World Intellectual Property Organization

Marco legislativo en materia de propiedad intelectual de la República Democrática del Congo

Documento preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual © 2010[1]


I. Introducción

De 1885 a 1981, los derechos de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo los "DPI") se regían en la República Democrática del Congo por cinco instrumentos jurídicos, a saber: el decreto del Rey soberano de Bélgica de 29 de octubre de 1886 sobre patentes;  el decreto del Rey soberano de Bélgica de 26 de abril de 1888 sobre las marcas de fábrica o de comercio;  el Real decreto de 24 de abril de 1922 sobre los depósitos de dibujos y modelos industriales [2];  el decreto de 21 de junio de 1948 relativo a la protección del derecho de autor [3] y la ordenanza n°41/63 de 24 de febrero de 1950 en materia de competencia desleal [4].

Si bien consiguió su independencia el 30 de junio 1960, sólo en 1982 la República Democrática del Congo reconoció que era preciso adaptar su legislación interna a fin de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales [5], puesto que, a partir del 2 de octubre de 1963, es parte al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y, desde el 31 de enero de 1975, al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial [6].  Respecto de la propiedad intelectual, la reforma legislativa se tradujo en la ley nº 82-001 de 7 de enero de 1982  en materia de propiedad intelectual.  Cuatro años más tarde, la reforma de la ley en materia de propiedad literaria y artística, dio lugar a la Ordenanza-ley N º 86-033 de 5 de abril de 1986 relativa a la Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos.  Actualmente, ambos instrumentos jurídicos están en vigor [7].  Por otra parte, desde 1982 hasta el presente, (1982 en lo que respecta a la propiedad industrial, y 1986 en lo que atañe a la propiedad literaria y artística), no se ha registrado actividad legislativa alguna en lo atinente a esas esferas en la República Democrática del Congo. 

La República Democrática del Congo es tanto miembro de la OMPI desde el 28 de enero de 1975 [8] como de la OMC desde el 1 de enero de 1997 [9].  Además del Convenio de París y del Convenio de Berna citados supra, y entre los 22 tratados en materia de propiedad intelectual que administra la OMPI, la República Democrática del Congo ha adherido, desde el 29 de noviembre de 1977, al Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas  (Convenio de Ginebra de 1971).  Por otra parte, la República Democrática del Congo es signataria del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006) [10].

Como miembro de la OMC, en su carácter de país menos adelantado (PMA), la República Democrática del Congo, en un principio, se ha visto beneficiada con el período de transición que duró hasta el 1 de enero de 2006, a fin de armonizar su legislación con el Acuerdo sobre los ADPIC [11].  Así, poco antes de esa fecha límite, exactamente en 2002, el Ministerio de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la República Democrática del Gongo había solicitado la asistencia técnica del PNUD para evaluar, entre otras cosas, si la ley N º 82-001 de 7 de enero 1982 en materia de propiedad industrial se conformaba a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC [12].  Un equipo de ocho expertos (conformado por 6 extranjeros y 2 nacionales) había realizado examen relativo a la conformidad de la ley congoleña respecto del Acuerdo citado supra.  Tras haber tropezado con varias dificultades, dicho equipo pudo, sin embargo, presentar un informe en el que se formularon varias recomendaciones.  Si bien el informe se publicó el 12 de enero de 2004 [13], la ley congoleña en cuestión aún no ha sido reformada.

Cabe destacar que actualmente existe un proyecto de ley que ha sido presentado en el ámbito de un curso práctico que se celebró en Kinshasa del 24 al 26 de abril de 2008, organizado por el Ministerio de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa [14].  El proyecto de ley, preparado por el Gobierno, tiene como finalidad actualizar la legislación congoleña en materia de propiedad intelectual [15].  Si evidentemente existe un proyecto de ley, como se ha señalado más arriba,  no obstante ello, la legislación congoleña actual no se ajusta a los compromisos internacionales asumidos por el país.  Por ello, es preciso que la legislación relativa a la propiedad intelectual se adapte rápidamente a dichos compromisos, incluso aunque a Ia República Democrática del Congo se le haya concedido un nuevo período de transición, hasta el 1 de julio  2013, a fin de armonizar su legislación con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC [16].

