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Peru

Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Decreto Legislativo Nº 613 de 1990)

 

 


Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

DECRETO LEGISLATIVO Nº 613

(Publicado: 08-09-1990)

CONCORDANCIAS: Ley N° 28271

INDICE

TITULO PRELIMINAR : Artículos I a XII. CAPITULO I Política Ambiental, Art. 1 y 2 CAPITULO II De la Planificación Ambiental, Art. 3 a 5 CAPITULO III De la Protección del Ambiente, Art. 8 a 13 CAPITULO IV De las Medidas de Seguridad, Art. 14 a 19 CAPITULO V De la Evaluación, Vigilancia y Control, Art. 20 a 24 CAPITULO VI De la Ciencia y Tecnología, Art. 25 a 29 CAPITULO VII De la Acción Educativa, Los Medios de Comunicación y la Participación Ciudadana, Art. 30 a 35 CAPITULO VIII Del Patrimonio Natural, Art. 36 y 37 CAPITULO IX De la Diversidad Genética y los Ecosistemas. Art. 38 a 49 CAPITULO X De las Areas Naturales Protegidas, Art. 50 a 58 CAPITULO XI Del Patrimonio Natural Cultural, Art. 59 a 61 CAPITULO XII De los Recursos Mineros, Art 62 a 70 CAPITULO XIII De los Recursos Energéticos, Art. 71 a 77 CAPITULO XIV De la Población y el Ambiente, Art. 78 a 90 CAPITULO XV De la Prevención de los Desastres Naturales, Art. 91 a 95 CAPITULO XVI De la Infraestructura Económica y de Servicios, Art. 96 a 99 CAPITULO XVII De la Salubridad Pública, Art. 100 CAPITULO XVIII De la Limpieza Pública, Art. 101 a 106 CAPITULO XIX Del Agua y Alcantarillado, Art. 107 a 112 CAPITULO XX De las Sanciones Administrativas, Art. 113 a 118 CAPITULO XXI De los Delitos y las Penas, Art. 119 a 127 CAPITULO XXII Del Sistema Nacional del Ambiente, Art. 128 a 131 DISPOSICIONES ESPECIALES : Art. 132 a 136 DISPOSICIONES FINALES : Art. 137 a 145 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

POR CUANTO:

Que, la Ley Nº 25238 creó la Comisión Revisora del Proyecto de Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y facultó al Poder Ejecutivo para que, mediante Decreto Legislativo, promulgue dicho Código;

Que, la mencionada Comisión Revisora ha presentado para su promulgación, el Proyecto de Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales;

De conformidad con los artículos 188 y 211 inc.10, de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y, Con cargo de dar cuenta al Congreso,

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Artículo 1.- Promúlgase el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley N° 25238, según el texto adjunto, que constan de 145 artículos y 3 disposiciones transitorias.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla y se dé cuenta al Congreso.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de setiembre de 1990.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República.

JUAN CARLOS HURTADO MILLER Presidente del Consejo de Ministros.

CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

TITULO PRELIMINAR

DERECHO A GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y EQUILIBRADO.

I. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.

Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y colaborar inexcusablemente con estos propósitos.

CONCORDANCIAS: D.S. N° 085-2003-PCM

MEDIO AMBIENTE COMO PATRIMONIO COMUN DE LA NACION.

II. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio común de la Nación. Su protección y conservación son de interés social y pueden ser invocados como causa de necesidad y utilidad públicas.

LEGITIMACION PARA ACTUAR EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.

III: Toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales.

Se puede interponer acciones, aún en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante. El interés moral autoriza la acción aún cuando no se refiera directamente al agente o a su familia.

CONCORDANCIA: D.LEG. Nº 757, 11 D.C.

TERRITORIO Y PATRIMONIO AMBIENTAL.

IV. El territorio de la República comprende a su patrimonio ambiental.

ILEGALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS.

V. Son actividades ilegales, violatorias de los derechos a la salud y a un medio ambiente saludable, los movimientos transfronterizos de residuos o desechos. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

PARTICIPACION CIUDADANA.

VI. Toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales. De igual modo, a ser informada de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente la salud de las personas o de la integridad del ambiente y los recursos naturales.

Todos están obligados a proporcionar a las autoridades las informaciones que éstas requieran en el ejercicio de sus atribuciones para el control y vigilancia del medio ambiente.

CONCORDANCIAS: R.M. N° 535-2004-MEM-DM

DERECHO DE PROPIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

VII. El ejercicio del derecho de propiedad, conforme al interés social, comprende el deber del titular de actuar en armonía con el medio ambiente.

PROMOCION DE LA EDUCACION AMBIENTAL

VIII. Es deber del Estado formar conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, promoviendo la transmisión de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y destrezas y la formación de valores, en torno de los procesos ecológicos esenciales, los sistemas vitales de la diversidad biológica y del uso sostenido de los recursos.

La educación ambiental es parte integrante de los programas educativos en todos los niveles.

PROHIBICION DE LEGITIMAR ACCIONES QUE IMPLIQUEN EXTERMINIO DE ESPECIES.

IX. Ninguna consideración o circunstancia pueden legitimar o excusar acciones que pudieran implicar el exterminio de especies o sub especies vegetales o animales.

NORMAS AMBIENTALES SON DE ORDEN PUBLICO.

X. Las normas relativas a la protección y conservación del medio ambiente y sus recursos son de orden público.

CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO RECURSOS NATURALES.

XI. El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y la utilización sostenida de las especies, de los ecosistemas y de los recursos naturales renovables en general, es de carácter obligatorio.

La utilización de los recursos naturales no renovables debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de depuración o recuperación del ambiente y de regeneración de dichos recursos.

PREVALENCIA DEL CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE.

XII. Este Código prevalece sobre cualquier otra norma legal contraria a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

CAPITULO I DE LA POLITICA AMBIENTAL

Artículo 1.- LINEAMIENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL.

La política ambiental tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida. Su diseño, formulación y aplicación están sujetos a los siguientes lineamientos:

  1. La conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. El Estado promueve el equilibrio dinámico entre el desarrollo socio-económico, la conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales.
  2. La orientación de la educación ambiental, a fin de alcanzar el desarrollo sostenido del país, entendido como el uso de la biósfera por el ser humano, de tal manera que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
  3. El aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales de modo compatible con el equilibrio ecológico y el desarrollo en armonía con el interés social y de acuerdo con los principios establecidos en este Código.
  4. El control y la prevención de la contaminación ambiental, la conservación de los ecosistemas, el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sostenido de las especies, como elementos fundamentales para garantizar y elevar la calidad de vida de la población.
  5. Observar fundamentalmente el principio de la prevención, entendiéndose que la protección ambiental no se limita a la restauración de daños existentes ni a la defensa contra peligros inminentes, sino a la eliminación de posibles daños ambientales.
    1. Efectuar las acciones de control de la contaminación ambiental, debiendo ser realizadas, principalmente, en las fuentes emisoras.
    2. Los costos de la prevención, vigilancia recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio.
  6. La rehabilitación de las zonas que resulten perjudicadas como consecuencia de actividades humanas para ser destinadas al bienestar de las poblaciones afectadas.
  7. Tomar en cuenta que el ambiente no sólo constituye un sector de la realidad nacional, sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. En tal sentido, las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos globalmente y al más alto nivel como cuestiones y problemas de política general, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
  8. Velar porque las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce soberanía y jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional. Asimismo, la actividad del Estado debe estar dirigida a velar para que las actividades que se lleven a cabo en zonas donde no ejerce soberanía ni jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico del país.

Artículo 2.- REGIMEN TRIBUTARIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

El régimen tributario garantizará una efectiva conservación de los recursos naturales, su recuperación y la promoción del desarrollo sustentable.

CAPITULO II DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL

Artículo 3.- LA POLITICA AMBIENTAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO.

Los preceptos de carácter general y los principios de política ambiental contenidos en este Código y en las normas que se dicten con posterioridad a su promulgación, serán obligatoriamente tomadas en cuenta en los planes de desarrollo que los gobiernos nacional, regionales y locales formulen, de acuerdo con la Constitución.

Artículo 4.- OBJETO.

La planificación ambiental tiene por objeto crear las condiciones para el restablecimiento y mantenimiento del equilibrio entre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para el desarrollo nacional con el fin de alcanzar una calidad de vida compatible con la dignidad humana.

Artículo 5.- ELEMENTOS.

La planificación ambiental comprende el ordenamiento del territorio, de los asentamientos humanos y de los recursos para permitir una utilización adecuada del medio ambiente a fin de promover el desarrollo económico sostenido.

Artículo 6.- PARTICIPACION EN MECANISMOS DE PLANIFICACION.

En los mecanismos de planificación participan la sociedad, los gobiernos nacional, regionales y locales.

Artículo 7.- CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL.

Para el ordenamiento ambiental, la autoridad competente considerará fundamentalmente los siguientes criterios:

  1. La naturaleza y características de cada ecosistema.
  2. La aptitud de cada zona en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes.
  3. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.
  4. El equilibrio indispensable de los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales.
  5. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades.
  6. La capacidad asimilativa del área.
  7. Los hábitos y costumbres de cada región.

CAPITULO III DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE

Artículo 8.- ESTABLECE LA OBLIGACION DE ELABORAR EIA. Todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sujeto a la aprobación de la autoridad competente.

