Los organismos de radiodifusión iberoamericanos alertan sobre la necesidad de reformas

Por José Manuel Gómez Bravo, Director de Propiedad Intelectual del Grupo PRISA, Coordinador General de la Representación Permanente de la Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI) y Presidente del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual (ORIPI)

En América Latina y España, como en muchas otras regiones del mundo, la radiodifusión es el principal vehículo para la comunicación en masa. Los organismos de radiodifusión no solo suministran una amplia gama de servicios públicos de información y educación, sino que también generan empleo y orientan el mercado de la creación de contenidos y su distribución en todas las redes de televisión. Las nuevas tecnologías digitales utilizadas actualmente por los organismos de radiodifusión ofrecen a los espectadores posibilidades inéditas de acceder a un amplio abanico de contenidos de alta calidad, en una multitud de plataformas y a precios asequibles. Sin embargo, esas mismas tecnologías también exponen a los organismos de radiodifusión a los enormes problemas de la piratería de las señales tanto dentro como fuera de sus fronteras. Este problema mundial se ve exacerbado por el carácter obsoleto de las normas internacionales que rigen la radiodifusión.

La Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI), creada en septiembre de 2011, reúne a los organismos de radiodifusión de toda América Latina y España. Las organizaciones de radiodifusión afiliadas a la ARIPI operan en 18 países que comparten el mismo idioma, tradiciones culturales y aspiraciones comunes. Su objetivo es alertar sobre la necesidad de actualizar y adaptar el marco normativo internacional que rige la actividad de radiodifusión a la realidad operativa actual.

La necesidad de un marco normativo moderno

Las normas internacionales vigentes, recogidas en la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961, pertenecen a otra era. Desde los años sesenta, la radiodifusión se ha transformado de forma radical. Las normas internacionales que se aplican actualmente no protegen adecuadamente a los organismos de radiodifusión en el mundo digitalizado y tecnológicamente avanzado en que vivimos. La Convención de Roma, por ejemplo, solo protege la transmisión en abierto. No ofrece protección alguna respecto de la transmisión por cable, por Internet o por redes móviles que son ahora características comunes de la radiodifusión.

El flagelo de la piratería de señales

Los organismos de radiodifusión que integran la ARIPI, como los de otras regiones del mundo, afrontan cada vez más problemas de piratería de las señales. Los radiodifusores invierten una cantidad considerable de recursos para lograr que sus programas lleguen a todas las audiencias. Las actividades que realizamos son, entre otras, la planificación de los horarios de programación, la obtención de los derechos relativos a los contenidos que transmitimos, así como su tratamiento y promoción antes de su transmisión. Es una tarea de enorme envergadura que exige importantes recursos financieros, logísticos y técnicos. Cuando se piratea una señal se nos priva de la posibilidad de rentabilizar la inversión que hemos realizado, por ejemplo, mediante la publicidad. El problema se plantea sobre todo con respecto a la transmisión de eventos deportivos. Pagamos ingentes sumas de dinero por el derecho a transmitir los eventos deportivos más destacados, como el Campeonato del Mundo de Fútbol de la FIFA o los Juegos Olímpicos, para constatar, al final, cómo nuestras ganancias decrecen por el uso no autorizado de nuestras señales de radiodifusión. Además, contamos con pocos medios jurídicos eficaces para poner fin a estas prácticas perjudiciales que no solo dañan nuestros intereses, sino también los de las organizaciones deportivas que organizan esos eventos y cuentan con la venta de los derechos de retransmisión y, en última instancia, los de nuestros espectadores.

Los organismos de radiodifusión no solo son correas de transmisión de información, entretenimiento y educación; son también, por sí mismos, creadores de contenidos. Como los demás creadores de contenidos, los radiodifusores tenemos un interés particular en proteger nuestros derechos, ya que si las señales de radiodifusión están protegidas, también lo estarán los derechos asociados a los contenidos programáticos.

En qué consiste la piratería de las señales

La piratería de las señales se produce cuando, por ejemplo, se descodifica una señal de radiodifusión cifrada sin autorización y sin el pago de la tasa de suscripción correspondiente. Puede tomar la forma de grabación física no autorizada o de retransmisión de emisiones en cintas video, DVD o llaves USB, o también puede ser virtual, como la distribución no autorizada de señales emitidas por aire para su retransmisión por Internet. Como organismos de radiodifusión, celebramos la aparición de nuevas plataformas de comunicación y nos satisface que nuestros espectadores dispongan de una gama cada vez más extensa de dispositivos para ver nuestros programas. Sin embargo, es preciso que nos dotemos de los medios jurídicos necesarios para impedir la retransmisión comercial no autorizada de nuestras emisiones por medios nuevos. Nuestras señales son un activo importante que debemos proteger. Son el fruto de los considerables esfuerzos económicos, creativos y empresariales que invertimos en la radiodifusión.

El crecimiento prácticamente imparable de la piratería de las señales, amplificado por la proliferación de tecnologías que facilitan esa actividad, como Internet y la fibra óptica (que ha dado lugar a una mayor penetración de la banda ancha), coarta nuestra capacidad de suministrar una programación (noticias, entretenimiento, información) con la calidad y la diversidad exigidas por nuestros espectadores.

Implicaciones de gran alcance

La amenaza que representa la piratería de las señales va mucho más allá del interés legítimo que tenemos como empresas privadas de rentabilizar las considerables inversiones que hacemos y la sostenibilidad financiera a largo plazo del sector. Los organismos de radiodifusión desempeñan una función fundamental de servicio público al fomentar la cohesión social, reafirmar la identidad cultural e informar al público en general. La importancia que tiene la radiodifusión como medio de expresión social en una sociedad democrática es indiscutible. Los organismos de radiodifusión en América Latina han apoyado los procesos de democratización del continente, contribuyendo a consolidar la identidad nacional y a afianzar los fundamentos de la cultura latina, preservando al mismo tiempo nuestras tradiciones y valores indígenas.

Nuestras actividades de radiodifusión no solo están concebidas para distraer al público sino también para informar, educar y promover los intercambios culturales y la comprensión. Durante mucho tiempo, los radiodifusores de América Latina hemos luchado duramente por preservar nuestra independencia y libertad, y estamos firmemente convencidos de que la manera más segura de salvaguardar la vital función de servicio público de la radiodifusión y la viabilidad económica del sector a largo plazo es crear las condiciones que permitan a los radiodifusores obtener un rendimiento justo por las sustanciales inversiones que realizan.

Por estas razones nos hemos asociado con nuestros homólogos en otras regiones del mundo para instar a los responsables políticos a que finalicen sin demora un acuerdo internacional que ofrezca una protección mundial, general, justa y equilibrada a los organismos de radiodifusión de todo el mundo. Ha llegado el momento de actuar.