World Intellectual Property Organization

Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, concretamente las patentes, para promover la investigación y crear “start–ups” innovadoras

Mario Cervantes, Economista de la División de Política Científica y Tecnológica del Directorado de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE

Introducción

Las universidades y los organismos públicos de investigación se esfuerzan cada vez más por proteger sus invenciones, desde las invenciones genéticas hasta los programas informáticos, contribuyendo así a movilizar un mayor número de fondos destinados a actividades de investigación y a fomentar la creación de “start–ups” (empresas que comercializan nuevas tecnologías). El aumento del número de patentes solicitadas por las universidades tiene que ver con el marco normativo más amplio que se ha instaurado con la finalidad de promover una mayor interacción de la investigación pública con la industria a fin de obtener mayores beneficios sociales y privados del apoyo público a las actividades de I+D. La consolidación de la protección de la propiedad intelectual que se observa hoy por lo general en todo el mundo y la promulgación de leyes encaminadas a mejorar la transferencia de tecnología son factores adicionales que han fomentado el patentamiento en los círculos académicos de los países de la OCDE.

En 1980 se promulgó en los Estados Unidos lo que todos convienen en considerar una ley que ha sentado jurisprudencia a saber, la Ley Bayh-Dole, en cuya virtud, los beneficiarios de fondos federales para actividades de I+D tienen derecho a patentar invenciones y conceder licencias a empresas. La finalidad primordial de esa ley era promover la explotación de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado mediante la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a las Universidades y otros contratistas a fin de que esos a su vez puedan conceder licencias sobre los activos de P.I. a empresas. Aunque ya antes de promulgarse la Ley Bayh-Dole se realizaban actividades de patentamiento en las universidades estadounidenses, en modo alguno era algo sistemático.

A finales de los años 90, y siguiendo el ejemplo normativo de los Estados Unidos, muchos otros países de la OCDE procedieron a reformar sus normativas de financiación de investigaciones y/o legislación laboral de modo que las instituciones de investigación pudieran presentar solicitudes, pasar a ser titulares y conceder licencias sobre la P.I. generada a partir de fondos públicos para investigación. En Alemania, Austria, Dinamarca y el Japón, esos cambios se han traducido principalmente en la supresión de lo que se llamaba “privilegio del profesor”, es decir, el derecho de los miembros de instituciones académicas a ser titulares de patentes. El derecho a la titularidad ha pasado así a manos de las universidades y a cambio, los inventores académicos tienen derecho a beneficiarse de una parte de los ingresos en concepto de regalías. En Suecia se ha estudiado también la posibilidad de seguir ese camino y transferir la titularidad a las instituciones universitarias. Por el momento no se ha tomado decisión alguna y los esfuerzos se centran en dar medios a las universidades para que respalden a los profesores en la obtención de patentes. En el Canadá, país en el que las normas en materia de titularidad de activos de P.I. por las universidades varían de una provincia a otra, se han tomado iniciativas para armonizar políticas, por lo menos, en lo que se refiere a las actividades de I+D financiadas con arreglo a contratos concertados con el Gobierno Federal (“Crown Contracts”). A su vez, los Gobiernos de Irlanda y de Francia, países en los que la titularidad suele recaer en las instituciones, han tomado una opción distinta, a saber: establecer directrices de gestión de la P.I. en las instituciones con miras a promover prácticas uniformes. Ahora bien, esas reformas no sólo se limitan a los países de la OCDE. No hace mucho, China introdujo reformas legislativas que permiten que las universidades protejan y hagan valer sus derechos de P.I. aunque la ejecución de dichas reformas plantea dificultades. Lo que cabe deducir de todo esto es que, a pesar de la importancia que reviste la legislación de patentes en el fomento de la transferencia de tecnología, no hay una solución que se adapte a unos y otros sistemas nacionales.

