeto por los derechos de PI pertenecientes a terceros.

Sin una política oficial que reglamente la titularidad y el uso de los derechos de PI, las distintas partes interesadas de la universidad y la institución pública de investigación (investigadores, técnicos, estudiantes, investigadores visitantes, etcétera) y los socios comerciales (patrocinadores, consultores, instituciones sin ánimo de lucro, pymes y gobiernos) carecerán de guía para tomar decisiones relativas a la PI.

La política eficaz de PI:

  • brinda seguridad jurídica;
  • propicia condiciones que sustentan y alientan la innovación y el desarrollo;;
  • alienta a que los investigadores consideren las posibles ventajas de explotar comercialmente la invención, a fin de incrementar los beneficios que esto supondría para la sociedad;
  • facilita la firma de convenios de colaboración público-privada que impulsen el desarrollo económico;
  • alienta el establecimiento de relaciones de provecho mutuo con otras instituciones;
  • equilibra los diversos intereses contrapuestos de las universidades, las empresas y la sociedad; y
  • garantiza el cumplimiento de la legislación nacional aplicable.

Para la formulación de políticas de PI consulte nuestra base de datos sobre políticas, manuales y acuerdos tipo de PI.

El conocimiento académico y los adelantos novedosos se transfieren y utilizan con fines científicos, técnicos, socioeconómicos y comerciales por diversas vías; a saber:

  • las publicaciones (revistas técnicas, revistas científicas, etcétera);
  • las exposiciones y las relaciones personales (conferencias, cursos, organizaciones profesionales, etcétera);
  • los documentos de patente;
  • los contratos de investigación, los contratos de patrocinio y los convenios de colaboración en I+D con empresas;
  • los programas de intercambio de personal entre las instituciones y las empresas;
  • los proyectos de posgrado;
  • la incorporación laboral de los estudiantes universitarios;
  • las consultorías del personal universitario;
  • la cesión de tecnología y el otorgamiento de licencias de tecnología; y
  • la constitución de empresas derivadas y empresas emergentes.

Sacar las ideas y las invenciones del laboratorio de la universidad o la institución pública de investigación y llevarlas al campo comercial tiene una función beneficiosa para la sociedad, materializada en nuevos productos, puestos de trabajo e ideas.

Con el fin de reforzar el efecto socioeconómico de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos las universidades e instituciones públicas de investigación deben velar por darles la máxima divulgación. Por eso es importante que consideren todos los mecanismos de difusión y transferencia (por ejemplo, las publicaciones de acceso público, el otorgamiento de licencias, la constitución de empresas derivadas y emergentes y la colaboración en I+D) y examinen a todos los posibles socios comerciales (como las empresas derivadas, las empresas emergentes, los inversores, las pymes, otras organizaciones sin ánimo de lucro, las instituciones de fomento de la innovación e, incluso, los gobiernos) a fin de elegir a los más convenientes.

Aunque los resultados del mundo de la universidad siguen siendo extraordinarios, sus descubrimientos necesitan en muchos casos de más investigación y desarrollo antes de alcanzar la fase plena de madurez. Ese esfuerzo exige tiempo, dinero y entraña riesgos, y es evidente que entre las funciones de la universidad y la institución pública de investigación no están las de fabricar y comercializar los resultados de sus investigaciones.

En las últimas décadas, muchas instituciones universitarias y socios comerciales han tratado de reducir las distancias entre la investigación pura o fundamental y la investigación práctica. Las empresas y otros socios comerciales han empezado a adoptar un modelo de I+D colectiva, en el que los recursos de investigación propios se combinan con los ajenos. Por su parte, las universidades y las instituciones públicas de investigación han empezado a participar de manera activa en la transferencia de sus conocimientos y en la relación con las empresas y demás socios, con miras a obtener el máximo provecho de los resultados de la investigación.

El propósito de acortar la distancia entre la investigación y la práctica, depende, sin embargo, de múltiples factores.

En ocasiones, la mejor manera de divulgar los conocimientos que son fruto de la investigación es publicarlos e incorporarlos al dominio público. En otros muchos casos, sin embargo, los beneficios para la sociedad son mayores cuando, una vez protegidos por la legislación de PI, los conocimientos se venden o ceden a las empresas capaces de transformar las invenciones en nuevos productos.

Cuando se hace de manera estratégica, la transferencia de los resultados de la investigación beneficia a la sociedad en su conjunto, al mundo económico y a las instituciones copartícipes.

Los beneficios para la sociedad

Se espera que la transferencia de la investigación académica revierta indirectamente en la sociedad mejorando su calidad de vida, por medio de:

  • nuevos productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades del ser humano y que requieren una atención especial, como las relacionadas con la salud y el medio ambiente; y
  • nuevas empresas (emergentes, derivadas) y puestos de trabajo.

Los beneficios para las empresas

La colaboración con las universidades y las instituciones públicas de investigación puede fortalecer a las empresas de la industria porque:

  • reciben derechos de PI, lo que les permite invertir en tecnologías incipientes;
  • las empresas locales se benefician de asistencia técnica;
  • se les permite colaborar con los investigadores de las mejores universidades;
  • tienen acceso a más campos de investigación fundamental;
  • la comercialización de nuevos productos se traduce en crecimiento y beneficios económicos; y
  • la economía local se refuerza: cada vez más, los núcleos de población próximos a las instituciones de investigación se convierten en polos de innovación tecnológica capaces de atraer a una mano de obra muy capacitada y formar sectores muy innovadores.