En particular, deberá elaborarse un EIA con respecto a las siguientes actividades:

a) Irrigaciones, represamientos, hidroeléctricas y otras obras hidráulicas.

b) Obras de infraestructura vial y de transporte.

c) Urbanizaciones.

d) Instalación de oleoductos, gaseoductos y similares.

e) Proyectos de desarrollo energético.

f) Actividades mineras, pesqueras y forestales.

g) Obras y actividades permitidas en áreas protegidas.

h) Industrias químicas, petroquímicas, metalúrgicas, siderúrgicas o cualquier actividad

que pueda generar emanaciones, ruidos o algún tipo de daño intolerable.

i) Construcciones y ampliaciones de zonas urbanas.

j) Empresas agrarias.

La autoridad competente queda facultada a exigir este requisito en proyectos que puedan generar daños no tolerables distintos a los señalados anteriormente.

El reglamento determinará las pautas de detalle de estos estudios según la obra o actividad a efectuarse. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

CONCORDANCIA: D.Leg. Nº 757, Art. 51

Artículo 9.- CONTENIDO DE LOS EIA

Los estudios de impacto ambiental contendrán una descripción de la actividad propuesta, y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deberán indicar igualmente, las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad.

La autoridad competente señalará los demás requisitos que deban contener los EIA.

Artículo 10.- INSTITUCIONES QUE ELABORAN LOS EIA.

Los estudios de impacto ambiental sólo podrán ser elaborados por las instituciones públicas o privadas debidamente calificadas y registradas ante la autoridad competente. El costo de su elaboración es de cargo del titular del proyecto o actividad.

Artículo 11.- CARACTER PUBLICO DE LOS EIA. EXCEPCIONES.

Los estudios de impacto ambiental se encuentran a disposición del público en general. Los interesados podrán solicitar se mantenga en reserva determinada información cuya publicidad pueda afectar sus derechos de propiedad industrial o comerciales de carácter reservado o seguridad personal.

Artículo 12.- AUTORIZACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD.

La autorización de la obra o actividad indicará las condiciones de cumplimiento obligatorio para la ejecución del proyecto.

Artículo 13.- ATRIBUCION DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

A juicio de la autoridad competente, podrá exigirse la elaboración de un estudio de impacto ambiental para cualquier actividad en curso que esté provocando impactos negativos en el medio ambiente, a efectos de requerir la adopción de las medidas correctivas pertinentes.

CAPITULO IV DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 14.- PROHIBICION DE DESCARGAR SUSTANCIAS CONTAMINANTES.

Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las precauciones para la depuración.

La autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control y muestreo para velar por el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 15.- PROHIBICION DE VERTER O EMITIR RESIDUOS QUE ALTEREN LAS AGUAS.

Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente efectuará muestreos periódicos de las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma.

Artículo 16.- PROHIBICION DE INTERNAR RESIDUOS O DESECHOS.

Está prohibido internar al territorio nacional residuos o desechos, cualquiera sea su origen o estado material. (*)

(*) El Artículo 1 del Decreto Supremo 036-90-ICTI-IND, publicado el 05-01-91, suspendió la vigencia de este artículo hasta el 30-06-91. Luego, el Artículo 1 del Decreto Supremo 031-91-ICTI, publicado el 06-11-91, prorrogó la vigencia del Decreto Supremo 036-90-ICTI/IND hasta que se elabore el Reglamento del presente artículo

CONCORDANCIA: D.Leg. Nº 757, Art. 55

Artículo 17.- PROHIBICION DE IMPORTAR PRODUCTOS QUIMICOS SIN AUTORIZACION.

Está igualmente prohibida la importación de productos químicos que carezcan de autorización por la autoridad competente. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

Artículo 18.- MEDIDAS APLICABLES EN CASOS DE PELIGRO AMBIENTAL INMINENTE.

En los casos de peligro inminente para el medio ambiente y según su gravedad, la autoridad ambiental, una vez evaluado el caso, debe ordenar y disponer una o más de las siguientes medidas:

a) Uso de modalidades y procedimientos que disminuyan o hagan desaparecer el riesgo.

b) Limitación de las actividades que provocan riesgo ambiental.

c) Suspensión de las actividades que generen dicho riesgo.

En caso que el riesgo fuera capaz de causar un daño irreversible se podrá aplicar las siguientes medidas:

a) Clausura del local o establecimiento en el que se lleva a cabo las actividades riesgosas.

b) Decomiso de los objetos, instrumentos y artefactos tecnológicos empleados que provocan el riesgo ambiental detectado.

c) Cancelación de permisos o licencias. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

CONCORDANCIA: D.Leg. 757, Art. 52

Artículo 19.- IMPUGNACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Las medidas de seguridad que sean dictadas podrán ser materia de impugnación, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. La interposición del recurso impugnatorio, no suspenderá la ejecución de la medida de seguridad dispuesta por la autoridad competente.

CAPITULO V DE LA EVALUACION, VIGILANCIA Y CONTROL

Artículo 20.- EVALUACION ANUAL DE LA POLITICA AMBIENTAL. REMISION.

La evaluación técnica del ambiente, y de los recursos naturales corresponde a la autoridad competente. Esta debe preparar un informe anual que recoja la evaluación técnica, la misma que constará de un diagnóstico de la calidad del ambiente y la evaluación de las medidas que fueron tomadas a fin de cumplir con los principios de política ambiental y los preceptos contenidos en este código. Dicho informe será remitido en la primera semana del segundo semestre del año al Presidente de la República, al Congreso y obligatoriamente publicado en el diario oficial.

Artículo 21.- VALORIZACION DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA NACION. INCLUSION EN EL MENSAJE PRESIDENCIAL.

El Estado valoriza en términos económicos, sociales y ecológicos el patrimonio natural de la nación e informa de los incrementos y detrimentos que lo afecten. El Presidente de la República debe incluir obligatoriamente dentro de su mensaje anual a la nación, dicha información.

Artículo 22.- FACULTAD DE INSPECCIONAR CON LA INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PUBLICA.

La autoridad ambiental está investida de la facultad de inspeccionar los locales, establecimientos, o cualquier otro tipo de área, donde se lleva a cabo actividades que generen riesgo ambiental, así como exigir la información que le permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.

La autoridad ambiental podrá solicitar la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas y sanciones que disponga.

Artículo 23.- OBJETO DEL CONTROL.

El control tiene por objeto hacer una evaluación y proyección de las actividades que generen riesgos de daño ambiental. El Estado proveerá a la autoridad ambiental los recursos necesarios para realizar control en aquellas actividades que presentan un potencial de riesgo contra el medio ambiente.

Artículo 24.- FINANCIAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL.

La vigilancia y control de las actividades que generen riesgo contra el ambiente serán financiadas con los recursos que provea el Estado para tal fin y con los que recaude por aplicación de sanciones la autoridad competente al amparo de esta ley, a las personas naturales sometidos a dicha vigilancia y control.

CAPITULO VI DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Artículo 25.- FINALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.

Las investigaciones científicas están orientadas en forma prioritaria a la realización y actualización de los inventarios de recursos naturales y a la identificación de indicadores de calidad ambiental, así como a establecer criterios para el manejo eficiente de esos recursos.

Artículo 26.- FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.

Corresponde a los poderes del Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional, promover y fomentar la investigación científica y tecnológica que permita cuantificar, prevenir, controlar y revertir el deterioro ambiental, aportando alternativas de solución a los problemas vinculados a la protección del medio ambiente con tecnologías adecuadas.

Igualmente, el Estado debe promover y fomentar la investigación científica y tecnológica que permita desarrollar nuevos sistemas, métodos, equipos y dispositivos a fin de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales.

Artículo 27.- FORMACION DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS.

Los organismos competentes de ciencia y tecnología, están obligados a dar preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de profesionales y técnicos para la realización de estudios científicos y tecnológicos en materia ambiental y el desarrollo de tecnologías apropiadas que permitan un adecuado control y conservación del ambiente.

Artículo 28.- OBLIGACION DE EMPRESAS PARA INCORPORAR ADELANTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS.

Las empresas públicas o privadas y en general toda persona que por el desarrollo de su actividad cause o pueda causar deterioro al medio ambiente, están obligadas a incorporar adelantos científicos y tecnológicos para reducir y eliminar el efecto contaminante o desestabilizador del mismo. La autoridad competente establecerá los plazos y procedimientos que se requieran para tal fin.

Artículo 29.- APOYO TECNICO A COMUNIDADES Y USO DE TECNOLOGIAS TRADICIONALES.

El Estado, a través de las entidades públicas competentes, brinda apoyo técnico a las comunidades campesinas y nativas en cuanto a la utilización, recuperación y conservación de los recursos naturales, para una mejor satisfacción de sus necesidades. Asimismo impulsa el uso de las tecnologías tradicionales ecológicamente adecuadas.

CAPITULO VII DE LA ACCION EDUCATIVA, LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA PARTICIPACION CIUDADANA

Artículo 30.- OBLIGACION DE INCORPORAR MATERIA AMBIENTAL EN PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

El Estado, a través del Ministerio de Educación, debe incluir en los planes y programas educativos, asignaturas y contenidos orientados a la conservación y uso racional del medio ambiente y de los recursos naturales.