Más adelante en este documento se presentará un análisis sobre las lagunas de las que adolecen las dos leyes congoleñas citadas más arriba en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC (este Acuerdo forma parte integrante del Convenio de París de 1883 y del Convenio de Berna de 1886).


II. Lagunas de las que adolece la ley n° 82-001 de 7 de enero de 1982 en materia de propiedad industrial

Cabe señalar que los modelos de utilidad no se encuentran amparados por la ley n° 82-001 de 7 de enero de 1982 en materia de propiedad industrial, mientras que Ia República Democrática del Congo forma parte de los PMA o en los que deberían fomentarse y protegerse los pequeños inventos.  Así, las autoridades congoleñas deberían tener en cuenta esa circunstancia en Ia nueva ley (actualmente en proceso de elaboración).  Por otra parte, en la ley actual se establecen Ios mismos criterios (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) tanto para los dibujos y modelos industriales como para las patentes de invención, si bien ello no debe ser así según la ley en materia de propiedad industrial.  Esta confusión también explica los motivos por los cuales en el marco de la ley congoleña se han colocado los dos tipos de derechos citados supra en la sección de las actividades inventivas, mientras que los dibujos o modelos industriales deberían más bien incluirse en la sección de creaciones ornamentales.  En la ley congoleña sigue exigiéndose la reciprocidad de la aplicación del Convenio de París mientras que en éste último se establece el principio de trato nacional.  La reciprocidad es incompatible con el trato nacional.  Las autoridades también deberían tomar esta circunstancia en consideración al elaborar la nueva ley.  Además, en la ley congoleña tampoco se aborda la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad industrial.  Por otra parte, esta cuestión crucial debería contemplarse claramente en la ley, como sucede en la legislación de varios países en desarrollo (como es el caso, especialmente, de la Comunidad Andina, en cuyo ámbito se optó por la consagración del principio del agotamiento internacional de los derechos;  en el ámbito de la OAPI, se decidió consagrar el régimen restrictivo del agotamiento regional de derechos).

Por otra parte, la ley congoleña contiene todavía muchas lagunas, especialmente en relación con los principios del comercio internacional contemplados en el Acuerdo sobre los ADPIC, sobretodo en lo que se refiere al principio del trato nacional y de la nación más favorecida.  Además, en la legislación congoleña no se protegen los procedimientos, sino sólo los productos farmacéuticos en contraposición a lo dispuesto en los Artículos 27 y  34 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Asimismo, cabe  señalar que en la ley congoleña se exige a los titulares de patentes (extranjeros) que exploten comercialmente o a través de terceros la invención en el territorio de la República Democrática del Congo contrariamente a lo dispuesto el párrafo 1 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Además, las excepciones limitadas que se prevén respecto de las patentes, son ilimitadas en la ley congoleña en violación de lo dispuesto en el Artículo 30 de dicho Acuerdo.  Respecto de las licencias obligatorias, en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece una serie de condiciones como, por ejemplo, la limitación al abastecimiento del mercado interno o la búsqueda del consentimiento del titular de la patente cuando se concedan licencias obligatorias, que en la ley congoleña vigente no se contemplan.  Además, en la ley congoleña se prevé la concesión de licencias exclusivas en contraposición a lo establecido en el apartado d) del Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En Ia misma ley congoleña, la duración de las patentes farmacéuticas es de sólo 15 años contrariamente a lo dispuesto en el Artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC (en el que se establece un plazo de 20 años) y de 5 años para los dibujos y modelos industriales en contraposición a lo establecido en el apartado 3) del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC (en donde se establece una duración de 10 años).  Respecto de las medidas mencionadas en la ley congoleña para velar por la observancia de los DPI, no se incluyen todas las medidas que se prevén en el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículos 41 a 61), en particular, las medidas en frontera, las medidas administrativas y la actuación de oficio por parte de las autoridades aduaneras.  En la ley congoleña sólo se prevén medidas civiles (acción por infracción, daños y perjuicios, embargo preventivo, mandamiento judicial) (artículos  88 a 92 y 95) y sanciones penales (artículos 93 a 95).  La ley en sí misma también plantea un problema en lo referido a su estructuración, dado que varias disposiciones que podrían haberse agrupado en una sección se encuentran diseminadas en todo el texto de la ley.