Los beneficios para las instituciones

Las universidades y las instituciones públicas de investigación deberían ser conscientes de que en última instancia, los beneficios de la transferencia de conocimientos y tecnología no son económicos, dejando a salvo los ingresos que, de vez en cuando, generan las licencias. En cambio, los mayores beneficios son de tipo indirecto y se obtienen a largo plazo, como, por ejemplo:

  • Captación de talento: las universidades que adoptan un marco sólido de transferencia de tecnología atraen con más facilidad a profesores, científicos y estudiantes que poseen visión comercial, quienes perciben la institución como una plataforma provechosa para el progreso profesional y el aprovechamiento comercial de sus innovaciones.
  • Captación de fondos: el éxito de la transferencia de tecnología suele servir de estímulo a nuevas fuentes de financiación a la investigación.
  • Prestigio: las instituciones que consiguen comercializar los descubrimientos de laboratorio se convierten a menudo en centros de prestigio.
  • Mejoras cualitativas de los planes de investigación: la relación con el sector privado trae en muchos casos aparejado el acceso a la maquinaria más moderna, mejores técnicas y conocimientos y una mejor comprensión de las necesidades comerciales.
  • Mejora de la docencia: las instituciones se benefician de la presencia de conferenciantes provenientes del mundo de la industria y tienen acceso a estudios de caso reales.
  • Progreso profesional del personal universitario: la colaboración con la industria puede facilitar el intercambio de personal entre las instituciones y las empresas, así como la inserción profesional de los alumnos en las empresas.

Si desea saber más, puede consultar nuestra publicación "Technology Transfer, Intellectual Property and Effective University-Industry Partnerships" (en inglés).

Existen varias partes interesadas en contribuir de una u otra forma a la generación y divulgación de las innovaciones, las invenciones y los resultados de las investigaciones y de los materiales didácticos. Cada una de estas partes tiene sus propios intereses y expectativas, y no siempre se encuentran en sintonía. A fin de lograr todo el apoyo y la adhesión necesarios para su puesta en marcha, la política de PI debe elaborarse en colaboración con las partes interesadas, a saber:

  • las universidades e instituciones de investigación;
  • los empleados de dichas instituciones: investigadores, técnicos y personal administrativo;
  • las comisiones y los departamentos de investigación;
  • los alumnos de licenciatura y de los cursos de especialización;
  • los alumnos de los cursos de especialización y los doctores;
  • los investigadores visitantes;
  • las instituciones patrocinadoras y las compañías colaboradoras;
  • las oficinas nacionales de patentes;
  • los organismos de financiación;
  • las empresas;
  • los distintos sectores empresariales; y
  • el gobierno.

Por regla general, la política institucional de PI expone a grandes rasgos los conjuntos de normas siguientes que, en algunos casos, se pueden reglamentar por separado.

Normas relativas a la gestión de la PI resultante de la investigación

  • La titularidad de los derechos de PI y de los resultados de la investigación
  • La persona o el departamento al que compete la protección de los derechos de PI y su gestión
  • Las obligaciones que pesan sobre la institución, el personal y los estudiantes
  • Los compromisos contraídos con terceros
  • La solución de los conflictos de intereses
  • La asignación de incentivos que premien a los investigadores que se dediquen a la innovación y la transferencia de conocimientos para recompensar los beneficios socioeconómicos que reporta su actividad.

Normas relativas a la difusión de los conocimientos y la transferencia de los derechos de PI

  • Las políticas de publicación y difusión
  • Las opciones de comercialización y las obligaciones que ésta entraña
  • La distribución y repartición de los beneficios
  • La protección del interés nacional y público.

Normas relativas a las investigaciones que se realizan por convenio de colaboración y por contrato

  • Ownership of IP, including “background” IP held by participants before a project is started and potential “foreground” IP arising through the collaboration
  • La titularidad de los derechos de PI sobre los conocimientos que se utilizan en la investigación y sobre los nuevos conocimientos que puedan adquirirse gracias a la colaboración.
  • Las obligaciones que contraen todas las partes con respecto a la protección de los derechos de PI, su mantenimiento y financiación
  • Los conflictos de intereses que se suscitan en las investigaciones por convenio de colaboración y por contrato
  • La distribución de los beneficios
  • Las cláusulas de los convenios de colaboración y de los contratos de investigación

Descripción detallada del contenido habitual de la política institucional de PI PDF, Typical content of an institutional IP policy in detail

La novedad es uno de los varios requisitos necesarios para patentar la invención. Si el investigador o el estudiante da a conocer al público datos de la invención antes de presentar la solicitud de patente, esa divulgación tendrá el efecto de impedir que se pueda patentar la invención. Ello se explica porque muchos países adoptan el denominado requisito de la novedad universal, es decir, la información publicada o que se pone a disposición del público por otra vía en un país del mundo antes de presentar la solicitud de patente destruirá la novedad de la invención.

Por ejemplo, los siguientes actos de divulgación de las características principales de la invención antes de presentar la solicitud de patente impedirán que se obtenga la patente:

  • divulgación en una exposición internacional;
  • divulgación en una revista, libro, cartel u otro medio de publicación;
  • divulgación en un sitio web o por otro medio electrónico;
  • divulgación por la vía de la exposición oral; y
  • divulgación a alguien (por ejemplo, un inversor interesado) que no esté obligado a respetar el secreto de la información.

Si desea saber más de la presente cuestión, consulte nuestra página web sobre patentes.

Sin embargo, muchos países disponen un plazo de gracia, que va de seis a doce meses y que constituye una salvaguarda para los solicitantes que hayan divulgado la invención antes de presentar la solicitud de patente. En dichos países, si el inventor o su derechohabiente divulga al público la invención, pero cuando presenta la solicitud de patente hace constar que la invención se encuentra en el plazo de gracia, dicha divulgación pública no afectará a la determinación de la novedad de la invención que se reivindica. Según se indicó precedentemente, hay diferentes modos de divulgar la invención, y las clases de divulgación amparadas en el plazo de gracia no son las mismas en todos los países, pues en algunos la ley fija un número sumamente limitado de actos de divulgación.

En general, no hay que divulgar la invención antes de presentar la correspondiente solicitud de patente. Si no queda más remedio que divulgar la invención antes de presentar la solicitud de patente, por ejemplo, a un inversor interesado o a un socio, la divulgación se deberá acompañar de un contrato de secreto profesional o prohibición de divulgación. Si el inventor quiere publicar los resultados de la investigación, convendrá que retrase la publicación hasta después de presentar la solicitud de patente.

