World Intellectual Property Organization

Reseña del marco jurídico y reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América

Información General

Forma de Gobierno

Los Estados Unidos de América son una república federal constitucional y una democracia representativa compuesta por cincuenta estados, el Distrito Federal y capital, Washington, D.C., y varios territorios, uno incorporado [1] y cinco no incorporados [2]. Originariamente, los estados comprendidos en los EE.UU eran colonias británicas que declararon su independencia del Reino de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776.  La independencia de los EE.UU fue reconocida por Gran Bretaña en el Tratado de París, que se firmó el 3 de septiembre de 1783, poniendo fin a la Guerra de la Independencia de EE.UU.  Como consecuencia de la expansión hacia el oeste, otros estados se fueron anexionando, mediante adquisición, guerra o asentamiento.

La Constitución de los Estados Unidos en vigor actualmente se adoptó el 17 de septiembre de 1787, y fue ratificada por el suficiente número de estados el 21 de junio de 1788.  La Constitución de los EE.UU y la ley federal son la "Ley suprema del país" (artículo VI, cláusula 2).  Por consiguiente, cuando la ley federal y la de un estado entran en conflicto, prevalece la ley federal.  La Constitución divide el Gobierno federal en tres ramas, con un sistema de contrapoderes institucionales que evita que cualquiera de esas ramas obtenga demasiado poder:

  • En el artículo I se define el poder legislativo, que consta de un Congreso bicameral – el Senado y la Cámara de Representantes – con poderes específicos, siendo el más importante su autoridad para promulgar leyes.  Sin embargo, la capacidad legislativa solo puede ser aprobada para un número determinado de fines restringidos, definidos en la Constitución.  Los más relevantes en cuanto a leyes de P.I. son la sección 8, cláusula 8 (cláusula de las patentes y el derecho de autor, "fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando a los autores e inventores, por tiempo limitado, el derecho exclusivo al usufructo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos" [3]) y la sección 8, cláusula 3 (cláusula de comercio, "regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados, y con las tribus indígenas").  El Congreso también tiene poderes implícitos recogidos en la sección 8, cláusula 18 (cláusula necesaria y justa:  "Elaborar todas las leyes que sean necesarias y justas a fin de poner en práctica los poderes anteriores, así como todas aquellas que en virtud de esta Constitución le puedan haber sido conferidas al Gobierno de los Estados Unidos o a cualquiera de los departamentos o los funcionarios del mismo").
  • Con arreglo al artículo 2, el poder ejecutivo recae en la figura del Presidente, que es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y Comandante en Jefe.  Sujeto a la aprobación del Senado, el Presidente designa a los miembros del gabinete y a otros funcionarios de alto rango que han de administrar y hacer valer las leyes y las políticas federales.  El director de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. (USPTO) necesita de confirmación, como también el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso.  El registrador de Derecho de Autor no la precisa.  El Presidente tiene autoridad para firmar tratados, pero los tratados también necesitan de la ratificación del Senado.  Además de la USPTO, la Comisión de Comercio Internacional (CCI)  también forma parte del poder ejecutivo.  Tanto la USPTO como la CCI pueden resolver determinados litigios de P.I. en el marco de sus competencias específicas, a pesar de que ambas instituciones son parte del poder ejecutivo, no del judicial.
  • El artículo III establece el poder judicial, representado por un Tribunal Supremo y otros tribunales federales inferiores creados por el Congreso.  Los tribunales federales son competentes para ocuparse de los litigios que surjan en el ámbito de la Constitución de los EE.UU., de las leyes y reglamentos federales, y de los tratados.  Otros litigios pueden ser competencia de los tribunales federales dependiendo de las partes en el litigio.  Hoy en día, hay 94 tribunales federales de distrito, y sus decisiones pueden ser apeladas ante uno de los 12 tribunales intermedios de apelación.  Además, el Tribunal de Reclamaciones Federales de EE.UU. y el Tribunal de Comercio Internacional son tribunales especializados.  El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal es un tribunal intermedio de apelaciones con competencia en todo el país, ante el cual se presentan las apelaciones relativas a la legislación sobre patentes y los litigios dirimidos por la CCI, el Tribunal de Comercio Internacional, y el Tribunal de Reclamaciones Federales.