III. Lagunas de las que adolece la Ordenanza-ley N º 86-033 de 5 de abril de 1986 relativa a la Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos

Antes de abordar dichas lagunas, podrá tomarse nota con satisfacción de que la noción de derechos conexos prevista en la ley congoleña no sólo comprende las tres categorías de beneficiarios, de conformidad con la Convención de Roma de 1961 (artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión), sino también los productores de videogramas.  Por otra parte, debe acogerse con beneplácito el hecho de que en la ley congoleña se proteja también al folklore y las obras inspiradas en él.

Respecto de las lagunas que presenta la ley se puede señalar lo siguiente: si bien en la Ordenanza-ley N º 86-033 se abordan, en un único instrumento, los derechos de autor y los derechos conexos [17], la sanción que en ella se prevé se refiere exclusivamente a los casos de infracción de los derechos de autor [18].  En la medida en que la República Democrática del Congo no adhirió a Ia Convención de Roma de 1961 y que no estará obligada a observar el Acuerdo sobre los ADPIC sino hasta el 1 de julio de 2013, se plantea un grave рrоblema en cuanto a la protección eficaz de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en el territorio nacional.  Por tanto, los jueces congoleños deberían actuar como "legisladores" en cada caso concreto de infracción de los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.  Sin embargo, habida cuenta de que la jurisprudencia no puede reemplazar a la ley, sólo en el marco de la nueva ley se deberá abordar la deficiencia que trae aparejada esta laguna para así subsanarla en su marco normativo pertinente.  También debe señalar que la SONECA (organismo de gestión colectiva desde hace más de treinta años) ha sido disuelto y reemplazado, en septiembre de 2010, por Ia SOCODA (Sociedad congoleña de derechos de autor y derechos conexos), pero ésta última aún no se encuentra en funcionamiento.

Respecto de los derechos de autor, en la ley congoleña no se consagran los principios del comercio internacional, a saber, el principio del trato nacional y el de la nación más favorecida, o ni disposiciones relativas a la protección de programas informáticos y de bases de datos.  Por otra parte, en lo que se refiere a esta cuestión, una ley congoleña moderna, y adaptada a las nuevas tecnologías en la esfera de Ia información y de la comunicación, resulta esencial para abordar las nuevas necesidades de protección.

Asimismo, la duración de la protección de los fonogramas y videogramas es de 20 años en contraposición a lo dispuesto en el apartado 5) del Artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC (50 años).  Por otra parte, en la ley congoleña no se han recogido en su totalidad las medidas mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC para fortalecer la protección de los DPI (Artículos 41 a 61)  ni aquellas mencionadas en relación con la publicación de las decisiones judiciales.  En dicha ley, las medidas que se establecen para proteger a los autores son solamente de dos clases: las sanciones penales (Artículos 96 a 103) y las medidas de carácter civil (Artículos 104 a 110).  Sin embargo, en dicha ley no se prevén ninguna acción administrativa ni medidas especiales en frontera.  La ley congoleña aún permite la remisión de los objetos falsificados al autor de la obra original  (Artículo 110), mientras que en el Acuerdo sobre los ADPIC se prevé la destrucción de tales objetos.  Por otra parte, también cabe señalar que en la ley congoleña no se prevé la publicación automática de las resoluciones judiciales, puesto que esta publicación sólo se realiza a petición de la parte que haya sufrido el perjuicio (el autor).  Sin embargo, el apartado 1) del Artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC se obliga a los Estados a publicar ese tipo de decisiones, en un idioma del país (y no sólo en un idioma oficial).