Las universidades y las instituciones públicas de investigación deben velar por que todas las partes interesadas (empleados, investigadores visitantes, colaboradores y estudiantes) conozcan debidamente los aspectos de su actividad relativos a la confidencialidad, además de las oportunidades que brindan la PI de creación propia y la PI que crea la institución. La política de PI debe fijar normas claras en lo que respecta a la divulgación y la confidencialidad y un modelo de contrato de prohibición de divulgación.

Las universidades y las instituciones públicas de investigación trabajan a menudo en colaboración con las empresas, los gobiernos y otras instituciones a fin de explotar en común los resultados de la investigación. La colaboración puede revestir muchas formas, como los convenios de las universidades con las instituciones públicas de investigación, o de las universidades y las instituciones públicas de investigación con la actividad privada; los contratos de investigación de las universidades y las instituciones públicas de investigación con la actividad privada; y la libre comunicación y difusión recíprocas de los conocimientos y los materiales en la esfera de las universidades y las instituciones públicas de investigación. En tales circunstancias, es necesario establecer acuerdos de colaboración que salvaguarden el derecho de hacer uso y explotar los derechos de PI que protegen tanto el material utilizado en la investigación como el resultante de ella.

Las cuestiones relativas a la PI tienen que aclararse al principio de las negociaciones con las industrias patrocinadoras y los socios comerciales, muy especialmente, todo lo relativo a la confidencialidad, la titularidad de los derechos de PI y los conflictos de intereses. Todas las partes deben entender bien las normas y las políticas que aplica la institución en lo que respecta a los convenios de colaboración con fines de investigación.

Como distintivo de excelencia, muchas universidades e instituciones públicas de investigación hacen públicos sus modelos de acuerdo de colaboración con miras a constituir un marco sencillo y transparente de negociación. En nuestra base de datos se encontrarán varios ejemplos de contratos de distintas instituciones.

Se espera que el personal de las universidades y las instituciones públicas de investigación dediquen todo su tiempo y energía a la docencia, la investigación y demás programas que respaldan la misión de la institución.

Se produce un conflicto de compromisos cuando el individuo realiza una actividad externa, sea o no remunerada, que puede afectar negativamente a su compromiso con la universidad o la institución pública de investigación. Los intentos por compaginar las obligaciones adquiridas con la universidad o institución pública de investigación con las adquiridas fuera, especialmente cuando dichas actividades son susceptibles de generar nueva PI (como consultorías, servicios al gobierno, servicio público y trabajo voluntario), pueden traducirse en conflictos por causa de la distribución del tiempo y la energía empleada.

Se produce un conflicto de intereses cuando las consideraciones personales de tipo patrimonial, profesional y otras del individuo afectan a su criterio profesional en el desempeño de las obligaciones contraídas con la universidad o la institución pública de investigación. Entre las situaciones conflictivas que pueden producirse por causa de la investigación y la PI cabe señalar, entre otras:

  • si un empleado de la institución invierte a título personal en una sociedad creada gracias a la PI obtenida para la institución cuando cumplía labores de investigación o desempeñaba un cargo jerárquico;
  • si un miembro del personal que ha constituido una sociedad negocia a título personal las cláusulas de un contrato de concesión de licencia con la universidad o institución pública de investigación;
  • si un miembro del personal que desempeña un cargo jerárquico en una compañía, tiene poder decisorio sobre asuntos relacionados con las cláusulas de una licencia con la universidad o institución pública de investigación;
  • si un miembro del personal que, a su vez, ejerce de consultor en otra compañía, tiene que decidir si cede sus invenciones a la universidad o institución pública de investigación o, en su defecto, a la compañía para la que es consultor;
  • si un miembro del personal acepta un patrocinio de investigación proveniente de una compañía en la que tiene derechos patrimoniales; el conflicto se produce porque el resultado de la investigación podría afectar considerablemente al patrimonio personal del investigador.

Las políticas de conflictos de intereses y de compromisos:

  • pueden estar integradas en la política general de PI o separadas de ella;
  • instruyen a los profesores y al personal acerca de las situaciones que dan a pie a los conflictos de intereses y los conflictos de compromisos;
  • disponen normas de divulgación y medios para encauzar dichos conflictos; y
  • reglamentan las situaciones que están prohibidas.

No existe un único modelo de política que pueda aplicarse en todas las instituciones o países, puesto que hay importantes diferencias, propias de cada país, así como diferentes grados de capacidad de absorción (es decir, la capacidad que tienen las empresas de reconocer el valor de la nueva información externa, asimilarla y darle explotación comercial). Los países y las instituciones están probando todavía diferentes políticas y prácticas institucionales de PI a fin de recabar datos sobre cuáles son adecuadas y cuáles no.

No obstante, el modelo de política de PI de la OMPI para universidades e instituciones de investigación de países en transición tiene por objeto ayudar a las autoridades de la universidad a elaborar sus propias políticas internas de PI y presentar una lista de las principales características que deben atenderse. Por otra parte, los numerosos ejemplos de políticas que figuran en nuestra base de datos pueden servir para comprender cómo se reglamentan las cuestiones de PI en otras instituciones.

El buen resultado de la transferencia de tecnología obliga a que las universidades y las instituciones públicas de investigación se doten de una política institucional de PI de gran calidad y la apliquen. Sin embargo, eso no basta, pues la transferencia de tecnología y su difusión dependen de muchos otros factores, varios de los cuales no están directamente relacionados con la propia PI.

En el ámbito nacional

  • Un sistema de PI eficaz y equilibrado.
  • Normas precisas sobre la titularidad de los derechos de PI adquiridos en el seno de las universidades públicas o mediante financiación pública.
  • Apoyo económico en varios niveles:
    • Financiación para la investigación
    • Programas para financiar la creación de oficinas de gestión de la tecnología
    • Financiación inicial
    • Incentivos fiscales para impulsar la I+D en ámbitos prioritarios, como potenciar un determinado sector manufacturero o industria de exportación y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo.
  • Recursos humanos cualificados.
  • Políticas que fomenten la visión comercial en el seno de la institución.
  • Mecanismos de apoyo que fomenten la relación de las empresas locales con los creadores de tecnología, como los parques científicos y los viveros de empresas.
  • Incentivos del gobierno para mejorar el acceso a la tecnología en sectores como la salud, la educación y la infraestructura pública.
  • Legislación favorable.