Transferir la titularidad de los derechos de P.I. a las instituciones universitarias no soluciona todos los problemas

Incitar a las universidades a comercializar los resultados de sus actividades de investigación concediéndoles la titularidad de los activos de P.I. puede ser una estrategia útil pero no es suficiente por sí sola para incitar a los investigadores a pasar a ser inventores. La clave reside en ofrecer incentivos a las instituciones universitarias e investigadores particulares para que divulguen, protejan y exploten sus invenciones, lo que viene a ser una política de “zanahoria y varilla”. Entre lo que cabe considerar “varilla” están las exigencias administrativas y legales de divulgar las invenciones. Pero en un gran número de países se adolece de la falta de ese tipo de normativa, incluso en los que se contempla la posibilidad de que las instituciones universitarias soliciten patentes. Las normas estatales que impiden que las universidades conserven los ingresos en concepto de regalías derivados de licencias son todo menos un incentivo para las instituciones. Entre lo que cabe considerar una “zanahoria” están los acuerdos de participación en las regalías o en el capital de empresas “start–ups” que comercialicen la tecnología concebida en las universidades. Tener en cuenta la obtención de patentes en la evaluación y contratación de personal docente puede ser también un incentivo para los jóvenes investigadores. La Universidad china de Tsinghua ofrece a los jóvenes investigadores primas por las invenciones que se comercialicen. Habida cuenta de la diversidad de instituciones y tradiciones en la esfera de la investigación, es menester establecer incentivos a nivel institucional pero formular directrices nacionales puede promover la coherencia y la uniformidad en las prácticas. Tan importante como los incentivos es la necesidad de que las instituciones de investigación establezcan normas claras de P.I. y las difundan entre los miembros del personal docente, el resto del personal así como estudiantes de doctorado, por cuanto participan cada vez más en actividades de investigación financiadas con fondos públicos.

Volumen decisivo y gestión de activos de P.I.

A fin de pasar de la etapa de invención a la comercialización, las universidades han establecido “oficinas de transferencia de tecnología” (OTT) en los propios campus universitarios o han creado intermediarios al exterior que llevan a cabo una amplia gama de funciones, desde la concesión de licencias sobre patentes a empresas hasta la gestión de contratos de investigación. En un informe elaborado por la OCDE sobre la concesión de patentes y de licencias en las entidades públicas de investigación2 se aprecia una gran diversidad en la estructura y organización de las OTT de un país a otro e incluso dentro de cada país (por ejemplo, oficinas en o al exterior del campus universitario, intermediarios independientes, OTT basadas en el sector industrial y OTT regionales) aunque la mayor parte de ellas son al parecer instituciones integradas en los centros universitarios de investigación. Muchas de esas oficinas están dando sus primeros pasos, y la mayoría se creó hace menos de 10 años y cuenta con menos de cinco miembros de personal a tiempo completo. No obstante, se aprecia un aumento del número de OTT, a saber, de cerca de un 1% anual por institución.

En cuanto a resultados, en el informe se expone una variación enorme a lo que se refiere al tamaño de las carteras de patentes así como a los ingresos obtenidos a partir de la concesión de licencias. En el año 2000, los Estados Unidos aventajaban en gran medida a los demás países de la OCDE en lo que se refiere a las solicitudes de patente presentadas por las universidades, a saber: las universidades y los laboratorios federales obtuvieron más de 8.000 patentes (lo que representa el 5% del total de patentes concedidas, y el 15% en lo que respecta a las patentes en la esfera de la biotecnología). El número de patentes concedidas a los centros académicos de otros países, es decir, el número de patentes concedidas a entidades públicas de investigación fue en ese mismo período de apenas un centenar en el Japón, los Países Bajos y Suiza, aproximándose a 1.000 en lo que se refiere a los laboratorios públicos alemanes y las entidades de investigación coreanas. Aunque las principales universidades y entidades públicas de investigación de países como los Estados Unidos, Alemania y Suiza ganen millones de dólares o de euros en concepto de ingresos por concesión de licencias, el volumen de ingresos es extremadamente variable de un caso a otro, es decir, unas cuantas invenciones brillantes son las que aportan la mayor parte de los ingresos. Además, los ingresos derivados de licencias de invenciones concedidas en las universidades son relativamente escasos en comparación con los presupuestos globales que se dedican a la investigación. Por consiguiente, el patentamiento en las universidades tiene por finalidad principal promover la investigación y la transferencia de tecnología a la industria y no generar beneficios. En los Estados Unidos se ha llegado a la conclusión de que en las OTT el punto de equilibrio se sitúa entre cinco y siete años.