A través de los organismos competentes otorgará becas y créditos educativos teniendo en cuenta que es prioritaria la capacitación de profesionales y técnicos en el área de conservación del medio ambiente.

Artículo 31.- ENSEÑANZA SISTEMATICA Y GRATUITA DEL CODIGO.

La enseñanza sistemática del presente Código, de sus principios, objetivos, lineamientos y contenidos, es obligatoria en los centros de educación civiles y militares en todos sus niveles. Es deber del Estado lograr la difusión gratuita a nivel nacional de este Código.

Las facultades de Derecho de las universidades del país implementarán cursos regulares de Derecho Ambiental.

Artículo 32.- FOMENTO DE LA DEFENSA Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

Los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación de los principios contenidos en este Código, fomentarán y apoyarán las acciones tendientes a la defensa y preservación de la calidad ambiental y del adecuado uso de los recursos naturales.

Artículo 33.- DIFUSION DE PROGRAMAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

Los medios de comunicación social del Estado y los privados, incluirán obligatoriamente, dentro de los espacios culturales que están obligados a difundir por ley, programas de difusión de los conocimientos sobre la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales.

Artículo 34.- PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA POLITICA AMBIENTAL.

La comunidad participa directa o indirectamente en la definición de la política ambiental y en la ejecución y aplicación de los instrumentos de dicha política.

Artículo 35.- COMUNICACION A LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Cualquier persona podrá poner en conocimiento de la autoridad competente, los hechos que hicieran procedente la adopción de las medidas necesarias para la protección del ambiente.

CAPITULO VIII DEL PATRIMONIO NATURAL

Artículo 36.- DEFINICION.

El patrimonio natural de la Nación está constituído por la diversidad ecológica, biológica y genética que alberga su territorio. Los ecosistemas, los procesos naturales, las especies de flora y fauna, las variedades de las especies domésticas nativas, los paisajes y las interrelaciones entre estos elementos, son las manifestaciones principales del patrimonio natural.

Artículo 37.- CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA NACION.

Es obligación perentoria del Estado y de las personas naturales y jurídicas velar por la conservación, defensa, recuperación, aprovechamiento sostenido y difusión del patrimonio natural de la nación .

El Estado impulsa su investigación, evaluación, planificación, manejo, difusión y control.

CAPITULO IX DE LA DIVERSIDAD GENETICA Y LOS ECOSISTEMAS

Artículo 38.- MANTENIMIENTO DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES.

La población de todas las especies se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia. Asimismo, se salvaguardarán los ambientes necesarios para ese fin.

El Estado vela por la conservación de dichas especies y el mantenimiento de su diversidad.

Artículo 39.- PROTECCION A ESPECIES SINGULARES Y REPRESENTANTIVAS.

El Estado concede protección especial a las especies de carácter singular y a los ejemplares representativos de los diferentes tipos de ecosistemas, así como al germoplasma de las especies domésticas nativas.

Aquellas especies cuya supervivencia se encuentre amenazada, en peligro o en vías de extinción, serán objeto de rigurosos mecanismos de control y protección que garanticen su conservación.

Artículo 40.- AUTORIZACION PARA LA INTRODUCCION DE ESPECIES EXOTICAS.

La introducción de especies exóticas que puedan alterar la diversidad de especies de un ecosistema, debe ser previamente autorizada por la autoridad competente.

Aún en tales casos, los daños previsibles que tal acción ocasione será de responsabilidad de dicha autoridad.

No será autorizada la introducción de aquellas especies exóticas cuyo efecto pernicioso se encuentre debidamente comprobado.

Artículo 41.- CRITERIOS PARA CONCEDER AUTORIZACION. La introducción al país de especies animales o vegetales, sólo podrá efectuarse previa autorización de la autoridad competente.

Para conceder la autorización, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) Las reacciones de las nuevas especies en el medio en el que van a ser implantadas;

b) Las reacciones del medio receptor y de las especies nativas respecto de las que se pretende introducir;

c) El riesgo de razas o biotipos potencialmente peligrosos.

Artículo 42.- REPRODUCCION EN ZOOCRIADEROS O AREAS DE MANEJO. ESPECIES AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCION.

Las especies de fauna silvestre cuya naturaleza lo permita, podrán ser reproducidas en zoocriaderos o áreas de manejo. El Reglamento establecerá las condiciones mínimas de carácter técnico, científico y biológico de observancia obligatoria para el establecimiento y conducción de zoocriaderos de especies amenazadas en peligro o en vías de extinción, aún cuando no hubieran sido declaradas en veda. En tales casos, los zoocriaderos estarán sujetos a la supervisión del Estado cuando sean particulares

o personas jurídicas los encargados de su administración. (*)

(*) El Artículo 67 del Decreto Legislativo Nº 653, publicado el 01-08-91, regula parcialmente el contenido de esta norma

Artículo 43.- ZOOCRIADEROS DE ESPECIES AMENAZADAS CON FINES COMERCIALES Y CULTURALES.

Los zoocriaderos con fines comerciales, científicos y de difusión cultural de especies amenazadas, podrán ser establecidos y administrados por particulares, siempre que cumplan con las disposiciones de crianza y comercialización que establezca la autoridad competente para cada especies. El incumplimiento de esta disposición o de las normas reglamentarias que sean establecidas para su correcta aplicación dará lugar a la cancelación del permiso y el decomiso de los especímenes.

CONCORDANCIA: D.Leg. Nº 653, Art. 67

Artículo 44.- PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES.

La autoridad competente dicta las medidas necesarias para evitar la introducción o diseminación de enfermedades animales o vegetales.

El Estado establecerá sistemas de prevención y control epidemiológicos y fomentará el uso de sistemas de control biológico.

Artículo 45.- IMPORTACIONES. CERTIFICACIONES OFICIALES DE SANIDAD.

Para la importación de cualquier especimen de flora o fauna deberá contarse con las certificaciones oficiales de haber cumplido con las normas del país de origen sobre sanidad vegetal o animal y de protección de las especies.

Artículo 46.- CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS GENETICOS.

Los recursos genéticos de las especies que habitan en el territorio nacional son conservadas y aprovechadas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El Estado, prohíbe la exportación de recursos genéticos en los casos que lo crea conveniente.

Artículo 47.- PROMOCION Y FOMENTO DE LA INVESTIGACION DE RECURSOS GENETICOS.

Es obligación del Estado promover el desarrollo y utilización en el lugar de origen de los recursos genéticos como medio para conservar su existencia en beneficio de la Nación.

El Estado fomenta y apoya la investigación de los recursos genéticos para determinar su potencial y posibilidades de uso sostenido.

Artículo 48.- MEDIOS PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS.

La conservación de los recursos genéticos en el lugar deberá desarrollarse mediante la organización de bancos genéticos, herbarios, jardines botánicos, zoológicos y otros medios adecuados.

Son, especialmente responsables de esta conservación las universidades, museos, entidades científicas y los organismos técnico-normativos vinculados con esta tarea.

Artículo 49.- CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS.

Es obligación del Estado proteger y conservar los ecosistemas que comprende su territorio, entendiéndose éstos, como las interrelaciones de los organismos vivos entre sí y con su ambiente físico. El aprovechamiento sostenido de los ecosistemas debe garantizar la permanencia de estos procesos naturales.

CAPITULO X DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Artículo 50.- PROTECCION DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS.

Es obligación del Estado proteger muestras representativas de los diversos tipos de ecosistemas naturales existente en el territorio nacional a través de un sistema de áreas protegidas.

Artículo 51.- DEFINICION DE LA AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Son áreas naturales protegidas las extensiones del territorio nacional que el Estado destina a fines de investigación, protección o manejo controlado de sus ecosistemas, recursos y demás riquezas naturales.

Las áreas naturales protegidas son de dominio público y constituyen muestras representativas del patrimonio natural de la Nación. Se establecen con carácter definitivo.

La comunidad tiene derecho a participar en la identificación, delimitación y resguardo de estas áreas y la obligación de colaborar en la consecución de sus fines.

Artículo 52.- INCLUSION DE AREAS EN LA CARTA NACIONAL Y EN MAPAS DEL PAIS.

En la Carta Nacional y en todos los mapas del país que divulguen con fines científicos, técnicos, educativos, turísticos, comerciales o de cualquier otra índole, deben figurar las áreas naturales protegidas por el Estado.

Artículo 53.- EJERCICIO DE DERECHO DE PROPIEDAD EN ARMONIA CON AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento de las áreas naturales protegidas, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. El Estado evaluará, en cada caso, la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos. (*)

(*) El Artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 708, publicado el 14-11-91; recogido por el Artículo 219 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92; precisa los alcances de este artículo

Podrán expropiarse aquellos derechos cuym ejercicio sea contrario a los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas. Igualmente, pueden ser resueltos los contratos celebrados con el Estado cuya ejecución perjudique o ponga en peligro la protección o conservación de las áreas naturales protegidas. En este último supuesto, el Estado considerará una indemnización justipreciada que resarza las mejoras y otras inversiones que no puedan ser recuperadas por el afectado. (*)

(*) Párrafo derogado por la Décimo Sétima Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 708 publicado el 14-11-91; recogido por la Octava Disposición Final del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92

Artículo 54.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.

El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las áreas naturales protegidas y en sus zonas de influencia; promueve la participación de dichas comunidades para los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas donde se encuentran.

Artículo 55.- OBJETIVOS.