En el ámbito de la institución

  • Autonomía de las instituciones.
  • Activa participación de las altas autoridades.
  • Investigación cualitativa.
  • Conocimientos y aptitudes del personal y los estudiantes en lo que respecta a los derechos de PI, la transferencia de conocimientos y la visión comercial.
  • Atribuciones correspondientes a la administración de los derechos de PI.
  • Creación de oficinas de gestión de la tecnología con los recursos humanos y financieros suficientes.
  • Proximidad de dichas oficinas de gestión de la tecnología al personal investigador y docente.
  • Respeto por el trabajo intelectual y la creatividad.
  • Incentivos para los investigadores y los creadores.
  • Labor colectiva del creador de la PI, el personal de la oficina de gestión de la tecnología, el personal administrativo del departamento del creador y demás partes comprendidas en la iniciativa de investigación del creador.
  • La voluntad del creador de ayudar a proteger y comercializar los derechos de PI.
  • Compromiso con la responsabilidad social (por ejemplo, licencias voluntarias, educación y formación).
  • Acceso a la información de patentes y a los programas informáticos con aplicaciones analíticas.

En el ámbito comercial

  • Suficientes empresas que puedan invertir dinero, tiempo y trabajo para que la PI se convierta en productos comercializables.
  • Un mercado que esté dispuesto a comprar el producto cuando ya esté completamente elaborado y listo para ser vendido.
  • Capacidad de absorción para asimilar los nuevos conocimientos y explotarlos con fines comerciales.

Para más información, véase: Elaboración de marcos para facilitar la transferencia de tecnología entre universidades e industria. Lista de posibles medidas y Comercialización de la PI y transferencia de tecnología a cargo de universidades, instituciones de investigación, empresas, industria, pymes y particulares (págs. 37 a 48).

Cuestiones relacionadas con la titularidad

Los empleados, estudiantes, investigadores visitantes y colaboradores de las universidades y las instituciones públicas de investigación crean derechos de PI a raíz de la labor docente e investigadora que desempeñan. Dicha PI puede revestir la forma de información técnica confidencial protegida por secreto comercial y de invenciones susceptibles de ser patentadas, diseños, programas informáticos, obras escritas originales, diagramas, disertaciones y exposiciones, todos los cuales pueden ser el fruto de numerosas clases de labor creativa. Para saber más de la función de la PI en las universidades e instituciones públicas de investigación.

¿A quién pertenecen los derechos de dichas obras y resultados? La respuesta dista de ser fácil o clara, pues varía de un país a otro, de una institución a otra y también dentro de la misma institución, según:

  • la clase de creador o inventor (empleado, estudiante, investigador visitante y colaborador);
  • la naturaleza de la obra (invención, obra de derecho de autor, datos técnicos secretos, diseño, etcétera);
  • el uso que haga el creador o inventor de los recursos y los fondos de la institución o del patrocinador; y
  • las circunstancias en las que nace la creación (si la obra es fruto de la labor individual o de un proyecto de colaboración).

Para determinar la titularidad del resultado de la investigación y de la obra didáctica hay que examinar: 1) la legislación nacional de PI que sea aplicable; 2) la política de PI de la universidad o la institución pública de investigación; y 3) las cláusulas del contrato suscrito por la universidad o institución pública de investigación con el creador y el patrocinador.

En primer lugar, la cuestión de la titularidad se rige por la legislación nacional de PI competente. No todos los países legislan igual la presente materia, pues ocurre que las normas correspondientes están dispersas en la legislación de patentes y de derecho de autor, de trabajo, de invenciones del trabajador (en la cual hay disposiciones que rigen las invenciones que crea el personal de las universidades e instituciones públicas de investigación) y, asimismo, en las leyes que tutelan los derechos de PI obtenidos en la universidad y la transferencia de tecnología.

Aunque hay importantes diferencias en el plano de la legislación nacional y, también, de las políticas de PI de las distintas universidades e instituciones públicas de investigación, en muchos países los derechos de PI radican en el creador o inventor, salvo:

    • cuando la PI fue creada o inventada por un empleado en virtud de la relación de trabajo y es fruto de la labor que le fue encomendada;
    • cuando hay un pacto expreso (las partes convienen quién será el titular de los derechos de PI con arreglo a la legislación nacional aplicable);
    • cuando la PI es fruto de una investigación con fondos del gobierno (la legislación de algunos países fija normas especiales que rigen la titularidad de los derechos de PI obtenidos gracias a proyectos financiados por el Estado, con el propósito de establecer un equilibrio entre los intereses de los particulares y el interés público general).

Si desea saber más de la legislación de PI de los distintos países, consulte la base WIPO Lex en la Revista de la OMPI fue publicado el artículo Titularidad de la propiedad intelectual: Cómo evitar controversias”, que trata de las diversas incidencias relativas a la titularidad de los derechos de PI.

En cuanto a determinar si corresponde al empleado (investigador, profesor, etcétera), al empleador (universidad o institución pública de investigación), al Estado o al organismo patrocinador la titularidad de las innovaciones, las invenciones y demás resultados de la investigación que se realiza en las universidades e instituciones públicas de investigación gracias a fondos públicos, la cuestión varía de un país a otro.

Por lo general, hay vigentes dos regímenes.

Prerrogativa del docente

Los profesores e investigadores universitarios tienen plenos derechos sobre la PI que crean y, por ende, les corresponde a ellos (no a la institución) decidir si patentan o no sus invenciones y el modo de seguir desarrollando sus descubrimientos, aun cuando la investigación de la que surgen tales descubrimientos se financie mediante fondos públicos. Por lo general, la universidad tiene alguna forma de licencia de uso de dichos descubrimientos. En algunos casos, si la institución ofrece apoyo considerable al inventor para la transferencia de tecnología, los beneficios podrían compartirse con la institución. Entre los países que incluyen este tipo de prerrogativas se cuentan Italia y Suecia.

