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      DB/IM/5
      ORIGINAL:
      Francés
      FECHA: 15 de septiembre de 1997

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

REUNIÓN DE INFORMACIÓN
SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MATERIA DE
BASES DE DATOS

Ginebra, 17 a 19 de septiembre de 1997

OBSERVACIONES

presentadas por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El problema de la protección sui generis de las bases de datos a nivel internacional se planteó con ocasión de la sesiones de Comité de Expertos sobre un posible Protocolo al Convenio de Berna celebradas en febrero y marzo de 1996 y atrae especialmente la atención de la comunidad internacional, sobre todo de los medios científicos, desde que la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos de diciembre de 1996 tuvo ante si un proyecto de tratado internacional sobre esa materia que no llegó a examinarse por falta de tiempo.

En el curso de los debates generales de la Conferencia Diplomática de diciembre de 1996, la UNESCO señaló que era necesario examinar esta cuestión con la máxima atención y asociar a la comunidad científica, particularmente interesada, a todo proceso de estudio internacional de un tema tan delicado como éste.

El debate internacional abierto sobre este tema, que se entabla hoy en del marco de la presente reunión de información de la OMPI, constituye una buena oportunidad para examinar con fundamento las posibilidades de protección de las bases de datos, habida cuenta de la importancia de los datos informativos en la vida social y de sus aplicaciones específicas a nivel nacional y en la cooperación internacional.

Con el advenimiento de la sociedad de la información, la inversión competitiva en el terreno de las bases de datos puede contribuir útilmente a promover la recopilación, el tratamiento y la difusión de datos informativos necesarios para la vida social. En consecuencia, es oportuno y deseable que las naciones y la colectividad internacional examinen las reglas que podrían favorecer esa inversión lo más posible a nivel nacional y en la cooperación interestatal.

Sin embargo, la naturaleza y la extensión de la protección que se otorgue a la producción y la difusión comerciales de las bases de datos deberían determinarse teniendo en cuenta la función y la finalidad de la información difundida en la sociedad bajo tal forma. A ese respecto, el proyecto de tratado presentado a la Conferencia Diplomática de diciembre de 1996 se ha orientado de tal modo que favorece el sistema sui generis de protección y confiere a los productores de bases de datos prerrogativas particularmente amplias.

Esta orientación ha suscitado gran inquietud en los medios interesados, especialmente en la comunidad científica, ya que no parece tener debidamente en cuenta la función de los datos en la promoción de la investigación científica y en el desempeño de tareas de interés general, habida cuenta de las exigencias de la vida social.

En opinión de la comunidad científica, la protección que se otorgue a las inversiones de los productores de bases de datos exige debatir a fondo el modo de protección y la extensión de las prerrogativas que se confieran a los titulares de derechos, teniéndose en cuenta la importancia de los intereses en juego.

En primer lugar, sería conveniente aclarar si la protección de los intereses legítimos de los productores de bases de datos no podría asegurarse eficazmente en el marco del derecho común vigente, especialmente mediante las normas aplicables a la competencia desleal.

Si, a pesar de todo, fuera necesario recurrir al sistema sui generis, la protección que se determinase debería establecer un equilibrio apropiado entre la necesidad de proteger la inversión legítima del productor de bases de datos contra la competencia comercial desleal y la necesidad de asegurar la libre circulación de los datos al servicio de la investigación científica y la satisfacción de exigencias imperativas de la vida social.

A ese respecto, al determinar las normas que rigiesen el intercambio entre las bases de datos financiadas con fondos públicos de los Estados o de las instituciones internacionales y las bases de datos pertenecientes al ámbito de la competencia comercial, se deberían tener en cuenta la naturaleza y la finalidad de sus funciones. Las bases de datos financiadas por los Estados o las instituciones de cooperación internacional cumplen ante todo una función de servicio del interés general y de promoción de la ciencia, como se ha recordado y destacado en estudios realizados por la comunidad científica tras haberse convertido la protección de las bases de datos en objeto de debate internacional. El estudio titulado "Bits of Power Issues in Global Access to Scientific Data", publicado por el "National Research Council" de los Estados Unidos, es especialmente interesante en ese sentido.

Las bases de datos financiadas con fondos públicos y cuya misión es el cumplimiento eficaz de funciones de interés general (a nivel nacional e internacional), comprenden sectores diversos y muy amplios. Por ejemplo, la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) producen este tipo de bases de datos en los sectores de las ciencias de la tierra, del medio ambiente, de la ecología, del agua, de la oceanografía o del espacio. Resultado de la cooperación entre los Estados, esas bases de datos tienen por finalidad proteger la vida y la propiedad contra las catástrofes naturales, y su éxito radica en la gran difusión que pueden alcanzar en las mejores condiciones de acceso y de utilización eficaz, al margen de cualquier consideración comercial.