Uno de los principales obstáculos en la creación de OTT es el acceso a profesionales experimentados en transferencia de tecnología. El problema no es sólo los poquísimos profesionales que existen en esa rama, antes bien, las normas laborales y los sueldos que ofrece el sector público hacen que las entidades públicas no puedan competir en salarios. No obstante, los gobiernos se esfuerzan hoy por ayudar a las universidades a crear capacidad de gestión de activos de P.I. Tanto Dinamarca como Alemania han invertido varios millones de euros para crear oficinas de transferencia tecnológica en ciertas regiones o en sectores como la biotecnología. A su vez, el Gobierno del Reino Unido ha aumentado los fondos que dedica a la formación universitaria en materia de gestión de la propiedad intelectual. Incluso en los Estados Unidos y el Japón, las universidades pagan tasas reducidas de solicitud de patentes. Y las oficinas nacionales de patentes se esfuerzan hoy también por prestar asistencia a las universidades en la formación en la esfera de la propiedad intelectual.

¿“Creación de start–ups” o concesión de licencias a otras empresas?

Uno de los problemas con que se enfrentan los gestores de transferencia de tecnología e inventores es determinar en qué medida conviene conceder licencias sobre las tecnologías o crear empresas “start–up” (empresas que comercializan nuevas tecnologías) que se encarguen de comercializarlas. A ese respecto se observa que los gobiernos y administradores de universidades, en particular en algunos países europeos, se inclinan a favor de la creación de “start–up” y no por la adopción de estrategias de concesión de licencias. Eso se justifica en parte por el aumento de los fondos de capital riesgo invertidos por los gobiernos con la finalidad de promover la creación de empresas. Ahora bien, lo primordial sigue siendo determinar cuál es la mejor forma de transferir la tecnología hacia el mercado. Y eso depende de la tecnología de que se trate, del mercado que exista para ese tipo de tecnología, de la competencia del personal y los investigadores que hayan participado en la invención, del acceso a capital de riesgo y, por último, de las finalidades que tenga la institución. Ciertas tecnologías “de plataforma” que ofrecen una amplia gama de aplicaciones pueden ser comercializada por conducto de una empresa “start–up” mientras que otras se prestan más a la concesión de licencias a empresas más grandes con capacidad para perfeccionar la invención e integrarla en su estrategia comercial y de I+D.

La protección de la P.I. y la necesidad de preservar el acceso público

A pesar de que son relativamente pocas las iniciativas de patentamiento (estructurado) en las universidades, la importancia cada vez mayor que se da a la obtención de patentes sobre invenciones concebidas en universidades y a la concesión de licencias sobre esas patentes a las empresas plantea hoy una serie de problemas comunes a todos los países de la OCDE y otros. Se trata, entre otras cuestiones, de determinar la incidencia que puede tener el patentamiento en la función que vienen ejerciendo desde siempre las universidades, y en la orientación de las investigaciones, de los costos y beneficios reales de la concesión de patentes y de licencias y de los efectos que puede tener en la difusión de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos y en el acceso a esos resultados.

¿Qué incidencia han tenido las iniciativas tomadas en la esfera de la P.I. y de la transferencia de tecnología en la orientación de las investigaciones? En los estudios cuantitativos que se han realizado se apunta a que el patentamiento induce a las universidades a realizar más actividades de investigación aplicada. ¿Cabe pensar que el esfuerzo por sintonizar las investigaciones realizadas en las universidades con las necesidades de la economía pueden repercutir negativamente en las investigaciones básicas? Por un lado, en los estudios realizados en los Estados Unidos se ha llegado a la conclusión de que las universidades y los investigadores particulares a los que se atribuye el mayor aumento en el número de patentes concedidas son también los que han obtenido mayores beneficios en cuanto a publicaciones en revistas científicas. Por otro lado, el número de patentes universitarias que se hacen valer en otras patentes disminuyó (en relación con la media) entre principios de los años 80 y finales de los años 90 en los Estados Unidos y hoy es menor que el número de patentes que se hacen valer en las patentes de las empresas. Eso podría obedecer a un descenso en la calidad de las investigaciones públicas, o cuando menos, de la parte de dichas investigaciones que es objeto de patente. Podría también reflejar la falta de experiencia de las oficinas de transferencia de tecnología de reciente creación.