También cabe destacar que en la ley congoleña existe un problema de terminología.  En efecto, en dicha ley se emplea el término "contrefaçon" (falsificación en francés) para referirse a las infracciones de los derechos de autor, mientras que el término apropiado que debería utilizarse es piratería  (la falsificación se utiliza más bien para las infracciones a los derechos de propiedad industrial ,como las patentes de invención).  Más allá de estas precisiones, la ley congoleña en materia de derechos de autor es mucho más estructurada que la ley sobre propiedad industrial.


IV. Conclusión

La actividad legislativa en el ámbito de la República Democrática del Congo en materia de propiedad intelectual se detuvo en 1982 (en lo que se refiere a la propiedad intelectual) y en 1986 (en lo que atañe a la propiedad de las obras literarias y artísticas).  En la actualidad, a finales del año 2010, resulta esencial que las autoridades nacionales competentes adopten medidas para compensar el retraso, puesto que una legislación no debe ser de carácter estático, sino dinámico.  Al estar dotada de un enorme potencial en materia musical, artística y literaria, la República Democrática del Congo puede contribuir por sí misma, mediante la adopción de una legislación moderna y apropiada, a mejorar de manera sustancial las condiciones socio-económicas de su población (de los artistas y músicos, etc.) [19].  Lo mismo ocurre con la modernización de la ley en materia de propiedad industrial, incluso si la República Democrática del Congo aún no cuenta con una capacidad tecnológica adecuada.  Si, en la esfera de la propiedad literaria y artística, la República Democrática del Congo ha producido miles de obras desde 1960 (e incluso con anterioridad a esa fecha) hasta la actualidad, su reducida producción en la esfera de la propiedad industrial durante el mismo período, muestra que este país, que forma parte de los países menos adelantados, posee, dentro de sus posibilidades, un enorme potencial para  lograr su desarrollo socio-económico y tecnológico [20].  Por ello es necesario, por una parte, que la legislación congoleña en materia de la propiedad intelectual se ajuste a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC así como a los nuevos tratados de la OMPI y, por otra parte, que la República Democrática del Congo adhiera a todos los tratados de esta Organización, como por ejemplo, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el Protocolo de Madrid, y el PCT.


[1] Los autores del presente documento son los Sres. Leonard MULLER NKUMUSELE (Asistente Examinador) e Ituku ELANGI BOTOY (Coordinador de Proyecto), ambos funcionarios de la OMPI.

[2] Véase el Título 3 – Disposiciones finales – de la Ley congoleña n° 82–001 de 7 de enero de 1982 en materia de propiedad intelectual, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:  "www.Droit–Afrique.com" o en "http://www.leganet.cd/Legislation/Droit economique/loi.82001.7.01.1982.P1.htm".

[3] Véase el Título 4 – Disposiciones finales y derogatorias – de la Ordenanza–ley n° 86–033 de 5 de abril de 1986 relativa a la protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, disponible en la siguiente dirección electrónica:  "www.Droit–Afrique.com".

[4] La ordenanza puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:  "congolegal.cd".

[5] Journal officiel du Zaire, n° 2, 15 de enero de 1982, pág. 9.  En su exposición de motivos relativos a la reforma legislativa, el Gobierno había expresado que la legislación anterior era "muy lacónica y sucinta en su totalidad, anticuada e inadaptada a la evolución tecnológica contemporánea". Así pues, era preciso que el Estado se dotase de una nueva legislación en la medida en que consideraba a la propiedad intelectual como "un factor importante para el desarrollo tecnológico, único garante de un verdadero progreso económico y social de una nación".  Si se desean conocer mayores detalles sobre los antecedentes del cambio legislativo en la República Democrática del Congo, véase AIex Kabinda Ngoy, Brevets pharmaceutiques et accès aux médicaments dans les pays francophones dAfrique subsaharienne, Thèse, Université Catholique de Louvain, Faculté de droit, 2008, pág. 50.