Son objetivos generales de las áreas naturales protegidas los siguientes: a) Proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.

b) Proteger y conservar muestras de la diversidad natural.

c) Mantener los procesos ecológicos esenciales y detener el deterioro de los mismos.

d) Conservar, incrementar, manejar y aprovechar sostenidamente los recursos naturales renovables.

e) Preservar, conservar, restaurar y mejorar la calidad del aire, de las aguas y de los sistemas hidrológicos naturales.

f) Conservar, restaurar y mejorar la capacidad productiva de los suelos.

g) Proteger y conservar muestras representativas de cada una de las especies de flora y fauna nativas y de su diversidad genética.

h) Proteger, conservar y restaurar paisajes singulares.

i) Conservar formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas.

j) Proteger, conservar y restaurar los escenarios naturales donde se encuentren muestras del patrimonio cultural de la Nación o se desarrollen acontecimientos gloriosos de la historia nacional.

Artículos 56.- CREACION Y ADMINISTRACION.

Las áreas naturales protegidas por el Estado pueden ser nacionales, regionales y locales, según el gobierno que las crea. Las políticas de manejo las establece el Gobierno Nacional. Su administración corresponde al órgano del gobierno que las estableció.

Las áreas naturales protegidas de carácter regional o local pueden ser elevadas a la categoría de nacionales por el Gobierno Nacional. En tales casos, su administración será de su responsabilidad. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 708, promulgado el 06-11-91 y publicado el 14-11-91; recogido por el Artículo 220 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 14-06-92; quedando redactado con el siguiente texto:

"Las áreas naturales protegidas son establecidas por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por el Ministro de Agricultura. La política de manejo la establece el Gobierno Nacional. Su administración corresponde al Gobierno Nacional, pudiendo delegarse a los Gobiernos Regionales o Locales". (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 , promulgado el 08-11-91 y publicado el 13-11-91

Artículo 57.- FORMALIDAD PARA LA CREACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARACTER NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.

Las áreas naturales protegidas de carácter nacional son establecidas por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura.

Las áreas naturales protegidas de carácter regional son determinadas por Resolución Legislativa Regional.

Las áreas naturales protegidas de carácter local, son establecidas por acuerdo de Concejo. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 708, promulgado el 06-11-91 y publicado el 14-11-91; recogido por el Artículo 220 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 14-06-92; quedando redactado con el siguiente texto (ya indicado en el artículo anterior):

"Las áreas naturales protegidas son establecidas por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado por el Ministro de Agricultura. La política de manejo la establece el Gobierno Nacional. Su administración corresponde al Gobierno Nacional, pudiendo delegarse a los Gobiernos Regionales o Locales". (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

CONCORDANCIA: D.Leg. Nº 757, Art. 54

Artículo 58.- DENOMINACION.

En la denominación de las áreas naturales protegidas se agregará la indicación de nacionales, regionales o locales, según corresponda. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

CAPITULO XI DEL PATRIMONIO NATURAL CULTURAL

Artículo 59.- DEFINICION.

El Estado reconoce como recurso natural cultural a toda obra de carácter arqueológico

o histórico que al estar integrada al medio ambiente permite su aprovechamiento racional y sostenido.

Artículo 60.- RESPONSABLES DE SU PROTECCION

Los gobiernos regionales y locales conjuntamente con el Instituto Nacional de Cultura y sus entidades regionales, son responsables de la protección, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural cultural.

El Estado autoriza su utilización en armonía con el carácter de intangible.

Artículo 61.- RESTRICCION PARA DENUNCIOS Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES.

Las áreas que contengan dichos recursos no son materia de denuncios agrícola, minero, forestal, urbano o de otra índole.

Las áreas donde se ubicasen andenes, canales, acueductos o cualquier otra obra de carácter arqueológico o histórico serán excluidos de cualquier concesión.

CAPITULO XII DE LOS RECURSOS MINEROS

Artículo 62.- APROBACION DE PROYECTOS ANTES DE CONSTRUIR AREAS O DEPOSITOS DE DESECHOS.

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades mineras, requieren de la aprobación de los proyectos de ubicación, diseño y funcionamiento de la autoridad competente para iniciar la construcción de las áreas o depósitos de desechos minerometalúrgicos. Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresas de pautas y obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.

Está prohibido el otorgamiento de licencias provisionales cualquiera sea su denominación. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 708, publicado el 1411-91, recogido por el Artículo 221 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 14-06-92; cuyo texto es el siguiente:

"Las personas naturales o jurídicas que realicen o deseen realizar actividades de beneficio y explotación requieren de la aprobación de los proyectos de ubicación, diseño y funcionamiento de su actividad, por la autoridad competente.

Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresas de pautas y obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales de acuerdo a las normas que establezca la autoridad competente. Las nuevas solicitudes de concesión de beneficio, incluirán un estudio de impacto ambiental."

Artículo 63.- RESTRICCIONES AL DEPOSITO DE DESECHOS.

Los desechos minero-metalúrgicos no podrán ser depositados en terrenos en los que exista riesgo de precipitación por fenómenos naturales. En ningún caso podrán ser ubicados a menos de 500 metros de los cuerpos de agua cuyas riberas sean estables. En los casos de riberas fluctuantes, se requiere de estudios específicos previos.

Los desechos que fuesen arrojados al mar deberán encontrarse en condiciones técnicamente aceptables para no alterar la salud humana y las cualidades del ecosistema.

Considérase como condiciones técnicamente aceptables para estos efectos los estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 708, publicado el 1411-91, recogido por el Artículo 222 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92; cuyo texto es el siguiente:

Para solicitar licencia de la autoridad competente el proyecto de construcción de las áreas o depósitos de desechos minero-metalúrgicos deberá incluir los siguientes aspectos, para evitar la contaminación de las aguas en particular y del medio ambiente en general:

a) Que, las condiciones técnicas garanticen la estabilidad del sistema. b) Que, se especifique técnicamente la operación de sistemas. c) Que, se precisen las medidas técnicas de abandono del depósito.

Los desechos que fuesen arrojados al mar deberán encontrarse en condiciones técnicamente aceptables para no alterar la salud humana y las cualidades del ecosistema.

Para estos efectos, los estándares serán establecidos por la autoridad competente.

El estudio de impacto ambiental en labores de explotación, estará destinado al control de los efluentes sólidos y líquidos.

Artículo 64.- ADOPCION DE MEDIDAS APROPIADAS EN DISEÑOS DE DEPOSITOS DE RELAVES.

En el diseño y construcción de las áreas o depósitos de relaves u otros desechos mineros, serán necesariamente consideradas las medidas apropiadas cuando tales instalaciones se las deje de utilizar, a fin de prevenir mayores daños al ambiente y permitir, dentro de lo posible, la recuperación de los recursos afectados.

Artículo 65.- OBLIGACION DE INCLUIR EQUIPOS DE CONTROL DE CONTAMINANTES.

Las personas dedicadas a actividades minero-metalúrgicas están obligadas a incluir en sus instalaciones equipos de control de contaminantes adecuadamente mantenidos, así como llevar un registro del funcionamiento de los mismos y de su grado de eficiencia.

Artículo 66.- MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION.

La exploración y explotación de recursos minerales deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

a) Las aguas que sean utilizadas en el procesamiento y descarga de minerales, deben ser materia de un adecuado tratamiento, cuando ello resulte necesario de manera que se posibilite su utilización.

b) En las explotaciones mineras a cielo abierto, deberá adoptarse medidas que garanticen la estabilización del terreno y de ser el caso, la restauración del paisaje.

c) Toda explotación minera con uso de explosivos en las proximidades de centros poblados, deberá disminuir el impacto del ruido, del polvo y de las vibraciones a niveles tolerables para el medio ambiente, la salud humana y la propiedad. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 51 del Decreto Legislativo Nº 708 publicado el 1411-91, recogido por el Artículo 223 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92 cuyo texto es el siguiente:

La exploración y explotación de recursos minerales deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

  1. Las aguas utilizadas en el procedimiento y descarga de minerales deben ser, en lo posible, reutilizadas, total o parcialmente, cuando ello sea técnica y económicamente factible.
  2. En las explotaciones a cielo abierto deberá adoptarse medidas que garanticen la estabilización del terreno.
  3. Toda explotación minera con uso de explosivos en las proximidades de centros poblados deberá mantener, dentro de los niveles establecidos por la autoridad competente, el impacto del ruido, del polvo y de las vibraciones.

Artículo 67.- CONTROL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS.

Los residuos radioactivos evacuados de las instalaciones minero-metalúrgicas, no deberán superar los límites tolerables establecidos por los estándares internacionales que determine la autoridad ambiental. Los responsables de las instalaciones efectuarán periódicamente mediciones de descargas e informarán a la autoridad ambiental de cualquier alteración detectada sin perjuicio de adoptar las medidas que resulten necesarias para prevenir o evitar daños al ambiente, a la salud humana o la propiedad. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 52 del Decreto Legislativo Nº 708 publicado el 1411-91, recogido por el Artículo 224 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92; cuyo texto es el siguiente:

Los residuos radioactivos evacuados de las instalaciones minero-metalúrgicas no deberán superar los límites tolerables establecidos por los estándares que determine la autoridad competente. Los responsables de las instalaciones efectuarán periódicamente mediciones de descargas e informarán a la autoridad competente de cualquier otra alteración detectada, sin perjuicio de adoptar las medidas que resulten necesarias para prevenir o evitar daños al ambiente, a la salud humana o a la propiedad".