Cada estado es independiente y soberano, con su propia constitución, legislación, poder ejecutivo y legislativo.  Los poderes, que la Constitución de los EE.UU. ni delega en el Gobierno federal ni niega a los estados, están reservados al pueblo y a los estados.  Los estados, a su vez, han delegado algunos poderes gubernamentales en organismos locales, municipios, condados, ciudades, y distritos especiales.  Así pues, en el ámbito del federalismo de los EE.UU., los ciudadanos están sujetos a múltiples niveles de gobierno:  federal, estatal y local.  Un ciudadano de los EE.UU. puede estar sujeto a múltiples gobiernos locales, como puede ser tanto a una ciudad como a un condado.


Estructura del sistema legal

En virtud de su herencia británica, el Gobierno federal y todos los estados, excepto Luisiana, usan la tradición jurídica del common law.  En el common law estadounidense, las decisiones judiciales tienen fuerza de ley dentro de la jurisdicción pertinente.  Por eso, hacer referencia a la jurisprudencia es una parte esencial del ejercicio judicial estadounidense.  La fuerza de ley viene dada por los conceptos de precedente y stare decisis.  Estos principios suponen 1) que los tribunales inferiores deben acatar las decisiones de tribunales superiores, y 2) que un tribunal debe acatar sus propias decisiones anteriores, a no ser que exista una razón convincente.  En los estados, la tradición del common law también otorga margen de libertad a los jueces para crear leyes en áreas importantes, tales como las cuestiones de las marcas y los contratos.  Como la Constitución federal limita a áreas determinadas la capacidad del Gobierno federal para legislar, y como delega la autoridad para legislar únicamente en el Congreso, no hay un "common law federal general" equivalente a lo establecido en los estados [4].  Sin embargo, en algunas áreas específicas, como el antimonopolio, el marco jurídico se ha desarrollado extensamente de forma independiente de sentencias legislativas [5].

Toda ley de los EE.UU. está subordinada a la Constitución federal.  En caso de conflicto, la ley federal aplicable invalida la ley del estado.  Sin embargo, solo las decisiones del Tribunal Supremo son vinculantes para los estados.  Las resoluciones de los tribunales federales intermedios de apelación son vinculantes solo para los tribunales federales de distrito dentro de su región, pero no son vinculantes para otros estados.  Aunque la capacidad legislativa está claramente separada entre el Gobierno federal y los estados, su adjudicación no lo está.  Los tribunales estatales son competentes para atender reclamaciones hechas en el ámbito de la ley federal, y los tribunales federales son competentes para atender reclamaciones de leyes federales bajo algunas condiciones comunes, como cuando los litigantes son de diferentes estados.

Así pues, la Constitución de los EE.UU. establece la jerarquía para la ley federal:

  • La Constitución de los EE.UU. es la ley fundacional de los EE.UU.  Las leyes que entren en conflicto con la Constitución pueden ser declaradas nulas por un tribunal.  Desde la ratificación de la Constitución, ha habido 27 enmiendas, de las cuales 10 se finalizaron simultáneamente poco después de la ratificación de la Constitución.
  • Las leyes constituyen el conjunto normativo general del Derecho federal.  La legislación propuesta debe ser ratificada por el Congreso y ser firmada por el Presidente.  De forma alternativa, si el Presidente veta una legislación aprobada por el Congreso, aún puede convertirse en ley si 2/3 de cada cámara del Congreso votan a favor de anular el veto.  Las leyes son publicadas en el compendio Statutes at Large (compilación de leyes del Congreso) y codificadas en el Código de los EE.UU. (U.S.C.).
  • Los tratados ratificados por el Senado son considerados jerárquicamente equivalentes a las leyes.  Los tribunales de los EE.UU., en consonancia con el papel otorgado a los jueces por el common law, se esforzarán al máximo para interpretar la legislación nacional y hacerla compatible con los compromisos internacionales [6]. Sin embargo, cuando un tratado entre en conflictos irreconciliables con una ley, aquello que haya sido aprobado con posterioridad será la ley aplicable en los tribunales de los EE.UU. [7]
  • Los reglamentos promulgados por organismos federales con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo tienen fuerza de ley, pero deben estar en consonancia tanto con la Constitución como con la ley estatal.  Sin embargo, conforme a la doctrina Chevron [8], se establece que se debe deferencia judicial a la interpretación razonable que un organismo gubernamental haga de una ley que aplique.  Los reglamentos son publicados en el Registro Federal y codificados en el Código de Regulaciones Federales (C.F.R.).
  • La fuerza de ley que tiene la jurisprudencia varía de acuerdo al tribunal que publica la sentencia.  La jurisprudencia es publicada en "repertorios" nacionales, regionales y estatales, que son volúmenes vinculantes de sentencias publicadas por un tribunal.  En los tribunales inferiores, no todas las sentencias son publicadas y solo aquellas que lo son tienen valor de precedente.