[6] Véase OMPI, Partes contratantes o signatarias de los tratados administrados por la OMPI, Miembros de las asambleas, de los demás órganos y de los comités de la OMPI, así como los Miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), documento n° 423 (inglés–francés), 15 de abril de 2008.

[7] Respecto de la propiedad industrial, véase la solución de la controversia que, en 2008, enfrentó a dos grandes cervecerías congoleñas, a saber, Brahma y Brassimba, respecto de la propiedad de un logotipo.  En su decisión de 2 de junio de 2008, el Ministro de industria y de las pequeñas y medianas empresas se basó en la ley n° 82–001 de 7 de enero de 1982 que rige las cuestiones relativas a la propiedad intelectual así como en la ordenanza n° 41/63 de 24 de febrero de 1950 sobre la competencia desleal.  En la siguiente dirección electrónica figura una reseña de dicho caso http://www.digitalcongo.net/article/51731 titulada "Bataille des brasseurs autour d'un logo avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat:  le ministre de l'lndustrie déboute la requёte de Bralima" ("Batalla judicial hasta llegar a la cima del Estado: el Ministro de Industria rechaza la demanda de Bralima").  Respecto del derecho de autor, en un pasaje del diario congoleño Le Potentiel, edición 3407, del sábado 23 de abril de 2005, titulado "Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, Quid de la situation du journaliste ?" se ha citado, a fin de defender el derecho de autor de los periodistas, el artículo 1 de la Ordenanza–ley Nº 86–033 de 5 de abril de 1986 relativa a la Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos.  El artículo de los autores, Jeannot Ne Nzau Diop y Martin Enyimo, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:  "http://www.lepotentiel.com/afficher/article.php?id_edition=&id_article=5043"

[8] Véase OMPI, Partes contratantes o signatarias de los tratados administrados por la OMPI, Miembros de las asambleas de los demás órganos y de los comités de la OMPI, así como los Miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), documento n° 423 (inglés–francés), de 15 de abril de 2008.

[9] Véase la lista de los Miembros y Observadores de la OMC, que constaba de152 miembros al 16 de mayo de 2008 (en donde figuran las fechas de adhesión), disponible en el sitio de la Organización http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm (el sitio ha sido consultado por última vez el 2 de julio de 2008).

[10] Véase la OMPI, documento citado en la nota 11.

[11] Párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En esta disposición se establece que :  "Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65.  El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período."

[12] Véanse la propuestas relativas a la reforma de Ia legislación sobre el comercio y las inversiones en la República Democrática del Congo, enero de 2004, disponible en la siguiente dirección electrónica:  www.unctad.org/templates/download.asp?docid=4670&tang=1&intltem1D=2068.

[13] Ibid.

[14] Véase allAfrica.com:  Congo–Kinshasa: "Projet de loi révisée sur la propriété industrielle – Simon Mboso satisfait du travail des experts," La Prospérité, ("Proyecto de ley revisado en materia de propiedad intelectual – Simon Mboso expresa su satisfacción por la labor desarrollada por los expertos"), disponible en la siguiente dirección electrónica:  http://fr.allafrica.com/stories/printable/200804281366.html (publicación del 28 de abril de 2008).

[15] Ibid.  No contamos con el texto de ese nuevo proyecto de ley.