Licencias exclusivas o no exclusivas

Cabe preguntarse si las universidades y otras entidades públicas de investigación deben o no conceder licencias exclusivas a empresas por invenciones para cuya realización se ha contado con fondos públicos. Los licenciatarios suelen exigir licencias exclusivas por cuanto ofrecen un mayor grado de protección durante la fase de desarrollo necesaria antes de que la invención concebida en la universidad pase a comercializarse. Esa cuestión reviste particular importancia en lo que respecta a las empresas “start–up”, que cuentan con pocos activos aparte de los de P.I. Por otro lado, y por definición, las licencias exclusivas limitan la difusión de tecnologías. En el informe de la OCDE se llega a la conclusión de que existe un debido equilibrio entre licencias exclusivas y no exclusivas concedidas por entidades públicas de investigación y que en las licencias exclusivas se suelen imponer restricciones al licenciatario. En los contratos de licencia, las entidades de investigación suelen incluir cláusulas de protección del interés público y de acceso a la P.I. a los fines de nuevas investigaciones y descubrimientos. En muchos de esos acuerdos, el licenciatario se compromete a explotar la invención, en particular, si se trata de una licencia exclusiva, y se estipulan una serie de objetivos por etapas para velar por que la invención llegue realmente a comercializarse. Dichas salvaguardias pueden utilizarse para garantizar que la tecnología será transferida y que las patentes concedidas en licencia no se utilizarán únicamente como obstáculo para la competencia.

A medida que las invenciones concebidas en las universidades se centran en ámbitos más próximos a la investigación básica, los científicos y encargados de la formulación de políticas temen también que patentar ciertas invenciones pueda obstruir las investigaciones secundarias. A ese respecto cabe citar el ejemplo de los instrumentos de investigación, en relación con los cuales la concesión de una patente podría inhibir la difusión al incrementar los costos y la dificultad de utilizar esos instrumentos en la investigación aplicada. En respuesta a ese problema, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos han adoptado una política en la que se disuade el patentamiento no necesario y se insta a conceder licencias no exclusivas (véase enlace). Esas directrices sirven hoy de ejemplo para otros organismos de financiación y para las entidades de investigación de otros países.

Exención con fines de investigación

Otro problema que se presta al debate es la llamada “exención con fines de investigación”, que se aplica en las universidades de los Estados Unidos y de los países de la UE, a título oficial u oficioso. Desde siempre se ha eximido a las universidades del pago de tasas por las invenciones patentadas que utilicen a los fines de sus propias investigaciones. Se parte, en ese sentido, de que las universidades desempeñan una función pública. Pero ahora que es frecuente que las investigaciones públicas se lleven a cabo en colaboración con las empresas y generen ingresos, menos claro parece la separación entre función pública y objetivos comerciales. El alcance y el nivel de esa exención difieren de un país a otro y con frecuencia no están bien definidos. La exención con fines de investigación, y más bien su interpretación, ha sido objeto de un debate reciente de política en general y ha llegado hasta los tribunales: en las resoluciones que se han tomado en los tribunales de los Estados Unidos hace poco se ha limitado el significado de la misma.

Conclusiones

Para velar por que las universidades y otras entidades públicas de investigación se movilicen más para proteger y explotar sus activos de propiedad intelectual no sólo es necesario fomentar las investigaciones efectuadas por el cuerpo docente y los estudiantes sino encontrar la forma de mantener buenas relaciones con el sector privado sin dejar de proteger el interés público. Llevará bastante tiempo resolver gran parte de las dificultades y problemas que plantea mantener el debido equilibrio entre protección de la propiedad intelectual y acceso público. El hecho de que las entidades públicas de investigación dependan cada vez más de fuentes de financiación diversas, entre otras, la industria y la investigación contractual, a lo que vienen a añadirse las exigencias que tiene la sociedad de obtener mayores beneficios económicos y sociales derivados de las inversiones en actividades de I+D públicas apuntan a que el patentamiento en las universidades irá en aumento y no en disminución. Por otro lado, cabe recordar que la propiedad intelectual es uno entre varios canales de transferencia de conocimientos y tecnología derivados de la investigación pública y que existen también con ese fin la publicación, los intercambios de estudiantes de doctorado, las conferencias y otros canales informales. Las entidades de investigación y las empresas se esfuerzan hoy por dar con soluciones a medida que van planteándose problemas y los gobiernos y los organismos de financiación de investigaciones pueden contribuir a ello estableciendo directrices sobre la obtención de patentes y la concesión de licencias en las universidades y promoviendo el debate en esa esfera.


1 Los puntos de vista expresados en el presente artículo son exclusivamente los del autor y no reflejan necesariamente la opinión de la OCDE.

2 Véase Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organisations, OCDE, 2003.

La OMPI en Internet