Artículo 68.- NORMAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES MINERAS.

Las instalaciones donde se concentre, refine y enriquezcan minerales, dispondrán de normas de seguridad, tratamiento de desechos y sistemas de control de las descargas al ambiente.

Artículo 69.- MUESTREOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACION.

La autoridad competente efectuará permanentemente muestreos de los suelos, aguas y aires a fin de evaluar los efectos de la contaminación provocada por la actividad minero-metalúrgica y su evolución por períodos establecidos a fin de adoptar las medidas preventivas o correctivas que correspondan. (*)

(*) Artículo sustituído por el Artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 708 publicado el 1411-91, recogido por el Artículo 225 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92; cuyo texto es el siguiente:

La autoridad competente efectuará periódicamente muestreos de los suelos, aguas y aires, a fin de evaluar los efectos de la contaminación provocada por la actividad minero-metalúrgica y su evolución por períodos establecidos, a fin de adoptar las medidas preventivas o correctivas que correspondan.

Artículo 70.- EXPROPIACION Y REVERSION DE CONCESIONES.

Las concesiones mineras podrán ser expropiadas por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social, previo pago de indemnización justipreciada. Sin embargo, revertirán al Estado sin derecho a pago alguno aquellas que se conduzcan en contravención con las normas de seguridad y prevención establecidas en el presente Código, en las leyes sobre la materia y en normas reglamentarias. (*)

(*) Artículo derogado por la Décimo Sétima Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 708 publicado el 14-11-91; recogido por la Octava Disposición Final del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicado el 04-06-92

CAPITULO XIII DE LOS RECURSOS ENERGETICOS

Artículo 71.- LIMITACION AL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NO RENOVABLES.

Es prohibido desarrollar actividades para aprovechamiento energético o de recursos naturales no renovables en el ámbito de las áreas naturales protegidas. (*)

(*) Artículo derogado por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 653 publicada el 01-08-91

Artículo 72.- OBLIGACION DE INTERNALIZAR COSTOS DE REPOSICION.

En caso de adoptarse la decisión de desarrollar aprovechamientos energéticos localizados en la región de la Selva que puedan afectar áreas naturales protegidas o derechos de comunidades nativas, el proyecto respectivo debe incluir los costos de reposición de las áreas afectadas. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 655, publicado el 07-08-91, cuyo texto es el siguiente:

En caso de desarrollarse actividades para aprovechamiento energético o para explotación de recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, el proyecto

o contrato respectivo debe contemplar la obligación de efectuar el estudio de impacto ambiental y los costos de reposición de las áreas afectadas.

Artículo 73.- EMPLEO DE TECNOLOGIA PARA EVITAR CONTAMINACION.

Los aprovechamientos energéticos, su infraestructura, así como el transporte, transformación, distribución, almacenamiento y utilización final de la energía, deben ser realizados sin ocasionar contaminación del suelo, agua o aire.

Debe emplearse las mejores tecnologías para impedir que los daños ambientales sean irreparables.

Artículo 74.- INTERNALIZACION DEL COSTO DE PREVENCION Y MANEJO.

En el costo de construcción y operación de los aprovechamientos hidroenergéticos será considerado el costo de prevención y manejo de la cuenca colectora que lo abastece, en especial el establecimiento y manejo de bosques de protección y de programas de reforestación, según sea el caso.

Artículo 75.- AUTORIZACION PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA DE LA BIOMASA FORESTAL.

Todo aprovechamiento de energía de la biomasa forestal debe ser aprobado por la autoridad competente en asuntos forestales y conducido con su participación, siendo obligatoria la reposición del recurso explotado.

Artículo 76.- PREVENCION DE PERJUICIOS AMBIENTALES EN ACTIVIDADES PETROLIFERAS.

Los trabajos de exploración y extracción petrolífera, así como aquellos de recuperación secundaria de yacimientos de hidrocarburos o gases naturales, deben ser cumplidas las condiciones y requisitos establecidos por la autoridad competente, con la finalidad de que los procesos de producción y transporte así como las aguas y otras sustancias utilizadas no originen riesgos o perjuicios ambientales.

Artículo 77.- USO DE TECNICAS Y EQUIPO ADECUADOS.

Durante la extracción y manipuleo de los fluidos de un yacimiento petrolífero se debe adoptar, bajo responsabilidad, el uso de técnicas y de los medios necesarios para evitar la pérdida o daño de recursos naturales. En todos los casos, las empresas deben contar con el equipo adecuado para detectar y evaluar los agentes ambientales nocivos que puedan presentarse.

CAPITULO XIV DE LA POBLACION Y EL AMBIENTE

Artículo 78.- DISTRIBUCION DE POBLACIONES SEGUN ECOSISTEMAS.

El Estado promueve y fomenta la adecuada distribución de las poblaciones en el territorio nacional de acuerdo con la capacidad de soporte de los ecosistemas que lo conforman.

Artículo 79.- DEBER DEL ESTADO DE INCENTIVAR PROGRAMAS DE PLANIFICACION.

Es deber del Estado incentivar y difundir los programas nacionales que orienten y ordenen racionalizar el crecimiento demográfico de la población.

Artículo 80.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Son elementos constitutivos de los asentamientos humanos, el suelo donde se emplazan, las aguas que les sirven, la atmósfera que los cobija, el paisaje que los rodea, los recursos naturales que sustentan su economía y la infraestructura económica y social que dan forma a la organización y acondicionamiento del espacio.

Artículo 81.- APROBACION DE PLANES POR EL GOBIERNO LOCAL.

Los planes o actividades que impliquen modificaciones en cualesquiera de los elementos constitutivos de los asentamientos humanos deben contar con la aprobación del gobierno local.

Artículo 82.- OBLIGACION DE GOBIERNOS LOCALES.

Es de responsabilidad de los gobiernos locales controlar la adecuada utilización de los elementos que conforman los asentamientos humanos, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 83.- UBICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Los asentamientos humanos se localizarán preferentemente:

a) En zonas próximas a fuentes de agua, siempre que no estén destinadas a actividades agrícolas.

b) En suelos cuya estabilidad y resistencia garanticen la seguridad de las estructuras y edificaciones en general y cuya topografía favorezca un buen drenaje de aguas, evacuación de desagües y una fácil organización física del asentamiento.

c) En lugares protegidos no susceptibles de desastres naturales, tales como: huaycos, deslizamiento de tierras, fallas geológicas activas, desbordes de lagos, lagunas, glaciares y ríos, o cualquier otra causa que constituya peligro para la vida y las actividades humanas.

d) En áreas que se encuentren suficientemente alejadas de zonas de peligro de ambiente contaminado, tales como: lechos de ríos o avenidas y zonas de deyección; zonas expuestas a las variaciones marítimas; terrenos inundables, pantanosos y de rellenos; basurales, zonas de eliminación de desechos que produzcan emanaciones u otros peligros para la salud.

Artículo 84.- PROHIBICION DE LOCALIZACION DE ACTIVIDADES CONTAMINANTES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS.

No se permitirá en las zonas ocupadas por asentamientos humanos y en sus correspondientes áreas de influencia inmediata, la localización de industrias y otras actividades que produzcan o puedan originar efectos contaminantes en el suelo, subsuelo, aire o agua, o signifiquen algún grado de peligrosidad para la población.

Artículo 85.- NIVEL BASICO DE HABITABILIDAD.

El acondicionamiento de todo asentamiento humano debe contar con el nivel básico de habitabilidad que apruebe el gobierno local de acuerdo con las normas establecidas por los organismos competentes.

Artículo 86.- LIMITACIONES AL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS POR EXISTENCIA DE AREAS PROTEGIDAS.

En la planificación y control del crecimiento de los asentamientos humanos se considerará en forma especial el imperio de las disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas, conservación de áreas declaradas como patrimonio cultural, mantenimiento o adaptación al paisaje circundante y conservación de áreas protegidas.

Artículo 87.- NULIDAD DE LICENCIAS DE HABILITACION.

Las licencias de habilitación de asentamientos humanos que no se ajusten a los planes de ordenamiento urbano y zonificación, debidamente aprobados, son nulas de pleno derecho.

Artículo 88.- ZONIFICACION. CAMBIO DE USO DE LA PROPIEDAD.

La propiedad debe usarse de acuerdo con la zonificación establecida. Todo cambio de uso debe ser autorizado por el gobierno local correspondiente.

Artículo 89.- ESPACIOS ABIERTOS DE USO PUBLICO SON INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES.

Constituyen áreas públicas inalienables e imprescriptibles, los espacios abiertos de uso público como vías, calles, plazas, alamedas, parques, playas y otros espacios naturales o seminaturales, dentro del entorno urbano. Cualquier autoridad o funcionario que contravengan estas disposiciones, será sancionado conforme a ley. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

Artículo 90.- RECUPERACION DE AREAS PUBLICAS E INDEMNIZACION AL ESTADO.

El uso de un área pública, para otros fines, obliga al ocupante a restituirla a su condición original y a indemnizar al Estado por un monto equivalente al usufructo comercial del bien, calculado de oficio a precio de mercado a la fecha de la restitución, por el tiempo que haya durado la ocupación.