[16] Por decisión del 29 de noviembre de 2005, Ia OMC ha prolongado el período de transición de los PMA a fin de que puedan adaptar su legislación a los Acuerdos sobre los ADPIC hasta el 1 de julio de 2013.  Si se desean obtener más detalles, véase la Decisión del Consejo de los ADPIC del 29 de noviembre de 2005 titulada:  Prórroga del período de transición previsto en el párrafo 1 del Artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC para los Países menos adelantados, Press/424.  Sin embargo en el párrafo 2 de dicha Decisión se establece que todos los países menos adelantados Miembros suministrarán al Consejo de los ADPIC, preferentemente no más tarde del 1º de enero de 2008, la mayor información posible sobre sus respectivas necesidades prioritarias en materia de cooperación técnica y financiera, a fin de poder ayudarlos a adoptar las medidas necesarias para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC.  Respecto de esta cuestión, la División de la Propiedad Intelectual de la OMC nos ha informado de que la República Democrática del Congo aún no ha facilitado dicha información al Consejo de los ADPIC.  Así pues, dicha División de la OMC precisa contar con información  técnica detallada para poder realizar una evaluación a fondo, sobretodo, de la legislación congoleña en materia de propiedad intelectual.  Por último, de conformidad con la Declaración de Doha, adoptada el 14 de noviembre 2001, los PMA  todavía tienen hasta el 1 de enero de 2016 para armonizar sus respectivas legislaciones con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con los productos farmacéuticos.  Si se desea obtener información más detallada, véase el apartado 7 de la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública, Conferencia Ministerial, 4 ª reunión, Doha, del 9 al 14 de noviembre de 2001, WT/МIN(01)/DEC/W/2, del 14 de noviembre de 2001.

[17] Los Títulos 1 y 2 de la Ordenanza-ley.

[18] Véase el Título 3 de la Ordenanza-ley.

[19] En la esfera de las artes, la música y la literatura, la República Democrática del Congo es un reservorio de recursos, de los más fértiles que existen en el mundo.  La inmensidad de su riqueza artística y musical, por ende, intelectual, contrasta con la inmensidad de la riqueza de su suelo y subsuelo, es decir, de sus riquezas materiales.  Empero, curiosamente, como ocurre en los países africanos, la República Democrática del Congo aún no tiene pleno dominio de sus riquezas intelectuales ni de sus riquezas materiales.  Ello puede explicarse por el hecho de que ningún país del mundo nunca ha llegado a dominar sus recursos materiales sin primero haber dominado sus recursos intelectuales!  Así pues, en todo Estado, el dominio de un tipo de riqueza (ya sea de índole intelectual o material) viene acompañada obligatoriamente de la elaboración de una legislación adecuada (la ley, en primera instancia), que a su vez se explicará o se enseñará a la población (la doctrina, en segunda instancia) y, por último, su aplicación concreta  (por los jueces y la administración, en tercera instancia).  Es por ello que el conocimiento y la difusión de la propiedad intelectual revisten una importancia fundamental en todo el mundo, y especialmente en África!  Una legislación adecuada en materia de derechos de autor, constituirá, por ende, un instrumento indispensable para la ilustración de la población congoleña así como para el control, la valorización y la protección de sus obras musicales, artísticas y literarias.  De lo contrario, los congoleños verán como sus grandes "riquezas" en esa esfera son pirateadas en su propio país y en todo el mundo.  Una legislación moderna y coherente en la materia redundará en beneficio, especialmente, de los mismos congoleños, cuyo nivel socio–económico se incrementará progresivamente, como consecuencia de su productividad musical, artística y literaria.  La legislación en materia de propiedad Industrial tendrá también por objeto mejorar el talento inventivo congoleño.

[20] Así pues, en materia de propiedad industrial, de las 141 solicitudes de patentes presentadas por nacionales congoleños entre 1961 y 1996 en la República Democrática del Congo, se concedieron 136 patentes.  Si se desean obtener mayores detalles al respecto, véase OMPI, Estadísticas de propiedad industrial de la OMPI, "solicitudes de patentes por oficina (1985 a 2004)" y "Patentes concedidas por oficina (1985 a 2004)", disponible en la siguiente dirección electrónica:  http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/.

La OMPI en Internet