La evolución independiente de la ley en la mayoría de los estados ha dado lugar a grandes divergencias entre las leyes de los diferentes estados.  Organizaciones como el American Law Institute (ALI) y la Uniform Law Commision (ULC) han procurado dar mayor uniformidad a las leyes estatales mediante leyes tipo y sumarios bien contrastados.  El ALI publica los Restatements of Law, tratados de Derecho en los que se resume la situación actual de un asunto particular de la legislación estadounidense según el consenso de la comunidad jurídica de los EE.UU., y los Principles of the Law, que explican cómo deberían ser las leyes respecto de cuestiones que actualmente necesitan una orientación jurídica.

Es importante apuntar que los tribunales federales y estatales tienen competencias que se superponen.  Por eso, muchas demandas judiciales podrían ser entabladas ante un tribunal federal o ante un tribunal estatal, en virtud de la ley federal o estatal, o ambas.  El foro no quedará establecido hasta que un demandante presente una demanda, o tras la decisión de un juez sobre la ley que regule el foro competente.  También es posible que un litigio se dirima simultáneamente en un tribunal federal y en uno estatal, aunque los tribunales intentan evitar ese tipo de situaciones.

Debido al papel central que desempeñan las decisiones judiciales en el razonamiento jurídico americano, no está de más destacar que para entender a fondo el Derecho federal y estatal de los EE.UU. es necesario examinar la jurisprudencia con miras a determinar de qué forma los jueces han interpretado una disposición particular [9].

Las interpretaciones de la cláusula de comercio que el Tribunal Supremo ha venido haciendo desde los años 30 han dado lugar a la expansión del Derecho federal en esferas relevantes de la propiedad intelectual.  La Constitución explícitamente confiere al Gobierno federal la autoridad para legislar sobre patentes y derecho de autor, pero no hay mención a las marcas.  Existen leyes federales sobre marcas debido a que el Gobierno federal puede regular determinados tipos de comercio.  Debido a esto, para que la marca sea registrada, la Lanham Act, la ley federal que regula las marcas, requiere el uso de la marca en comercios que puedan ser regulados por el Gobierno federal.  Otras áreas relacionadas con la P.I. que están reguladas en virtud de la cláusula de comercio son los reglamentos en el ámbito de los productos farmacéuticos, y los de la defensa de la competencia.  El régimen jurídico federal puede desplazar las leyes estatales, como la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA), o hacer que la ley federal pueda coexistir con leyes estatales fuertes, como las leyes antimonopolio y las relativas a las marcas.


Sistema y Leyes de Propiedad Intelectual

En lo que respecta al derecho de autor y las patentes, la ley federal estadounidense de P.I. está directamente avalada por la Constitución.  En el caso de las marcas y otras formas de P.I., el Gobierno federal solo tiene autoridad para legislar mediante su capacidad para regular el comercio.  Por otro lado, cuando la Constitución otorga al Congreso la capacidad para legislar el derecho de autor y las patentes, lo hace con una finalidad clara, "promover el progreso" de los sectores relevantes.  Esta declaración se entiende como la base de la legislación estadounidense de P.I, con la idea de fomentar el beneficio económico y aumentar el número de obras innovadoras y creativas disponibles para el público.

Aunque el Gobierno federal se ha mantenido activo a la hora de legislar la P.I. hasta donde le permite la Constitución, las leyes estatales son aún más importantes para la regulación de la P.I.  Por eso es importante apuntar que los derechos y obligaciones de una persona solo pueden ser entendidos a fondo tomando como referencia tanto la ley federal como la estatal.