CAPITULO XV DE LA PREVENCION DE LOS DESASTRES NATURALES

Artículo 91.- PARTICIPACION EN LA PREVENCION Y SOLUCION DE PROBLEMAS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES.

Todas las entidades nacionales, públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, están obligadas a participar en la prevención y solución de los problemas producidos por los desastres naturales.

Artículo 92.- COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL.

Es responsabilidad del Estado a través del Sistema Nacional de Defensa Civil, coordinar con los sectores público y privado, la formulación, ejecución y actualización de los planes respectivos para afrontar desastres naturales o inducidos, que puedan producirse en cualquier área del país, así como la ejecución de acciones orientadas a la atención y rehabilitación de las áreas afectadas.

Artículo 93.- PARTICIPACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.

Los medios de comunicación social del Estado y privados, programarán espacios gratuitos para la difusión de los mecanismos que orienten a la población en acciones de defensa civil.

Artículo 94.- CONTENIDOS DE DEFENSA CIVIL EN PROGRAMAS EDUCATIVOS.

El sector educación incluirá dentro de los planes y programas educativos, contenidos teóricos y prácticos de defensa civil, en coordinación con el organismo competente encargado de la prevención de desastres del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Artículo 95.- CAPACITACION EN CENTROS DE TRABAJO Y ESTUDIOS.

Todo centro de trabajo y estudios debe permitir, facilitar y desarrollar los programas de capacitación y prácticas de evacuación que establezca el Sistema Nacional de Defensa Civil.

CAPITULO XVI DE LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y DE SERVICIOS

Artículo 96.- OBSERVANCIA DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y ZONIFICACION.

La habilitación y rehabilitación de la infraestructura económica y de servicios se planifica y se ejecuta observando los planes de ordenamiento y zonificación que sean aprobados previo estudio de la capacidad asimilativa del área.

Artículo 97.- INFRAESTRUCTURA PERMITIDA EN ZONAS ADYACENTES A AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Sólo se permitirá la ubicación de cualquier tipo de infraestructura en zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas, en los casos que se garanticen las máximas medidas de protección para dichas áreas a fin de preservar sus condiciones naturales de los ámbitos geográficos declarados como áreas naturales protegidos. La ubicación de cualquier tipo de infraestructura en un área adyacente, sólo será permitida en los casos en que se garantice las máximas condiciones de protección para dichas áreas.

La autorización se otorgará previa opinión favorable de la autoridad competente.

Artículo 98.- ACCESO A AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Para los casos a que se refiere el artículo precedente, la ubicación de la infraestructura, no obstaculizará en ningún seltido la accesibilidad a las áreas naturales protegidas.

Artículo 99.- PLANIFICACION URBANA.

En la planificación urbana se tendrá en cuenta las tendencias de expansión de las ciudades, la localización de aeropuertos y demás fuentes productoras de ruidos y emanaciones difícilmente controlables o nocivos a la salud humana y el respeto irrestricto a las sementeras o áreas de cultivo agrícola.

CAPITULO XVII DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

Artículo 100.- AUTORIDAD COMPETENTE.

El Ministerio de Salud es la autoridad competente para dictar las normas generales, en lo referente a salubridad pública y para evaluar y controlar su cumplimiento.

Compete a los gobiernos regionales y locales dictar las normas específicas en su jurisdicción y velar por su correcta aplicación.

CAPITULO XVIII DE LA LIMPIEZA PUBLICA

Artículo 101.- OBLIGACION DE SU MANTENIMIENTO.

El mantenimiento de la limpieza pública es obligación de todos los habitantes de las ciudades y de todo asentamiento humano. A nadie le es permitido arrojar a la vía pública desperdicios, desechos domésticos, industriales o residuos.

Artículo 102.- CONTROL DEL ESTADO.

Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar la limpieza pública en las ciudades y en todo tipo de asentamiento humano, considerando necesariamente las etapas de recolección, transporte y disposición final de los desechos domésticos, así como la educación de sus habitantes.

Artículo 103.- SUJECION A NORMAS SANITARIAS Y EXIGENCIAS TECNICAS.

La prestación del servicio de limpieza pública en cualquiera de sus etapas, ya sea a través de los gobiernos locales o empresas privadas, debe sujetarse a las normas sanitarias y exigencias técnicas que establezca la autoridad competente. Tratándose de empresas privadas se requerirá de la autorización respectiva.

Artículo 104.- CLASIFICACION DE DESECHOS DOMESTICOS EN SU LUGAR DE ORIGEN.

Los gobiernos locales adoptarán las medidas necesarias a fin de difundir en la comunidad los mecanismos apropiados para la clasificación y ubicación de los desechos domésticos en el propio lugar de origen, según su naturaleza.

Artículo 105.- DISPOSICION FINAL DE DESECHOS DOMESTICOS.

La disposición final de los desechos domésticos, se realizará únicamente en aquellos lugares previamente determinados por el gobierno local correspondiente y de acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes.

Artículo 106.- FOMENTO DEL RECICLAJE DE DESECHOS DOMESTICOS.

El Estado fomenta y estimula el reciclaje de desechos domésticos para su industrialización y reutilización, mediante los procedimientos sanitarios que apruebe la autoridad competente.

CAPITULO XIX DEL AGUA Y ALCANTARILLADO

Artículo 107.- COMPETENCIA SOBRE LA CALIDAD DE AGUAS.

Es de responsabilidad del Ministerio de Salud garantizar la calidad del agua para consumo humano y en general, para las demás actividades en que su uso es necesario. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 757 publicado el 13-11-91

CONCORDANCIA: L. Nº 26338, 11 D.C. D.Leg. Nº 757, Art. 53 Artículo 108.- DESTINO DE AGUAS RESIDUALES.

El Estado debe fijar el destino de las aguas residuales, estableciendo zonas en las que quede prohibido descargar aguas residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y subterráneas, interiores o marinas, sin tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles.

Artículo 109.- PLANES NECESARIOS PARA CONSTRUCCION O ALTERACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Para iniciar la construcción ensanche o alteración de asentamientos humanos, se requerirá de planes de desagüe, cañerías, alcantarillado y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente aprobados.

Artículo 110.- APROBACION PARA DESCARGA DE AFLUENTES INDUSTRIALES EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Las industrias grandes, medianas, pequeñas o artesanales, sólo podrán descargar sus afluentes en el sistema de alcantarillado público, previa aprobación de la autoridad competente.

Artículo 111.- FOMENTO DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES.

El Estado fomenta el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, siempre y cuando éstas recuperen los niveles cualitativos que exige la autoridad competente y no se afecte la salubridad pública.

Artículo 112.- TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO AUTORIZADAS A SER VERTIDAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deben ser previamente aprobadas.

CAPITULO XX DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 113.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

La violación de las normas que contiene este Código y las disposiciones que emanen de él constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas por la autoridad competente, con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 114.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Los infractores de las normas ambientales a que se refiere el artículo que antecede son sujetos pasibles de una o más de las siguientes sanciones administrativas:

a. Multa no menor a media unidad impositiva tributaria y hasta 200 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago. En caso de internamiento de residuos tóxicos o peligrosos, la multa no será inferior al monto total de la transacción. (*) (*) Literal modificado por el Artículo Unico de la Ley Nº 26913, publicada el 20.01.98, cuyo texto es el siguiente:

a. Multa no menor de media unidad impositiva tributaria ni mayor de 600 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla el pago. En caso de internamientos de residuos tóxicos o peligrosos, la multa no será inferior al monto total de lo internado.

Lo dispuesto en el presente literal sólo será aplicable para las actividades que no se encuentren incluidas en dispositivos legales que establezcan multas mayores por infracciones a las normas ambientales.

b.
Prohibición o restricción de la actividad causante de la infracción.
c.
Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que ha generado la infracción.
d.
Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos empleados para la comisión de la infracción.
e.
Imposición de obligaciones compensatorias relacionadas con el desarrollo ambiental de la zona, teniendo en cuenta los planes nacionales, regionales y locales sobre la materia, a fin de dar cumplimiento a las normas de control ambiental que señale la autoridad competente.
f.
Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, permiso, concesión o cualquier otra autorización según sea el caso.

Artículo 115.- APLICACION DE SANCIONES.

Las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aplicadas dentro del proceso administrativo correspondiente mediante resolución. La interposición de cualquier recurso, no suspenderá la ejecución de la resolución impugnada.

El plazo para impugnar judicialmente la resolución que agota la vía administrativa vence a los tres meses. (*)

(*) Artículo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 757 publicado el 13-11-91

Artículo 116.- CALIFICACION DE LA INFRACCION.

Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de la misma, la condición socio-económica del infractor y su situación de reincidente, si fuera el caso.

Artículo 117.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL O PENAL.

La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de los mismos hechos.

Artículo 118.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.

Para efectos de la aplicación de las normas de este capítulo, hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y los profesionales que suscriban los estudios de impacto ambiental en los proyectos y obras que causaron el daño.

CAPITULO XXI DE LOS DELITOS Y LAS PENAS (*)

(*) Capítulo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 757 publicado el 13-11-91

Artículo 119.- CONTAMINACION AMBIENTAL.