Titularidad de la institución

El titular de los derechos de PI y de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos es la institución en la que trabaja el investigador, y no el propio investigador (si bien, con frecuencia hay excepciones, por ejemplo, con respecto a las invenciones que logran los investigadores cuando trabajen por cuenta propia y con sus propios equipos, y las invenciones obtenidas en virtud de los convenios de colaboración y los contratos de patrocinio). Normalmente, compete a la institución proteger y seguir desarrollando las invenciones. En los últimos años, se ha ido imponiendo una clara tendencia a favor de la titularidad de la institución. Los países que actualmente aplican dicho principio son, entre otros, Alemania, Brasil, China, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Japón, Kenya, Noruega, Reino Unido, Singapur y Tailandia. Existen dos sistemas principales de titularidad de la institución:

Derechos de preferencia: El titular de los derechos es el empleado o el investigador, pero la institución tiene derecho a reivindicar la invención, normalmente en un plazo de tiempo determinado. Ese es el sistema que se aplica, por ejemplo, en Austria y en la República Checa. En la mayor parte de este tipo de sistemas de derechos de preferencia, la institución debe pagar alguna forma de remuneración al inventor empleado como compensación por la cesión del derecho de patentar la invención. Ejemplos: Hungría y Lituania.

Titularidad automática: La institución tiene automáticamente la titularidad de los derechos de PI y está sujeta, normalmente, a ciertas condiciones y derechos de los inventores, por ejemplo, el derecho a percibir una remuneración y a la autoría de la invención. Ejemplos: Alemania, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Finlandia.

Dejando de lado la legislación respectiva, hay razones de peso para instaurar una política nacional que precise la cuestión de la titularidad de los derechos de PI que nacen de las investigaciones financiadas con fondos públicos. De esa forma se establecen reglas de juego claras y fijas para todas las partes interesadas y, además, se facilitan los proyectos de investigación con otras instituciones. Además, la legislación de algunos países (por ejemplo, Polonia y Sudáfrica) obliga a dotarse de una política de PI a las instituciones de investigación que reciben fondos públicos.

En determinadas circunstancias la legislación nacional limita el margen de que gozan las universidades y las instituciones públicas de investigación para reglamentar la cuestión de los derechos de PI. Con arreglo a dichas limitaciones, cada institución puede sentar los principios que regirán la titularidad de los derechos de PI por la vía de su política interna de PI, del contrato de trabajo y de otras estipulaciones contractuales.

En muchos casos, la cuestión radica en la correcta distribución de derechos entre el creador o inventor, las demás partes que intervienen en la creación de la PI y la universidad o la institución pública de investigación. No existe un único modelo de política de PI para ello, y en consecuencia, cada universidad e institución pública de investigación goza de autonomía para establecer su propio régimen, para lo cual se suelen tener en cuenta los intereses de todas las partes interesadas.

Como se explica en la sección "Cuestiones relacionadas con la titularidad”, las normas que rigen la titularidad de los derechos de PI dependerán, entre otras cosas, de la legislación nacional y de la política de cada institución, pero por lo general, las universidades aplican unas normas para los derechos de PI que recaen en los resultados de la investigación y otras para los que recaen en los materiales didácticos.

¿A quién pertenecen los derechos de PI sobre los resultados de la investigación generada por los empleados?

Muchas universidades e instituciones públicas de investigación reivindican la titularidad de los derechos de PI generados por el personal docente en virtud de la relación de trabajo y, asimismo, cuando se utilizan considerables recursos de la institución para crear la PI. No obstante, en tales casos se suelen otorgar diversos derechos a los empleados, como los siguientes:

  • Los empleados conservan el derecho de autor sobre determinadas categorías de obras creativas que nacen de su labor.
  • Los empleados perciben una parte del beneficio neto correspondiente a la comercialización de la PI.
  • Se cede a los empleados la PI que la institución decide que no comercializará.
  • Los empleados tienen derecho a ser consultados si desean comercializar la PI y el modo de hacerlo.
  • Los empleados reciben una licencia que les autoriza a hacer uso de los derechos de PI para sus propios fines docentes y de investigación.
  • Los empleados tienen derecho a publicar la investigación.
  • Los empleados tienen derecho a que se les reconozca la condición de creador o inventor.

Se suscitan controversias cuando el empleado realiza una obra en su casa o fuera del horario de trabajo o, en su defecto, produce una obra que no está comprendida en las estipulaciones del contrato de trabajo. En ese caso conviene hacer que los empleados subscriban un contrato escrito en el que se pacten con toda claridad las obligaciones que nacen de la relación de trabajo y la cuestión de la titularidad de los derechos.

¿A quién pertenecen los derechos de PI sobre los materiales didácticos generados por los empleados?

Todos los miembros de las instituciones académicas poseen derechos y obligaciones con respecto al derecho de autor y demás derechos de PI que recaen en los materiales didácticos.

La titularidad de los derechos de PI en dichos materiales se reglamenta de distinto modo según el país.

En uno de esos numerosos regímenes se otorga al empleado el derecho de autor sobre los materiales didácticos que crea, incluso en virtud de la relación de trabajo. En dicho caso, el empleado deberá, a su vez, otorgar a favor de la institución una licencia gratuita y sin carácter exclusivo que autorice a usar los materiales con fines didácticos, aunque conservará la titularidad exclusiva del derecho de autor sobre esa obra y podrá otorgar a terceros otras licencias para su uso.

Otro modelo sigue la vía contraria, pues se confiere a la institución la titularidad exclusiva del derecho de autor sobre los materiales didácticos creados por sus empleados en cumplimiento de sus obligaciones. El empleado, por su parte, recibe una licencia gratuita y sin carácter exclusivo para hacer uso personal de la obra, particularmente con fines didácticos, incluso una vez expirada la relación de trabajo con la institución, pero a condición de que no haga uso de ella con fines comerciales. En dicho caso, el derecho de explotar la obra y de ceder su uso pertenece a la institución, pero el creador participará en los ingresos procedentes de la explotación comercial de los derechos de PI.