La UNESCO produce asimismo, en soportes analógicos y numéricos, bases de datos de gran importancia para la educación, las ciencias nacionales, la cultura y la información que algún día serán accesibles en línea a través de Internet y que aportan gratuitamente a los Estados miembros datos útiles que les ayudan a llevar a cabo sus actividades de servicio público en esos campos y facilitan la cooperación interestatal.

En consecuencia, las reglas por las que se deberían regir los intercambios entre este tipo de bases de datos y las bases de datos producidas con fines comerciales no deberían responder a la lógica de la explotación competitiva propia del comercio.

Para la comunidad científica, la misión de interés general que está en el origen de las bases de datos producidas por instituciones públicas basta para justificar el hecho de que sus productores puedan acceder libre y plenamente, sobre una base no discriminatoria, a todas las fuentes de datos (sea cual sea su forma) útiles para actualizar tales bases y mejorar su funcionamiento. Esta regla está aún más justificada si se tiene en cuenta que el acceso a las bases de datos producidas con fondos públicos es en general libre para todos los usuarios a costo de producción y difusión únicamente. Solo las bases de datos relacionadas con la seguridad nacional y la vida privada constituyen una excepción a esta regla.

Sin embargo, la reproducción íntegra de esas bases de datos con fines comerciales debería estar reservada. Por su parte, la UNESCO aplica esta restricción a las bases de datos producidas en los diferentes campos de su competencia al servicio de los Estados. La reproducción de esas bases de datos con fines comerciales puede autorizarse o someterse a condiciones específicas en función de las necesidades y aplicaciones eventuales y del imperativo de asegurar una amplia difusión de los datos en las mejores condiciones económicas para los usuarios.

Las relaciones de la comunidad científica con los productores de bases de datos deberían obedecer igualmente a normas específicas, dictadas básicamente por la necesidad de facilitar el trabajo de investigación científica. En efecto, la ciencia, fuente del saber y la innovación, es esencial para el progreso de la sociedad. Su desarrollo depende en gran medida de la capacidad de los investigadores para obtener, estudiar e intercambiar los datos que hagan posible la adquisición de nuevos conocimientos.

Los intercambios de datos necesarios a los científicos deberían, en consecuencia, regirse por un modelo de mercado específico, basado en la cooperación y ajeno a las reglas aplicables a la explotación comercial de las bases de datos. Los científicos deberían tener la posibilidad de acceder libremente a las bases de datos de cualquier fuente mediante la simple participación en los gastos de producción y de transmisión de esos datos.

Los sectores educativo, cultural e informativo deberían también beneficiarse libremente del uso leal (fair use) de las bases de datos como parte del desempeño de su misión de servicio público.

La duración de la protección que se dispensase debería ser razonable y estar destinada a conciliar la necesidad de cubrir el tiempo necesario para amortizar la inversión y la necesidad de poner los datos a disposición de los usuarios en el momento apropiado para su explotación útil. La comunidad científica podría contribuir eficazmente a determinar una duración media basada en esas dos consideraciones legítimas.

Estas preocupaciones de la comunidad científica en cuanto a la naturaleza y la extensión que podría tener una posible protección sui generis de las bases de datos proceden del interés por mostrar a los asociados en la cooperación internacional que es necesario evitar la adopción de cualquier norma internacional, no justificada por una exigencia inmediata, que pueda poner en peligro las investigaciones científicas básicas y el desempeño de misiones beneficiosas de interés general emprendidas en el marco de dicha cooperación. Esperamos que en los debates de la presente reunión de información se preste atención a esas preocupaciones con ánimo de cooperación positiva y sin pasar por alto los intereses legítimos en juego.

Sin duda, los problemas son complejos y delicados, y requieren nuevos estudios. Por ello, si tras este primer debate, un amplio consenso permitiese constatar que la cooperación internacional requiere una protección sui generis de las bases de datos, nos parecería deseable que en el programa de acción internacional futuro figurasen debates a nivel nacional e internacional con plena participación de los representantes de la comunidad científica. Para alcanzar un consenso internacional amplio y equilibrado, que tenga en cuenta los intereses legítimos de las partes interesadas, es necesario lograr que todas esas partes conozcan suficientemente los diferentes aspectos del problema.

Por otra parte, creemos que la participación de las instituciones internacionales particularmente interesadas por la cuestión, como la UNESCO y la OMM, podría contribuir útilmente a ese esfuerzo y ser un factor dinámico y necesario en la preparación de un eventual consenso internacional y en el seguimiento de su administración y aplicación.

[Fin del documento]


 

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