World Intellectual Property Organization

Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas

Noviembre de 2012

Por Judith Soentgen, División Encargada de Cultivar el Respeto por la P.I., OMPI

La escalada de las actividades de falsificación y piratería y la creciente eficacia de las autoridades aduaneras a la hora de detectar y decomisar productos que violan los derechos de propiedad intelectual (P.I.) añaden nuevos aspectos de logística y de medio ambiente a los numerosos problemas que plantea la lucha contra la falsificación y la piratería. En 2011, las autoridades aduaneras de la Unión Europea (U.E.) confiscaron unos 115 millones de productos (un 15% más que los productos confiscados en 2010) que iban de gafas de sol, bolsos y zapatos a medicamentos, aparatos electrónicos, pilas, refrigerantes y pesticidas. Se procedió a destruir más del 75% de esos productos.


El almacenamiento y la eliminación de manera
respetuosa con el medio ambiente de cantidades cada
vez mayores de mercancías decomisadas constituyen
importantes problemas logísticos para las
autoridades nacionales. (Foto: Project REN (UNEP))

Cada vez se hace más patente la necesidad de eliminar esos productos de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Esta tarea puede resultar costosa y compleja desde el punto de vista técnico. A fin de minimizar los efectos medioambientales de la eliminación de dichos productos es necesario contar con instalaciones especializadas, mano de obra cualificada y un alto grado de colaboración por parte de los sectores interesados. En el presente artículo se examinan algunas de las soluciones más innovadoras y rentables que se están adoptando para abordar este problema complejo.

Las dimensiones del desafío

Al eliminar los productos decomisados, uno de los objetivos fundamentales consiste en asegurarse de que desaparezcan de todos los circuitos comerciales. Si bien esta medida se adoptó inicialmente como medio de proteger los derechos privados de P.I., afloran cada vez más las preocupaciones acerca de la incidencia social y medioambiental de esos productos. “Eliminar y almacenar esos productos de manera segura es esencial para mitigar los riesgos medioambientales y poder deshacerse de productos peligrosos de manera que se evite el desvío hacia usos ilícitos”, señala David Blakemore del IP Rights Business Partnership, un foro de debate entre el sector público y el privado sobre cuestiones relativas a la lucha contra las violaciones de los derechos de P.I. Alcanzar ese objetivo es una tarea cada vez más costosa y compleja desde el punto de vista técnico.

El marco jurídico internacional

Los requisitos mínimos a nivel internacional para la eliminación de productos que violan los derechos de P.I. se exponen en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el artículo 46 del Acuerdo se estipula que las mercancías infractoras deberán ser “apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o […] destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes”. Además, se señala que “la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales”.

Entre las opciones disponibles para la eliminación figuran el reciclaje, la quema al aire libre, el trituramiento, el aplastamiento, el entierro en vertederos y la donación a entidades benéficas. Sin embargo, los métodos que se adoptan dependen de la naturaleza de los productos que han de eliminarse así como de la disponibilidad de instalaciones adecuadas para su eliminación.

Reciclaje

Aunque no se pueden reciclar fácilmente todos los productos infractores, especialmente los que contienen sustancias tóxicas, es posible desmontar y reutilizar algunos productos.


Según el Informe sobre la actuación de las aduanas
de la UE dirigida a hacer cumplir los derechos de
propiedad intelectual
, en 2011 se destruyó más del
77% de las mercancías decomisadas por las autoridades
aduaneras europeas. La mayor parte (97%) de los
productos decomisados infringía una marca nacional
o de la Comunidad Europea.

Por ejemplo, la Red Europea de Lucha contra la Falsificación REACT, una organización sin ánimo de lucro que agrupa a titulares de derechos, recicla cerca del 95% de todos los productos falsificados que se decomisan en los Países Bajos. REACT ofrece a sus más de 185 empresas miembros una solución práctica y rentable para la eliminación de mercancías falsificadas. En colaboración con la administración nacional de salud mental, dicha organización posee una planta de reciclaje en los Países Bajos en la que se separan las mercancías, se desmontan y se someten a un proceso de reciclado.

Una vez finalizados los procedimientos jurídicos necesarios y tras recibir la aprobación de las autoridades aduaneras holandesas para destruir las mercancías decomisadas, REACT las transporta a su planta de reciclaje en la que se separan por categorías, se desmontan o se trituran. Los materiales restantes, como los gránulos de policarbonato derivados del trituramiento de DVD/CD piratas, se venden a empresas especializadas en reciclaje que los utilizan para producir una serie de productos como muebles, ropa, bolsas de la compra o incluso materiales de construcción para instalaciones deportivas y terrenos de juego.