Las universidades pueden facilitar la divulgación de los materiales amparados por derecho de autor si establecen una política conveniente que se ajuste a la legislación nacional y que siente un equilibrio entre la protección de los derechos de sus autores, las editoriales y demás titulares de derechos y que, asimismo, reglamente el uso de dichos materiales, siempre que sea con fines legítimos didácticos y de investigación.

Entre otros elementos, se reglamentan especialmente los que siguen:

  • el material didáctico encargado expresamente por la institución;
  • las obras creadas por los empleados en virtud de la relación de trabajo;
  • las obras colectivas cuya paternidad no se pueda atribuir a un solo autor o a un número determinado de autores por ser el resultado de contribuciones simultáneas o sucesivas de múltiples profesores o estudiantes a lo largo del tiempo;
  • las bases de datos, los programas informáticos y los cursos reproducidos en película de video u por otro medio digital;
  • los derechos morales; y
  • las excepciones y limitaciones (por ejemplo, para el préstamo bibliotecario, el uso de las obras para fines didácticos y de investigación, etcétera).

Consulte nuestra base de datos en la que figuran ejemplos de políticas de derecho de autor de varias instituciones.

La mayoría de las universidades reconocen, como principio general, que los estudiantes (cuando no son empleados de la universidad) son titulares de los derechos de PI de las obras que producen gracias exclusivamente a los conocimientos que hayan adquirido en la universidad. Sin embargo, se dan circunstancias en las que la titularidad debe compartirse o cederse a la universidad o a un tercero. Las situaciones de ese tipo que se producen con más frecuencia son:

  • Estudiantes patrocinados. Los estudiantes deben respetar todas las condiciones establecidas por el patrocinador en relación con la titularidad de los derechos de PI que nacen durante el período de patrocinio, en particular la transmisión al patrocinador de la titularidad de esos derechos de PI. Se recomienda, por tanto, a este tipo de estudiantes que revise los términos del acuerdo al principio del proyecto.
  • Estudiantes que trabajan en un proyecto de patrocinio de investigación. La titularidad de los derechos de PI que son fruto del proyecto se halla estipulada en el contrato de investigación suscrito por el patrocinador con la universidad. Los estudiantes deberían ser informados de los términos de ese contrato antes del inicio del proyecto.
  • Estudiantes que trabajan en proyectos de investigación, tesis y publicaciones de carácter colectivo con personal docente. Los estudiantes que forman parte de un equipo de investigación integrado por personal docente (obra en colaboración), normalmente estarán vinculados de alguna manera a la investigación que realicen los docentes y puede que formen parte de un programa de investigación más amplio. En esos casos, lo normal es que se pida a los estudiantes que cedan a la universidad los derechos de PI generados durante el proyecto.
  • Uso de los recursos de la universidad. Cuando el estudiante hace uso considerable de las instalaciones, medios, PI y demás recursos de la universidad, la PI generada pertenece a esta, aunque el estudiante tendrá derecho a participar en los beneficios de la comercialización.

Si bien es importante recoger dichas cuestiones en la política de PI de la universidad, esta necesitará el consentimiento expreso del estudiante antes de emprender la investigación, porque los estudiantes no quedan obligados automáticamente por las políticas de la universidad. Las autoridades deben velar asimismo por informar debidamente a los estudiantes de las consecuencias que se derivan de divulgar prematuramente la PI correspondiente al proyecto.

Si desea más información sobre "estudiantes", consulte nuestra base de datos.

Los investigadores visitantes pueden llevar a la institución de acogida PI existente y utilizarla en ella y, asimismo, crear otra PI durante el período de estancia.

La posición del investigador visitante depende de si la institución de acogida ha suscrito un contrato especial con el organismo de financiación o el patrocinador. En ese contrato se estipulan las circunstancias en las que la institución de acogida reivindicará la titularidad de la PI que creen los investigadores visitantes. Sin embargo, la institución de acogida también deberá suscribir un contrato escrito con el investigador visitante en el que éste se comprometa a respetar dichas condiciones. La situación será más compleja cuando el investigador visitante aporte fondos propios o los reciba de un organismo o un patrocinador con el que la institución de acogida no tenga convenio alguno. En ambos casos, será preciso aclarar por escrito la cuestión de la PI con el investigador visitante antes de que comience la labor de investigación.

En los contratos de colaboración y de financiación ajena se deberá estipular a quién pertenecerá la PI creada y quién podrá tener acceso a ella, por ejemplo, gracias a una licencia. Por lo general, como en el caso de Sudáfrica, cuando la actividad privada sufraga íntegramente la I+D, ella es la titular de la PI.

Algunas universidades e instituciones públicas de investigación recogen en las políticas de PI cláusulas relativas a los convenios de colaboración y los contratos de patrocinio. En general, los derechos que emanan de la colaboración se determinarán atendiendo a lo que hayan pactado las partes.

En el contrato de colaboración se deberá estipular con toda claridad:

  • la titularidad de los derechos de PI sobre la PI ya existente, o sea, la que ya poseen quienes intervienen en el proyecto en cuestión antes de que este comience;
  • la titularidad de los derechos de PI sobre la nueva PI, que nace de la investigación realizada en virtud de la colaboración, independientemente de que esos conocimientos puedan o no ser objeto de protección; y
  • los derechos de uso de la PI cuando no pertenezca a una parte o en el supuesto de cotitularidad.

La decisión relativa a la titularidad de los derechos de PI y a la distribución de los derechos dependerá de la misión de la universidad o de la institución pública de investigación; el régimen jurídico y el marco de políticas; los campos de investigación respectivos; las dificultades de financiación; las categorías de material en el que recaigan los derechos de PI y los fines que llevaron a crear la PI. También se deberán tener presentes las condiciones sociales y culturales de la universidad e institución pública de investigación. Por ende, no hay un método adecuado que sirva para todos los casos.

A la hora de decidir la cuestión de la titularidad de los derechos de PI las universidades e instituciones públicas de investigación velarán por que la decisión:

  • brinde a todas las partes interesadas (investigadores, estudiantes, público en general) las más amplias posibilidades de hacer uso de la PI para sus fines particulares y a costo asequible;
  • siente un equilibrio justo de derechos; y
  • fije normas claras en lo que respecta a la titularidad de los derechos de PI con el propósito de reforzar la seguridad jurídica.