El que contraviniendo las leyes, reglamentos o disposiciones establecidas por la autoridad competente y con ocasión del funcionamiento de una industria o cualquier otra actividad, provoque o realice descargas, emanaciones, filtraciones o vertimientos contaminantes en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas que puedan causar perjuicios

o alteraciones graves en la flora o fauna, los recursos hidrobiológicos o el ambiente en general, será reprimido con pena de prisión no mayor de tres años y multa de la renta de 500 a 750 días. La pena será de prisión no menor de tres ni mayor de seis años y multa de la renta de 1,000 a 1,500 días:

a) Si la industria o la actividad funciona clandestinamente.

b) Si los estudios o informes técnicos concluyen que se produjo efectivamente un grave perjuicio en la flora o fauna, los recursos hidrobiológicos o el ambiente en general.

c) Si se pone en grave peligro la salud pública.

En estos últimos casos, el Juez ordenará la clausura temporal o definitiva del establecimiento. (*)

Artículo 120.- AGRAVANTE PARA FUNCIONARIOS.

Si se tratase de un funcionario o facultaltivo que informó favorablemente para el otorgamiento de la licencia a favor de la industria o actividad a que se refiere el artículo que antecede, en las condiciones causantes de la contaminación o del deterioro ambiental, cuando aquella sea manifiestamente contraria a las leyes, reglamentos o disposiciones establecidas por la autoridad competente, la pena será de prisión no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al artículo 27 inc. 1, 2 y 3 del Código Penal y multa de la renta de 500 a 1,500 días.

Artículo 121.- INTERNAMIENTO DE RESIDUOS.

El que internare en el territorio nacional residuos, desperdicios o cualquier otro material de desecho resultante de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o consumo, será reprimido con prisión no menor de uno ni mayor de cuatro años y multa de la renta de 500 a 750 días.

Las penas serán de prisión no menor de cuatro años ni mayor de seis, si los residuos

o desechos internados tienen el carácter de tóxicos o peligrosos, conforme lo detemine la autoridad competente.

Artículo 122.- AGRAVANTE.

Si para el internamiento de residuos o desechos se valiera de documentos, certificados o declaraciones falsas referentes a la calidad, cantidad o destino de los mismos, el autor será reprimido con pena de prisión no menor de cuatro años ni mayor de ocho y multa de la renta de 1,000 a 1,500 días.

Artículo 123.- INHABILITACION PARA FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO.

Al funcionario o servidor público que participe en la comisión de los hechos declarados punibles en los dos artículos precedentes, se le impondrá, además, la pena de inhabilitación conforme al Artículo 27, inc.1, 2 y 3 del Código Penal.

Artículo 124.- DISPOSICION Y COMERCIO DE DESHECHOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS.

El que deposita, comercializa o vierta desechos sólidos de origen urbano o industrial en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas técnicas sanitarias respectivas, será reprimido con prisión no mayor de dos años y multa de la renta de 500 a 750 días.

La pena será de prisión no menor de dos años ni mayor de cinco y multa de la renta de 1,000 a 1,500 días, para el que contraviniendo las leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utilice los desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano.

Artículo 125.- EXTRACCION ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA.

La caza, captura, pesca, o recolección de la fauna o flora silvestres sin la correspondiente autorización o efectuada fuera de la zona autorizada o en volúmenes superiores a los señalados en el contrato o permiso respectivo o utilizando medios prohibidos por la autoridad competente, así como la posesión, transporte, transformación, comercialización o exportación de sus productos, será reprimido con pena de prisión no mayor de tres años y multa de la renta de 500 a 750 días.

La pena será de prisión no menor de tres años y multa de la renta de 1,000 a 1,500 días, tratándose de especies amenazadas en vías de extinción.

Artículo 126.- DEPREDACION DE BOSQUES O VEGETACION.

Aquel que contraviniendo las leyes, reglamentos o disposiciones establecidas por la autoridad competente altere, explote, queme, destruya, dañe o tale en todo o en parte bosques u otras formaciones vegetales, sean éstas naturales o cultivadas, dentro de un espacio o área natural protegida, será reprimido con prisión no mayor de dos años y multa de la renta de 500 a 750 días.

La pena será de prisión no menor de dos años y multa de la renta de 1,000 a 1,500 días, si se practica en áreas donde existen vertientes que provean de agua a algún centro poblado o a un sistema de irrigación.

Artículo 127.- USO ILEGAL DE TIERRAS AGRICOLAS.

Será reprimido con pena de prisión no mayor de tres años y multa de la renta de 500 a 1,000 días:

a) El que con fines de expansión urbana, construcción de viviendas u otros distintos a la actividad agropecuaria, utilice tierras ubicadas en áreas agrícolas intangibles.

b) El que valiéndose de anuncios en el propio terreno o a través de medios de comunicación social u ofrezca en venta para fines urbanos u otro cualquiera, áreas agrícolas intangibles.

Cuando estos hechos fueran realizados por personas jurídicas, se impondrá la pena señalada, según corresponda, a los representantes legales, directores, gerentes, administradores o encargados de la gestión empresarial que los hubieran autorizado y sin perjuicio de la responsabilidad civil que solidariamente corresponda a la persona jurídica infractora.

CAPITULO XXII DEL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE (*)

(*) Capítulo derogado por el Inciso a) de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 757 publicado el 13-11-91

Artículo 128.- CONFORMACION DEL SISTEMA.

El Sistema Nacional del Ambiente está integrado por todas las instituciones estatales dedicadas a la investigación, evaluación, vigilancia y control de los recursos naturales y el medio ambiente y por los órganos y oficinas de los distintos ministerios y reparticiones públicas a nivel nacional, regional y local que desempeñen funciones similares. Por Decreto Supremo el Poder Ejecutivo determinará al ente coordinador del Sistema.

Artículo 129.- OBJETO.

El Sistema Nacional del Ambiente tiene por objeto coordinar la ejecución de la política nacional del ambiente y garantizar el cumplimiento de las funciones que la ley asigna a cada una de las dependencias de los gobiernos nacionales, regionales y locales.

Artículo 130.- CREA REPARTICION AMBIENTAL EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Créase en la Contraloría General de la República una repartición especializada en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, cuya función es velar por el estricto cumplimiento en todo el territorio nacional de las disposiciones referidas en el presente Código.

Artículo 131.- REMOCION DE FUNCIONARIOS DEL SISTEMA.

Los funcionarios que ocupan cargos directivos, que se precisen en el reglamento, en las instituciones y órganos conformantes del Sistema Nacional del Ambiente sólo podrán ser removidos administrativamente de sus cargos con la anuencia de la Contraloría General de la República.

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 132.- DECLARA DE INTERES SOCIAL Y NACIONAL LAS TIERRAS AGRICOLAS CALIFICADAS COMO INTANGIBLES.

Declárase de interés social y nacional la preservación, conservación y uso sostenido de las tierras agrícolas de los valles circundantes de Lima Metropolitana y de las ciudades de más de doscientos mil habitantes del pais, que han sido calificadas como intangibles en cumplimiento del D.S. 009-86-AG, que tiene fuerza de ley.

Las Municipalidades están obligadas a respetar en sus planes de desarrollo, de acondicionamiento territorial y urbanos a las áreas agrícolas especiales, cuya intangibilidad deben cautelar.

La modificación del uso de las áreas agrícolas deberá ser declarada por ley nacional o regional para cada predio.

La instalación de los servicios de agua, luz, alcantarillado y otros en las zonas agrícolas especiales no implicarán cambio en su calificación ni estarán sujetos a los requisitos señalados por la legislación de la materia sobre terrenos urbanos.

CONCORDANCIA: D.Leg. Nº 653, Art. 20, 2do. párrafo

Artículo 133.- PRESUNCION DE ABANDONO DE TIERRAS AGRICOLAS.

Se presumirá de pleno derecho, que se encuentran en estado de abandono las tierras en las áreas agrícolas, los predios o parte de éstos en los casos siguientes:

a) Cuando sean transferidos a cualquier título a favor de personas jurídicas cuyo objeto social y actividad principal no sea la actividad agropecuaria. Dichas transferencias son nulas de pleno derecho.

b) Cuando de dichos predios se extraiga tierra para fabricar ladrillos, adobes u otros productos no agrícolas.

c) Cuando se inicie obras de habilitación urbana, a través de hechos tales como el señalamiento de lotes, viviendas provisionales, anuncios, zanjas, depósito de materiales de construcción, u otros que impliquen obras de urbanización.

d) Cuando el uso del suelo se destine a fines distintos a la actividad agrícola. En tal caso, revertirá la parte que no se encuentre dedicada al cultivo.

e) Cuando las partes excedan el área permitida para las actividades complementarias.

El plazo para que no se produzca el abandono a que se refiere el primer acápite del artículo 8 del Decreto Ley 17716 es de 6 meses consecutivos en las áreas agrícolas.

CONCORDANCIA: D.Leg. Nº 653, Art. 22

Artículo 134.- USO INDEBIDO DE AREAS AGRICOLAS.

Cuando la Municipalidad constatara de oficio o a pedido de cualquier persona, el inicio de habilitaciones urbanas para viviendas o actividades no agrícolas en las áreas agrícolas, ordenará mediante Resolución Municipal, la suspensión inmediata de las acciones, solicitará el embargo preventivo sobre los bienes que se encuentren en el terreno así como las demoliciones que resulten necesarias para preservar las áreas agrícolas intangibles. El Alcalde podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 135.- AUTORIZACION PARA URBANIZACION DE TERRENOS ERIAZOS.