Este método ofrece numerosas ventajas. “La planta de reciclaje brinda un medio valioso para mitigar las consecuencias negativas en el medio ambiente, a la vez que se cumplen los requisitos necesarios para que los productos falsificados no entren en los circuitos comerciales”, señala el Director de REACT, Ronald Brohm. Asimismo, mediante este sistema se ofrece empleo a gran número de personas desfavorecidas socialmente y se contribuye a su reintegración en la sociedad. “Para obtener esos resultados es necesaria una coordinación y una cooperación estrechas entre las autoridades aduaneras holandesas, las empresas miembros y los organismos sociales”, apunta el Sr. Brohm, al señalar que “REACT busca oportunidades parecidas en otros países para reproducir la experiencia que tan buenos frutos ha dado en los Países Bajos”.

Donaciones

Otro método imaginativo de eliminación que no causa daños al medio ambiente consiste en la donación de mercancías infractoras a organismos de asistencia social. Tras consultar con los titulares de derechos, las autoridades aduaneras de China, Filipinas y el Reino Unido a menudo entregan las mercancías infractoras a instituciones benéficas. Por ejemplo, en el Reino Unido se quitan las marcas falsificadas de la ropa y el calzado recogidos por la institución benéfica “His Church”, se retocan y se les añade la marca de la institución “HIS” para ser utilizados con fines humanitarios.

Sin embargo, este planteamiento es viable únicamente cuando se toman las medidas necesarias para garantizar que los productos no sean de calidad inferior, defectuosos, peligrosos o nocivos. Las mercancías infractoras se donan a organizaciones de asistencia social tras ser sometidas a un riguroso examen para garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad.

Asimismo, en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, han de tomarse medidas para salvaguardar los derechos de los titulares, especialmente en lo que atañe a evitar daños a su reputación e impedir que las mercancías infractoras vuelvan a introducirse en el mercado. No basta simplemente con quitar las marcas que se han puesto ilegalmente a los productos. En ese sentido, se están adoptando diversas soluciones creativas a lo largo del mundo. En la República de Corea, por ejemplo, las autoridades aduaneras invitan a voluntarios a decorar con dibujos las zapatillas deportivas falsificadas, que posteriormente se donan a los orfanatos.

Incineradoras y vertederos bajo control

Otros métodos de eliminación corrientes consisten en la incineración o el uso controlado de vertederos con licencia. La propaganda que se hace por medio de ceremonias públicas en las que se destruyen mercancías infractoras sirve para sensibilizar a la opinión pública y cultivar el respeto por la P.I. Por ejemplo, las autoridades tailandesas organizan habitualmente ceremonias de destrucción de mercancías falsificadas. En una de dichas ceremonias celebrada recientemente en Phuket se destruyeron unos 80.000 productos cuyo valor en la calle superaba los 182 millones de baht (5,9 millones de los dólares de los EE.UU.), atrayendo la atención del público y de los medios de comunicación. Sin embargo, estos métodos exigen una gestión cuidadosa y el cumplimiento estricto de las normas medioambientales.

Residuos peligrosos

Se plantean problemas especiales a la hora de mitigar los efectos medioambientales de la eliminación de mercancías falsificadas que contienen elementos tóxicos. A menudo se desconoce la composición de determinados aparatos electrónicos falsificados, lo que hace muy difícil determinar la manera más adecuada de proceder a su eliminación. Igualmente, deshacerse de productos químicos y pesticidas falsificados que presentan graves riesgos medioambientales y sanitarios puede resultar costoso y complejo desde el punto de vista técnico. La incineración a altas temperaturas es un método corriente de eliminación de sustancias nocivas, pero puede generar residuos tóxicos y contaminación atmosférica. Además, muchos países carecen de la infraestructura o de los conocimientos técnicos necesarios para eliminar esas sustancias de manera segura.


Desmontaje de generadores falsificados

Desmontaje de relojes de juguete falsificados

Prendas de vestir trituradas en preparación para el reciclaje (Foto: REACT)
 

La solución más evidente podría ser el transporte de mercancías peligrosas a países que disponen de instalaciones adecuadas para su eliminación, pero hay que contar con los obstáculos o incluso las prohibiciones que se plantean en la legislación nacional o regional. A fin de transportar esas mercancías de un país a otro es necesario cumplir determinados acuerdos medioambientales multilaterales, como el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, así como la normativa aduanera.