Las universidades y las instituciones públicas de investigación deben tener presente que una cosa es aprobar una política institucional de PI que rija la titularidad de los derechos de PI y siente una norma para la distribución equitativa de los derechos y otra cosa totalmente distinta es obtener los derechos de PI y explotarlos para la divulgación y la transferencia de tecnología. Para lograr dichos objetivos es imprescindible que los empleados y los demás creadores e inventores:

  • conozcan las normas que rigen la cuestión de la titularidad y los derechos y obligaciones que correspondan a cada parte;
  • estén dispuestos a colaborar para proteger los derechos de PI correspondientes a sus creaciones o invenciones y para mejorar estas y darles explotación comercial;
  • confíen en que la universidad o la institución pública de investigación será competente para llevar con celo profesional la administración de la PI y proteger sus intereses.

Otros asuntos

Las universidades y las instituciones públicas de investigación producen y hacen uso de ingentes cantidades de material amparado por derecho de autor .

  • En consecuencia, la política institucional de PI deberá aclarar su posición en lo que respecta a la titularidad del material amparado por derecho de autor que crean el personal y los estudiantes, como, a mero título de ejemplo, el material didáctico, el material del curso, los programas informáticos, las disertaciones, los informes de proyecto y las tesis;
  • el uso del material perteneciente a terceros;
  • la manera de tratar la infracción del derecho de autor;
  • la concesión de licencias y la cesión de derechos;
  • el uso de las limitaciones y excepciones;
  • los contenidos generados por el usuario en relación con la enseñanza a distancia;
  • las políticas y estrategias de acceso público;
  • el derecho de autor correspondiente a las publicaciones científicas;
  • las cuestiones de PI en lo que respecta a los sitios web; y
  • los recursos educativos de acceso público.

Con el fin de alentar a las universidades e instituciones públicas de investigación a que sigan desarrollando los resultados de sus investigaciones y a que les den explotación comercial los gobiernos pueden concederle la titularidad de los derechos de PI, y eso puede ser útil, aunque no es suficiente. Para que los investigadores se conviertan en inventores, además, deben contar con incentivos. Es preciso incentivar a las instituciones y a los investigadores que trabajan por cuenta propia para que divulguen, protejan y exploten sus invenciones. Hay incentivos que constituyen “el garrote”, como los requisitos jurídicos o administrativos que deben cumplir los investigadores con respecto a la divulgación de las invenciones, y otros que serían “la zanahoria”, como los acuerdos de participación en las regalías o en el capital de empresas emergentes que comercializan la tecnología concebida en las universidades. El hecho de tener en cuenta la actividad de patentamiento a la hora de seleccionar y contratar al personal docente también puede constituir un incentivo para los jóvenes investigadores.

Pese a la aparente contradicción entre los conceptos “acceso público” y “comercialización”, ambos coexisten con naturalidad en la economía del conocimiento de nuestros días.

La consolidación de Internet propició el surgimiento del movimiento de “ciencia pública”, que propugna la libre publicación de los resultados de la investigación para incentivar la innovación. La publicación de acceso público será el canal idóneo para divulgar en provecho del público el conocimiento y los resultados de la investigación.

No obstante, la comercialización no deja de cumplir una función valiosísima, pues muchas veces la obtención de invenciones útiles obliga a dedicar ingentes recursos y trabajo para aprovechar los resultados de la investigación. El “monopolio” temporal que confiere la protección de PI constituye un estímulo para que la industria (por ejemplo, la industria farmacéutica) colabore con los investigadores para comercializar sus invenciones, pues garantiza a las empresas la posibilidad de recuperar la inversión. Gracias a las labores de realización y comercialización, dichas invenciones se convierten en un producto real útil para la sociedad y que, por tanto, la mejora.

Los documentos de patente de las invenciones se publican a los 18 meses de la presentación de la primera solicitud de patente correspondiente a la invención (la fecha de prioridad). Eso quiere decir que es posible solicitar la protección por patente a la vez que se publican los resultados de la investigación en revistas científicas. En otras palabras, el patentamiento y la publicación pueden coexistir, pues una vez que haya reservado los derechos de PI (presentando la solicitud de patente), el investigador podrá publicar los resultados de su investigación.

Las políticas nacionales de PI expresan la intención de un país de utilizar el sistema de PI de una determinada manera para lograr un determinado objetivo. Las estrategias nacionales de PI son medidas adoptadas por el gobierno para llevar a la práctica ese objetivo de política general. Muchas políticas y estrategias de PI fomentan la investigación y la innovación e impulsan la transferencia y la difusión de la tecnología. Puede informarse más sobre las estrategias nacionales de PI.

La política institucional de PI debe cumplir con todas las políticas y estrategias nacionales pertinentes, ya sea en el ámbito de la PI, el comercio, la salud pública, los conocimientos indígenas, innovación y el desarrollo.

La compilación, utilización y posterior transferencia de material biológico, incluidos los recursos genéticos (RR.GG.) y los conocimientos tradicionales conexos (CC.TT.), constituyen, con frecuencia, una parte fundamental de la labor de la universidad en muy diversas disciplinas, por ejemplo, las biociencias, la agronomía, la antropología, la farmacología, la taxonomía, las ciencias del mar y la biología. En los países desarrollados y en los países en desarrollo por igual se presta mayor atención a las cuestiones bioculturales y a las relacionadas con la seguridad alimentaria, así como a diversos requisitos de acceso al germoplasma, incluidos los requisitos de acceso y participación justa y equitativa en los beneficios en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y sus instrumentos complementarios.