Organismos gubernamentales de reglamentación

El Congreso ha delegado la autoridad de reglamentación relativa a la P.I. en los siguientes órganos federales:

  • la Oficina de Derecho de Autor de los EE.UU., dependiente de la Biblioteca del Congreso, se encarga del registro de las demandas de derechos de autor e inscribe las cesiones de derechos de autor en virtud de la Ley de Derecho de Autor.  A diferencia de otros organismos, la Biblioteca del Congreso está al amparo del poder legislativo;
  • la USPTO, dependiente del Departamento de Comercio, concede patentes en virtud de la Ley de Patentes, registra las marcas en virtud de la Ley Lanham, y dirime determinadas disputas a través de la Junta de Juicios y Apelaciones sobre Patentes (PTAB) o de la Junta de Juicios y Apelaciones sobre Marcas (TTAB);
  • la Food and Drug Administration (Administración de Productos Alimentarios y Farmacéuticos de los EE.UU.) (FDA), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, administra la FDCA, y ello incluye el mantenimiento de la exclusividad de los datos, las prórrogas de los plazos de las patentes, y otras formas sui géneris de propiedad intelectual en el marco de esa Ley;
  • la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales, dependiente del Departamento de Agricultura, administra la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales mediante la emisión de certificados de protección para los obtentores;
  • la Junta de las Artes y Oficios Indígenas, dependiente del Departamento de Política Interior, administra la Ley de Artes y Oficios Indígenas;
  • la CCI, un organismo independiente perteneciente al poder ejecutivo, que resuelve litigios de P.I. asociados a la importación de productos potencialmente ilícitos.


Marco reglamentario y cuestiones de actualidad

Derecho de autor

La protección por derecho de autor en los EE.UU. está recogida en la cláusula de derecho de autor de la Constitución de los EE.UU.  Las leyes vigentes del derecho de autor están codificadas en el Título 17 del Código de los Estados Unidos.  En el plano federal, la reglamentación relacionada con el derecho de autor se encuentra en el Título 37 del Código de Reglamentos Federales.  La ley federal sobre derecho de autor ha prevalecido sobre la mayor parte de la legislación estatal de derecho de autor desde 1978.

El derecho de autor se relaciona automáticamente con la creación de una obra original;  sin embargo, conviene efectuar el registro en la Oficina de Derecho de Autor, pues ello servirá de prueba del derecho de autor en caso de litigio y será necesario para obtener la compensación por daños y perjuicios en caso de infracción.  En muchos casos, el registro es necesario para demandar a un infractor, aunque el registro no altera la existencia de la protección del derecho de autor.

Los medios de enmascaramiento o los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados están protegidos por la legislación estadounidense sobre derecho de autor, si bien gozan de protección más limitada que otras obras susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor.

La legislación estadounidense sobre el derecho de autor está basada en el concepto funcional de que el derecho de autor debe fomentar la creación de obras, más que proteger los derechos individuales del autor.  Esta finalidad del derecho de autor está establecida en la Constitución:  "promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles".  Así pues, los Estados Unidos solo reconocen un mínimo derecho moral de los autores como parte del derecho de autor.  Cuando se aplicó la Ley de Aplicación del Convenio de Berna, el Congreso de los EE.UU. declaró que los derechos morales recogidos en el artículo 6 bis estaban protegidos adecuadamente por leyes externas a la Ley de Derecho de Autor, como las que tratan la difamación, la competencia desleal y la publicidad [10]. La excepción está constituida por la Ley de Derechos de los Artistas Plásticos de 1990 (VARA), que forma parte de la Ley de Derecho de Autor, pero solo se aplica a las obras de las artes plásticas y solo tiene en cuenta los derechos de atribución e integridad.  La legislación estadounidense no distingue entre el derecho de autor y los derechos conexos.

Entre los principales acuerdos internacionales relacionados con la legislación estadounidense del derecho de autor cabe señalar los siguientes:


Patentes y modelos de utilidad

En los EE.UU., las patentes están autorizadas por la cláusula de patentes de la Constitución de los EE.UU.  Hasta hace poco, los EE.UU. usaron un sistema de patentes basado en el principio del primero en inventar, donde se determinaba la prioridad de las patentes o de las  solicitudes de patente que competían entre sí basándose en la fecha de invención.  La Ley de Invenciones de los EE.UU. llevó en 2013 a ese país al sistema más común basado en el principio del primero en presentar, donde la prioridad se basa en la fecha de solicitud.  El código de patentes forma parte del Título 35 del Código de los Estados Unidos.  En el plano federal, el sistema de patentes se regula en el Título 37 del Código de Reglamentos Federales.  Las patentes se rigen exclusivamente por el Derecho federal.