A ese respecto, el fomento de la sensibilización entre los encargados de formular políticas es fundamental para crear un marco jurídico y reglamentario habilitante que permita una mayor cooperación entre los países. Por ejemplo, los responsables políticos europeos han presentado propuestas (que todavía no se han aprobado) para autorizar el movimiento de mercancías destinadas a su destrucción entre distintos países dentro del territorio aduanero de la UE, bajo la supervisión de las autoridades aduaneras.

Las dificultades técnicas que conlleva la eliminación de mercancías infractoras portadoras de sustancias nocivas y residuos peligrosos sin causar daños en el medio ambiente subrayan la importancia que poseen fomentar la cooperación entre el sector público y el privado y compartir de manera más amplia la información técnica y las experiencias en relación con dicha eliminación, así como la de promover la estrecha cooperación entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley y las instituciones medioambientales.

“Ha aumentado en tal medida el riesgo que ocasiona el creciente comercio de productos infractores de derechos de P.I., que debemos innovar de forma colectiva a fin de proteger el medio ambiente mundial y a nuestros conciudadanos”, señala David Blakemore. “El sector público y el privado deben examinar los protocolos vigentes en materia de comunicación, colaboración e intercambio de información para determinar si resultan adecuados a nivel nacional e internacional. Ese examen nos brindará una oportunidad inmejorable de detectar con precisión ese tipo de productos en el mercado mundial”, añade.

El camino a seguir

En medio del creciente interés por hallar métodos de eliminación eficaces, económicos y respetuosos con el medio ambiente, la OMPI colabora con sus asociados internacionales, entre los que figura el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), y sus Estados miembros a fin de lograr que se conozcan más claramente las dimensiones que plantea ese desafío. En julio de 2012, en cooperación con el Gobierno de Tailandia y el PNUMA, la OMPI organizó un Taller regional sobre la eliminación de mercancías falsificadas, dirigido al Poder Judicial, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y los funcionarios de servicios de medio ambiente. “El Taller supuso una verdadera revelación y resultó muy útil para poder comprender los graves efectos que pueden tener en el medio ambiente la falsificación y las mercancías infractoras de derechos de P.I.”, señaló el Sr. Tohpong Smiti, del Departamento de Propiedad Intelectual de Tailandia.

El Taller reunió a funcionarios de Camboya, Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam y supuso un primer paso importante para fomentar la cooperación regional y elaborar un enfoque coherente y directrices para abordar esta cuestión compleja.

Ante los inmensos desafíos logísticos que plantea la eliminación de mercancías falsificadas de manera respetuosa con el medio ambiente, los participantes subrayaron la importancia de fortalecer los marcos jurídicos nacionales de gestión de los residuos y establecer procedimientos jurídicos eficaces y puntuales para la eliminación segura y eficaz de mercancías infractoras en el ámbito de la P.I. Asimismo, convinieron en que el fomento de la sensibilización entre los responsables políticos, el público en general y los titulares de derechos forma parte esencial del desarrollo de políticas en ese ámbito.

A medida que evoluciona la situación en el ámbito de la eliminación de mercancías infractoras de derechos de P.I., el objetivo a largo plazo consiste en:

  • reducir la producción y la demanda de mercancías infractoras por medio de campañas de educación y de sensibilización del público más amplias y eficaces;
  • reutilizar las mercancías infractoras una vez que se ha constatado que es seguro donarlas; y
  • reciclar todo lo demás.

La eliminación de mercancías infractoras decomisadas de manera respetuosa con el medio ambiente se está convirtiendo en el objetivo prioritario de muchos países. Abordar este problema complejo de manera puntual y eficaz contribuirá a minimizar los costos y el posible daño medioambiental que ocasiona la acumulación de mercancías infractoras que han de ser eliminadas.

Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI

El Comité Asesor sobre Observancia (ACE) fue creado por los Estados miembros de la OMPI en 2002 y tiene como mandato básico la asistencia técnica y la coordinación con los sectores interesados pertinentes a fin de mejorar la capacidad necesaria para luchar contra la falsificación y la piratería. El ACE no tiene como mandato el establecimiento de normas. Asimismo, el Comité promueve el intercambio de información y las actividades de educación pública para cultivar el respeto por la P.I.

El ACE aborda la observancia de la P.I. desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo, en el sentido de que “la protección y la observancia de los derechos de P.I. deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, según se expone en la Agenda de la OMPI para el Desarrollo (recomendación 45).

 

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