Las universidades pueden cumplir una función fundamental de “intermediación” en la transferencia, al sector privado y otras entidades asociadas en la investigación, de información, de conocimientos y de productos intermedios de la investigación, incluido material biológico (por ejemplo, líneas parentales avanzadas, microorganismos aislados, etc.). En consecuencia, es muy necesario dar a conocer los requisitos jurídicos aplicables, sin olvidar las leyes consuetudinarias, con respecto a la utilización de los RR.GG. y los CC.TT. conexos, y fomentar el respeto por los mismos. Dicha necesidad es aún mayor cuando la I+D tiene lugar en el marco de proyectos de investigación transnacionales o de grandes consorcios, en que los socios en la investigación de otras jurisdicciones también tengan acceso a los materiales y resultados de la investigación y puedan tomar decisiones importantes sobre la protección de la materia objeto de PI resultante. Ello explica la importancia que tiene consultar la legislación de PI en lo que respecta a la divulgación de los CC.TT. y los RR.GG., la participación justa y equitativa en los beneficios y la obtención del consentimiento de los titulares de los CC.TT. y los RR.GG.

Es fundamental que las universidades observen las normas de diligencia debida en relación con la compilación inicial, la utilización y la posible transferencia de los RR.GG. y los CC.TT. conexos. Eso debería propiciar e impulsar, o al menos, no impedir, la posibilidad de conferir una protección preventiva y positiva de los RR.GG y los CC.TT. conexos con arreglo a la legislación del país que la confiere. Por otra parte, la diligencia debida ayudará a las universidades a asegurar la futura inversión en el desarrollo de sus bienes de PI a lo largo de una cadena que comienza por la investigación fundamental o pura y culmina en la posible producción de tecnologías nuevas y útiles.

Los países negocian la posibilidad de establecer nuevos instrumentos jurídicos sobre la relación entre la PI, los RR.GG. y los CC.TT. Dichas negociaciones, que se celebran en el marco del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), también podrían incidir, a la larga, en el modo en que las universidades compilan y utilizan los CC.TT. y los RR.GG, e investigan al respecto, y gestionan los derechos de PI sobre dichos CC.TT. y RR.GG.

Puede informarse más sobre las actividades de la OMPI referidas a la PI, los RR.GG. y los CC.TT..

Normalmente, la política de PI forma parte del marco normativo general de la institución. Por ello, la política de PI debe guardar coherencia y conformidad con los demás actos y normas aplicables, especialmente las que guardan estrecha relación con la PI. Es el caso, en particular, de las políticas que rigen lo siguiente:

  • las categorías particulares de derechos de PI (derecho de autor, marcas, modelos de utilidad);
  • la participación de los estudiantes en la investigación;
  • la colaboración con la industria;
  • la confidencialidad;
  • la actividad de la oficina de gestión de la tecnología de la institución (en caso de que la haya); y
  • la creación de empresas derivadas en el seno de la institución.

Con mucha frecuencia, dichas políticas institucionales remiten unas a otras.

La función de la OMPI

La OMPI es el organismo especializado de las Naciones Unidas al cual compete todo lo relacionado con la PI. En cumplimiento de esa misión brinda acceso gratuito a sus excepcionales bancos de conocimientos que contienen información de PI. En el sitio web y en las publicaciones de la Organización se puede consultar la legislación e información de política general de PI, además de materiales que versan especialmente sobre las universidades y las instituciones públicas de investigación.

En el sitio web Políticas de PI para las universidades y las instituciones de investigación figura un panorama general de las actividades dirigidas a impulsar las políticas institucionales de PI.

Por lo general, la política de PI forma parte del marco normativo amplio de una institución. En ese sentido, ha de ser coherente y ajustarse a los demás actos o políticas establecidos, especialmente los que se relacionan estrechamente con su ámbito de aplicación. Este es el caso, en particular, de las políticas que regulan:

  • Los Centros de Apoyo a la tecnología y la Innovación (CATI) prestan servicios de información sobre tecnología y servicios conexos, además de acceso a bases de datos de patentes, disponibles en Internet, y asistencia en la utilización de dichas bases de datos. Así, los CATI ayudan a los inventores, investigadores y empresarios a explotar sus posibilidades de innovación y a crear, proteger y gestionar sus derechos de PI. La OMPI ayuda a sus Estados miembros a crear e impulsar los CATI en universidades y otras instituciones ubicadas en distintos países de todo el mundo.
  • El Programa de Asistencia a Inventores es una iniciativa emprendida por la OMPI y el Foro Económico Mundial que pone en comunicación a inventores y pequeñas empresas que reúnen los requisitos necesarios con un experto del país que quiere asesorar gratuitamente sobre el trámite de solicitud de patente para proteger sus invenciones.
  • La Academia de la OMPI dicta cursos de PI, tanto clásicos como a distancia, en colaboración con más de 50 instituciones de todo el mundo, incluidas universidades, oficinas de PI, organizaciones internacionales y otras instituciones. Además de estudiantes y profesores universitarios del ramo de la PI, el abundante repertorio de cursos generales y especializados que ofrece la Academia de la OMPI se adapta a diversos públicos: inventores y creadores, directores de empresas y profesionales de la PI, encargados de la elaboración de políticas y funcionarios gubernamentales de instituciones de PI, así como diplomáticos y figuras de la sociedad civil.
  • La División de Economía y Estadística de la OMPI puso en marcha un proyecto de investigación titulado “Estudio comparado de las políticas y prácticas de transferencia de conocimientos en la esfera internacional”. El proyecto tiene tres objetivos: 1) crear un marco conceptual para determinar las actividades de transferencia de conocimientos y su resultado, apoyándose en el Informe mundial sobre la propiedad intelectual (2011); 2) establecer métodos y parámetros para realizar estudios de las actividades de transferencia de conocimientos y su resultado; y 3) determinar la relación entre la transferencia de conocimientos y el resultado económico de los países comprendidos en el estudio: China, Brasil y Sudáfrica (tres países de ingresos medios) y Alemania, el Reino Unido y la República de Corea (tres países de ingresos altos). Con el proyecto se busca formular directrices para determinar y respaldar las políticas y prácticas de transferencia de conocimientos que sean más eficaces. En el mejor de los casos, el estudio y el marco de evaluación se aplicarán en otros países con el fin de recoger datos que sean comparables con el tiempo.

Con mucha frecuencia, dichas políticas institucionales remiten unas a otras.

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