La USPTO publica periódicamente el Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) que utilizan los abogados de patentes, los agentes y los examinadores.  El MPEP describe todas las leyes y los reglamentos que han de seguirse en el examen de las solicitudes de patentes en los EE.UU, e incluye citas de la jurisprudencia relevante.  La USPTO también se encarga de las solicitudes de patentes, tal y como se describe en el MPEP.  Aunque puede recurrirse a los abogados de patentes para ayudar con los procedimientos de solicitud, la USPTO tiene un examen de abogacía propio para los abogados de patentes.  Por ello hay "agentes de patentes" que, aun no siendo abogados, tienen potestad para ejercer ante la USPTO.

Pueden concederse tres tipos de patentes:

  • patentes de utilidad (para todo procedimiento, máquina, artículo manufacturado o composición de materia que sea novedoso, útil y no evidente, o toda mejora de los mismos que sea novedosa, útil y no evidente);
  • patentes de diseño (para todo diseño novedoso, original y ornamental de un artículo manufacturado);  y
  • patentes de plantas (para toda obtención vegetal distinta y nueva, de reproducción asexuada, excluidas las plantas multiplicadas por tubérculo).

Actualmente, el plazo de vigencia de una patente de invención es de 20 años a partir de la primera fecha de presentación de la solicitud, pero ese plazo puede prorrogarse para compensar las demoras que se den en la Oficina de Patentes o en la obtención de la aprobación de la FDA, al amparo de la Ley de Competencia en el Precio de los Medicamentos y Restablecimiento de los Plazos de Protección por Patente (denominada también Ley Hatch-Waxman).  La FDCA también tiene derechos similares al que confieren las patentes, en forma de exclusividades en el mercado, y bajo determinadas circunstancias, para los fabricantes de medicamentos de marca o genéricos.  Por ejemplo, en el mercado se concede exclusividad a los medicamentos huérfanos creados específicamente para tratar enfermedades raras, en virtud de la Ley de Medicamentos Huérfanos.

Bajo determinadas circunstancias, la legislación estadounidense concede un periodo de gracia de un año para presentar la solicitud después de una divulgación.  Por regla general, la primera divulgación debe hacerla el solicitante, o alguien que haya obtenido del solicitante el permiso de divulgación.

Entre los principales acuerdos internacionales que afectan a la legislación estadounidense sobre patentes cabe señalar los siguientes:

En la legislación estadounidense no se contempla la protección de los modelos de utilidad.


Dibujos y modelos industriales

La legislación estadounidense no contempla expresamente la protección de los dibujos y modelos industriales.  Sin embargo, según sus características, los dibujos y modelos industriales pueden ser protegidos en los EE.UU. como patentes de diseño, derecho de autor, o apariencia distintiva.

Entre los principales acuerdos internacionales que afectan a la legislación estadounidense sobre dibujos y modelos industriales cabe señalar los siguientes:


Marcas

La protección de las marcas en los EE.UU. se logró en virtud de la cláusula de comercio de la Constitución de los EE.UU.  Hoy en día, las marcas están protegidas en el sistema federal de registro, codificado como Ley Lanham (Título 15, capítulo 22, del Código de los EE.UU.) y administrado por la USPTO, y en la legislación estatal.  Tanto las marcas registradas en el plano federal como las marcas registradas bajo el common law son susceptibles de protección en virtud de la Ley Lanham; sin embargo, el registro federal presenta algunas ventajas, pues por ejemplo en una demanda por infracción de marca considera como prueba la existencia de una marca protegible, lo que favorece a quien registró la marca.  La regulación federal sobre las marcas está recogida en el Título 37 del Código de Reglamentos Federales.  La legislación estatal de marcas, ya sea en forma de leyes adoptadas o de legislación del common law, variará según el estado y podrá clasificarse como ley de marcas o ley de competencia desleal.