Las solicitudes de autorización de urbanización de terrenos eriazos deberán ser resueltas dentro de los 30 días de presentadas, bajo responsabilidad del funcionario municipal correspondiente, siempre que la misma esté de acuerdo con el plan urbano y a las normas de habilitación vigentes.

Artículo 136.- MODIFICA ARTICULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 109.

Modifícase los artículos 21; 22; 79 inciso 7) y 216 de la Ley General de Minería, Decreto Legislativo Nº 109 en el sentido que no podrá otorgarse derechos mineros de ninguna clase en las áreas agrícolas. Los derechos mineros concedidos incursos en las causales de abandono y caducidad serán declarados como tales, de oficio o a instancia de parte, por el simple mérito de la inspección ocular, careciendo de valor convalidatorio todo trabajo que se realice o haya realizado después de haberse constatado, invocado la causal. Asimismo, la autoridad competente declarará la nulidad del auto de amparo en todos los casos en que encontrándose los denuncios en áreas agrícolas intangibles según el D.L. Nº 21419, no se haya procedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de dicho Decreto Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 137.- JUEZ COMPETENTE PARA ACCIONES AMBIENTALES.

Las acciones interpuestas en defensa del medio ambiente o cuya materia principal tiene dicho propósito, son ejercidas ante el juez del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio el accionante o el demandado. (*)

(*) Artículo sustituído por la Décima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 757 publicada el 13-11-91, cuyo texto es el siguiente:

Las acciones interpuestas en defensa del medio ambiente o cuya materia principal tiene dicho propósito, son ejercidas ante el juez del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio el demandado.

Artículo 138.- CONTIENDA DE COMPETENCIA.

En los casos a que se refiere el artículo que antecede la excepción de incompetencia se resuelve con la sentencia. La contienda de competencia no puede ser planteada cuando se señala expresamente en la demanda que la acción interpuesta se ejerce en defensa del ambiente y los recursos naturales o cuya materia principal tiene tal propósito.

Artículo 139.- APELACION.

Agréguese el artículo 31 de la Ley 23506, modificado por el artículo 1 de la ley 25011, los siguientes párrafos:

"Artículo 31.- (...) "Si la solicitud está referida a actos que generan o pueden provocar daños al ambiente, sus ecosistemas, o sus componentes esenciales, la resolución que ordene la suspensión de los mismos sólo será apelable en efecto devolutivo.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el juez podrá disponer la suspensión de los actos que se estén produciendo como consecuencia de la omisión de otros de cumplimiento obligatorio, aún cuando la demanda sólo se refiera a este último supuesto". (*)

(*) El presente Artículo quedará derogado tácitamente dentro de seis meses contados a partir del 31-05-2004, de conformidad con el Numeral 1 de la Primera Disposición Transitoria y Derogatoria y la Segunda Disposición Transitoria y Derogatoria de la Ley N° 28237 - Código Procesal Constitucional, publicado el 31-05-2004.

Artículo 140.- ACCIONES POR VIOLACION O AMENAZA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE NATURALEZA AMBIENTAL

Agréguese al artículo 26 de la Ley 23506 el siguiente párrafo:

Artículo 26.- (...) "Cuando la acción se interponga por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales de naturaleza ambiental, podrá ser ejercida por cualquier persona, aún cuando la violación o amenaza no lo afecte directamente. Igual atribución tienen las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro cuyo objeto es la defensa del medio ambiente". (*)

(*) El presente Artículo quedará derogado tácitamente dentro de seis meses contados a partir del 31-05-2004, de conformidad con el Numeral 3 de la Primera Disposición Transitoria y Derogatoria y la Segunda Disposición Transitoria y Derogatoria de la Ley N° 28237 - Código Procesal Constitucional, publicado el 31-05-2004.

Artículo 141.- ACCIONES DE ABUSO DE DERECHO.

En las acciones de abuso del derecho que sean interpuestas al amparo del artículo II del Título Preliminar del Código Civil y se refieran a la tutela de derechos de naturaleza ambiental, las medidas preventivas dictadas para evitar o suprimir el abuso sólo podrán ser apelables en efecto devolutivo.

Artículo 142.- CONVENIOS DE CONVERSION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EN DONACION.

Los Convenios de Conversión de Deuda Pública Externa en Donación regulados por el Decreto Supremo 80-90-EF al que se reconoce fuerza de ley, destinados a proyectos de desarrollo agrario, conservación del medio ambiente y recursos naturales, educación ambiental e investigación y ciencia y tecnología relacionadas al medio ambiente, podrán ser celebrados por la entidad donante, la entidad beneficiaria, nacional y el Estado, cuando los títulos de deuda pública materia de la operación sean adquiridos por la entidad donante en el mercado secundario.

Artículo 143.- TEORIA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS.

A partir de la vigencia de este Código sus disposiciones serán aplicadas inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Artículo 144.- DEROGA ARTICULO 25 DEL D.LEG. 495.

Derógase el Artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 495.

Artículo 145.- DEROGA D.LEY 21110 y LEY 24994.

Derógase el Decreto Ley Nº 21110 y la Ley Nº 24994.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- PLAZO DE ADECUACION AL PRESENTE CODIGO.

Las personas naturales o jurídicas que resultaren comprendidas en los alcances de este Código, deben adecuarse a sus exigencias en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del día de su publicación.

SEGUNDA.- ACTUALIZACION DEL D.LEY Nº 21147.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, expedida mediante Decreto Ley Nº 21147 del 13 de mayo de 1975, será actualizada en concordancia con el presente Código en el plazo máximo de 60 dias calendarios.

TERCERA.- REGLAMENTACION.

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones especiales de este Código en un plazo máximo de 60 días a partir del día de su publicación.

APENDICE MODIFICATORIAS

1. Decreto Ley 21147 (13-05-75), Ley Forestal y de Fauna Silvestre:

-
Decreto Ley 21798 (16-02-77)
-
Decreto Ley 22175 (10-05-78)
-
Decreto Legislativo 002 (17-11-80)
-
Decreto Supremo 005-91-AG (03-02-91). Con rango de ley por Decreto Legislativo

653.

-
Decreto Legislativo 653 (01-08-91)
-
Decreto Supremo 0048-91-AG/OGA OAD UT (11-11-91)

2. Decreto Supremo 016-76-AL (25-10-76), Reglamento Sanitario para la Importación y Exportación de Productos y Subproductos Vegetales:

-
Resolución Ministerial 1283-77-AL (28-12-77)
-
Resolución Ministerial 1201-81-AG/DGAG (22-12-81)
-
Resolución Ministerial 00284-83-AG/DGAG (31-05-83)
-
Resolución Ministerial 00701-83-AG/DGAG (04-08-83)
-
Resolución Ministerial 195-85-AG/DGAG (09-04-85)
-
Resolución Ministerial 161-86-AG (19-03-86)
-
Resolución Ministerial 00443-86-AG (26-04-86)
-
Resolución Ministerial 0096-87-AG/DGAG (26-02-87)
-
Resolución Ministerial 319-87-AG/DGAG (24-04-87)
-
Decreto Supremo 013-90-AG (04-04-90)
-
Decreto Supremo 09-91-AG (12-03-91)
-
Resolución Ministerial 167-92-AG (06-05-92)
-
Resolución Ministerial 0033-94-AG (04-02-94)

3. Decreto Ley 17752 (24-07-69), Ley General de Aguas:

-
Decreto Ley 18735 (19-01-71)
-
Decreto Ley 19503 (15-08-72)
-
Decreto Ley 21798 (16-02-77)
-
Decreto Legislativo 106 (06-06-81)

CUADRO DE MODIFICACIONES DEL CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ARTICULO AFECTADO AFECTACION JURIDICA FECHA DE PUBLICACION Art. V T.P. DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 8 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 16 SUSPENDIDA su vigencia por el Art. 1 del D.S. N° 036-90-ICTI/IND 05-01-91) posteriormente SUSPENDIDA su vigencia por el Art. 1 del D.S. N° 031-91-ICTI 06-1191 Art. 17 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 56 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 57 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 58 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 62 SUSTITUIDO por el Art. 49 del D.L. N° 708 14-11-91 Art. 63 SUSTITUIDO por el Art. 50 del D.L. N° 708 14-11-91 Art. 66 SUSTITUIDO por el Art. 51 del D.L. N° 708 14-11-91 Art. 68 SUSTITUIDO por el Art. 52 del D.L. N° 708 14-11-91 Art. 69 SUSTITUIDO por el Art. 53 del D.L. N° 708 14-11-91 Art. 70 DEROGADO por la Décimo Sétima Disposición Final del D.L. N° 708 14-11-91 Art. 71 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 653 01-08-91 Art. 72 MODIFICADO por el Art. 12 del D.L. N° 655 07-08-91 Art. 89 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 107 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 114 literal a. MODIFICADO por el Art. Unico de la Ley N° 26913 20-01-98 Art. 115 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 119 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 120 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 121 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 122 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 123 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 124 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 125 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 126 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 127 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 128 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 129 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 130 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 131 DEROGADO por la Primera Disposición Final del D.L. N° 757 13-11-91 Art. 137 SUSTITUIDO por la Décima Disposición Complementaria del D.L. N° 757 1311-91

 

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