La USPTO publica periódicamente el Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP), que utilizan los abogados y examinadores de marcas.  El TMEP describe todas las leyes y reglamentos federales que deben seguirse para solicitar y mantener el registro de una marca en los EE.UU.  La USPTO también se encarga de las solicitudes de registro de marcas, tal y como se describe en el TMEP.  En el ámbito de las marcas no existen los equivalentes a los "agentes de patentes", y por lo tanto deberá contratarse a un abogado para que preste asistencia con las solicitudes de registro de marca.

En la legislación federal de los EE.UU. se establece la diferencia entre las marcas de productos (utilizadas para distinguir un producto), las marcas de servicios (utilizadas para distinguir un servicio), las marcas colectivas (utilizadas para distinguir la pertenencia a un grupo, o a los productos o servicios producidos por un miembro del grupo), y las marcas de certificación (utilizadas para certificar que los productos o servicios cumplen las características definidas por el titular de la marca de certificación).  Las indicaciones geográficas pueden protegerse en el ámbito de las categorías anteriores, habitualmente como marcas de certificación.  La Ley Lanham protege todos los tipos de marca mencionados, al igual que los nombres de dominio, algunos nombres comerciales y algunas formas de apariencia distintiva.

A diferencia de otras formas de P.I., en lo referente a las marcas sí hay una coexistencia substancial entre las leyes federales y las estatales.  Además de lo estipulado en la Ley Lanham, cada estado tiene una legislación completa sobre las marcas, válida dentro de sus fronteras.  La mayoría de los estados tienen leyes estatales que se suman al common law de competencia desleal, y muchos estados cuentan con reglamentos sobre marcas.  A nivel estatal, el aspecto más significativo de la legislación de marcas es que basta utilizar la marca sin haberla registrado para crear derechos de marca.

Entre los principales acuerdos internacionales que afectan a la legislación estadounidense sobre marcas cabe señalar los siguientes:


Otras esferas de propiedad intelectual

Protección de las obtenciones vegetales

La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (PVPA, Título 7, capítulo 57, del Código de los Estados Unidos) da a los obtentores hasta 25 años de control exclusivo sobre las variedades vegetales novedosas, distintas, homogéneas y estables, de reproducción sexuada (mediante semillas) o multiplicadas mediante tubérculo.  La protección que concede la PVPA es distinta de la de las patentes de plantas, que se limita a las plantas de reproducción asexuada y no incluye las plantas multiplicadas por tubérculo.  Las plantas que pueden ser protegidas en virtud de la PVPA también pueden serlo por patentes de invención [11]. El Reglamento Federal de aplicación de la PVPA se encuentra en el Título 7, parte 97 del Código de Reglamentos Federales.

En virtud de la PVPA, la Oficina de Protección de las Obtenciones Vegetales, dependiente del Departamento de Agricultura, tramita las solicitudes.

Entre los principales acuerdos internacionales que afectan a la legislación estadounidense sobre protección de las obtenciones vegetales cabe señalar los siguientes:


Información no divulgada (secretos comerciales)

Tradicionalmente, la información no divulgada o los secretos comerciales han sido protegidos en virtud del common law estatal, concretamente mediante la figura de la competencia desleal.  La Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), publicada por la ULC, ha incrementado la uniformidad y ha codificado la mayor parte del common law referente a los secretos comerciales.  A fecha de abril de 2013, solo cuatro estados están pendientes de adoptar la UTSA:  Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte y Texas.  De ellos, Massachusetts, Carolina del Norte y Texas tienen leyes estatales que protegen los secretos comerciales.  Nueva York es el único estado que confía enteramente en el common law en lo relativo a los secretos comerciales.  El derecho contractual estatal también incide en la protección de los secretos comerciales:  a menudo, para evitar la divulgación, se utilizan acuerdos de no divulgación y cláusulas de no competencia.

La Ley de Espionaje Económico federal dispone que el hurto o la apropiación indebida de un secreto comercial constituye un delito federal cuando se beneficien potencias extranjeras, o cuando existan intereses comerciales o económicos.

La FDA mantiene una exclusividad limitada sobre los datos de los productos pendientes de la aprobación de la FDCA.  Con arreglo a la Ley de Competencia en el Precio de los Medicamentos y Restablecimiento de los Plazos de Protección por Patente (denominada también Ley Hatch-Waxman), que enmendaba la FDCA, los fabricantes de medicamentos genéricos están autorizados a confiar en los datos presentados por los innovadores después de un plazo determinado.

Entre los principales acuerdos internacionales que afectan a la legislación estadounidense sobre la información no divulgada cabe señalar los siguientes:


Esferas de propiedad intelectual en crecimiento

Recursos genéticos

La legislación estadounidense no hace referencia a la protección de los recursos genéticos en el marco de la propiedad intelectual.


Conocimientos tradicionales y expresiones culturales

Las Leyes de Artes y Oficios Indígenas de 1935 y 1990 se promulgaron para fomentar las artes y los oficios indígenas de los EE.UU., para proteger y preservar el patrimonio cultural y para impedir que se asocien, falsamente y con fines comerciales, determinados productos o servicios con los pueblos indígenas.  La Junta de Artes y Oficios Indígenas, creada por la Ley de 1935, tiene potestad para informar a la Oficina Federal de Investigación (FBI) acerca de las infracciones a la Ley, así como para recomendar al Fiscal General de los EE.UU. (Departamento de Justicia) que se interponga una demanda civil o se inicie un juicio penal.  Entre las sanciones penales y civiles figuran importantes multas y hasta pena de prisión.

La base de datos de insignias tribales de la USPTO permite el registro y facilita la protección de los emblemas y símbolos de toda tribu nativa estadounidense reconocida a escala federal o estatal – según lo notificado por la propia tribu a la USPTO – siempre que se aporten pruebas de la relación entre la tribu y su insignia.  Sin embargo, el registro no aporta beneficios adicionales a la insignia y no es considerada una marca.  Por ello, la función principal del registro es impedir que terceros registren una marca que incluya la insignia.


Observancia y administración de la ley

Observancia en el ámbito penal

Los titulares del derecho de autor deben velar activamente por el respeto de sus derechos.  La Oficina Federal de Investigación investiga algunos casos de infracción en el ámbito penal, normalmente tras haber recibido una denuncia del titular del derecho de autor.  La acusación penal puede tener lugar en caso de infracción dolosa, mención fraudulenta del derecho de autor, eliminación fraudulenta de la mención del derecho de autor, falsa representación en las solicitudes de registro del derecho de autor, y determinados actos de incumplimiento o injerencia en relación con la información sobre la gestión de los derechos.  Entre las sanciones penales correspondientes figuran las multas y la pena de prisión.

En caso de uso de una marca para productos falsificados y de difusión de secretos comerciales podrían aplicarse sanciones penales en virtud de las leyes estatales o federales.  El servicio estadounidense de aduanas y protección de fronteras, dependiente del Departamento de Seguridad Interior, desempeña un papel activo en la observancia de los derechos de propiedad intelectual, lo cual incluye la identificación y confiscación de los productos falsificados.  Por su parte, la Sección de Delincuencia Informática y Derechos de Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia de los EE.UU., supervisa las iniciativas emprendidas para luchar contra la delincuencia en el ámbito de la propiedad intelectual.


Observancia en el ámbito civil

Las acciones judiciales federales por demandas entre particulares se rigen por las normas federales de procedimiento civil.  El derecho procesal civil de muchos estados se basa en dichas normas;  sin embargo, hay excepciones importantes, como los estados de Nueva York y California.  El derecho procesal civil vigente a nivel estatal puede estar codificado, tratándose de normas promulgadas por la legislatura estatal, o estar constituido por resoluciones judiciales dictadas por el tribunal supremo del estado.

Entre las características destacadas del procedimiento civil en los EE.UU. cabe señalar lo siguiente:

  • una etapa exhaustiva, previa al juicio, de recopilación y análisis de las pruebas (el acto denominado proposición de prueba);
  • una gran dependencia de la declaración de testigos ante un jurado;
  • una importante fase de audiencias previas al juicio destinadas a que se dicte un fallo sumarial, a que se reduzca el número de asuntos destinados a juicio, o a que se logre un acuerdo de conciliación entre las partes;
  • demandas colectivas con posibilidad de exclusión voluntaria;  y
  • por defecto, las partes sufragan los honorarios de sus abogados, aunque en determinadas situaciones en muchos regímenes legislativos se contempla el pago de dichos honorarios y costos.

En las cuestiones de propiedad intelectual, la gran mayoría de las demandas relativas a la observancia se dirimen en litigios privados entre el titular de la P.I. y el infractor acusado.

En el caso de las causas civiles que surjan en el ámbito de la legislación sobre patentes, los tribunales federales estadounidenses tienen competencia exclusiva.  El titular de una patente puede iniciar un litigio ante la CCI en lugar de iniciarla en el sistema federal de tribunales civiles o además de ello.  Sin embargo, el único recurso que se puede obtener de la CCI será evitar que se sigan importando los productos infractores a los EE.UU.  También pueden plantearse cuestiones relativas a la validez de una patente ante la PTAB, en la USPTO.

Los tribunales federales de distrito también tienen competencia exclusiva en materia del derecho de autor.  El demandante podrá obtener una indemnización justa, una compensación pecuniaria por daños y perjuicios, y el pago de los honorarios de los abogados.  Las demandas por infracción del derecho de autor contra los EE.UU. que no sean consecuencia de actos realizados en otro país deben presentarse ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de los EE.UU., en el plazo de tres años contados a partir de la infracción.  En los litigios contra el Gobierno de los EE.UU., solo podrá obtenerse la reparación pecuniaria por daños y perjuicios.

La observancia del derecho de marcas es fruto, prácticamente en todos los casos, de demandas particulares y se corre el riesgo de perder la protección si no se procura por todos los medios poner fin a la infracción por el uso de una marca por parte de terceros.  En función del tipo de demanda y de la compensación que se solicite, la demanda podrá interponerse ante un tribunal ya sea estatal, ya sea federal.  Asimismo, las cuestiones relativas a la situación de una marca registrada o una solicitud de marca pueden plantearse ante la TTAB de la USPTO.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal tiene competencia exclusiva en las apelaciones que surjan al amparo de las leyes de patentes, así como en las apelaciones que proceden del Tribunal de Reclamaciones Federales, de la PTAB, de la TTAB, y de la CCI.  Las decisiones del Circuito Federal solo pueden ser dejadas sin efecto por la legislación federal o por decisiones del Tribunal Supremo de los EE.UU.


Sensibilización y educación

La USPTO organiza programas educativos sobre cuestiones de observancia, patentes, marcas y derecho de autor por conducto de la Global Intellectual Property Academy [12]. En la mayor parte de las facultades de derecho de los EE.UU., y en otros tipos de programas de postgrado, se ofrecen programas o cursos centrados en temas de propiedad intelectual.

Entre los grupos no gubernamentales que promueven activamente la sensibilización en materia de propiedad intelectual en los EE.UU. cabe señalar los siguientes:

  • La Sección de Derecho de Propiedad Intelectual de la American Bar Association [13]
  • La Asociación Norteamericana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) [14]


Participación en órganos multilaterales relacionados con la propiedad intelectual

Entre los principales órganos multilaterales relacionados con la propiedad intelectual de los que son miembro los EE.UU. cabe señalar los siguientes:


Notas a pie de página:

1. Atolón Palmyra, donde la Constitución de EE.UU. se aplica de la misma forma que a los gobiernos locales y a los residentes en los estados de EE.UU.

2. Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU., donde la Constitución de EE.UU. se aplica solo parcialmente.

3. Es interesante apuntar que, en tiempos de la Constitución, "ciencia" incluía las obras literarias y las artes, mientras que las "artes útiles" se referían a áreas técnicas y de invención.

4. Erie Railroad Co. c. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938).

5. Ver Leegin Creative Leather Prod., Inc., c. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 888 (2007).

6. Murray c. The Schooner Charming Betsy, 6 U.S. (2 Cranch) 64, 118 (1804).

7. Reid c. Covert, 354 U.S. 1, 17 (1957).

8. Chevron U.S.A, Inc. c. Natural Resources Defence Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).

9. En la actualidad se está trabajando en el servicio de búsqueda OMPI Lex.  Aunque el personal de la OMPI está esforzándose al máximo para ampliar el contenido de la base de datos de cara a incluir leyes estatales y decisiones judiciales, este material aún no se ha añadido. Se prevé añadir en los próximos años las principales decisiones judiciales y las leyes estatales.

10. Véase, por ejemplo, Gilliam c. American Broadcasting Companies, 538 F.2d 14 (1976).

11. J.E.M Ag Supply, Inc. c. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 534 U.S. 124 (2001).

12. http://www.uspto.gov/ip/training/index.jsp.

13. http://www.abanet.org/intelprop/.

14.  http://www.aipla.org/.

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